Edita CRISTIANISME I JUSTÍCIA
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Depósito Legal: B 29758-2015
ISSN: 2014-6485
Edición: enero de 2016

Revisión del texto: Pilar de la Herran
Diseño cubierta: Jordi Pascual Morant
Diseño maquetación interior: Pilar Rubio Tugas

Francisco José Pérez. Delegado Diocesano de Pastoral Obrera en la Diócesis de Zaragoza.

Oscar Mateos. Responsable del Área Social de Cristianisme i Justícia. Profesor en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL.

Daniel Izuzquiza, sj. Director de entreParéntesis y jefe de redacción de Razón y Fe.

José I. González Faus, sj. Miembro del Área Teológica de Cristianisme i Justícia.

Guillermo Casasnovas. Licencidado y máster en Administración de empresas (ESADE).

Ismael Peña-López. Profesor de Sociedad de la Información en la UOC.

Jordi de Miguel Capell. Periodista de La Directa y del Grup Contrast.

Suso López. Comunicador audiovisual. Especialista en comunicación política.

Jorge Picó. Director, actor y autor de teatro. Fundador de la compañía Ring de Teatro.

Jaume Flaquer, sj. Responsable del Área Teológica de Cristianisme i Justícia. Profesor en la Facultat de Teologia de Catalunya.

Chema Castells. Máster en cooperación al desarrollo. Responsable de relaciones institucionales de Oxfam Intermón en Andalucía.

Xavier Casanovas. Director de Cristianisme i Justícia.

Pepe Menéndez. Director adjunto de Jesuïtes Educació

Xavier Alonso. Responsable del área de extranjería en la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Sonia Herrera. Comunicadora, blogger e investigadora. Responsable de comunicación de Cristianisme i Justícia.

Nani Vall-llossera. Médico de familia y presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP)

Introducción

Este año ha estado marcado por diferentes citas electorales. La última, el próximo 20 de diciembre. Ante esta realidad, hacia el mes de mayo nos planteamos que sería interesante abrir una sección en el blog de Cristianisme i Justícia («Gastar la vida») en la que abordar diferentes temas clave para reflexionar a la hora de ir a votar (salud, ecología, educación, municipalismo, cultura, libertad de expresión, sociedad de la información, religiones, migraciones, derechos civiles, género, economía y fiscalidad…). De esta idea surgió la sección #2015electoral en la que invitamos a participar a diversas personas, profesionales de algunos de estos ámbitos, para que nos diesen elementos a tener en cuenta en el debate político generado en torno a cada tema, así como los grandes retos que se plantean y las líneas rojas que no se tendrían que cruzar.

Así fueron naciendo una serie de reflexiones profundas que enraí-zan mucho más allá de la especificidad de cada ámbito y que resuenan en nuestros valores interpelándonos sobre qué sociedad queremos ayudar a construir: ¿cómo hacer una sociedad más democrática e igualitaria?, ¿cómo poner en diálogo los diferentes modelos educativos existentes para conseguirlo?, ¿cómo repolitizarnos para seguir construyendo otro mundo posible?, ¿cómo vencer el miedo y cultivar esperanza?, ¿cómo poner el cuidado en valor?, ¿cómo empoderarnos para colaborar en la transformación social?, ¿cómo votar en conciencia?

No será fácil responder a todas estas preguntas. Nosotros sólo hemos puesto un pequeño granito de arena… La deliberación y la decisión del voto son acciones individuales que nos afectan a todos y a todas colectivamente. Vale la pena dedicar un ratito.

Época de cambios. Cambio de época

#2015electoral: nos va la vida

Francisco José Pérez

«La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo» [Evangelii Gaudium 55].

Las elecciones que se avecinan presentan un interés mayor del habitual. Algo se está cociendo y esperamos que su sabor nos guste. El aperitivo electoral andaluz no ha servido para despejar las dudas. Nos ha dejado, eso sí, pinceladas para pensar, aunque no sean extrapolables. Por una parte, la escasa penalización de los votantes a la corrupción. Mala noticia cuando la corrupción alcanza dimensiones estructurales, a pesar de los atenuantes que puedan señalarse (no todos los políticos son iguales…). Por otra parte, se mantienen las tendencias que se venían manifestando, aunque con trazos tenues. Las opciones mayoritarias pierden peso electoral (más el PP que el PSOE) y emergen fuerzas que pisan los talones a ambas formaciones: Podemos y Ciudadanos. La otra alternativa UPyD no aparece como tal, y los malos resultados la empujan a un proceso de deconstrucción que parece les hundirá todavía más. IU confirma su tendencia a perder relevancia frente a Podemos, y que será más relevante en la medida en que sigan presentándose de forma esquizofrénica: ser referente (vanguardia) de una izquierda escasamente relevante y querer ser una opción electoral importante. Por no hablar de esa confusión entre movimiento social y partido electoral.

Las cuentas, pues, no salen claras, pero las inquietudes y esperanzas siguen en pie. ¿Qué hay, pues, de turbador y atractivo en estas elecciones?

Por una parte, hay una crisis antropológica latente y eso confiere una gran importancia a las elecciones. El modelo de persona que nos han venido proponiendo los dos grandes modelos sociales que han dominado políticamente los últimos tiempos está en crisis. Ya sea la del ser humano egoísta e individualista que busca maximizar su bienestar individual; ya sea el consumidor «pasivo» de derechos de un bienestar vinculado a una espiral de crecimiento económico. Y esta crisis está haciéndonos experimentar con fuerza una indigencia, una vulnerabilidad, que se manifiesta en tres experiencias básicas: la creciente conciencia de indefensión ante nuestro propio poder; la experiencia constante de fracaso de la libertad en el logro de una convivencia justa y dichosa y el anhelo de una plenitud, que transciende la satisfacción de las necesidades materiales y el consumismo.

Para el observador atento, la mujer y el hombre actual, las personas indignadas, están pidiendo «algo más», algo que no se reduce sólo a técnica, ni ciencia, ni economía, ni consumo. Demandan algo nuevo: un salto cualitativo de tipo antropológico, una nueva mujer y un nuevo hombre.

Este deseo de cambio —quizá el más difícil de percibir— se complementa con otros en las diversas esferas de la vida (política, económica, laboral, social…) que, con sus sombras y sus luces, reflejan ya esa nueva comprensión de la persona en esta era de la globalización.

Cabe señalar cómo esos cambios ya han empezado a producirse, especialmente con la reivindicación de la ciudadanía, que se está convirtiendo en un concepto político central, y de la participación, como dimensión fundamental de nuestro ser social, lo que está dando lugar a una nueva «ecología humana», preñada de sueños de humanidad y de prácticas liberadoras. Cambios que, por otra parte, no son ajenos a los «pecados de la democracia» y que están impulsando un proceso imparable para «democratizar la democracia».

Otro cambio exigido desde esa nueva concepción de la persona afecta al papel de la economía y el de los poderes económicos y financieros. Si se había pensado que desde el poder político democrático se podía superar, o al menos amortiguar, la lucha de clases propia del conflicto social, hemos visto cómo el «secuestro» del estado por parte de esos poderes económicos y financieros la ha recrudecido, con nefastas consecuencias para las clases populares, que sufren nuevos y violentos procesos de explotación, opresión y dominación, al tiempo que emergen fenómenos nuevos, como la presencia de personas, e incluso países, sobrantes desde esa nueva lógica dominadora.

Y todo esto, junto a otras cuestiones fundamentales para la vida social, está en juego en las próximas elecciones. Por eso, en la Escuela Diocesana de Formación Social de Zaragoza nos pareció importante reflexionar sobre el significado de voto en este nuevo contexto; sobre la necesidad de repensar la política, situando la ética en su corazón y, por eso mismo, hoy inauguramos la sección #2015electoral en Cristianisme i Justícia. También, señalar lo que a nuestro entender son cuestiones a tener en cuenta en las próximas elecciones a fin de dar respuestas positivas a esa emergencia de una mujer y un hombre nuevo que hagan posible esa otra sociedad necesaria.  Y también hemos querido hacerlo teniendo en cuenta las aportaciones del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, pues estamos convencidos de que es esta nueva reinvención de la persona y la democracia, en todas sus dimensiones (política, social, económica…) las que son una fuente inagotable de propuestas y alternativas humanizadoras.

Una repolitización que irá a más

Oscar Mateos

[El Ciervo] Cuatro años después del 15-M la sociedad española se ha repolitizado. «Nosotros los de Sol ya no somos los mismos», proclamaba una pancarta aquellos días de mayo de 2011 en la plaza madrileña. Y aunque es difícil de cuantificar y de demostrar empíricamente esta afirmación, lo cierto es que nada parece igual: el panorama político heredero de la Transición, que tenía en el bipartidismo su máxima expresión, se encuentra en una profunda crisis de legitimidad (que algunos denominan como «crisis de régimen»); en las próximas elecciones municipales concurrirán decenas de candidaturas ciudadanas que, con todas sus contradicciones, quieren escapar de la lógica partitocrática de las últimas décadas, o entre otros aspectos, son cada vez más los estudios que dan cuenta de una nueva efervescencia de las iniciativas de economía social (cooperativas de consumo, bancos de tiempo, espacios de coworking, etc.).

¿Es todo resultado directo del 15-M? Evidentemente, no. El 15-M cabe entenderlo no tanto como un movimiento social al uso, sino como un acontecimiento social en el que se expresó el malestar de fondo de una sociedad que percibía a los partidos políticos como intermediarios incapaces y deslegitimados para hacer frente a una realidad social caracterizada por la desigualdad y la falta de oportunidades. El 15-M puso letra, de forma creativa y original, a una música de fondo que venía sonando en los últimos años.

Y fue en las plazas y en las redes donde a partir de entonces se generó el despertar de una nueva conciencia social. Una conciencia que era autocrítica («Dormíamos, despertamos») y que reconocía que en este contexto neoliberal habíamos transitado tristemente de la condición de ciudadanos y de sujetos políticos a la de meros consumidores de cosas. Pero con el 15-M «mudamos de piel», «actualizamos nuestro software», fuimos más conscientes, en definitiva, de que el tipo de democracia y el tipo de economía eran modelos que debían ser cuestionados y repensados.

Para los más pesimistas, este tipo de argumentaciones resultan del todo exageradas. En general, suelen entender el 15-M como algo puntual, que quedó circunscrito a la ocupación del espacio público de aquellos días y que no tuvo la capacidad de trascender socialmente. Asimismo, para esta visión, las iniciativas sociales, políticas o económicas tienen una envergadura muy minoritaria, ya que la sociedad, en general, sigue ensimismada por las «bondades» del sistema: el consumo desenfrenado, las nuevas tecnologías, los cuatro millones de espectadores que semanalmente tiene el programa de televisión Gran Hermano…

No obstante, esta última visión adolece de un cierto cortoplacismo. Hacen falta luces largas para entender que las transformaciones sociales tienen lugar en procesos muy dilatados. En un momento de ruptura del contrato social (crecientes desigualdades, derechos fundamentales que no se cumplen, etc.) y en el que faltan claramente contrapoderes a la preocupante hegemonía del ámbito financiero, la convulsión e intensidad social del presente podrían significar el inicio de un proceso que trata de redibujar nuevos consensos y reglas de juego orientadas a una verdadera equidad. En este sentido, es probable, como señalan algunas voces, que si la fractura social se agudiza, si los jóvenes siguen a la intemperie, faltos de oportunidades y con una vida crecientemente precarizada, esta repolitización vaya a más. Curiosamente, el camino de regreso a la ciudadanía, lo habremos hecho en medio de una vida caracterizada por una mayor incertidumbre y vulnerabilidad.

¿Vocaciones a la política?

