Cataluña y España: entre el reconocimiento y la negociación

Josep F. Mària Serrano y Ramon Xifré

Edita CRISTIANISME I JUSTÍCIA
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ISSN: 2014-6485

Edición: Santi Torres i Rocaginé
Revisión del texto: Pilar de la Herrán
Diseño cubierta: Jordi Pascual Morant
Diseño y maquetación interior: Pilar Rubio Tugas
Noviembre de 2018

El presente trabajo es una versión ampliada del artículo «Cataluña y España en la crisis del pacto constitucional: Obstáculos para un reconocimiento profundo» de ambos autores publicado en la revista Razón y Fe, t. 278, nº 1434, pp. 49-62 (2018).

Josep F. Mària Serrano Jesuita. Profesor en ESADE Business and Law School. Miembro del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia.

Ramon Xifré Profesor en ESCI-Universitat Pompeu Fabra. Investigador en el Centro Sector Público-Sector Privado del IESE.

Introducción

Las relaciones entre Cataluña y España de los últimos años han sido más conflictivas de lo habitual. En relación con las diferentes aproximaciones (políticas, económicas, legales, etc.) a este conflicto,¹ proponemos aquí considerar la cuestión fundamental del reconocimiento. Como afirmaba el pensador italiano Giacomo Costa en noviembre de 2017,

«En lo que está ocurriendo en Barcelona tocamos la potencia que se esconde en la reclamación colectiva de reconocimiento de la propia identidad –y por tanto de la propia diferencia– pero también la fuerza de una relación que desciende de los hechos y de la historia de la península ibérica, con todas sus contradicciones y sufrimientos».²

Según Charles Taylor la cuestión del reconocimiento es central en los debates en torno a la identidad, es decir, «la interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano».³ Según este autor el reconocimiento implica dos esferas: la íntima (G. H. Mead, significant others) y la pública. En esta última son básicos el diálogo y la deliberación pública, y por tanto el reconocimiento adquiere connotaciones políticas, que incluyen la negociación entre las partes:

«Si la identidad humana se crea y se constituye dialógicamente, entonces el reconocimiento público de nuestra identidad requiere una política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca de aquellos aspectos de nuestra identidad que compartimos o que potencialmente podemos compartir con otros ciudadanos».⁴

El reconocimiento puede concretarse en dos formas: un reconocimiento degradado (la persona o el grupo reciben de los demás una imagen degradante de sí mismos, generando heridas y opresión), o un reconocimiento profundo (la persona o grupo reciben una imagen de dignidad que sana y reconoce pacíficamente identidades diferentes).

El propósito de este trabajo es revisar las relaciones entre Cataluña y España desde la clave del reconocimiento.⁵ Opinamos que la búsqueda de formas de reconocimiento profundo entre ambas definió el clima de entendimiento y pacto que generó la Constitución Española de 1978. Dicho clima se ha ido deteriorando hasta llegar a la preocupante situación actual en la que, a nuestro entender, el reconocimiento degradante podría llegar a imponerse al profundo. Nos proponemos identificar algunos de los obstáculos que impiden un diálogo real y que consideramos se encuentran en la raíz del problema. Con ello pretendemos contribuir a restaurar el reconocimiento profundo como base para entablar una negociación que, a nuestro entender, es la única salida al conflicto.

El presente trabajo se organiza de la forma siguiente. Las secciones 2, 3 y 4 realizan una revisión de los principales datos históricos: los más remotos (sección 2); los que desembocan en la primera gran crisis de la Constitución en Cataluña, que fechamos en noviembre de 2014 (sección 3); y la escalada de desencuentros desde entonces hasta la fecha de cierre del artículo, junio de 2018 (sección 4). La sección 5 estudia la relación entre religión y nacionalismo, que consideramos relevante en este enfoque. La sección 6 presenta una identificación de los obstáculos a un reconocimiento profundo entre España y Cataluña. Finalmente, presentamos las conclusiones relativas a la idea de reconocimiento en la sección 7.

Antecedentes

La Edad Media en la península ibérica se caracteriza por la Reconquista ante los musulmanes, que determina, a grandes rasgos, tres frentes (oeste, galaico-portugués; centro, castellano-leonés; y este, catalano-aragonés) en el interior de los cuales se desarrollan dinámicas políticas y culturales-lingüísticas diversas.⁶ La España moderna comienza con los Reyes Católicos, cuyo apodo se justifica por el establecimiento de la Inquisición (1480), la conquista de Granada (1492) y la expulsión de los judíos (1492). La casa de los Habsburgo «tomó a su cargo la defensa del catolicismo contra el protestantismo e incluso convirtió esta defensa en el principal argumento legitimador de su poder».⁷ En 1618 se inicia la Guerra de los Treinta Años, aparentemente instigada por cuestiones de libertad religiosa, pero de fondo motivada por socavar la «hegemonía continental de los Habsburgo en la península ibérica y en la Europa continental».⁸ Es precisamente durante el reinado de Felipe IV de Habsburgo, en 1640, cuando Portugal y Cataluña se alzan en armas para obtener las respectivas independencias. Portugal la consigue, Cataluña no.

El fallecimiento de Carlos II sin herederos desemboca en la Guerra de Sucesión Española (1702-1714), un conflicto de alcance europeo por el trono de la Monarquía Hispana, que genera una guerra civil entre los partidarios de los Borbones y los Habsburgo. El bando de los Borbones se alza con la victoria y Felipe V se convierte en rey, desatando una dura represión sobre los vencidos:

«La nueva mentalidad centralizadora llevó, como es bien sabido, a la eliminación de los fueros del reino de Aragón, con los célebres decretos de Nueva Planta. Mas no era solo una nueva manera de organizar el aparato administrativo, sino también una nueva concepción de la cultura, basada en la homogeneidad. Los decretos de Felipe V incluyeron medidas encaminadas a imponer el castellano como idioma exclusivo de uso oficial, y se decidió el traslado de la Universidad de Barcelona a Cervera, donde las clases se impartían obligatoriamente en castellano».⁹

No obstante, en Cataluña, la represión política y cultural corre en paralelo con medidas adoptadas por la Corona que facilitan el florecimiento económico:

«Paradójicamente la economía catalana experimentó un importante crecimiento debido a que se “impuso” una reforma fiscal que simplificó todo el sistema tributario. Entre 1720 y 1845 los catalanes pagaron un cupo (catastro) que agilizó los intercambios comerciales y aceleró la reciente integración de la economía catalana en los circuitos atlánticos, intensificando sus relaciones comerciales con ingleses y holandeses. Es más, la expansión de la actividad industrial provocó una diáspora industrial catalana –acrecentada con la progresiva supresión de las aduanas interiores en el siglo xviii– en busca de nuevos mercados en el interior de Castilla».¹⁰

José Bonaparte es rey de España entre 1808 y 1812 y el conflicto que acaba con su abdicación será conocido como «Guerra de la Independencia»: «Como “Guerra de la independencia”, en efecto, quedaría bautizado aquel conflicto en los libros de la historia patria un cuarto de siglo después de haber ocurrido, y sobre él se cimentaría la mitología nacionalista dominante durante el siglo xix y buena parte del siglo xx».¹¹ A lo largo del siglo se desarrollan a la vez burguesías territoriales y sus respectivos sentimientos nacionales:

