Edita Cristianisme i Justícia
Roger de Llúria 13
08010 Barcelona
Tel. 93 317 23 38
info@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

Depósito Legal: B-4.063-2013
ISSN: 2014-6485
Edición: Mayo 2013

Diseño cubierta: Jordi Pascual Morant
Diseño y maquetación interior: Pilar Rubio Tugas

Conferencia pronunciada dentro de la Jornada
«Unas finanzas orientadas al bien común»
(Barcelona, 19 de abril de 2013)
Justícia i Pau - Cristianisme i Justícia

Mons. Mario Toso, secretario general del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

Introducción

El Bien Común pide un conjunto de condiciones sin las cuales no es posible lograrlo. Para que sea Bien Común se necesitan condiciones sociales, económicas, jurídicas, religiosas y culturales que permitan a las personas individualmente, a los grupos, a las familias y a los pueblos la realización de su plenitud humana integral. Entre estas condiciones de posibilidad del Bien Común se encuentran también las condiciones financieras y monetarias. En el documento que elaboró el Pontificio Consejo «Justicia y Paz» sobre este tema el año 2011, los sistemas financieros-monetarios no fueron demonizados. Todo lo contrario. Se definieron como «bienes públicos»1. Sin estos «bienes públicos», es decir sin sistemas financieros y monetarios estables, estructurados éticamente, no se puede aspirar ni a realizar el Bien Común de la familia humana, ni a alcanzar un desarrollo sostenible para todos los pueblos.

Para poder disponer de mercados eficaces y dirigidos al bien común y a la paz, es necesario detenerse a identificar las principales causas de la actual crisis financiera-monetaria. Se ha escrito tanto sobre ello, que resulta difícil presentar aquí todas las causas que han sido reconocidas como detonantes de la crisis financiero-monetaria.

Hago mención sólo de algunas de ellas, sin pretender ser exhaustivo, y poniendo el acento en el punto de vista antropológico, ético y religioso, que es la competencia específica de la Iglesia y, por tanto, no centrándome tanto en un punto de vista técnico o simplemente financiero.

1. Breve perfil histórico de la evolución de la crisis financiera internacional

La crisis en la cual, desafortunadamente, aún seguimos inmersos es compleja y depende de múltiples factores entrelazados entre sí. Empezó a manifestarse en los Estados Unidos a partir de la crisis de los préstamos subprime. Préstamos con alto riesgo de insolvencia que los institutos de crédito ofrecieron a los clientes y ahorradores o que estos han colocado en las carteras de los propios fondos de inversión. La insolvencia en masa de los prestatarios, es decir, de aquellos que habían solicitado el crédito a los bancos (se trata de ciudadanos, clientes privados que deseaban construirse una casa) ha determinado una serie de quiebras en cadena con el efecto dominó que ya todos conocemos.

En agosto del 2007 los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa se vieron obligados a introducir liquidez en el sistema bancario para evitar el bloqueo de la circulación del dinero y evitar el riesgo de insolvencia de los fondos de inversión poseedores de los préstamos subprime.

En efecto, gran parte de los riesgos del sistema estadounidense de los préstamos subprime fue transferido sobre terceras personas, mediante la creación de créditos particulares.

A los default de diversas instituciones financieras se siguieron los salvamentos por parte de los gobiernos nacionales. A causa de los recursos estatales empleados para salvar las finanzas y a la fuga de capitales de los países menos competitivos, la crisis ha ido pasando de un problema ligado al exceso de crédito y por tanto de deudas privadas, a una carga sobre la deuda pública.

El aumento vertiginoso de la deuda soberana en las economías avanzadas ha conducido, durante el 2010, entre otras cosas a la crisis de la deuda soberana europea, lo que ha favorecido los ataques especulativos contra el Euro.

2. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis?

La crisis de los subprime es solo una parte de un fenómeno mucho más amplio y no representa su causa última. La crisis financiera ante la cual nos encontramos no es una crisis coyuntural de liquidez. Es una crisis estructural de solvencia, causada por un exceso de deuda. El impulso incontrolado de la deuda que durante décadas ha sostenido el milagro instantáneo de la globalización, ahora está pasando factura. La factura no solo de los préstamos creados en gran cuantía, y que casualmente, no fueron otorgados a clientela confiable, siendo empaquetados en productos basura con el objetivo de transferir a otros el riesgo del crédito, sino también la factura de los nuevos desequilibrios, intercontinentales e incontrolados, que se crearon en el seno del proceso de globalización: desequilibrios entre masivas cantidades de trabajo, de mercancías y de capitales; entre masas de créditos y de deudas; entre acreedores y deudores, entre bloques de intereses privados y públicos, de personas, de bancos y de sociedades…