Daniel Izuzquiza

[Alfa y Omega] Este 2015 es, sin duda, un año apasionante desde el punto de vista político. Sin salir de nuestro país, hemos celebrado ya elecciones municipales y autonómicas, tenemos las catalanas a la vuelta de la esquina y las generales en el otoño. ¿Cómo debemos vivir la política los cristianos? Creo que no podemos desentendernos de la acción política, sospechar de ella de modo sistemático o dejarla en manos de otros actores. Muy hondo y razonable es el anhelo del papa Francisco:

«¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común» [Evangelii Gaudium 205].

Por ello, además de mirar con interés, debemos implicarnos. ¿Qué podemos hacer, como cristianos y como entidades de Iglesia? Me parece que hay una serie de cosas que podemos hacer para contribuir a una regeneración de la política, desde la óptica del bien común y la lucha por la justicia evangélica. Lo resumiré con cuatro verbos: suscitar, formar, discernir y acompañar.

En primer lugar, debemos suscitar vocaciones políticas. En el proceso de maduración creyente, todas las personas deben crecer en su deseo de servir a los demás y de transformar la sociedad, para hacerla más acorde al sueño de Dios. Eso supone numerosas mediaciones (familiares, profesionales, culturales…) entre las que no podemos olvidar el compromiso cívico, asociativo, sindical, vecinal y político. Es un error pensar que la vivencia cristiana de la caridad se agota en el terreno íntimo o, como mucho, en las relaciones interpersonales.

Para ello, es imprescindible también favorecer procesos de formación sociopolítica. Hay que conocer la doctrina social de la Iglesia y las herramientas de análisis de la realidad social; es necesario aprender sociología, economía, política internacional o asuntos culturales; cada vez es más imprescindible familiarizarse con los testigos de nuestra historia y tejer redes con otros actores. La autonomía de la esfera secular y la complejidad de nuestro mundo exige, también a  los cristianos, rigor en el análisis y en la propuesta. Y, como en otros ámbitos de la formación cristiana, hay que combinar una formación genérica para todos junto con una formación más específica para aquellas personas que se van implicando de manera más activa e intensa.

Un tercer paso consiste en discernir esas posibles vocaciones políticas. Si vivimos una espiritualidad encarnada, es de esperar que muchos cristianos desarrollen un deseo de entregarse a los demás a través de diversas mediaciones profesionales, empresariales, educativas, militantes, en el voluntariado… Las posibilidades son muchas, y entre ellas no podemos obviar el compromiso cívico, ni olvidar que éste puede desembocar en el terreno político, también en el marco de los partidos y las instituciones. Como digo, las posibilidades son amplias, pero deben ser discernidas. Nada se puede dar por supuesto, ni para descartar de antemano ni para asumir como algo obvio.

Hay un cuarto elemento igualmente valioso pero que, con demasiada frecuencia, pasamos por alto. Me refiero a acompañar esas vocaciones políticas; o, mejor dicho, acompañar a las personas que, desde su fe cristiana y su compromiso social, deciden implicarse en la política activa. Demasiadas veces a estas personas las dejamos solas, las criticamos desde fuera, las orillamos en la comunidad cristiana… Se trata de un servicio abnegado, difícil y muchas veces incomprendido. Me parece que como Iglesia tenemos una seria responsabilidad en acompañar a estas personas en su compromiso público, sin que ello signifique estar de acuerdo o legitimar sus decisiones concretas. En estos momentos, en España, éste es un reto muy relevante, porque numerosos cristianos están entrando en política, desde distintos partidos y coaliciones, en tareas de gobierno o de oposición. Necesitamos, como comunidad cristiana, acompañar a estas personas y generar espacios de encuentro más allá de las legítimas diferencias.

Algo de esto es lo que acaba de tener lugar en San Sebastián. Entre los días 26 y 30 de agosto, se ha celebrado el II Taller de formación sobre «Fe y compromiso sociopolítico», organizado  por Cáritas Española, el Movimiento de los Focolares, la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) y la Compañía de Jesús, a través de los centros Cristianisme i Justícia, Pignatelli y entreParéntesis. En él han participado 25 jóvenes de todo el territorio español y de diversas procedencias eclesiales, unidos por el deseo de profundizar en su compromiso creyente en la sociedad.

Una última aclaración. La Iglesia no es un lobby y los cristianos en el terreno político nunca debemos convertirnos en un grupo de presión para lograr intereses particulares; más bien debemos apostar por el advocacy, la incidencia pública a favor del bien común y de las personas y grupos más débiles. Por ello, hago mías las palabras del papa Francisco:

«¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!» [Evangelii Gaudium 205].

Votos y vetos

José I. González Faus

A veces parece como si las leyes de educación tuvieran efectos retroactivos y comiencen por afectar a sus mismos autores: no es que nuestros chicos no sepan que, además de la anáfora, existe la catáfora, sino que nuestros gobernantes tampoco saben que además de los votos existen los vetos.

En las elecciones se expresan los votos explícitamente, pero también suelen expresarse vetos de manera concomitante. El ciudadano, además de decir «voto a éste» (que en ocasiones le resulta una elección indiferente o dudosa), busca decir también: «excluyo a aquél». Y a veces hay grandes mayorías absolutas en esos rechazos implícitos.

De ahí la aberración antidemocrática que puede suponer legislar que gobierne simplemente la lista más votada: porque si en una comunidad está gobernando la lista que ha sido más vetada, la cosa pública será ingobernable: las protestas se eternizarán, y habrá que  recurrir a la policía y a leyes mordaza, para defender una democracia casi inexistente, de las amenazas de otra democracia posible.

En otros países, que según el sr. Rajoy están por debajo de nosotros (por aquello tan oído de que nosotros estamos siendo un ejemplo para Europa), ese peligro se conoce ya desde hace tiempo. Por eso, existe el recurso a las segundas vueltas, cuando ningún partido o coalición haya obtenido la mayoría. La experiencia ha mostrado que, en ocasiones, en esa segunda vuelta no sale la lista más votada (o la minoría más grande), sino otra que había quedado por detrás, pero que no experimentaba tanto rechazo como la primera.

Esto es el abc de la política. Desconocerlo, o fingir no conocerlo, es dar muestras de analfabetismo político. A menos que lo sepan muy bien pero, en realidad, pretendan otra cosa: regresar a aquella pseudodemocracia que la dictadura franquista calificó de «orgánica»; sólo que ahora (quizá para evitar chistes de mal gusto con eso de los órganos), preferirán llamarla democracia anorgánica.

Luego, naturalmente, se quejarán los injustamente derrotados. Pero es porque no saben lo que dijo el sr. ministro de hacienda: que «la vida es dura». Y ante eso, la única solución parece ser endurecérsela aún más a los que lo tienen peor para que no resulte tan dura a los que lo tienen mejor. Porque éstos, como cantaba antaño Adolfo Marsillach, «siempre tienen razón: porque tienen la sartén por el mango y el mango también».

Y el cambio... ha llegado

Cristianisme i Justícia

«Dormíamos, despertamos» era uno de los muchos lemas que desde el 15M se coreaban continuamente o se podían ver escritos en pancartas en algunas de las plazas que fueron tomadas por la ciudadanía hace 4 años. Durante este tiempo se ha dicho muchas veces que el 15M no sirvió para nada. Se tachó a sus integrantes de utópicos, se les acusó de falta de concreción en sus propuestas, de falta de organización política…, y tras el ciclo electoral del mismo 2011 en el que parecía que nada había cambiado, volvimos al viejo mundo de las mayorías absolutas, de unas instituciones que daban la espalda a la ciudadanía.

La cosa sin embargo, se iba cociendo por dentro. Y desde CJ hemos podido ser testigos de ello. Ya lo quisimos relatar durante aquellos días de mayo de 2011, haciéndonos presentes en las plazas y compartiendo el grito de indignación ante una crisis que estaba haciendo estragos y que nos imponía aquel mantra del «no hay alternativa». Después quisimos dar a conocer pequeñas y grandes grietas que iban abriendo camino para dar paso a la esperanza de ese otro mundo posible que ya está en marcha. Incluso nos atrevimos a elaborar nuestra propia tesis, compartida con muchos otros: «no estamos viviendo una época de cambios sino un cambio de época» y lo dejamos por escrito en el cuaderno de Oscar Mateos y Jesús Sanz, Cambio de época. ¿Cambio de rumbo?

La jornada electoral que vivimos ayer en el Estado español confirma de alguna manera estos pronósticos: las coordenadas que nos habían servido para entender nuestro mundo hasta ahora, han cambiado. Nuevas formaciones políticas se abren camino ante el muro del bipartidismo, nuevas formas basadas en la confluencia y el trabajo conjunto demuestran un gran rédito electoral, y la ciudadanía toma la palabra: lo certifica el aumento notable de participación en todas partes.

Con el cambio se perfilan nuevos proyectos municipales donde se habla de habitabilidad, de situar a las personas en el centro, de sostenibilidad, de poner en valor las tareas de cuidado, de tomar decisiones colectivas, de transparencia, de empoderamiento, de feminismos, de visibilización institucional…

Independientemente del resultado una cosa está clara, estamos explorando nuevas vías de democracia participativa, más cercana a la gente, y estamos diciendo no a una democracia secuestrada por los mercados. Lo que sucedió ayer pone de manifiesto que la democracia no es algo unívoco ni inmutable y que no es patrimonio de élites ni oligarquías. Se inicia pues un tiempo de gran esperanza y también de gran incertidumbre. ¿Estaremos a la altura para construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria? La oportunidad de hacer las cosas bien comienza ahora. Queda inaugurado el «cambio de época».

Entre el miedo y la esperanza

Guillermo Casasnovas

A raíz de la última campaña electoral y de los resultados en ciudades como Barcelona y Madrid ha habido mucha gente que veía cumplidos sus mejores sueños. Otros, en cambio, veían cómo se hacían realidad sus peores pesadillas. Y muchos otros no saben muy bien qué pensar. Es cierto que la campaña se polarizó en muchos ámbitos, donde el debate era entre seguir las cosas como hasta ahora o iniciar una aventura de grandes promesas pero futuro incierto.

Y es que en gran medida la disyuntiva era ésta: entre aceptar los actuales niveles de corrupción, desigualdad, desencanto, pobreza, deshumanización, etc. como inevitables y como un mal menor, o tirarnos a la piscina en busca de un modelo diferente. Los argumentos por un lado eran los que a menudo se califican como «el discurso del miedo»: «no tienen experiencia en gobernar», «no habrá más inversión privada», «la ciudad se paralizará», «como activistas están muy bien, pero gobernar es otra cosa», «estos inventos colectivos nunca funcionan», etc. Por el otro lado, la versión opuesta: «la ciudad está en nuestras manos», «hemos tomado las calles, ahora tomaremos las instituciones», «vamos a poner a las personas en el centro», «se acabarán los privilegios», etc. Para muchos, este segundo era un discurso populista, ya que apelaba a las emociones más básicas de las personas y por lo tanto las manipulaba —sin tener en cuenta que el miedo también es una emoción muy básica y fácilmente utilizable para manipular a la población.

Parte del discurso del miedo venía de aquellos sectores más poderosos que no quieren perder sus privilegios, ya que para ellos la situación actual es muy favorable y entienden que ya hacen suficiente pagando sus impuestos (si es que es el caso) y con algunas obras de caridad. Pero otra parte de ese discurso venía de clases medias que han sufrido en sus carnes parte de la crisis que ha azotado a nuestras tierras en los últimos años y que quieren en realidad una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y con un progreso económico y social que nos humanice. Y ante la crisis hay dos respuestas: el miedo o la esperanza, aunque muchos tengamos un poco de cada una. Nuestro miedo tiene como lema el «más vale malo conocido que bueno por conocer» y se aferra a las muchas o pocas seguridades que nos quedan: todavía tengo un trabajo, todavía queda algo de estado del bienestar, el sistema actual es el menos malo, los de arriba sabrán mejor que nosotros lo que hay que hacer, etc. Nuestra esperanza, en cambio, acepta dar un pequeño salto al vacío, confía en los procesos construidos desde abajo, cree en la capacidad colectiva para organizarse, piensa que «lo posible no se lograría si en el mundo no se intentase una y otra vez lo imposible», y recuerda que los grandes cambios sociales han empezado en las calles.