«Según escribe Borja de Riquer, fueron las minorías cultas regionales quienes dirigieron aquella “búsqueda de los elementos de etnicidad y de identidad […] de su región”; fue una “invención de la tradición”, semejante a la llevada a cabo por los nacionalismos estatales, siempre que el término “invención” no se tome en sentido literal, como si las lenguas y culturas no castellanas no hubiesen existido previamente en la Península. Las élites de las culturas minoritarias dotadas de suficiente potencia creativa, pero no declaradas oficiales por los Estados, no encontraron otra manera de sobrevivir que contraatacar a los risorgimenti estatales con sus renaixenças o rexurdimentos, puntos de partida de posteriores reivindicaciones de espacios políticos autónomos. Y así como Modesto Lafuente o José Zorrilla teñían de “españoles” ambientes o personajes del pasado de muy dudosa adscripción nacional en su momento, las élites barcelonesas se aplicaron a la creación de unos mitos literarios o históricos que convencieran a los ilerdenses o tortosinos, por ejemplo, de que eran catalanes, y de que la manera correcta de hablar su lengua era la propuesta por Barcelona, centro urbano que abanderaba un proyecto político que competía con el de Madrid».¹²

En el siglo xx, el conflicto social y territorial se traduce en la Guerra Civil (1936-39), que acaba con las fuerzas socialistas y anarquistas (conflicto social) pero también con la autonomía de Cataluña instaurada durante la II República (conflicto territorial). En Cataluña la Guerra Civil es especialmente cruenta porque

«se produjo otra guerra civil entre nacionalistas catalanes. […] Entre 1936 y 1937 el gobierno de ERC de Companys –en connivencia con los anarquistas de la FAI– aplicó un régimen de represión brutal […] a los catalanistas conservadores. Luego los comunistas se aplicaron a fondo contra los anarquistas […] Y, por último, los franquistas apoyados por los catalanistas conservadores reprimieron con suma fiereza a todos los que habían simpatizado con la II República».¹³

El régimen de Franco prohíbe el uso público, la educación y los medios de comunicación en lengua catalana, en unos años en que el desarrollo industrial en Cataluña atrae a centenares de miles de inmigrantes de diversas zonas de España. Es de notar que desde el Alzamiento de 1936 hasta el final de la dictadura, gran parte de la cúpula episcopal católica se muestra claramente aliada al régimen franquista, refrendando una constante del pensamiento conservador: «el catolicismo será una constante de conservadurismo español, desde su fase pre-nacional hasta su fase nacional-católica».¹⁴ La Constitución de 1978 habla de la nación española, aunque reconoce la existencia y el derecho a la autonomía de «nacionalidades» (art. 2) y propugna como valores fundamentales del estado, junto a la libertad, la justicia y la igualdad, el «pluralismo político» (art. 1). El modelo territorial es descentralizado, pero muchas competencias se definen como compartidas por el gobierno central y por los gobiernos autonómicos.

En la práctica, el Senado no funciona como una auténtica cámara territorial; las competencias compartidas (ley de bases para el parlamento español y desarrollo legislativo para los parlamentos autonómicos) generan conflictos que acaban a menudo en el Tribunal Constitucional.¹⁵ Uno de los casos más significativos fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), aprobada por las Cortes el 30 de junio de 1982, poco más de un año después del golpe de estado de febrero de 1981. La LOAPA tenía una clara intención centralizadora, intentando supeditar los estatutos de autonomía, textos con carácter constitucional, a una mera ley estatal. La ley fue recurrida al Tribunal Constitucional, que en agosto de 1983 declaró inconstitucionales 14 de los 38 artículos de la ley y desactivó sus efectos uniformadores.

Desde el inicio existen por tanto estrategias distintas, cuando no opuestas, en materia territorial. En palabras de Miguel Herrero de Miñón, co-redactor de la Constitución:

«Aquí las autonomías se consideraban en su génesis como autonomías políticas. Luego las autonomías se multiplicaron por 17 en los Pactos Autonómicos de 1981, que fueron un desastre, en los que pusieron sus pecadoras manos los partidos entonces mayoritarios, UCD y PSOE. Multiplicar por 17 las autonomías es una ingeniosa forma de conjurar los males de tres... Así no se arregla nada».¹⁶

En los primeros años de la Constitución, Jordi Pujol gobierna la Generalitat (1980-2003) liderando Convergència i Unió (CiU). Pujol parece ser muy consciente de las ambigüedades de la Constitución en lo referente a las competencias compartidas y del delicado clima político que podría llevar a la recentralización del estado en caso de reforma del texto de 1978. Es por ello que utiliza las necesidades de apoyo parlamentario en Madrid para obtener transferencias a la Generalitat y mejorar la financiación autonómica.¹⁷

Precisamente, otro foco de tensión política y territorial intermitente es el modelo de financiación autonómica y sus sucesivas propuestas de reforma. La Constitución mandata, por un lado, que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales» (art. 138.2) y, por otro, que los gobiernos subcentrales (municipios, provincias y Comunidades Autónomas) «gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses» (art. 137). El sistema da lugar a dos modelos radicalmente diferentes. Por un lado, el sistema foral, que se aplica a Navarra y el País Vasco, con una contribución muy limitada a la solidaridad interterritorial. Por otro, el sistema común que se aplica al resto de las CC.AA., altamente redistributivo, en el cual la financiación autonómica se determina en buena medida a partir de «una definición difusa de necesidad».¹⁸ Por diseño, y dadas las diferencias regionales de renta en España, el sistema genera saldos fiscales negativos en las comunidades de mayor renta, entre ellas Cataluña.¹⁹ Por este motivo, desde el inicio planeará la incertidumbre sobre la cuestión, metodológicamente no trivial, de hasta qué punto estos saldos, o «balanzas», fiscales son razonables y sostenibles, más allá del funcionamiento mecánico del sistema:

«La acción del sector público conduce inevitablemente a transferencias de renta interterritoriales, como consecuencia de que el patrón distributivo de los ingresos y los gastos no es el mismo. Este hecho no se produce necesariamente como resultado de una acción intencionada respecto a los territorios, sino simplemente por la aplicación de principios tan aparentemente razonables como el distribuir la carga fiscal según la capacidad económica, y los gastos, según las necesidades de las personas […] [una larga tradición de estudios] nos dicen que Cataluña tiene un déficit fiscal con presupuesto equilibrado en torno al 9 por 100 del PIB si se utiliza el criterio del flujo monetario, y del 7 por 100 del PIB si se utiliza el criterio del beneficio».²⁰

La crisis de la Constitución de 1978

En 1996, al inicio del primer gobierno de José Mª Aznar López, España vive una doble coyuntura: desde el punto de vista internacional, se reconoce inmersa en la globalización, aunque condicionada por su pertenencia a la Unión Europea desde 1986; desde el punto de vista interior, vive altamente tensionada por el terrorismo de ETA.

Bajo el liderazgo de Aznar, se forja en el PP una idea «neoespañolista»²¹ que se concreta, en el ámbito internacional, en la separación de España del núcleo franco-alemán que vertebra la UE y la adhesión atlántica al pacto de las Azores. En el ámbito interior, el neoespañolismo permite construir un frente político al nacionalismo democrático vasco y al terrorismo etarra. Este neoespañolismo político se concreta en el despliegue de un proyecto neocentralista en lo administrativo²² y neoliberal en lo económico. En síntesis, se trata de:

«Una idea nacionalista que no se atrevía a decir su nombre. Una idea con consecuencias internas y externas. Un cambio de 180 grados. Del europeísmo clásico, aceptando la mirada matriarcal de Francia, al atlantismo, buscando el reconocimiento británico y norteamericano. Un cambio que tendría su correlato económico a través de la privatización de empresas públicas y la conquista del nuevo espacio global».²³

Con todo, las dos legislaturas de José Mª Aznar son de naturaleza muy distinta, quedando directamente condicionadas por los resultados electorales. En la primera, 1996-2000, el PP se encuentra en minoría (obtiene 156 de los 350 escaños) y busca acuerdos con CiU (16), el PNV (5), y Coalición Canaria (4). Las negociaciones entre el PP y CiU y el resto de grupos nacionalistas permiten la investidura de J. Mª Aznar que se compromete, a cambio del apoyo, al traspaso de nuevas competencias a las CC.AA., suprimir el servicio militar obligatorio y a aumentar el porcentaje del IVA e IRPF transferido a las CC.AA. del 15 al 30%, entre otras cuestiones como el apoyo del PP a CiU en el Parlamento catalán.