También es la esperanza algo profundamente cristiano, y el miedo y las propias seguridades algo contra lo que nos alerta San Ignacio a la hora de hacer discernimiento. Aunque, por supuesto, esperanza no quiere decir ingenuidad, pues muchas utopías se han quedado por el camino, algunas porque no han sabido, otras porque no les han dejado. Pero también es cierto que ahora tenemos más recursos para repartir, más experiencias de las que aprender, más capacidad de control sobre los que toman decisiones, y estamos mejor conectados. Así que hagámoslo bien (cada uno la parte que le toque), porque aunque la esperanza sea lo último que se pierda, ya no estamos para más decepciones.

Lo local, taller para otro mundo posible #2015electoral

Francisco José Pérez

La crisis, las sucesivas crisis desde finales de los 60, han impulsado la necesidad de construir otro mundo, que requiere alguna conditio sine qua non, en concreto apuntamos dos: sustituir el capitalismo, en tanto que modo de producción (acumular riqueza ilimitada, movilizando todas las fuerzas productivas) y sustituirlo también en tanto que cultura del capital (modo de vivir, de producir, de consumir, de relacionarse con la naturaleza y con los seres humanos que permite al sistema reproducirse y hace que se perciba que no hay alternativa).

En esa tarea lo local constituye una pieza esencial pues, como ámbito político e institucional próximo a la ciudadanía, posibilita incidir en la forma de vida de las personas a partir de sus necesidades básicas, y no desde marcos macroeconómicos o ideológicos. Necesidades que incluyen la dimensión social de la persona, sus relaciones sociales, la participación, el protagonismo… Desde esa perspectiva vamos a detenernos en algunos elementos que se hallan detrás de la revitalización del interés por lo local.

Nuestras ciudades y pueblos son un lugar privilegiado para visibilizar el estado de emergencia social en que vivimos, que no remite a pesar de los discursos sobre la recuperación, y que reclama iniciativas ciudadanas para hacerlo aflorar, paso previo a un tratamiento adecuado.

La cercanía a esas situaciones provoca empatía con las víctimas de la crisis y descubre tres ejes de fractura social que podemos resumir en pan, techo, trabajo, y es una de las aportaciones más novedosas del movimiento indignado. La visualización de las víctimas y de sus derechos básicos negados y pisoteados, es lo que hace que muchas personas den el paso de la indiferencia política a la necesidad de participar en las instituciones, especialmente en las de ámbito local, para hacer frente a esa emergencia social.

Elemento de debate será qué comprensión de la crisis va a predominar como trasfondo de las políticas municipales y, de forma vinculada, qué tipo de cohesión social se quiere fomentar y qué niveles de desigualdad se quieren soportar.

La necesidad de participación se ve reforzada con la crítica de estos movimientos, que se resume en ese grito de «¡No nos representan!», que quiere denunciar unas instituciones secuestradas por los poderes económicos y financieros y sus intereses y alejadas del bien común. Instituciones que se ven subordinadas a un monopolio partidista. Desde esta crítica se derivan unos objetivos básicos e imprescindibles: políticas orientadas al bien común, desde la perspectiva de las víctimas de la crisis; apertura de las instituciones a la participación ciudadana…

Otra cuestión candente será ver qué tipo de democracia propiciar: una representativa que reduce a los ciudadanos a votantes el día de las elecciones, o una «democrática» que abra las puertas a formas y planteamientos de democracia participativa.

Importante, vistas las motivaciones y las perspectivas para las instituciones, será definir la orientación de las políticas a aplicar, y qué tiene que ver con la comprensión de la ciudad y sus problemas. Hoy predomina un modelo de ciudad neoliberal, siendo su paradigma la ciudad orientada a grandes eventos (olimpiadas, exposiciones universales, acontecimientos deportivos…) convertidos en ídolos para solucionar los problemas de las ciudades y que nos conducen al paraíso de la riqueza y la abundancia. Modelo basado en una profunda perversión: critica la intervención pública de carácter social, pero la defiende cuando se orienta a favorecer la economía privada, los negocios y beneficios… siendo su consecuencia la ciudad empresarial, pues queda convertida en una especie de empresa dinámica y competitiva, que dedica buena parte de los limitados recursos públicos a favorecer a las empresas y los consumidores más pudientes, mientras las clases desfavorecidas se ven privadas de la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, este modelo pasa por la atracción de empresas, acudiendo para ello a una mayor desregulación del mercado laboral, y suele ser un terreno abonado para la corrupción, la especulación inmobiliaria, la conversión de la ciudad en espacio comercial, la mercantilización del ocio y la diversión, ya sea para los ciudadanos o para los turistas (parques temáticos, casinos, museos…).

Elemento a tener en cuenta será qué orientación van a tomar las políticas municipales ante esta manifestación del conflicto social entre el capital (urbanístico, comercial, etc.) y las necesidades y derechos de los ciudadanos. ¿Se va a rescatar a la ciudad de la especulación y la mercantilización para devolvérsela a los ciudadanos o se va a mantener la ciudad neoliberal que nos individualiza y rompe los lazos sociales?

Quedan muchos interrogantes y respuestas que plantearse. A modo de ejemplo:

— La financiación. El ayuntamiento, espacio más cercano al ciudadano y el que mejor puede prestar los servicios básicos, es el nivel que menos financiación recibe, situación agravada por el desajuste creciente entre las funciones que debe asumir y la definición legal de su papel (la reciente reforma del PP le priva de servicios desde una lógica mercantil y privatizadora).

— El modelo de apoyo a los pequeños municipios y el papel de las diputaciones provinciales. El debate suele plantearse en términos de austeridad y ahorro, y no de la necesidad de satisfacer los servicios básicos en infinidad de pequeños municipios. Resolver esta cuestión pasa en primer lugar por reorientar la política de ayudas y subvenciones de las diferentes instituciones, más orientadas al clientelismo político que a dar respuesta a sus graves problemas (suministro de agua, tratamiento de residuos, provisión de servicios sociales básicos, desarrollo de actividades económicas vinculadas a los recursos naturales propios y a la sostenibilidad del territorio…).

— La creación de espacios liberados de la mercantilización para favorecer estilos de vida más humanos.

— La recuperación de los servicios públicos (agua, transporte, servicios sociales…) de las ansias privatizadoras, potenciando su dimensión de derechos.

Los nuevos tiempos apuntan a un despertar de la ciudadanía y al reforzamiento de la participación como arma política para avanzar en ese otro mundo posible; en ese reto lo local se convierte en un tablero adecuado, que permite experimentar las líneas del cambio.

Propuestas para un mundo mejor

Política, tecnopolítica y desarrollo digital

Ismael Peña-López

Amartya Sen revolucionó el concepto de desarrollo humano al presentar su aproximación por capacidades. Desde su punto de vista, no basta con tener acceso físico a los recursos, sino que, además, hay que ser capaz de ponerlos al beneficio de uno mismo. Este paso de la elección objetiva a la elección subjetiva se ha visto completado en los últimos años con un tercer estadio del desarrollo: la elección efectiva. Así, no basta con tener recursos, ni con querer o saber usarlos, sino que, además, es necesario que a uno le dejen hacerlo. Es éste, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que recientemente ha ido tomando el centro de los debates alrededor del desarrollo humano y, por extensión, de la inclusión social.

En un mundo digital, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es fácil establecer paralelismos entre esos tres estadios del desarrollo con las tres brechas digitales que se han ido identificando desde que el término hiciese fortuna a mediados de la década de 1990.

— La primera brecha digital es aquélla que se refiere al acceso (o falta de él) a las infraestructuras tecnológicas. Una brecha que, aunque persiste, pronto será residual en el Atlántico Norte en general, y en España y Cataluña en particular.

— La segunda brecha digital se refiere a las competencias, a la llamada alfabetización digital. Una brecha que escuelas, bibliotecas y telecentros vienen atajando como algo prioritario desde hace algunos años.

— La tercera brecha digital, que se suma (no sustituye) a las otras dos, se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida de uno. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, por mencionar solamente tres casos donde dicha brecha es ya más que patente.

Sin restar importancia a las dos primeras —que todavía persisten— es esta tercera brecha, abierta hace relativamente poco, la que ahora se ensancha a marchas forzadas con la creciente presencia en nuestras vidas de la teleasistencia, la formación en línea, la participación política a través de redes sociales y espacios de deliberación, etc.

En consecuencia, cabría considerar que la inclusión social, y tomando como base el ejercicio activo de la ciudadanía, cada vez más dependerá de esa e-inclusión de tercer nivel, la que permite un desarrollo basado en una elección objetiva, subjetiva y efectiva plenas: no habrá democracia, salud o educación sin la concurrencia activa de la ciudadanía en estos aspectos.

Del acceso y la capacitación al uso efectivo

Efectivamente, los datos de que disponemos nos dicen que mientras que la primera brecha digital se hace más y más pequeña, la segunda (capacitación) es cada vez más importante (especialmente en términos relativos y cualitativos: no hay más gente, pero sí se ven a sí mismos como más analfabetos digitales) y, en consecuencia, contribuye a agrandar la tercera, que en muchos casos se zanja con un rechazo de plano a todo lo que tenga que ver con la tecnología.

En concreto, los llamados refuseniks digitales —del inglés refuse, rechazar—: las personas que consciente y voluntariamente optan por no estar conectados. Son un colectivo generalmente dejado de lado a la hora de abordar políticas de desarrollo digital, con el muy probable riesgo de que sean éstos los grandes excluidos de una sociedad que, ya hoy en día, se está edificando fuertemente sobre la participación digital.

Es perfectamente defendible afirmar que no habrá mayor ejercicio activo de la ciudadanía sin un mayor uso de Internet; y que no habrá un mayor uso de Internet si no se aborda la problemática del rechazo más allá del acceso físico a las infraestructuras y más allá de la alfabetización digital.

Creemos que hay tres terrenos —los ya mencionados salud, aprendizaje y democracia— que son hoy en día los tres ámbitos más importantes (además del económico, a menudo determinado por los tres anteriores) donde el desarrollo e inclusión social vendrán especialmente determinados por el respectivo grado de e-inclusión de una persona… o de una institución.

Por otra parte, los recientes logros que han venido desde la innovación social, la innovación abierta y la innovación social abierta son prácticamente inexplicables sin ese anhelo de emancipación ciudadana aupado por las TIC.

Emancipación y políticas de desarrollo digital

En general, hay dos visiones y al menos tres grandes omisiones en la forma cómo habitualmente se diseñan las políticas de desarrollo digital.

Las visiones son:

— Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo económico, y no hacia el desarrollo individual y social.

— Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo institucional, y no hacia la emancipación personal.

Por otra parte, las tres cuestiones que suelen omitirse en las políticas de desarrollo digital están muy relacionadas con el potencial que las TIC pueden desplegar si se aplican a fondo. Es más: si las TIC tienen algún papel en el desarrollo, creo que es en las tres cuestiones que se listan a continuación:

— La libertad, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, las libertades políticas, los derechos de la libertad… muchos nombres para el mismo concepto. La libertad suele estar ausente en las políticas de desarrollo, y en particular en las políticas de desarrollo digital. Cuando, por ejemplo, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 16.10, hablan del acceso público a la información, se pone en relación a la «conformidad con la legislación nacional». Relevante, cuando el informe Freedom in The World 2015 de Freedom House sitúa al 54% de los países analizados como no libres. Raramente se cuestiona el marco legal al hablar de desarrollo. Y, así, la libertad simplemente queda fuera de las políticas, cuando debería ser lo primero.