En la segunda legislatura de J. Mª Aznar, 2000-2004, el PP obtiene mayoría absoluta (183 escaños). Las diferencias²⁴ partidistas en la lucha contra ETA contribuyen a la progresiva solidificación de un «frente constitucionalista» que incorpora al PSOE –en principio, de tradición menos nacionalista– en ocasión de las elecciones al parlamento vasco de 2001: «El 28 de abril de aquel año [2001] Fernando Savater enlazaba las manos de los candidatos del PP y el PSOE en el Kursaal de San Sebastián».²⁵ Este frente tendrá consecuencias para el País Vasco pero también para Cataluña: «… la progresiva solidificación del bloque constitucionalista se traduciría en una implacable y sistemática revisión estigmatizadora de los nacionalismos democráticos vasco y catalán».²⁶

En 2003 llega a la presidencia de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall, un socialista y federalista. Maragall promueve una reforma del Estatuto de Autonomía buscando frenar el neoespañolismo del PP y recuperar un proyecto catalanista-federalista, ausente en los planteamientos de J. Pujol. Cuenta para ello con las complicidades en el nuevo gobierno socialista español de J. L. Rodríguez Zapatero, que alcanza el poder en 2004. La propuesta reformista de Maragall se extiende a la apertura de un debate sobre el modelo de financiación autonómica que se propone abordar cuestiones cuasi inéditas como la equiparación de resultados entre la financiación del régimen común y del régimen foral.²⁷

El nuevo texto, aprobado por el 90% del Parlamento catalán,²⁸ es recortado en algunas de sus competencias por las dos cámaras del Parlamento español que finalmente lo aprueban.²⁹ El estatuto recortado es aprobado en referéndum en junio de 2006 por el pueblo catalán con un 78,1% de votos afirmativos y una participación del 49% del censo.³⁰

Parece, pues, que el pacto constitucional entre Cataluña y España se ha renovado. Sin embargo, el Partido Popular recurre en julio de 2006 ante el Tribunal Constitucional 114 de los 223 artículos del Estatuto ya refrendado: con el agravante de que ciertos artículos recurridos de este Estatuto son plenamente vigentes en Autonomías gobernadas por el Partido Popular. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, dando parcialmente³¹ la razón al Partido Popular, desencadena una fuerte reacción en Cataluña: más por el hecho de que algunos miembros de dicho Tribunal ejercen mandato prorrogado debido a la falta de acuerdo entre PP y PSOE y por la recusación de un magistrado, decidida por seis votos a cinco. Retrospectivamente, uno de los más destacados miembros de los últimos gobiernos de la Generalitat, académico de prestigio internacional, opinaba en 2013:

«La Constitución fue un texto lleno de ambigüedades y compromisos que, en aquel momento, constituían, precisamente, su virtud. Sobre lo escrito en ella […] y sobre lo no escrito se podía construir un espacio que acomodase a Cataluña, seguramente con muchas fricciones, pero sin grandes traumas […] Quiero señalar que se ha tratado más de un problema de Tribunal Constitucional que de Constitución».³²

La manifestación de protesta contra la sentencia del Tribunal Constitucional en Barcelona en verano de 2010 es masiva con más de 1 millón de personas, y anima un movimiento ciudadano en favor de la independencia de Cataluña que –con antecedentes en los últimos gobiernos de Jordi Pujol– será liderado por dos organizaciones de la sociedad civil: Òmnium Cultural (OC) y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

En diciembre de 2010, después de siete años de gobiernos tripartitos (PSC, ERC e ICV-EUiA), CiU vuelve a la Generalitat con Artur Mas de presidente.³³ El relevo en el gobierno de España se producirá un año más tarde, en diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy sea investido presidente con la mayoría absoluta del PP. Por una parte, Mas se acerca a ERC; por la otra, propone a Rajoy un pacto fiscal para Cataluña (reducción del déficit fiscal catalán, pero contribución a la solidaridad interterritorial), propuesta que es rápidamente rechazada.

El movimiento social y político soberanista se adentra en su camino de reclamación de un referéndum de autodeterminación. A partir de 2011, las tradicionales manifestaciones catalanistas de cada 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña) progresivamente adquieren un tono más reivindicativo, con la participación activa de OC y ANC. El movimiento en favor del referéndum y del «derecho a decidir» amplía su base de apoyo ciudadano y cristaliza en la creación del Pacte Nacional pel Dret a Decidir firmado en junio de 2013. Es significativo que 800 entidades de un amplio espectro social se adhieran a dicho pacto, entre ellas: CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, USO, Intersindical CSC, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, PIMEC (patronal de PYMES catalana), FCVS (federación catalana del voluntariado social) Confederación de Cooperativas de Cataluña y Unió de Pagesos (sindicato de agricultores). Este amplio movimiento social de protesta se opone tanto a la recentralización administrativa, al neoliberalismo económico como al neoespañolismo más estrictamente político.

El apoyo a la independencia, en leve ascenso desde principios de 2010, se intensifica con fuerza a partir de mediados de 2012 (gráfico 1).

Gráfico 1. Apoyo a la independencia en Cataluña

Fuente. CEO. Barómetro de Opinión Política. 1ª ola 2018.

Desde ese momento la agenda política en Cataluña queda crecientemente monopolizada por la cuestión de la independencia que, paulatinamente, se va convirtiendo también en un tema central en España, junto con la cuestión fundamental que ha determinado la vida económica, política y social desde 2008: la gestión de la crisis económica.

En relación con la crisis, en 2012 España se ve obligada a firmar un memorándum de entendimiento con la Comisión Europea para la recapitalización del sistema financiero, siendo así la mayor economía de la zona euro que ha recibido ayuda financiera directa y condicionada. Así como J. L Rodríguez Zapatero se resistió a hablar de «crisis» en 2008, M. Rajoy se resiste a hablar de «rescate» en 2012, pero la realidad es que precisamente porque el país sufrió la primera con gravedad, no hubo más remedio que pedir el segundo.

La crisis económica explica también en parte la escalada de enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno catalán. La Unión Europea presta apoyo financiero a España a cambio de recortes en el gasto público (justificados a partir de la muy discutible hipótesis de los efectos expansivos de la «austeridad») y de «reformas estructurales», tales como la reforma laboral o la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Muchas de estas medidas generan dificultades serias a la población, particularmente a los colectivos más vulnerables. Además, la presión que la administración central recibe de la UE para reducir el déficit la transmite –en ocasiones, multiplicándola– a las CC.AA. y ayuntamientos.

Otra de las razones por las cuales el derecho a decidir ensancha su base de apoyo es la creciente percepción en amplios sectores de la sociedad catalana de que el estado va limitando el autogobierno, en línea con las dimensiones neocentralista y neoliberal del proyecto del PP al que hemos aludido más arriba. Por una parte, proliferan los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por parte del Gobierno de España a las leyes aprobadas por el Parlamento catalán, algunas de ellas destinadas a resolver problemas sociales de primer orden que se han agravado precisamente por la crisis económica, tales como la pobreza energética, existencia de pisos vacíos, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la emergencia habitacional y los desahucios. Por otra, una buena parte de las leyes aprobadas en las Cortes recortan competencias autonómicas basándose en la ambigüedad de la Constitución en relación con las competencias compartidas. Esto explica que personas no explícitamente nacionalistas den su apoyo al derecho a decidir o a la independencia.

Finalmente, con la sociedad (catalana y española) instalada en la tesitura de realizar sacrificios para evitar el colapso económico, empiezan a aflorar múltiples casos de corrupción sistemática y prolongada en el tiempo. La mayoría afectan a dirigentes de primer orden del PP, tanto estatales como autonómicos. Jordi Pujol, el principal referente del catalanismo moderno, reconoce en julio de 2014 que su familia ocultó patrimonio en el exterior y trascienden casos de corrupción vinculados a Convergència que abocan al partido a su disolución. Gana peso la percepción de que las élites de los distintos partidos políticos, en cierta connivencia entre sí y con círculos de poder económico, han obrado convencidos de su impunidad y vuelve a la memoria la sensación de «régimen corrupto» que se vivió en los últimos años de los gobiernos de Felipe González y que se vivirá de nuevo con ocasión de la moción de censura contra M. Rajoy en 2018 por corrupción. En junio de 2014 el rey Juan Carlos I, reinante desde 1975, abdica en su hijo Felipe VI, por desgaste de su reputación personal pero también vinculado a casos de corrupción en su entorno familiar.

Todo ello lleva a amplios sectores de la sociedad catalana, así como a agentes sociales diversos en toda España, a considerar que las reformas de calado que España necesita serán inviables. Sectores cada vez más amplios se muestran escépticos con la Transición y consideran que el modelo de pacto constitucional de 1978 padece una crisis grave y difícilmente reversible. Como muestra el gráfico 1, una parte importante de este corriente social se coaliga con el movimiento independentista. Los catalanes partidarios de la independencia aumentan de forma muy notable llegando a ser, a finales de 2013, el 49% del censo en Cataluña y, desde entonces, a no descender del 35%.

En este sentido, un recuento significativo de los apoyos a la independencia se obtiene de la consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014. Dicha consulta es declarada inconstitucional, y a pesar de ello se celebra, con la participación de 2,3 millones de votantes que en abrumadora mayoría votan a favor del estado propio.³⁴ En cualquier caso, 2,3 millones de catalanes desafían al mismo Tribunal Constitucional que había anulado una parte significativa del Estatuto de Autonomía de Cataluña, previamente aprobado por las Cortes españolas y refrendado mediante referéndum legal y válido en Cataluña.

De la crisis a la escalada de desencuentros

Este apartado relata los hechos recientes ocurridos hasta la fecha de entrega del artículo en junio de 2018.

En 2015 la coalición independentista Junts pel Sí (Convergencia y ERC) gana las elecciones catalanas (62 diputados). Pero necesita los votos de la CUP (anticapitalistas independentistas, 10 diputados) para sumar mayoría absoluta (mínimo de 68 de 135 escaños). Sin embargo, el electorado catalán está fuertemente dividido entre los favorables y los contrarios a la independencia. La CUP veta a Artur Mas. El nuevo presidente, Carles Puigdemont, se compromete a celebrar un referéndum de autodeterminación pactado en el horizonte de 18 meses. En aquellos momentos cerca del 75% de la población en Cataluña está a favor de la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.³⁵

Ante la reiterada negativa del gobierno español de pactar dicho referéndum, el gobierno catalán convoca la consulta para el 1 de octubre de 2017. En una sesión conflictiva y controvertida del Parlamento Catalán los días 5 y 6 de septiembre, los partidos independentistas aprueban en solitario la ley del referéndum y la ley de desconexión que gestionaría los primeros meses de la independencia. Ambas leyes son suspendidas de inmediato por el Tribunal Constitucional. Los días 20 y 21 de septiembre se producen incidentes y protestas de ciudadanos que se oponen a los registros que la Guardia Civil realiza en diversas consejerías de la Generalitat.

En fechas previas al referéndum aumenta también la inestabilidad económica, con la retirada de depósitos bancarios de Cataluña y el traslado de sedes empresariales a otras comunidades.

El día 1 de octubre se abre la mayoría de colegios electorales y la policía española (que partiendo hacia Cataluña había sido alentada por parte de la población de ciertas zonas de España al grito de «¡A por ellos!»³⁶) utiliza la fuerza para intentar impedir que los ciudadanos voten, generando unas imágenes que dan la vuelta al mundo.

Tras el referéndum, considerado no vinculante por los observadores internacionales y sin garantías democráticas por sus detractores, se abre un nuevo período de negociaciones entre los presidentes Puigdemont y Rajoy en las que, al parecer, se llega a contemplar la posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones. El 10 de octubre Puigdemont declara que asume «el mandato para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» pero a continuación propone que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que «en las próximas semanas emprendamos el diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».³⁷

El día 16 de octubre la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dicta prisión preventiva para Jordi Cuixart (OC) y Jordi Sánchez (ANC), acusados de sedición por su participación en los sucesos del 20 y 21 de septiembre. Finalmente, el 27 de octubre el Parlamento de Cataluña realiza una declaración de independencia de Cataluña, que posteriormente será calificada por sus promotores como «simbólica».

El presidente Rajoy reacciona con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesa al Gobierno de la Generalitat, disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. El 30 de octubre Puigdemont viaja a Bélgica y el 2 de noviembre la jueza Lamela ordena el ingreso en prisión provisional de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, y de siete consejeros del gobierno cesado, atribuyéndoles los delitos de rebelión, sedición y malversación.

La decisión de imponer prisiones preventivas a los líderes del proceso independentista es muy controvertida. Amplios sectores sociales de Cataluña así como círculos jurídicos, académicos e intelectuales españoles han considerado que la decisión es abiertamente desproporcionada, genera tensión e impide avanzar en la vía del acuerdo. La prisión preventiva a los dirigentes independentistas es contestada por una carta de 100 abogados penalistas españoles³⁸ y por Amnistía Internacional de Europa; y la conferencia episcopal catalana pide una «reflexión serena sobre este hecho, en vistas a propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos».³⁹

En las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el partido más votado es Ciudadanos (36 diputados), seguido por Junts per Catalunya (coalición del presidente Puigdemont, que ha hecho campaña por Skype desde Bruselas, 34 diputados), ERC (32 diputados, con su líder Oriol Junqueras en prisión preventiva), PSC (17), Catalunya en Comú-Podemos (8); CUP (4) y PP (4). A destacar que el voto anti-independentista es capitalizado por Ciudadanos,⁴⁰ a expensas del PP catalán. Días antes, Soraya Sáenz de Santamaría reivindicó: «¿Quién ha hecho que hoy por hoy ERC, Junts per Catalunya y el resto de independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el PP».⁴¹

Las negociaciones para la formación de gobierno en el interior del bloque independentista son difíciles por la situación de sus líderes (en prisión, en Bruselas o con causas judiciales pendientes) y por sus diferencias. Quedan sucesivamente descartados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. En marzo de 2018, cuando parecen llegar a término las negociaciones dentro del bloque independentista para elegir a Jordi Turull presidente de la Generalitat, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena llama a declarar a un grupo de implicados –entre ellos a Jordi Turull. Los independentistas adelantan la sesión de investidura de Turull al 22 de marzo, un día antes de la cita judicial, pero no resulta elegido por la abstención de la CUP e ingresa también en prisión preventiva el día 23. Finalmente el 14 de mayo, Quim Torra es investido presidente de la Generalitat con los votos a favor de Junts per Catalunya y ERC, y la abstención de la CUP.