— El empoderamiento es un paso más allá de la libertad. Si la libertad trata de la ausencia de restricciones para pensar o hacer la propia voluntad, el empoderamiento trata del fortalecimiento de la capacidad de pensar o hacer que la propia voluntad. En otras palabras, no sólo se puede hacer lo que uno quiera dentro del sistema, sino que el sistema le ayudará a ello. Una vez más, empoderamiento, o capacidades, son a menudo mencionados en cualquier tipo de política de desarrollo, especialmente en las que tienen un fuerte componente digital. Pero, a menudo —y especialmente en los ODS— se limitan a temas de género o de desigualdades en las minorías. Es un primer paso, pero claramente insuficiente. No hay forma de que el desarrollo sea sostenible si no tiene un fuerte componente endógeno, y no hay manera de que el desarrollo sea endógeno sin empoderamiento. En mi opinión, el empoderamiento es fundamental para el desarrollo. Sólo un paso por debajo de la gobernanza.

— La gobernanza, la democracia, la participación, la deliberación, la co-decisión política. Si la libertad es hacer la propia voluntad, y el empoderamiento es hacerlo con fuerza multiplicada, la gobernanza está muy por encima de eso: no es el pensamiento y la acción dentro del sistema, sino sobre el sistema. La gobernanza es diseñar el sistema según las necesidades de uno (o las necesidades colectivas, más apropiadamente), en lugar de darse forma a uno mismo dentro de un sistema dado. Por eso es tan importante… a pesar de estar generalmente ausente de cualquier política de desarrollo. Y más sorprendentemente en las políticas de desarrollo digital, donde las limitaciones físicas a cambiar las cosas, los marcos, los sistemas, son tan y tan bajas. Efectivamente, la toma de decisiones suele tenerse en cuenta —y hablamos de política 2.0 y voto electrónico y e-participación— pero siempre como una forma de tener una cierta influencia en las instituciones. Pero nada sobre cambiar las instituciones, transformarlas, sustituirlas por otras, o incluso deshacerse de ellas.

En resumen, el aumento de la libertad, el empoderamiento y la gobernanza son los mayores resultados potenciales de las TIC en el desarrollo. Y la omisión suele ser doble. Ni se tienen en cuenta las TIC en las políticas para el desarrollo —en particular, como en muy pocas en general más allá de propias del sector y terrenos afines— ni se tienen en cuenta las que posiblemente son las principales razones para desarrollar políticas de desarrollo digital explícitas, a saber y por ejemplo: que las TIC aplicadas a la Salud pueden aumentar la propia libertad del paciente (del ciudadano); que las TIC aplicadas a la Educación pueden mejorar las propias capacidades y empoderamiento para alcanzar objetivos de aprendizaje más ambiciosos; que las TIC aplicadas a la política pueden conducir a una mejor gobernanza.

Cuando se diseñan políticas de desarrollo digital, habitualmente son precedidas por un despliegue de datos que las sustentan: cuánta gente conectada, desde dónde se conecta, para qué. Se hace un diagnóstico, se caracterizan perfiles, se identifican puntos de acción prioritaria. Hasta ahí bien. Pero.

Es el enfoque. Es industrial. Pertenece, en mi opinión, a la era industrial. No tiene en cuenta, creo, que cabalgamos la ola de la revolución digital y, más importante aún, las muchas revoluciones sociales (que no tecnológicas) que hemos presenciado en los últimos años. Y no, no se trata (solamente) hablando de la Primavera Árabe, o del 15M. Se trata de repensar el procomún y el procomún digital; se trata del software libre y los recursos educativos abiertos y el hardware libre y la ciencia abierta y el conocimiento libre; se trata del gobierno electrónico y los datos abiertos y del gobierno abierto; se trata de la democracia líquida y la democracia híbrida y la tecnopolítica; se trata de los entornos personales de aprendizaje y los cMOOCs y las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica; se trata de los centros de innovación y los espacios de co-working y la innovación abierta y la innovación social y la innovación social abierta; y todo lo que podemos adjetivar de P2P y la des-intermediación.

Casi nada de esto está en las políticas de desarrollo digital. En los mejores casos habla de mejoras de eficiencia. Incluso de eficacia. En los peores casos, se limita al despliegue de infraestructuras. Pero casi siempre tiene un enfoque estrictamente institucional, dirigido, centralizado, controlado, jerárquico. Y, en mi opinión, podemos aspirar a más. Pero para ello hay que cambiar el foco. Ponerlo no en la herramienta —y sí, las instituciones también son o deberían ser herramientas— sino en el ciudadano. En su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza.

Arrancar la mordaza, conquistar la comunicación desde abajo

Jordi de Miguel Capell / Suso López

Desde el momento mismo en el que inició su tramitación parlamentaria, y más si cabe desde su entrada en vigor el pasado 1 de julio, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza», ha sido uno de los temas presentes en el escenario de campaña permanente en el que nos movemos hacia las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

La prensa internacional puso el grito en cielo: «En el camino a la dictadura», tituló el diario alemán Die Tageszeitung; ONG’s y movimientos sociales se rebelaron en la calle y en los organismos internacionales contra su aprobación; y la oposición en bloque ha manifestado su intención de derogar la norma si la configuración de mayorías en el Congreso de los Diputados cambia tras los comicios.

No hace falta que el New York Times o The Guardian insistan en su naturaleza antidemocrática; tampoco que las Naciones Unidas pidan su retirada. El propio calificativo de «Ley Mordaza» con el que el texto ha sorteado su tramitación parlamentaria muestra, con cruda precisión, el punto en qué nos hallamos. Para cualquier gobierno que quiera establecer un mínimo diálogo con la sociedad que dice representar, la derogación de esta ley debe constituir una medida urgente e inaplazable. Nada de lo que sigue puede atenderse sin esta consideración previa.

Consuelo menor, pero si algo bueno nos ha dejado la aprobación de la «Ley de Seguridad Ciudadana» es un nuevo punto de vista desde donde observar con qué actores se cuenta a la hora de hablar de comunicación y democracia. La prueba: tiene diez segundos para recordar qué medios denunciaron en portada la aprobación de una norma que ataca sin ambages la libertad de expresión. 1, 2, 3… Tiene diez más para recordar qué colectivos pidieron su derogación en las calles. ¿Fueron periodistas? ¿O fueron los mismos movimientos sociales que claman por un sistema democrático más justo?

Conviene, con todo, recordarlo: la «Ley Mordaza» es, en parte, el yugo impuesto a un mulo fatigado; la restricción de una realidad, en parte, ya gangrenada. No es que en los últimos años se hayan cruzado las líneas rojas, es que se han borrado por completo. Basta enumerar: burlona concentración de medios privados y reparto discrecional de frecuencias; gestión partidaria, recortes y machetazos (cuando no eliminación) de medios públicos; precarización laboral extrema; manipulación informativa… Todo aderezado con un esperpéntico sentido de la libertad de expresión, teatralizado con espasmos ahora heroicos («Todos somos Charlie Hebdo»), ahora marrulleros («Zapata criminal»). Y todo ello con la connivencia de una mayoría de medios de comunicación que han decidido hace tiempo claudicar de su originaria función de fiscalización y control al poder para abrazarlo e, incluso, llevarlo bajo palio en la dramática procesión de la pérdida de los derechos más fundamentales. No en vano, esta última legislatura será recordada por la naturalización del plasma y de la neolengua como máxima expresión de lo decible. No se ha conseguido con poco mérito, teniendo en cuenta, como apuntaba hace unas semanas el filósofo Daniel Inerarity, que la política partidaria se ha desplazado, empobrecida, del parlamento a los medios.

Pero insistimos, decimos «en parte». En parte porque, bien es sabido: del otro lado hay más y mejor. Más y mejores propuestas que trabajan, algunas desde hace meses, otras desde años, por ofrecer un poco de luz en medio de tanta oscuridad. «¿Se imaginan que el periodismo dejara de provocarse tortícolis de tanto mirar hacia arriba, que apostara por internarse en los barrios humildes de las ciudades para relatar toda una realidad que ahora mismo define a nuestro país, y que se olvidara de los despachos, de las corbatas, del compadreo con el poder?», se preguntaba Olga Rodríguez en noviembre de 2013 en un artículo publicado en eldiario.es, uno de esos medios que integran el «más y mejor». Hay quien ha decidido girar la cabeza hacia abajo para ofrecer un periodismo capaz de recuperar la confianza perdida entre la ciudadanía. Es aquí donde entran en escena El Diagonal, La Marea, La Directa, Catalunya Plural, Crític, Periodismo Humano o eldiario.es, entre otros. Medios que vienen a significar una suerte de sacudida a un ecosistema mediático que necesita su propio 15M tras mostrar síntomas evidentes de agotamiento. Un campo mediático minado en el que durante años la relación poder-medios se ha manejado con tanta discrecionalidad que todo cambio o propuesta que atente contra el status quo puede generar un terremoto político. ¿Se tambaleará el edificio si las propuestas son fruto de un sólido diálogo con las organizaciones sociales? ¿Es posible la construcción de una hegemonía comunicativa propia? No es una tarea menor. Como apunta el periodista y director de Telesur Aram Aharonian, «promover efectivamente la participación, la interacción, nuevos valores y una estética distinta en la comunicación implica pasar por profundos cambios culturales, pues de poco servirían si la población no se apropia de ellos».

Es pues el momento de trascender y discutir sobre el derecho a la información y a la comunicación en los mismos espacios y con las mismas organizaciones que debaten sobre derechos tan fundamentales como el de la vivienda o el de la salud. En esta tarea se necesita del empuje de la ciudadanía, del compromiso de las y los que ejercen el periodismo y de las organizaciones profesionales que trabajan en materia de comunicación. ¿Por qué no goza de ese rango el derecho a la información y a la comunicación? ¿Por qué no son percibidos como imprescindibles? ¿Lo hemos explicado mal?

Existen intentos. Desde hace un año, en Cataluña, la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació reúne a entidades sociales de diversa índole (desde sindicatos y medios de información hasta ONG y otras organizaciones) para promover la concienciación, el debate y la movilización por una regulación de los derechos a la información y la comunicación. Su decálogo arroja luz sobre las deficiencias del panorama actual y sobre las urgencias a atender y marca las líneas sobre las que se debe trazar el cambio en la concepción del ecosistema comunicativo. La condición de la información como un derecho y no una mercancía; la necesaria creación de un organismo independiente que vele por el derecho a la información y la comunicación; la apuesta por la transparencia, el pluralismo y la supervisión en la concesión de las licencias audiovisuales; el preservar la autonomía de los medios públicos; el garantizar la educación en comunicación a la ciudadanía; o el reconocer como una amenaza para el pluralismo informativo la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, entre otras, son algunas de las bases para el debate y el trabajo que pone sobre la mesa la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació.

Si el gobierno que surja de las urnas el próximo 20 de diciembre no asume y promueve este nuevo marco de debate y de transformación, por lo menos que no moleste a los que empujan en esa dirección.

Cultura y elecciones políticas

Jorge Picó

Todos estaremos de acuerdo en que la naturaleza es algo muy bello pero sin propósito alguno, no tiene un plan preestablecido, no desea nada y aquí es donde entra el concepto de cultura ligado al acto de cultivar de Wilhelm Von Humboldt frente a Johann Gottfried Herder y su Kultur como alma cohesionadora del pueblo. Cada cultivo necesita un tutor, que es ese palo o caña que se pone al lado de una planta para sujetar el tallo mientras está tierno. No hay cultivo pues sin cuidados y atenciones. «Basta con mirar una cosa fijamente para que se vuelva interesante», decía Flaubert. Y los cuidados y las atenciones en cultura están centrados en el cuerpo de las personas. Aquí es donde cultura y política se unen, la cultura cultivadora, atenta y cuidadosa, nos ayuda a entender la política como el cuidado de los cuerpos. Un cuerpo hambriento, herido, violado o privado de derechos es un cuerpo dejado de lado por la política. Una persona sin cultivar es alguien que no ha tenido la oportunidad de experimentar la fuerza de las raíces, que es donde se aguantan las cosas. Ahora que parece que no hay nada que sostenga al ser humano por encima de sus propias fuerzas, al menos pongámosle una ramita tutora donde apoyarse o una atalaya desde donde curar su miopía hedonista, o subámoslo a hombros de gigantes para que pueda ver más y más lejos o al menos para que recuerde algo.