El día 25 de marzo, Puigdemont es detenido en Alemania como consecuencia de la reactivación de la eurorden de detención cursada por el juez Llarena. Su caso se suma al de otros políticos que han marchado a países de la Unión Europea en busca de un mejor trato judicial. A la fecha de cierre del artículo, se constata que las diversas jurisdicciones europeas en general no han accedido a las peticiones de extradición de la justicia española por las causas de sedición y rebelión.

La publicación de la sentencia del caso Gürtel, uno de los varios que salpican al PP, provoca que el PSOE plantee una moción de censura al gobierno de M. Rajoy. El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, gana la moción por 180 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, Compromís, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias), 169 en contra (PP, Ciudadanos, Foro y UPN) y una abstención (Coalición Canaria). El apoyo de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos a P. Sánchez plantea un nuevo escenario político.

Dentro de la comunidad jurídica española se alzan voces que han denunciado el abuso de la Constitución y que reclaman soluciones negociadas. Un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de distintas universidades de España presenta en noviembre de 2017 una reforma de la constitución.⁴² Como escribe Eliseo Aja, uno de los firmantes:

«En la historia de España existe una maldición: a diferencia de los países europeos, ninguna Constitución ha sido reformada; todas han acabado por un golpe de Estado o con una revolución. Ya va siendo hora de que aprendamos a reformarla, conservando los aspectos que funcionan bien y modificando aquellos que lo necesitan».⁴³

Sin embargo, el clima político español en la primera mitad de 2018 sigue dificultando una solución de este tipo. Gana peso la opinión de que lo que sucede es la manifestación de un fenómeno más profundo, un «fallo sistémico de la democracia española»⁴⁴ y el empobrecimiento en general del ejercicio de la política:

«En España estamos asistiendo con pasividad, o incluso con entusiasmo, al achicamiento de la política. La política es el orden de decidir quiénes queremos ser, y en un contexto democrático esto es intrínsecamente inestable y conflictivo. La democracia no es la generación de consenso, sino la gestión del disenso mediante medios pacíficos. […] Cuando el juez les acusa [a los políticos presos] de cometer acciones que no ocurren en los países de nuestro entorno, se le olvidó que en esos países, como Canadá o Reino Unido, la ley permite referéndum separatistas. Mientras existió ETA se dijo una y otra vez que sin matar todo era posible. Ahora sabemos que eso es mentira, hay reivindicaciones legítimas que no encuentran acomodo en nuestras instituciones».⁴⁵

Religión y nacionalismo

La Iglesia católica ha sido significativa en la génesis de la España moderna, tal como hemos mostrado más arriba. Durante el período democrático, los pronunciamientos de personalidades de la Iglesia y de medios de comunicación católicos en una dirección o en otra han causado diversas reacciones.

Por una parte, los sectores unionistas fundamentan en textos del Magisterio la bondad moral de la unidad de España. Además, ciertos medios de comunicación controlados por la Conferencia Episcopal Española acumulan un historial de anti-catalanismo que ha levantado quejas amplias y repetidas entre el clero catalán.⁴⁶ Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española en la nota de su Comisión Permanente de 10 de octubre de 2017 muestra una posición oficial más respetuosa con la diversidad política: recuerda la importancia de salvaguardar «los bienes comunes de siglos» y evitar «decisiones y actuaciones irreversibles», y sin embargo llama a proteger «los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado».⁴⁷

Por otra parte, los sectores catalanistas defienden la necesidad de inculturación del evangelio y de protección de la lengua catalana. En septiembre de 2017, un manifiesto de 300 sacerdotes (diocesanos y religiosos) catalanes pide el acuerdo entre los gobiernos central y catalán para la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Dicho manifiesto levanta igualmente quejas en sectores cristianos no soberanistas dentro y fuera de Cataluña.

Estos hechos históricos relativos a cómo la iglesia española ha vivido y participado en el conflicto nos llevan a reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad. De hecho, la relación entre religión y política es una constante en cualquier país del mundo. Desde un punto de vista sociológico, la religión ha sido considerada factor de cohesión social (E. Durkheim), factor de legitimación de órdenes políticos y económicos (K. Marx) o factor de cambio social (M. Weber).⁴⁸

En el tema que nos ocupa cabe resaltar que «muchos nacionalismos hacen referencia al sentimiento de pertenecer a una comunidad nacional. En este sentido, puede afirmarse que el nacionalismo constituye una especie de religión “nacional” del Estado moderno».⁴⁹ Cuando religión y nacionalismo se instrumentalizan mutuamente tiende a producirse una cerrazón que nos aleja de las actitudes de reconocimiento profundo.

Sin embargo, consideramos que la experiencia cristiana puede ofrecer intuiciones que propicien tal reconocimiento. En primer lugar, el cristianismo invita a levantar la guardia ante intentos de manipulación de la religión por parte del poder político: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» (Mc 12,17). En otros términos, somos invitados a «la desacralización de la unidad [de España] y de la independencia [de Cataluña]».⁵⁰ Esta tentación de mezclar religión y política no se da solamente en el cristianismo sino en múltiples tradiciones religiosas. Por ello, nos parece particularmente lúcida la afirmación de Shashi Tharoor: «I am a Hindu, and I am a nationalist, but I am not a Hindu nationalist».⁵¹

En segundo lugar, el Concilio Vaticano II invitaba, anticipándose a los tiempos, al reconocimiento profundo entre culturas y sociedades:

«¿Qué debe hacerse para que la intensificación de las relaciones entre las culturas, que debería llevar a un verdadero y fructuoso diálogo entre los diferentes grupos y naciones, no perturbe la vida de las comunidades, no eche por tierra la sabiduría de los antepasados ni ponga en peligro el genio propio de los pueblos?»⁵²

Y finalmente el papa Francisco llama a los cristianos a un compromiso civil y político en favor del bien común como forma de realizar el precepto del amor:

«El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas».⁵³

Desde estos principios en el próximo apartado identificamos los principales obstáculos a un reconocimiento profundo entre Cataluña y España.

Obstáculos para un reconocimiento profundo

Para contribuir al restablecimiento de un reconocimiento auténtico entre España y Cataluña consideramos como cuestión previa extraer las lecciones principales de lo sucedido hasta el momento para, en lenguaje coloquial, «dejar de cavar».⁵⁴ Presentamos estas lecciones como reflexiones sobre tres objetivos o preferencias políticas legítimas pero que, a nuestro entender, no pueden crear las condiciones para un reconocimiento profundo.

En primer lugar, algunos parecen persistir en el objetivo de vencer al independentismo mediante el estado de derecho y sin negociación política. En esta visión, la causa de la situación sería el hiperdesarrollo del estado de las autonomías, prejuzgado como un tipo de organización extraordinariamente ineficiente, que habría generado y consolidado élites regionales. En Cataluña, estas élites se habrían servido de una historia manipulada, la especificidad lingüística y unos medios de comunicación sumisos para inflamar el sentimiento nacionalista con el objetivo de ganar poder. En este diagnóstico, la tensión ha sido fabricada desde de arriba y se ha llevado hacia abajo. Según esta lógica, frente al desafío identitario catalán y la ilegalidad que comporta, el estado de derecho debe defenderse para preservar la democracia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Vistos los excesos de lo ocurrido en Cataluña, la solución ha de tener un calibre comparable y pasa por: decapitar políticamente las autonomías, «reespañolizar» a España en todos los ámbitos, especialmente los educativos y culturales, y adoptar un modelo administrativo-económico centralizado, como podría ser el francés. En esta interpretación de los hechos no cabe ninguna negociación política por parte del estado con los independentistas, descansando la adopción de la estrategia únicamente en la actuación del sistema judicial.