Los alemanes tras la segunda guerra mundial lo entendieron bien y la «re-educación», tras la tierra quemada del Tercer Reich y sin cultivo alguno, pasaba por el teatro que ayudó a restablecer valores humanísticos: «Ifigenia en Táuride de Goethe, fue el emblema de los valores humanos, Intriga y amor y Don Carlos de Schiller, significaban la insubordinación y la rebeldía contra la autoridad, y Nathan el sabio de Lessing simbolizaba y simboliza el ideal de la tolerancia (religiosa), un primer paso para pedir perdón por la masacre a los judíos».¹ Más que un concepto de corte sociológico, entendida como un repertorio de las Bellas Artes, la cultura tiene una misión antropológica que es mirar al ser humano en toda su complejidad. No hay atención sin mirada previa. Os hago esta pequeña introducción porque la polisemia de la palabra hace que ahora mismo haya que liberarla del cinismo que la envuelve. ¿Cómo es posible que hayamos confundido cultura con lo que quiere el dinero? ¿Por qué nos hemos dejado de ocupar del dolor, ese «suelo sagrado», que decía Wilde?

El placer, las sensaciones rápidas y de fácil digestión se han convertido en la justificación cultural del capitalismo. La cultura que se puede manosear, que no transciende, nos mantiene en una minoría de edad permanente, para así poder desear y consumir chucherías eternamente. Le hemos dado tal achuchón de mercado que necesita una inyección de humanismo. No se aguanta sola, ya casi no sale en los debates políticos y a veces despierta recelos y desafección entre la gente por elitista y por el rapto al que ha sido sometida por los especialistas culturales que la han convertido en un aparador sin fuerza transformadora. La cultura y su sector no dudó en sumarse a la época de vacas gordas alejándose de la ciudadanía y ahora lo estamos pagando, no hemos conseguido crear bastante masa crítica. Si cerrasen los teatros de cualquier ciudad española se armaría algo de ruido (ojala) pero no sé yo si se paralizaría la ciudad. Está vista como algo prescindible para las arcas públicas, salvo en algunos países donde hay voluntad política como Colombia que están diseñando una cultura de impacto que les ayude a salir de la espiral de violencia en que estaban instalados. La prueba es que en España en estos tiempos de urgencias ha habido mareas por la sanidad y por la educación, muy relevantes, y casi ninguna marea cultural con mucha incidencia y activismo. La cultura pues, no puede ir sola, hay que trabajarla por binomios: cultura y educación, cultura y medio ambiente, cultura y economía, cultura, equidad e inclusión social, fe y cultura.

No concibo una reunión de cultura en un ayuntamiento sin implicar a todos los «agentes culturígenos» que tiene una ciudad: los maestros, los bibliotecarios, los libreros, los programadores de los equipamientos, los artesanos, los grupos amateurs, los vecinos con inquietudes… Se gana en participación y se baja carga política. Y entre todos se construyen relatos culturales diversos a través de una cultura de la proximidad. Porque es en las ciudades y en sus barrios donde se van a dirimir muchos significados de la vida de las personas. Las ciudades son ahora grandes espacios de aprendizaje. Ideas para cambiar las reglas del juego no faltan. Reutilizar el suelo de las ciudades: naves industriales abandonadas, cuarteles, cocheras, mataderos, edificios administrativos abandonados… e huir de la política de grandes equipamientos quitando presión a los terrenos no urbanizados. Nos debemos alejar de la egolatría del sujeto-marca y las «ciudades-marca» y hay que repensar la comunidad alejándose de privatizar los saberes colectivos.² La cultura está necesitada también de una «minería de datos» pues es un suelo fértil, cuanto más profundo mejor, cuya incidencia no se puede medir solamente en términos económicos y ahí hay mucho por hacer.

Si de verdad creemos que es un bien público y un derecho de las personas no se deben externalizar sus servicios como se lleva haciendo sin ningún pudor. Y hay ejemplos de que la gestión pública es más sostenible que externalizar servicios. Me gustaría también recordarle al Estado que no valen relatos simplificadores de la realidad cuando se trabaja en cultura, que la identidad de cada uno ha pasado a ser un punto de partida y que es posible reconocerse en varios relatos culturales y además se puede ir cambiando con toda libertad, como un discurso abierto. Ni la población es una cultura, ni la cultura es una población, hay más bien una dinámica de pertenencias, un flirteo de formas de acción y de convivencia. La pregunta incómoda para los políticos es ¿cuánta diversidad y qué clase de diversidad cultural puede acoger y gestionar un estado?³ Las personas son mejores que su cultura, creo decía Adorno. Y ya para acabar, y como soy del gremio, recordarle a los políticos que los artistas son como los vegetales, cada uno necesita su tiempo de cocción, y que para eso están las becas, las ayudas, las subvenciones y que corresponde al poder público respaldarlos en su tarea de explorar la frontera de lo conocido para crear nuevos significados, sobre todo si nos ocupamos más de los más desfavorecidos, que son quienes deberían recibir toda nuestra atención y cuidados a través de la cultura.

La religión, una baza electoral

Jaume Flaquer

La cuestión del papel público de la religión (¡y ya tenemos que hablar de religiones, en plural!) es también uno de los elementos ante el que los partidos políticos van a tener que tomar postura en sus programas electorales. Quizás algunos creían hace unos años que su importancia iría disminuyendo, pero lo cierto es que la resistencia eclesial a abandonar «los primeros puestos» de la plaza pública y el crecimiento de religiones que reclaman su lugar en esta ágora, pone la cuestión religiosa en plena actualidad.

Precisamente porque cada país europeo tiene su historia y sus «mitos fundacionales», cada uno percibe, problematiza y «siente» de manera diferente la visibilización pública de la religión. La respuesta a esta cuestión que relegaría lo religioso al ámbito estrictamente privado para construir una esfera pública neutra y pura es enormemente simplista, puesto que las comunidades humanas que comparten una fe y unos ritos son también asociaciones públicas que, como tantas otras, solicitan subvenciones y reconocimiento público, y a veces, incluso legislaciones conformes a su manera particular de ver la justicia.

En Francia, la nueva irrupción de lo religioso ha puesto en jaque el dogma de la separación de la religión y el Estado consagrado en 1905. La opción política ha sido legislar en esta dirección contra la visibilización de signos «religiosos ostentosos» (velos, kipás y grandes cruces) en las escuelas y a favor de la prohibición del velo integral en todo espacio público. Sin embargo, actuando de manera «herética» contra este dogma, se ha empeñado en guiar y diseñar desde el ministerio del interior el modo de elección (o mejor, determinación) de los representantes de la comunidad musulmana. Incluso ha planteado también, y realizado en no pocos casos, la concesión de ayudas a la construcción de mezquitas para controlar su ideología.

En la tradición anglosajona se vive de manera menos problemática, incluso el velo integral. La separación de la religión y el Estado se vive fácticamente a pesar de que la reina de Inglaterra sea la cabeza de la Iglesia anglicana. El nivel del debate se sitúa en torno a peticiones de leyes «confesionales». Los motoristas sikhs, por ejemplo, obtuvieron la exención de llevar casco.

En países como Alemania se vive con naturalidad la subvención pública a las religiones mediante los impuestos, pero se debate la prohibición del sacrificio halal o kosher por el sufrimiento de los animales. En otros países, como Holanda o Austria, después de grandes reconocimientos de los derechos religiosos de los inmigrantes, el aumento de la extrema derecha está cambiando el debate.

En España seguimos un modelo mixto con tendencia progresiva al tipo de laicidad a la francesa. La secularización de la sociedad y la mala gestión del poder por parte de la Iglesia indican esta tendencia. Antes o después el mundo político decidirá romper el Concordato para adaptarse a la realidad social del país. Si esto será así, ¿por qué la Iglesia es incapaz de adelantarse para retirarse ordenadamente? ¿Por qué no pactar, pues, para hacerlo ordenadamente y con seguridad? Por pactar, me refiero solucionar de una vez por todas la cuestión de la financiación y la cuestión de la clase de religión en la escuela pública. Aquel «cuius regio eius religio» de Westfalia (a cada rey, su religión) se ha traducido aquí: «a cada partido su ley educativa» y su modelo de clase de religión, con el consiguiente mareo de leyes y contra-leyes.

La Iglesia debería situarse ya «en otra perspectiva». Esta otra perspectiva es ya una realidad social en el País Vasco y sobre todo en Cataluña. Quizás así la Iglesia recuperaría el carácter profético de Jesús de denuncia de todo sistema corrupto sin identificarse con ninguno: «mi reino no es de este mundo».

Pero, contrariamente a lo que se podría pensar, están aumentando los centros de culto y las manifestaciones religiosas. Desde el poder público debería entenderse lo religioso como un ámbito cultural más. De esta manera se vería de manera más normalizada. ¿Por qué las entidades religiosas dependen del Ministerio de Justicia? ¿Es para controlarlas como si se tratase de una cuestión de orden público? ¿O bien es por la tendencia de lo religioso a influir en el derecho?

De hecho, igual que cada asociación cultural hace sus manifestaciones artísticas o sus reclamaciones, también las religiones piden espacios públicos para procesiones o para rezar en Ramadán. Se ocupa la calle en los encierros de San Fermín, en el día del orgullo gay, en la rua del Barça cuando gana y en las procesiones de Semana Santa de Sevilla. Desde el punto de vista político, ¿por qué poner trabas a una oración musulmana y no a las sardanas?

Una agenda política verde para el cuidado de la casa común

Chema Castells

«El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo […]. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que «el tiempo es superior al espacio», que siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder» [Laudato si 178].

Como nos recuerda Francisco, a los políticos les puede más el inmediatismo del tempo electoral que la mirada amplia necesaria para abordar los grandes problemas. Siendo esto así, en pocos temas se manifiesta con más claridad que en la cuestión ecológica, donde es imprescindible la mirada global («piensa global, actúa local») y el tiempo largo (el compromiso intergeneracional en que se basa el desarrollo sostenible). A lo que podríamos unir la Política como empoderamiento público frente a la ceguera del Mercado.

Y pocas coyunturas como a la que nos enfrentamos en esta segunda mitad de año para hacerlo más palpable: 2015 se presenta como un año de grandes retos y oportunidades en materia ambiental. Junto a las continuas citas electorales, también asistiremos a la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 en la ONU en septiembre y, sobre todo, de nuevos compromisos contra el cambio climático en la Cumbre de París en diciembre.

Tres grandes elementos deberían centrar la aportación del debate político y ciudadano en España sobre ecología este año, apuntando en conjunto al cambio de nuestro actual modelo de producción y consumo:

1. Siguiendo la propuesta planteada en el «Programa por la Tierra» por las grandes organizaciones ecologistas, la lucha contra el cambio climático debe ser el centro de las políticas en los diversos niveles.

«El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. […] Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático» [Laudato si 25,26].

A pocos se les escapa ya hoy que el cambio climático es una de las mayores amenazas para un futuro sostenible. Si no tomamos medidas con urgencia, las consecuencias serán sumamente peligrosas, quizás irreversibles. Y este es un ámbito en el que la posibilidad, incluso la obligación, de establecer objetivos a distintos niveles más allá del estatal (autonómico, local incluso personal) se hace imprescindible.

Para ello, alumbrar una política y una planificación integral, coherente y transversal de medidas locales, autonómicas y estatales de adaptación al cambio climático coordinada y coherente con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que integren las medidas a adoptar en sectores de competencias compartidas o descentralizadas como transporte, recursos forestales, agricultura, medio ambiente, residuos o eficiencia energética debería convertirse en prioridad ineludible. La futura Ley de Cambio Climático de Andalucía que podría aprobarse en este 2015 podría ser un primer paso en ese sentido.

2. Avanzar de forma urgente en la necesaria transición energética se presenta como una consecuencia inmediata de la lucha contra el cambio climático.

«Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de CO₂ y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías limpias y renovables» [Laudato si 26].

Junto a la necesidad de superar un modelo energético agotado basado en los combustibles fósiles, o en el desesperado sueño interesado del fracking, la dependencia energética exterior de nuestro país y la pobreza energética que amenaza a miles de familias sitúan la demanda de un modelo claro de transición como otra prioridad política de primer orden.

Es además este un ámbito en el que, como pocos, se visibiliza la posibilidad de conjugar el reto ambiental con la posibilidad de generar empleo, empleo verde que además se sitúa en sectores productivos y tecnológicos de vanguardia, en los que existe una experiencia contrastada.

Pero para ello, frente a la política obstaculizadora de estos últimos años, rehén de los oligopolios eléctricos, hay que impulsar un modelo energético renovable, justo y democrático, donde se priorice la ambición y una apuesta clara por el autoconsumo y las energías renovables.

3. Reducir la producción de residuos, fomentar el uso sostenible de recursos, caminar hacia una economía circular.

«La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería» [Laudato si 21].

Quizás es en el aspecto del (abu)so de los recursos disponibles y la generación consecuente de residuos donde se revelan los efectos de nuestro modelo actual de producción y consumo, su concreción en realidades y políticas locales, la corresponsabilidad ciudadana y, por tanto, nuestro poder de transformación. La gestión de residuos supone además la partida más alta dentro de los presupuestos municipales.

Se requieren políticas de eficiencia en el uso de los recursos naturales y de reducción de residuos, basadas en campañas de concienciación ciudadana y en el apoyo a la producción local y ecológica, asegurando que el consumo de recursos naturales esté dentro de los límites sostenibles de cada región, minimizando así su huella ecológica.

Como nos recuerdan los militantes ecologistas, pero también el Papa esta es nuestra hora, la hora de generar el cambio necesario hacia un modelo de sociedad más justo y sostenible, que pasa por priorizar la protección ambiental y social frente a los intereses cortoplacistas de los mercados. Un nuevo modelo que suponga combinar creación de empleo, equidad y calidad de vida dentro de los límites del planeta. Un modelo que es el único posible para salir de la crisis sistémica actual, económica, ambiental, climática y social.

«La grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación» [Laudato si 178].

Y con los impuestos y el sistema fiscal, ¿qué hacemos?

Xavier Casanovas

Partimos de un desengaño. Hemos construido una sociedad basada en un pacto social, en un consenso entre capital y trabajo, que se ha visto hecho añicos. Este consenso pasaba por contar con un sistema fiscal (y así lo expresa la Constitución en su artículo 31.1) que cumple dos principios: el de igualdad (en mismas rentas se pague el mismo) y el de progresividad (que pague más quien más tiene). Estos principios, por muchas razones que ya conocemos, no se cumplen, y de hecho han ido a peor: el sistema fiscal se ha ido haciendo más regresivo, y los casos de fraude y elusión fiscal van en aumento.

La razón para reclamar un sistema fiscal más justo no es ideológica sino de puro sentido común. En estos momentos nuestra economía adolece del peor de los males, una galopante desigualdad. En España el número de ricos ha crecido un 40% desde el inicio de la crisis. El último año 2014 los altos cargos y consejeros de las empresas del IBEX35 han obtenido rentas 104 veces superiores a la renta media de su empresa. En 2013, «sólo» lo eran 74 veces más. Este es el punto de partida: el mercado, sin regular, sin líneas rojas que no pueda traspasar, parte de una desigualdad exorbitante.

La percepción que los ciudadanos tenemos es de unas clases sociales, unas élites completamente desconectadas de la realidad que viven la mayoría de los ciudadanos. Y el sistema fiscal no está ayudando a paliar esta sensación.

Son muchos los casos que se han dado en los últimos años de rebajas fiscales injustificadas que sólo han favorecido a unos cuantos. Como muestra la rebaja del impuesto a los casinos en Cataluña del 55% al 10% para atraer capital, o la competencia fiscal a la baja entre autonomías que prácticamente ha acabado con el impuesto de patrimonio o el de sucesiones. Impuestos que sólo afectan a unos pocos: los que más tienen.

No deja de ser sospechoso y signo de esta manipulación electoral, que los partidos políticos que toman el poder suban impuestos al iniciar la legislatura y los bajen el último año, dando así la impresión de una recuperación económica ficticia.

Ahora bien, donde está el meollo del problema es en las prácticas de elusión fiscal de las grandes multinacionales. En un año de elecciones como en 2015 necesitamos reforzar y reactivar la lucha contra los paraísos fiscales y las prácticas de ingeniería fiscal agresiva. Esta semana, el mismo comisionado de la UE para los asuntos económicos, Pierre Moscovici, afirmaba: «es inaceptable que ciertas multinacionales obtengan grandes beneficios en la UE y paguen muy poco o nada en impuestos dentro de nuestras fronteras», al tiempo que presentaba el plan CCCTB de lucha contra estas prácticas.

Algunas propuestas que creemos deberían aparecer en todos los programas políticos de este año electoral independientemente del color político que las defienda:

— Necesidad de un informe oficial sobre el impacto del fraude fiscal: no puede ser que nuestro país no cuente con un informe oficial con indicadores de evaluación del fraude fiscal y de su impacto en nuestra economía. Si no hay voluntad política para elaborar un buen diagnóstico menos habrá para combatir el fraude.

— Espacios libres de paraísos fiscales: es necesario el compromiso de todas las administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades y Gobierno Central), de no establecer contratos públicos ni aceptar a concursos empresas que tengan filiales en paraísos fiscales o que no se comprometan en sus memorias a explicar cuánto pagan en impuestos país por país. Los modos son múltiples. Ya hay propuestas en este sentido en marcha como la del nuevo gobierno de la ciudad de Palma de Mallorca donde lo han establecido en el segundo punto de su código ético.

— Dotar de recursos las agencias tributarias propias: la Agencia Tributaria hace aproximadamente 100.000 autos al año y recauda 10.000 millones con estas actuaciones. La ONFI (Oficina de Fiscalidad Internacional de la Agencia) hizo 200 actuaciones en grandes corporaciones que permitieron aflorar 1.300 millones de euros más de base imponible de estas empresas. Si el tipo de estas empresas es del 30% esto significa que las 200 actuaciones de la ONFI, que significan el 0,2%, ¡recaudan el 4%! Hay que dedicar los cuerpos fiscales a perseguir a las grandes multinacionales y no sólo al pequeño defraudador.

— Endurecer los códigos penales: necesitamos ejemplaridad pública para hacer entender que el sistema fiscal es central en nuestro estado de derecho. Esto implica endurecer los códigos penales, eliminar las excusas absolutorias o la creación de nuevos delitos consistentes en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para la defraudación tributaria.

Lo sabemos, el problema tiene una dimensión global de decisiones que hay que tomar en órganos superiores, muchas veces no democráticos y por tanto de difícil acceso. Pero tiene también una dimensión de carácter local que pasa por la voluntad política de radiografiar el fraude en nuestra casa y de poner todas las trabas posibles para que éste no se dé. Hemos puesto sobrados ejemplos de cómo hacerlo. Sólo hace falta voluntad política de trabajar en ello.

Retos educativos para la transformación social

Pepe Menéndez

Cada vez que se acerca un periodo electoral volvemos a oír algunas de las letras más repetidas de la canción sobre la educación.

Si antes de la crisis económica, la «música» de las propuestas electorales subrayaba la importancia que la formación de los niños y jóvenes tenía para el futuro de nuestro país, después del estallido de la crisis son muchos los candidatos que han quedado retratados con las políticas que sus partidos han aplicado, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico o en el del gobierno central, aunque sigan defendiendo de manera retórica la importancia de la educación.

Algunas de las políticas de carácter conservador no han ido más allá del ahorro económico que la situación financiera del estado exigía. Se han mostrado tolerantes con la merma de recursos educativos de los sectores sociales más débiles, sin estimular iniciativas que pudieran contrarrestar esta situación y dejando al puro mercado la evolución del sistema educativo. Se puede decir que no han dado la cara por las capas más afectadas por la crisis económica, y no se han mostrado activos en el impulso de políticas de transformación de la educación que pudieran responder a los retos educativos que el mundo vislumbra en este periodo de cambios profundos.

Al otro lado del mapa ideológico, estas políticas han sido contestadas por varios sectores de la izquierda con respuestas previsibles, nada imaginativas y continuistas respecto a las épocas de crecimiento económico constante. Han sido respuestas que no han salido del argumentario esencial, que vincula más recursos económicos con una mejora automática de la educación o que saca la palabra mágica de la privatización como coartada para no entrar en un debate más a fondo. La realidad de los veinte años últimos del pasado siglo ha mostrado con tozudez que el sistema educativo necesita de cambios profundos, que vayan mucho más allá de la clásica división entre educación pública y educación concertada, y que reclama una forma de gobernar diferente así como cambiar las propias reglas de juego de los principales agentes educativos del sistema.

El viejo análisis de amplios sectores de la izquierda, dibujando una raya imaginaria que separa la escuela pública y la escuela concertada en dos mundos de desigual altura moral, no ha sido superado. Los avances que se habían hecho para reconocer un sistema público donde actúan escuelas de titularidad pública y escuelas de titularidad privada han retrocedido y han vuelto los viejos paradigmas. Los recelos entre los diversos agentes del sistema educativo se han acentuado, y se ha perdido una gran cantidad de energía en la creencia de que la solución para conseguir una buena educación consiste en volver a la situación anterior al estallido de la crisis, o en el simplismo de eliminar los conciertos educativos, tal como han declarado algunos de los nuevos rostros que aspiran a convertirse en los referentes de una nueva época.

El panorama muestra una preocupante ausencia de rigor a la hora de elaborar un diagnóstico sobre el estado actual de la educación y el futuro que deseamos, para que sea una auténtica palanca de construcción de capital social. La educación necesita de nuevos paradigmas, que movilicen todos los recursos y toda la inteligencia educativa de que disponemos. Hay que centrarse en los alumnos para elevar su nivel educativo, colaborar con otros agentes para aumentar la cohesión social y, en definitiva, construir ciudadanía. Hay que priorizar las zonas y escuelas de mayor riesgo, para promover iniciativas que permitan un mayor éxito escolar. Hay que identificar las válvulas de los motores de cambio de nuestro sistema educativo, para que sean referentes de la transformación educativa que necesitamos. Y hay que pensar en un modelo de gobernanza que ponga el interés por los alumnos por encima de otros intereses corporativistas de todo tipo.

No soy capaz de ver luz clara en las propuestas de nuestros representantes políticos. Unos porque parece que no son capaces de inventar nada mejor que volver a modelos del pasado, con expresiones retóricas centradas en la autoridad y el esfuerzo. Y otros porque repiten los mismos esquemas ideológicos de otros paradigmas históricos, sin cuestionarse si las prácticas actuales son el camino que necesita la escuela pública para convertirse en un auténtico servicio público.

La expresión más adecuada que se me ocurre para definir el panorama es aquella frase bíblica de «no hay nada nuevo bajo el sol». Y lo escribo con tristeza, porque mi opinión es que la educación necesita de cambios profundos y de miradas mucho más osadas que las que hasta ahora están mostrando las declaraciones de los candidatos.

Mi esperanza radica en la capacidad que la sociedad y las redes educativas tengamos para crear conciencia de la necesidad de cambio e influir para modificar los planteamientos más anquilosados que, hoy por hoy, dominan los resortes del sistema.