Nos parece contradictorio pretender erradicar un nacionalismo en nombre de otro nacionalismo mediante una estrategia nacionalista.⁵⁵ En el pasado se ha intentado, nunca ha dado resultado, alimenta la reacción contraria y sólo contribuye a generar una escalada de «confusión»⁵⁶ de nacionalismos, lo cual es la antítesis de un proceso de reconocimiento profundo. Por otro lado, esta forma de actuar tiende a infravalorar los daños en la reputación internacional que España ha sufrido como consecuencia de la gestión de la crisis y de no abrir vías de diálogo, como la práctica totalidad de observadores internacionales le reclaman. Tampoco está claro que los estados centralizados sean más eficientes y existen abundantes ejemplos de países federales que son ejemplo de buen gobierno (Alemania y Estados Unidos entre otros). Finalmente, la opción de renunciar a un pilotaje político del proceso y transferir las decisiones a los jueces puede dificultar una salida política al proceso.

En segundo lugar, amplios sectores del movimiento soberanista-independentista han dado la impresión de actuar, especialmente en los últimos tiempos, de acuerdo a un triple lema, según P. Simón:⁵⁷ «sólo depende de nosotros», «tenemos prisa» y «lo queremos todo». No todas las corrientes soberanistas comparten este programa maximalista. Para algunos, el objetivo es constituir una república independiente reconocida internacionalmente; para otros, el proceso constituye la fase de acumulación de fuerzas con vistas a mejorar el resultado de una renegociación del marco autonómico y constitucional; en otros casos, se trata de defender el «derecho a decidir» de Cataluña y su autogobierno frente al neo-centralismo en ámbitos tan sensibles como la educación, las políticas sociales o la financiación. Con independencia de las motivaciones, la conjunción de varios factores habría llevado a las diferentes sensibilidades soberanistas paulatinamente a coincidir tácticamente alrededor de estos principios y actuar en bloque. Se pueden citar, entre otros, los siguientes factores aglutinadores: la postura del estado, cerrada a cualquier negociación política, percibida como crecientemente represora y que va generando «víctimas» a medida que el proceso avanza;⁵⁸ la competencia electoral en el campo soberanista, principalmente entre ERC y CDC-PDCAT, influida a su vez por la estrategia de la CUP; la influencia que ejercen OC y la ANC.

Opinamos que perseguir este programa de máximos es problemático cuando el apoyo a la independencia de Cataluña no es mayoritario. Mientras que en torno al 75-80% de los catalanes dicen estar a favor del derecho a decidir, la preferencia explícita por la independencia caería a cerca de la mitad. En estas circunstancias, el movimiento soberanista probablemente tenga que modificar su relato si se propone realizar un reconocimiento profundo de todos los ciudadanos de Cataluña. En dicho proceso de revisión deberían considerarse al menos tres elementos: la pérdida objetiva de autogobierno como consecuencia de la estrategia seguida; un mayor reconocimiento de la sociedad catalana no independentista; y un mayor reconocimiento de los matices dentro del propio movimiento soberanista. De hecho, de la misma forma que la negativa a negociar del gobierno central justifica la agenda maximalista, si en algún momento el estado lanzase una oferta atractiva a sectores amplios de la sociedad catalana, es posible que afloraran las diferencias entre soberanistas y se conformara una nueva mayoría transversal en favor de la moderación.

Finalmente, en tercer lugar, parece que algunos tienen el objetivo de solucionar el problema exclusivamente desde una pretendida equidistancia respecto de las posiciones enfrentadas. Es característica de esta posición postular el respeto escrupuloso a la ley y las llamadas constantes a un «diálogo» en términos abstractos. Dentro de este grupo, algunas corrientes insinúan su superioridad moral por el hecho de situarse por encima de los nacionalismos, tanto el catalán como el español. Esta creencia vendría reforzada por una doble constatación: no han incurrido en las ilegalidades del independentismo y no abrazan el nacionalismo español excluyente.

Frente a esta visión, en primer lugar, coincidimos en que el diálogo es el único camino. Pero este diálogo, si es auténtico, necesariamente será entre las dos posiciones, mayoritarias, actualmente enfrentadas. Por ello, nos parece que el mejor servicio para resolver el conflicto es actuar para que ambas posiciones se reconozcan, se aproximen y negocien. El punto débil de esta postura es que no ofrece alternativas viables a una situación en que, precisamente, se niega la posibilidad de ni siquiera empezar un diálogo y negociación reales. En segundo lugar, su pretendida superioridad moral queda rebajada por el hecho de que, como las otras dos posiciones, este discurso defiende sus propios intereses, políticos y económicos.

Estas tres estrategias manifiestan la existencia de unos prejuicios previos que se proyectan sobre el plano religioso, psicológico, étnico-cultural y político-legal. A continuación identificamos dichos prejuicios en base a cuatro imaginarios, que plasman un reconocimiento degradado o desigual:

El ortodoxo ante el hereje. Tal como hemos señalado en el apartado 5, el lenguaje religioso y el lenguaje nacionalista tienen puntos en común. Por ello la cuestión puede llegar a formularse como un conflicto entre ortodoxos y herejes. Este imaginario entronca con la historia de la España moderna: tanto desde la perspectiva de la religión católica como desde la de formas laicas de ortodoxia y herejía en un contexto secularizado. Detectamos síntomas de dicho imaginario en la escasa autocrítica y reconocimiento de culpa por parte de cada una de las posiciones, y en la insistencia en el «arrepentimiento» del que piensa diferente.

El psicoanalista ante su paciente. Desde algunas posiciones unionistas se ha afirmado que los independentistas están «enfermos». Se han realizado descalificaciones análogas desde algunas instancias del soberanismo: los españoles están «enfermos de odio» hacia lo catalán. Ignacio Sánchez Cuenca responde: «El independentismo no es una enfermedad, es una preferencia política»⁵⁹ y lo mismo se puede afirmar del nacionalismo español. Este tipo de imaginario está documentado en la literatura sociológica, que constata el uso de la enfermedad como etiquetaje de conductas socialmente desviadas.⁶⁰

El ilustrado ante el étnico. Ciertas posiciones ilustradas consideran las identidades étnico-culturales como estadios pre-racionales en el progreso de la conciencia humana. Promueven una concepción abstracta del ciudadano (demócrata, igualitarista y más allá de cualquier bandera) olvidando que la cultura, junto con la posición social y el género, define su identidad. Síntomas de dicho imaginario son las descalificaciones del soberanismo como étnico y, por el otro lado, una pretendida superioridad cívica del movimiento soberanista (pacífico y democrático) respecto a la «mentalidad antidemocrática» española.⁶¹

El demócrata ante el golpista. Ante la dificultad de las dos partes de enarbolar inequívocamente la causa de la democracia a su favor, la disputa se desliza rápidamente hacia el terreno jurídico. Aquí, a priori, el estado cuenta con la ventaja de defender el status quo legal frente a los intentos de desobediencia civil independentista. Sin embargo, toda ley, incluida la Constitución, tiene esencialmente un valor instrumental y sirve a su comunidad en la medida en que es aceptada por ella. En otras palabras, como han apuntado diversos juristas, la solución no se encontrará contra la ley, pero tampoco sólo y necesariamente en esta ley.⁶²

Conclusión

A partir de nuestro análisis del caso catalán y de las dinámicas de reconocimiento degenerado mutuo que se han producido entre ambas partes, señalamos a continuación tres principios que pueden enriquecer la idea de reconocimiento. Más allá de recomendar su aplicación al caso que nos ocupa, consideramos que estos principios pueden ser relevantes para reconducir otros conflictos sociales en los cuales identidad y redistribución sean cuestiones conectadas.

Reconocimiento simétrico. El reconocimiento en la esfera pública demanda diálogo y negociación. La condición de posibilidad de esta segunda dimensión es una cierta simetría en recursos y capacidades para defender la propia posición. Sin embargo, en este caso el poder y los instrumentos a disposición del estado son superiores a los del movimiento soberanista. Y donde falta la simetría de poder, la parte más poderosa debe ejercer su responsabilidad.⁶³ En esta misma línea, el hecho de que España tenga un estado hace menos probable que el interlocutor español reconozca el carácter de construcción social de la idea de España, lo cual puede situarle en una posición acrítica y de superioridad.⁶⁴

Reconocimiento de la pluralidad. El reconocimiento profundo entre las partes debe respetar la pluralidad interna en cada parte y los derechos cívicos de sus individuos. Ciertos sectores del soberanismo, ignorando la pluralidad de sentimientos identitarios en Cataluña, han realizado un reconocimiento defectuoso de la realidad. Por la otra parte, consideramos que el estado ha sido negligente a la hora de «fomentar el bien común del país, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías».⁶⁵

Reconocimiento integral. Como señalábamos en la introducción, en los conflictos sociales contemporáneos las dos dimensiones, redistributiva y de reconocimiento, están a menudo entrelazadas. En este sentido proponemos interpretar el apoyo al movimiento soberanista como una de las concreciones de una protesta multidimensional y más amplia frente al gobierno central y al «fallo sistémico de la democracia española». Por ello, consideramos que este movimiento constituye una llamada de atención y solidaridad a todos los sectores de la sociedad española que promueven una agenda económicamente redistributiva y políticamente plural y respetuosa con los derechos civiles.⁶⁶

Terminamos haciendo nuestro el deseo de Giacomo Costa SJ, citado al inicio:

«España y Cataluña llevan siglos en conflicto por la cuestión de la articulación de la identidad. […] En esta historia, con sus luces y sus sombras y en las identidades que en su transcurso se han forjado, España y Cataluña pueden rediseñar los instrumentos para atravesar el conflicto que hoy las separa –una de la otra, y cada una en su interior– para transformarlo en el primer eslabón de un nuevo proceso. Su éxito será una lección de gran importancia para muchas otras sociedades e instituciones, especialmente la Unión Europea».⁶⁷

Bibliografía

En catalán

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En castellano

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En inglés

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Para el tratamiento del tema en publicaciones de inspiración cristiana

Torres, Santi, Mateos, Oscar (2014), «No todo es nacionalismo lo que “reluce”: Una aproximación a la dimensión social del proceso soberanista en Cataluña», Razón y Fe, nº 1389-1390.

Álvarez Vélez, Mª Isabel (2014), «La crisis del estado autonómico: el problema de Cataluña», Razón y Fe, 270, nº 1394.

Forcades, Teresa, Velasco, Demetrio (2014). «Diálogo epistolar sobre nacionalismos: ¿hay un nacionalismo bueno y otro malo?», Iglesia Viva, nº 259.

González Faus, José I., Botey, Jaume, Jaumà, Josep Mª (2014). «Tras el 9 de Noviembre: Igualdad ciudadana e identidad nacional en el debate catalán». Iglesia Viva, nº 260.

Notas

1.  La biblilografía sobre la cuestión es extensa y al final de este cuaderno encontrarán una recopilación.

2.  Costa, Giacomo (2017). «Riconoscersi: la lezione del conflitto in Catalogna», Aggiornamenti Sociali, 710.

3.  Taylor, Charles (1993), El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: Fondo de Cultura Económica, 43.

4.  Gutmann, Amy (1993). «Introducción» en C. Taylor, Op. cit., 19.

5.  Adoptamos aquí el punto de vista de G. Costa de que la cuestión del reconocimiento corre paralela a la de redistribución en la génesis de los conflictos sociales contemporáneos, por ello sería necesario «elaborar una concepción bidimensional de la justicia, que entrelace los registros y los lenguajes de la redistribución y del reconocimiento», Costa (2017). Op. cit., p. 712.

6.  «[España] históricamente nace de la fusión progresiva, y no siempre lineal, de una monarquía centralizadora (la corona de Castilla) y de otra tipo confederal (la corona de Aragón) en cuyo interior se habían desarrollado las primeras instituciones catalanas», Costa (2017), Op. cit., p. 716.

7.  Álvarez Junco, J. (2015), Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid: Taurus, p. 303.

8.  Ramon-Palencia, F. (2018). Cataluña a través del espejo político y económico español (consultado 23/3/18).

9.  Álvarez Junco (2015), Op. cit., pp. 78-79.

10.  Ramon-Palencia (2018), Op. cit.

11.  Álvarez Junco (2015), Op. cit., pp. 31-32.

12.  Álvarez Junco (2015), Op. cit., pp. 593-594.

13.  Ramon-Palencia (2018), Op. cit.

14.  Álvarez Junco (2015), Op. cit., p. 307.

15.  Amat, Jordi (2017), La confabulació dels irresponsables, Barcelona: Nous Quaderns Anagrama. pp. 12-14.

16.  Herrero de Miñón, Miguel  (2017). Entrevista en El Español por Pedro Cifuentes (consultado 23/3/2018).

17.  Cf. Amat (2017), Op. cit. pp. 18-19.

18.  Zubiri, Ignacio (2004). «La equidad en el sistema actual de financiación de las Comunidades Autónomas». Papeles de Economía Española, 99, p. 205.

19.  Giménez Montero, Antonio (2004). «Balanzas fiscales, equidad y nivelación: Personas y territorios». Papeles de Economía Española, 99, p. 12.

20.  Bosch, N. y Espasa M. (2004). «Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración central: Un análisis empírico». Papeles de Economía Española, 99, pp. 137-138.

21.  Lobo, Ramón (2018). «El independentismo no es una enfermedad, es una preferencia política». Entrevista a Ignacio Sánchez Cuenca, Eldiario.es, 10/02/2018.

22.  Nogueira López, Alba (2017). «El mito de la España casi federal». Agenda Pública (consultado 01/07/18)

23.  Amat (2017). Op. cit., pp. 22-23.

24.  El secuestro y asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, generó un movimiento cívico y político de unidad en contra de la banda terrorista. No obstante, este espíritu de unidad política no perduró. En 1998 el PNV negoció secretamente una tregua con ETA, lo cual motivó la ruptura de los pactos políticos entre el PNV y el PP incluido el pacto en las Cortes.

25.  Amat (2017). Op. cit., p. 24.

26.  Amat (2017). Op. cit., p. 23.

27.  Cf. Sureda, Josep Lluís. «Constitución y reforma de la financiación autonómica», El País, 26/07/2004.

28.  El estatuto fue aprobado por el Parlamento de Cataluña en setiembre de 2005 con los votos favorables de CiU, PSC, ERC e ICV; 15 votos en contra y la abstención del PP.

29.  En las Cortes Generales la versión recortada del estatuto fue aprobada en marzo de 2006 con los votos del PSOE, CiU, PNB, IU-ICV, BNG y Coalición Canaria; el voto en contra del PP, ERC y Eusko Alkartasuna; y la abstención de la Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.

30.  En este referéndum, CiU, PSC e ICV pidieron el voto afirmativo, mientras que ERC y PP pidieron el voto negativo por razones distintas. A modo de referencia, la participación en las elecciones al Parlamento de Cataluña se situó en el 62% del censo en 2003 y el en 56% en 2006.

31.  El Tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos, sujetos a interpretación otros 27 y que carece de efectividad jurídica las referencias en el preámbulo a «nación» y la «realidad nacional de Cataluña».