Propuestas para una política migratoria más humana

Xavier Alonso

1. Aislar la xenofobia

Los que conocen la historia reciente de la política de inmigración en España, coinciden en que en el año 2000 se truncó el consenso entre los dos grandes partidos acerca de las líneas maestras de dicha política. El borrador de la segunda ley de extranjería de la democracia fue consensuada por la mayoría de los partidos en el Congreso de los Diputados, pero en última instancia no recibió el apoyo del PP, que gobernaba. La Ley orgánica 4/2000 se aprobó sin sus votos. Y tras las elecciones del 12 de marzo de 2000, el PP, con mayoría absoluta, aprobó la ley orgánica 8/2000. ¿Qué consenso se quebró?

El consenso que se quebró fue la tradición de consensuar la política... El consenso no tiene por qué estar relacionado con discursos electorales explícitos. En una materia tan sensible como es la inmigración, puede consistir en hablar contenidamente en los medios de comunicación, no estigmatizar a los inmigrantes o a las confesiones religiosas, pactar cambios legales en vez de imponerlos, etc. Los partidos y sus líderes deben asumir esa responsabilidad. Plataforma x Cataluña, un partido xenófobo, obtuvo representación en las elecciones municipales de 2003 y 2011, y aquí el consenso consistiría —suponemos— en aislarlos, no darles juego en los debates, no competir por el mensaje. El PP asumió un reiterado discurso xenófobo en Badalona. Sin duda, es difícil y hasta incoherente que un partido renuncie a competir por un espacio electoral, por mucho que uno de los competidores sea xenófobo… Por eso, el debate electoral debe afrontar la dificultad comunicativa que entraña hablar de inmigración, pero sin caer en el coqueteo con las frases y las ideas de los xenófobos. La competición contra ellos ha de ser con amenazas penales e iniciativas legales, con discursos éticos, con movilizaciones ciudadanas. Una especie de «ni un paso atrás» cívico y también institucional.

Pero el consenso debe ir más lejos. La presencia de la inmigración extranjera en España evoca otras realidades españolas, realidades que ya no son extranjeras. Muchos asocian a los extranjeros con el islam, y otros asocian el islam al yihadismo… Lo mismo que se asocia a los extranjeros con el hecho de que los españoles tengan menos trabajos que escoger. Por ello, no deben ni sugerirse esas conexiones mentales que muchos hacen. Hay que entender los miedos de la sociedad, pero no reforzarlos; y hacer políticas eficientes, tendentes a «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (artículo 9.2 de la Constitución). Algunos estatutos de autonomía, como el catalán, recogen literalmente estas frases de la Constitución. Es pues un contenido absolutamente esencial de nuestra cultura política.

2. No reducir derechos y restituir el derecho de acceso a la sanidad

En el debate electoral habrá propuestas de políticas, concreciones de cómo se gestionará o cómo se regulará la inmigración. Todas deberían ir en el sentido de la igualdad. El derecho de todos, con o sin papeles, de acceso a la asistencia sanitaria, conseguido en la Ley orgánica 4/2000, se truncó en 2012 (Real Decreto Ley 16/2012), sin ningún tipo de debate parlamentario. Un derecho conseguido tras quince años de luchas, movilizaciones, sentencias, negociaciones, buenas prácticas profesionales; un derecho que existió desde el 2000 —en varias comunidades autónomas, desde antes— sin problemas significativos de orden presupuestario ni de gestión, fue pulverizado por el Gobierno en un instante. Ante la supresión del derecho en 2012, algunas comunidades autónomas han aprobado sus propias normas restituyendo, en grados diferentes, la universalidad del derecho: Andalucía, Canarias, Galicia, Cataluña, Euskadi, Navarra, Valencia... Algunas gobernadas por nacionalistas, otras por la derecha, otras por la izquierda. Entendemos que la preocupación política por restaurar el derecho no era solo la dignidad de los extranjeros, sino la cohesión social.

Si el Estado nunca ha sido capaz de evitar la irregularidad, si siempre habrá personas en situación irregular, si en la legislación hay un sistema para regularizarlas (las diferentes modalidades de autorizaciones de residencia por arraigo), no es ni necesario —ni ético— dejar a dichas personas sin derechos básicos. En consecuencia, una propuesta para las elecciones del 20D es la restitución de la universalidad en el acceso a la sanidad. Y si hablamos de restituir derechos, debemos, por supuesto, pedir que ningún otro derecho sea recortado o suprimido. Si un determinado derecho lo tienen ahora los extranjeros residentes, que siga siendo así, como mínimo. Si un determinado derecho lo tienen ahora todos los extranjeros, que siga siendo así, como mínimo.

3. Financiar suficientemente los grandes servicios públicos

Los derechos de los extranjeros en España relacionados con la educación, los servicios sociales, la sanidad, etc., tienen que ver no solo con una regulación jurídica sino con la existencia de servicios públicos capaces de gestionar toda la demanda, servicios suficientes y de calidad. Durante la crisis económica iniciada en 2008 (y que aún persistirá en la próxima Legislatura, la XI) se agudizaron algunas desigualdades ente extranjeros y españoles. Por ejemplo, la escuela pública tiene, cada vez más, más alumnos extranjeros que la privada, y entre los extranjeros hay más paro que entre los españoles. Para conseguir la igualdad o, como dice la Constitución, para «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas», es necesario financiar el estado de bienestar. Los servicios básicos necesitan financiación, y no recortes. Desde 2005, una de las vías de financiación de la política de inmigración ha sido el Fondo estatal para la integración de los inmigrantes, «que se dotará anualmente» (artículo 2.ter de la Ley de extranjería). Este fondo, que el Estado distribuía a las comunidades autónomas con criterios consensuados entre todas las administraciones, llegó a disponer de 200 millones de euros en 2009, pero fue vaciado del todo (0 euros) en 2012. Debe volverse a dotar presupuestariamente este fondo, al menos al nivel de 2009.

4. Eficiencia y garantía de los derechos humanos en el sistema de control

La política de inmigración tiene aspectos duros, que no son fáciles de defender. Por ejemplo, las fronteras. Para todo aquel que crea que pese a todo las necesitamos —entre los que me incluyo—, existen una serie de propuestas: mejora material y de garantías jurídicas en los centros de internamiento de extranjeros; aplicación de las medidas alternativas al ingreso en estos; más eficiencia en la gestión de fronteras y en las operaciones de salvamento marítimo, siempre con la garantías de respeto de los derechos humanos; más rapidez en la gestión de visados y autorizaciones de residencia, incluso más eficiencia y garantías en las expulsiones —por seguridad jurídica—; mejoras materiales y de recursos humanos en las oficinas de extranjería, etc.

5. No tocar el arraigo

Uno de los elementos más importantes y originales de la política de inmigración española es el sistema de regularización por arraigo. Desde 1986, España había ido realizando regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular. Además, la legislación fue creando un sistema para ir salvando casos individuales, primero mediante exenciones de visado y después con expedientes de arraigo. Este sistema cobró una importancia cada vez mayor desde 2005, y como en 2008 la UE impidió las regularizaciones masivas (Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo), el arraigo es ahora el único medio de que disponemos. El sistema de arraigo no debe ponerse en cuestión.

6. Las CCAA y la pluralidad lingüística del país

La tendencia a que el sistema inmigratorio español requiera a los inmigrantes «informes de integración» (para la regularización por arraigo, la renovación de la autorización de residencia o la naturalización) se contradice con la falta de un modelo claro de «prueba» de dicha integración. Un modelo que debe respetar las competencias de las CCAA y la pluralidad lingüística del país.

7. Inmigración y refugio

Y finalmente, la política de inmigración, en el debate de las elecciones del 20D, no puede ser ajena ni a la participación en la política de la UE ni a la exigencia de un compromiso claro de España de acogida de refugiados de Siria, Eritrea, Irak… Refugio e inmigración no se pueden disociar en la mayoría de aspectos de ambas realidades: hablamos siempre de personas.

A l@s que votan: #novotesmachismo

Sonia Herrera

Por aquello de mantener «a mano los clásicos para prevenir la caída» que decía Virginia Woolf, quiero empezar este artículo recordando las palabras que escribió Clara Campoamor en su obra Mi pecado mortal. El voto femenino y yo: «¡Pobres hombres políticos, aferrados a la esperanza de que nada se transformara en el país, a que nada evolucionara, a que nada ni nadie se despertara espiritualmente y caminara hacia el porvenir!». Poco imaginaba la señora Campoamor que 80 años después la clase política española seguiría sin tener en cuenta los problemas que afectan de forma específica a más de la mitad de la población. Ciertamente, como ella misma escribió en mayo de 1936, «el campo en que fructificó aquel ideal» —el del sufragio femenino— se llenó de «nuevas semillas» y nuevas luchas en cuanto a los derechos de las mujeres. Por desgracia, en pleno siglo xxi los partidos políticos nos siguen considerando ciudadanas de segunda… Para muestra, varios botones.

El pasado 7 de diciembre tuvo lugar en las cadenas de Atresmedia lo que se denominó «El debate decisivo» entre tres de los candidatos a la presidencia del gobierno —Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera— y la vicepresidenta actual, Soraya Sáez de Santamaría. Justo un mes antes, el 7 de noviembre, la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, aglutinaba en Madrid a más de 100.000 personas en una marcha histórica contra las violencias machistas en la que participaron unas 450 organizaciones feministas. Sin embargo poco parece importar esta cuestión a los futuros y presentes gobernantes que al ser interrogados sobre las medidas que prevén sus partidos para erradicar la violencia contra las mujeres, despacharon el tema en menos de 4 minutos entre vaguedades, incorrecciones y salidas de tono como la de la propia Sáez de Santamaría que zanjó el tema aconsejando a las jóvenes que no permitieran que sus parejas mirasen sus móviles como si la responsabilidad ante el control y el acoso en el ámbito de la pareja fuera de las propias víctimas.

Mientras escribo estas líneas el portal especializado Feminicidio.net tiene registrados 99 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España en lo que va de 2015. Por ello, resulta cuanto menos bochornosa la indiferencia generalizada que se transmitió en el mencionado debate, más aún cuando desde el 2010 el presupuesto para la prevención de la violencia machista se ha recortado un 26%. El programa específico para igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha perdido también un 61% de sus fondos en tan solo una década. Dichos recortes, además de contravenir las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), se han traducido en un nefasto impacto sobre la vida de las mujeres.

La falta de recursos en materia de igualdad en los Presupuestos Generales del Estado supone entre otras consecuencias que se hayan reducido notablemente los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia machista, así como los puntos de encuentro familiares, imprescindibles, tal como recogen Marta Borraz y Raúl Sánchez en eldiario.es, «para que la vida de los hijos e hijas no se ponga en riesgo en caso de que un juez dicte que un padre maltratador tiene derecho a seguir viéndoles».

Dejando a un lado el debate en Atresmedia, peor fue incluso la intervención de Marta Rivera de la Cruz en el debate a 9 que tuvo lugar en TVE el pasado miércoles 9 de diciembre y en el cual la candidata de Ciudadanos negó la importancia del género en la violencia contra las mujeres demostrando una profunda ignorancia y un absoluto desprecio por las expertas y expertos que llevan años estudiando y visibilizando las causas específicas de la violencia machista que se asientan en un sistema cultural y socioeconómico patriarcal que se reinventa constantemente y que promueve relaciones de género de dominancia, una visión objetualizada de la mujer y una situación de desigualdad estructural entre mujeres y hombres.

Al hilo de esta puesta en escena de los argumentos neomachistas plasmados en el programa de Ciudadanos, resulta imprescindible reivindicar una vez más el uso político del lenguaje y dar un paso adelante al nombrar los asesinatos machistas como feminicidios, especificando así que estos son crímenes de odio contra las mujeres por razón de género y que el Estado es responsable de los mismos en tanto en cuanto no ofrece garantías ni pone todos los medios a su disposición (personales, materiales y políticos) para que las mujeres podamos disfrutar de una vida libre de violencias machistas.