32.  Mas-Colell, Andreu. Discurso en Nueva Economía Fórum. Fórum Europa. Madrid, 18 de noviembre de 2013.

33.  CiU está en minoría (cuenta con 62 de 135 diputados) y el presidente Mas es investido en segunda vuelta con la abstención del PSC y el voto negativo del resto de fuerzas parlamentarias (PP, ICV-EUiA, ERC, Cs, SI).

34.  La papeleta contenía dos preguntas, a responder sucesivamente: «1) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? 2) En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?» El resultado fue: «Sí»-«Sí», 80%; «Sí»-«No», 10%; «No», blancos y nulos, 10%.

35.  Según el Centro de Estudios de Opinión (Barómetro de opinión política, marzo de 2017), a la pregunta de «¿Está a favor de que se convoque un referéndum sobre la independencia de Cataluña?», el 50,3% de los encuestados responden «Sí, tanto si lo quiere como si no lo quiere el gobierno español» y el 23,3% responde «Sí, pero solo acordado con el gobierno español».

36.  «Decenas de personas despiden a la Guardia Civil al grito de “¡A por ellos!” en Huelva». El País, 26/09/2017; (consultado 04/04/2018).

37.  Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña, XI legislatura, sesión 43, 10 de octubre de 2017, p. 8.

38.  Cfr. «Un centenar de penalistas carga contra el proceso de Maza y Lamela contra los independentistas», La Vanguardia, 23/11/2017 (consultado 28/03/18).

39.  Cfr. Nota de los obispos de Cataluña, Conferència Episcopal Tarraconense (consultado 28/3/2018).

40.  A notar que Ciudadanos es un partido que había nacido en Cataluña para oponerse a la inmersión lingüística: un pacto educativo que contaba con un amplísimo apoyo político (incluido el PP catalán durante muchos años) y que pretende no segregar a los alumnos catalanes en dos líneas educativas (catalán y castellano) para conseguir que todo adulto escolarizado en Cataluña pueda dominar ambas lenguas.

41.  «Sáenz de Santamaría presume de haber “descabezado” a ERC y Junts per Catalunya», La Vanguardia, 16/12/2017 (consultado 23/4/2018).

42.  Ver «>Ideas para una reforma de la Constitución», (consultado 26/03/18).

43.  Aja, Eliseo, «La urgencia de la reforma constitucional», (consultado 26/03/18). Ver, en este sentido, el manifiesto «Renovar el pacto constitucional» (06/06/2018). Este manifiesto fue contestado por otro, «Renovar el pacto constitucional: ¿con qué fin?» (14/06/2018).

44.  Sánchez-Cuenca, Ignacio (2018). La confusión nacional. La democracia española ante la crisis catalana, Madrid: Catarata, p. 180.

45.  Martínez García, José Saturnino (2018). «Achicando la política y la democracia» (01/04/2018), (consultado 02/04/2018).

46.  Ver la nota conjunta de los obispos catalanes en octubre de 2013 sobre 13TV y la carta de 26 sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona de 30 de agosto de 2017 a raíz de los comentarios de tertulianos que «dañan la convivencia y ensucian la imagen de la Iglesia Católica», (consultado 28/3/2018).

47.  Conferencia Episcopal Española, Declaración de la Comisión Permanente ante la situación en Cataluña, (consultada 27/3/2018). Para observar la evolución en la posición de la CEE, Cf. Martínez Gordo, Jesús (2017), «La desacralización de la unidad y de la independencia», (consultado 01/07/18).

48.  Cf. Giddens, Anthony (1998). Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 3a edición, pp. 558-564.

49.  Caminal, M. (2006). «El Nacionalismo», en: Caminal Badia, Miquel (ed.). Manual de ciencia política, Madrid: Tecnos, pp. 176-177.

50.  Cf. Martínez Gordo (2017). Op. cit.

51.  Tharoor, Shashi (2018). «Why I Am a Hindu-fundamentalism and the reshaping of Hinduism», Financial Times, 19/6/2018 (consultado 01/07/18).

52.  Gaudium et Spes 56.

53.  Laudato si’ 231.

54.  Esta sección se basa en Simón, Pablo (2018). «El procés y dejar de cavar». (consultado 28/03/18); Castiñeira, A.; Lozano, J.M. (2018). «Un país, tres etapes. I ara què?» El Punt Avui, 1/3/2018 y Sánchez-Cuenca (2018). Op cit.

55.  En este sentido, la sociología define como «falacia naturalista» la presunción de que es una idea es natural cuando en realidad se trata de una construcción social. «En todo el mundo, las personas tienden a considerar su propia forma de vida como la apropiada y “natural», y a rechazar los estilos de vida de aquellos que se comportan de manera diferente. Pero la perspectiva sociológica nos anima a pensar críticamente acerca de los puntos fuertes y débiles que poseen todos los estilos de vida (incluido el nuestro)». Macionis, J.J. y Plummer, K. (2007). Sociología Madrid: Pearson-Prentice Hall, 3ª Edición, p. 9.

56.  Sánchez-Cuenca (2018). Op cit.

57.  Simón (2018). Op. cit.

58.  En este sentido, dejamos constancia aquí de las continuas muestras de solidaridad que una parte de la sociedad catalana tiene con los que considera como «presos políticos» o «exiliados».

59.  «El independentismo no es una enfermedad, es una preferencia política […] No ha sido un golpe de Estado la crisis constitucional catalana [tesis de Albert Rivera y de algunos políticos del PP] ni España es un sistema autoritario [tesis de algunos independentistas], hay déficit democrático en ambas partes. […] No hemos sido capaces de proporcionar una lectura abierta de la Constitución que permita un ejercicio de la democracia más inclusivo. Este es el drama de la democracia española». Ignacio Sánchez Cuenca en Lobo (2018). Op. cit.

60.  «La oposición extrema a las costumbres de nuestra sociedad particular, que es totalmente refinada en sus instrumentos de control, puede acarrear una consecuencia más: la de que se nos defina, de común acuerdo, como “enfermos”». Berger, P. (2002). Introducción a la sociología. México: Limusa, p. 108.

61.  En relación con esta tensión, Taylor define el conflicto entre dos modos de política que comparten la exigencia de igualdad de respeto: «Para el uno, el principio de respeto igualitario exige que tratemos a las personas en una forma ciega a la diferencia… Para el otro, hemos de reconocer y aun fomentar la particularidad. El reproche que el primero hace al segundo es, justamente, que viola el principio de no discriminación. El reproche que el segundo hace al primero es que niega la identidad cuando constriñe a las personas para introducirlas en un molde homogéneo que no les pertenece de suyo. Esto ya sería bastante malo en sí si el molde fuese neutral: si no fuese el molde de nadie en particular. Pero en general la queja va más allá, pues expone que ese conjunto de principios ciegos a la diferencia –supuestamente neutral– de la política de la dignidad igualitaria es, en realidad, el reflejo de una cultura hegemónica». Taylor (1993). Op. cit. p. 67.

62.  Cfr. El manifiesto de la plataforma «Portes obertes del catalanisme», (consultado 27/03/18).

63.  «La capacidad demostrada de manipulación de la opinión pública que posee el nacionalismo de estado […] muestra la urgencia de avanzar en la instauración de un derecho internacional que limite la acción (nacionalista) de los Estados y obligue al respeto de los derechos humanos y de las minorías nacionales». Caminal (2006). Op. cit. p. 175.

64.  Véase a este respecto el concepto de «nacionalismo banal» en Billig, M. (1995). Banal Nationalism, London: Sage Publications.

65.  Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, n. 169.

66.  Cf. Torres y Mateos (2014). Op. cit.

67.  Costa (2017). Op. cit., p. 716.