Para erradicar la violencia contra las mujeres es imprescindible que la sociedad en su conjunto tome conciencia y manifieste colectivamente su rechazo haciendo suyas las exigencias que desde el movimiento feminista, constituido en la Plataforma 7N, hemos venido haciendo de cara a las próximas elecciones generales y entre las cuales cabe destacar algunas que resultan vitales en lo que concierne a la lucha contra la violencia machista:

— La prevención de la violencia machista debe ser un punto prioritario de las políticas públicas.

— Las mujeres en situación de violencia tienen derecho a una «atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento», así como a obtener justicia, reparación y garantías de no repetición.

— Es importante «ofrecer una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple […]: mujeres con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional o sensorial dependientes, en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social».

— Debe establecerse un verdadero modelo coeducativo que garantice la diversidad afectivosexual y la educación en igualdad en todos los niveles de enseñanza, así como en la educación no formal.

— La Ley Integral contra la violencia de género 1/2004, la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007 y la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (39/2006) deben estar dotadas de presupuesto y de medidas sancionadoras que garanticen su cumplimiento.

— Sensibilizar contra el machismo y los estereotipos sexuales en todos los canales de socialización (medios de comunicación, escuelas, productos culturales, empresas…) y actividades de competencia pública y aplicar la legislación vigente en aquellos de competencia privada.

— Es elemental introducir en la legislación penal el delito de apología de la violencia machista que tanto ha proliferado en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales.

Otros temas esenciales que algunos partidos llevan en sus programas con mayor o menor énfasis tienen que ver con la igualdad laboral, especialmente en lo que concierne a la brecha salarial y a la conciliación. Medidas como la educación gratuita de 0 a 3 años, la equiparación y ampliación de los permisos de maternidad y paternidad o la reducción de la jornada laboral a 35 horas, son esenciales para poner la vida de las personas en el centro por encima del sistema productivo y para abogar por un acceso igualitario al mercado laboral y por una corresponsabilidad real de las tareas de cuidados y el trabajo reproductivo entre hombres y mujeres.

Sobre otras cuestiones como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la incorporación de la perspectiva feminista de forma transversal en todas las políticas públicas, la participación ciudadana de las mujeres, la erradicación de las transfobia y la homofobia, la construcción de un espacio público más inclusivo o la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la cultura, son pocos los partidos –Podemos, Unidad Popular, Iniciativa Feminista, PSOE sí lo hacen aunque de forma desigual– que incluyen propuestas concretas.

Por último me gustaría sumarme a la reflexión que Emilia Arias hacía en su artículo «Elecciones Generales 2015: ¿Dónde están las mujeres?» sobre la infrarrepresentación de las mujeres en la política en general y en esta campaña electoral en particular, porque las mujeres no somos comparsa, ni un colectivo anecdótico, ni la nota de color, ni la baza electoral de ningún partido. Tal y como afirmaba Arias, «todos los candidatos de las grandes formaciones políticas a la Presidencia son hombres y en las listas al Congreso la cosa no invita al optimismo. […] Hay mujeres preparadas y válidas en este país pero los partidos no deben haber reparado en ello»⁴.

Pero para una representación igualitaria en los lugares de toma de decisiones frente a la masculinización dominante de las instituciones no nos basta si quiera —aunque ayudaría bastante— con una representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de poder. Necesitamos un cambio de paradigma y para ello precisamos que haya representantes políticas feministas que incorporen a su quehacer diario las reivindicaciones por los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI.

Como electoras (y también como electores) tenemos un gran reto por delante: seguir votando machismo y convertirnos en colaboradoras necesarias de nuestra propia discriminación o hacer un uso responsable de nuestro voto como ciudadanas de pleno derecho, por nosotras, sí, pero también por las que vendrán…

Por tu salud, vota a conciencia

Nani Vall-llossera

El nombre de la sección #2015electoral: nos va la vida se hace real con toda su crudeza cuando hablamos de salud. Hablamos de salud y no sanidad porque la salud depende de todas las políticas y no sólo de las políticas sanitarias. No hay salud si hay pobreza, si no se dispone de una vivienda digna, si falla la educación, si se vive en la calle, si no se promueven también desde la política hábitos y condiciones de vida saludables, si no se tienen en cuenta las desigualdades de género,si no se atiende adecuadamente a las personas dependientes y a sus cuidadoras, si no se trabaja en condiciones laborales dignas, si no se pone solución al drama del desempleo, si no cambian las políticas migratorias. Valorando que los determinantes sociales de la salud están condicionando desigualdades crecientes en la salud de los ciudadanos, vamos a centrarnos en el sistema sanitario, que podría ser fuente de equidad.

El punto de partida sería concebir la atención sanitaria no sólo como un gasto sino principalmente como una inversión y la salud como un bien y competencia de la sociedad en su conjunto, más allá de la responsabilidad individual porque está condicionada por la distribución desigual de experiencias perjudiciales como veíamos antes. Las personas son el valor fundamental de la sociedad y tener ciudadanos sanos, entendiendo la salud de forma más amplia que la mera ausencia de enfermedad, revierte positivamente en ella.

Universalización

Es ineludible la derogación del Real Decreto-Ley (RD) 16/2012 que supuso un cambio radical en el modelo de sistema sanitario, pasando de un sistema de salud para ciudadanos a un sistema de salud de asegurados, del derecho a la atención sanitaria como derecho de ciudadanía a un derecho ligado a la condición laboral, económica y administrativa. Hay que recordar que el sistema sanitario tipo sistema nacional de salud (SNS) se financia a partir de la caja general que se nutre con el dinero de todos a partir de impuestos directos e indirectos. El SNS ha demostrado ser el modelo más equitativo (evita una sanidad de pobres y otra de ricos), más eficiente y el mejor en resultados de salud de la población.

El RD 16/2012 terminó con la universalidad del SNS y dejó sin atención sanitaria a miles de ciudadanos inmigrantes en situación administrativa irregular y también a muchos españoles que salen del país en busca de empleo sin un contrato de trabajo indefinido. El tiempo ha demostrado que el RD tiene costes en vidas y en sufrimiento y no tiene justificación económica.

Desmedicalización

Hay que afrontar también desde la política la medicalización y la «medicamentalización» de nuestra sociedad. Esto atañe tanto a la medicina «convencional» como a las llamadas «terapias alternativas». España ocupa el segundo puesto en el ranking mundial de consumo de fármacos sin justificación por nuestros niveles de enfermedad. El negocio de la salud ha visto en la intolerancia al malestar, el miedo a la enfermedad y a la muerte, un nicho de mercado que ha llevado a que con dinero público (y privado) se estén financiando fármacos, tecnología sanitaria y procedimientos que no añaden nada en términos de salud y calidad de vida y conllevan los riesgos de toda actividad médica superflua. En un contexto presente y futuro de recursos necesariamente limitados, esto tiene particular importancia por el coste de oportunidad: el dinero que se gasta en unas cosas no se puede gastar en otras.

Se deben utilizar los medios de comunicación públicos para dar mensajes educativos en este sentido y hay que exigir a los políticos que dejen en manos de personal técnico unas decisiones que deben tomarse en base a criterios científicos y sociales. Dotarse de agencias independientes para la evaluación de nuevos medicamentos, tecnología y procedimientos permitiría que no se financiase con dinero público aquello que no supone una aportación sobre lo ya existente. También en esta dirección, habría que exigir a todos (políticos, gestores y profesionales sanitarios), declaración de los conflictos de intereses y debería poder declararse determinadas actividades incompatibles con el servicio público (en cualquiera de sus niveles).

Desprivatización

La mercantilización de la salud y la entrada del afán de lucro en los sistemas sanitarios van en contra de su sostenibilidad. Lo veíamos en el punto anterior pero también se puede afirmar respecto a la gestión de los propios dispositivos de atención sanitaria: hospitales, centros de salud, centros de atención socio-sanitaria… En un país donde fallan los controles de forma proverbial, los centros de gestión privada con y sin ánimo de lucro han demostrado ser un agujero para el dinero público, ya sea por el incumplimiento de los contratos y el rescate público de los negocios que no han funcionado, o por la corrupción de los gestores de unas instituciones que quedan fuera del control parlamentario.

Reconfiguración

Para la sostenibilidad y los buenos resultados del sistema sanitario también es inexcusable afrontar el reto de su configuración. Debemos pasar de un sistema sanitario hospitalocéntrico y que fomenta la atención superespecializada a un sistema centrado en los recursos que hay en la comunidad y basado en la atención integral e integradora de las personas, de una atención centrada en la enfermedad a una atención centrada en las necesidades de las personas. Está sobradamente probado que los sistemas en que la atención primaria es el eje vertebrador con papel de directora de orquesta de todo el sistema sanitario, son más eficientes y tienen mejores resultados en salud (disminución de la mortalidad en un 6% cuando se aumenta un médico general por cada 10.000 habitantes, según datos de Reino Unido). También sabemos que los resultados en salud son peores cuando la persona recibe una atención fragmentada a cargo de muchos especialistas. Afrontar este cambio de forma real y efectiva y arrostrar la necesaria reforma del sistema hospitalario debe ir acompañado de mucha pedagogía para explicar a la población estos conceptos que son contrahegemónicos a pesar de que benefician a su salud en un contexto de creciente complejidad de los pacientes por el envejecimiento y de la medicina por la dificultad para discriminar lo que puede resultar beneficioso y perjudicial para cada persona.

El reto no es baladí. El proceso de mercantilización de la salud es un proceso global donde el capital empuja con firmeza hacia una americanización de los sistemas sanitarios europeos, con un paulatino abandono del sujeto a las fuerzas del mercado, a su suerte, a su genética y a su posición socioeconómica. La buena noticia es que el proceso actual perjudica a todos, ricos y pobres, aunque de manera desigual, y que en la Historia la fuerza de la gente ya consiguió cambios de rumbo. Eso sí, sin presión ciudadana nunca se consiguió nada.

Programa saludable

Programa insalubre

Prioriza acciones sociales sanas (vivienda, trabajo, prestaciones sociales, educación…).

No considera esas acciones sociales como promotoras de salud.

Propone sin limitaciones un SNS universal (pagado con los impuestos y de acceso gratuito en el momento de uso para todos).

Propone otras fórmulas menos eficientes de sistema sanitario: seguridad social, incentivos fiscales para disponer de mutuas privadas, etc.

Propone disminuir el gasto en farmacia, tecnología y actuaciones no probadas.

No pone límites al uso de fármacos, tecnología o actuaciones no probadas, o incluso los incentiva (a menudo con la excusa del desarrollo económico y científico).

Propone mejorar la gestión de los centros públicos, considerando incluso nuevas fórmulas en la gestión de los profesionales.

Da por hecho (sin ninguna justificación científica) que la gestión privada es mejor que la pública.

Propone incrementar los recursos para una mejor atención primaria (más médicos y enfermeras de cabecera) aun cuando sea a costa de replantear los recursos hospitalarios.

Plantea un aumento de hospitales con la excusa de su cercanía (cuando lo importante en ellos es su eficacia, que requiere cierta concentración de patologías y procedimientos).

Notas

1. Ana Rosa Calero, Una mirada a la escena teatral independiente en Alemania, Universidad de Valencia, Colección Teatro, Serie Crítica. 2014, pág. 17.

2. Aron Rowan, «Marcas, sujetos-empresa y otras formas de vida contemporánea», en la Revista Quimera, Dossier: Industrias Culturales, Marzo 2012.

3. La pregunta la formula el profesor Honorario Velasco en Cultura, Antropología y otras tonterías de Ángel Díaz de Rada, Madrid, Editorial Trotta, 2010, pág. 256.

4. «Solo el 34% de las candidaturas presentadas en las 52 circunscripciones electorales por las grandes formaciones está encabezado por mujeres. Esto limita mucho las posibilidades de las mujeres para ocupar escaños en el Congreso. Solo el PSOE lleva el 50%, 26 candidatas, como cabezas de lista» (eldiario.es, 10 de diciembre de 2015).