Otras causas se sitúan en la acción de una política que ha liberalizado los mercados, ha abolido la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión, y ha legalizado los derivados. Otras causas convergentes son las representadas por la globalización y por la informatización animada desde un sentido mercantilista y utilitarista. Dicho con otras palabras, la crisis ha surgido por la revolucionaria combinación entre una nueva geografía, una nueva tecnología, y una nueva ideología, así lo ha escrito el ex ministro italiano Giulio Tremonti2. Es necesario aquí hacer una precisión: la globalización y la informatización en sí mismas no representan un valor negativo. Llegan a serlo una vez que son gestionadas u orientadas por ideologías negativas, es decir por ideologías que no se dirigen al servicio de las personas ni del bien común.

2.1. El dogma del corto plazo

Hasta ahora se ha propiciado el surgimiento de un capitalismo financiero especulativo y desregulado, que ha absolutizado el dogma de la ganancia en el más corto tiempo posible.

El capitalismo financiero especulativo y desregulado ha terminado por superar el capitalismo más tradicional, dedicado a financiar la economía real: las empresas, las familias, las comunidades locales, etc. Como resulta del análisis de la crisis actual, el capitalismo desregulado y financiero ha provocado una crisis en la economía real, llevándola hacia la recesión y la desestructuración. Las finanzas sombra –es decir, las finanzas fuera de la luz de toda normal jurisdicción– han alcanzado en volumen a la actividad financiera regular. Ante esto la autoridad política nacional, en cierto modo, se ha lavado las manos, declarando la imposibilidad de poder controlar la situación, ya que los nuevos procesos transnacionales escapaban a su competencia y, por tanto, a su capacidad de incidencia. Por tanto, de ello se deduce que otra causa de la actual crisis es seguramente la carencia de una acción por parte de instituciones globales. Las finanzas, convertidas en una realidad global, supranacional, para ser reglamentada de manera eficaz, necesitan de instituciones reguladoras igualmente globales. A problemas globales deben corresponder instituciones globales.

Algunos autores y analistas han colocado entre las causas de la crisis, además de la ambición y la avaricia de los institutos financieros y de los mismos ahorradores,3 también las causas demográficas, es decir la disminución de los nacimientos, con la progresiva disminución de los sujetos empresariales y productivos. La encíclica Caritas in Veritate habla de ello constatando la disminución de los nacimientos en las naciones que en un tiempo eran florecientes y ahora ven, entre otras cosas, la creciente contracción de los fondos dedicados al ahorro y de los recursos financieros necesarios para las inversiones (cf CIV n. 43).

Pero no pretendo detenerme sobre estas últimas causas, o sobre los errores técnicos, porque como decía no tengo la pretensión de ser exhaustivo. Prefiero detenerme sobre las causas de naturaleza ideológica y ética. Entre las cuales se encuentra la del liberalismo que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las así llamadas leyes de funcionamiento del desarrollo capitalista, radicalizando al máximo algunos aspectos de este sistema. Un liberalismo así entendido, además de ser el origen de la crisis, si permanece puede constituir a la larga, un serio impedimento a su solución.

Esta visión alimenta la afirmación de una especie de antipolítica, también de euroescepticismo, porque considera como dogma la autoregulación de los mercados, los cuales a pesar del propio fracaso, tendrían la capacidad de renacer y de producir automáticamente riqueza y bienestar para todos, gracias a una mano invisible (Adam Smith) que lo remediaría todo. El presupuesto es que las reglamentaciones de los Estados son fundamentalmente dañinas para los mercados, ya que exterminan la libertad y la autonomía. En consecuencia, el primado no debe ser de la política, el primado debe residir, ante todo, en las finanzas.

La ideología del liberalismo económico desmantela, en realidad, un pilar de la doctrina política clásica, según la cual el primado corresponde a la autoridad política, la cual es, a su vez, responsable última, si bien no única, del Bien Común.

2.2. La devaluación del trabajo

Vinculada a la idea de la exaltación del capitalismo financiero, que tiene como objetivo la ganancia a corto plazo, es también la devaluación del trabajo. Éste es considerado marginal respecto de los mecanismos financieros y monetarios. Ya no es considerado como el principal factor en la producción de la riqueza. El dinero se hace con dinero, invirtiendo principalmente en actividades especulativas.

De acuerdo con la Doctrina social de la Iglesia, en cambio, el trabajo no es un bien menor para la persona sino que es un bien fundamental, primario, porque a través de él nos humanizamos y socializamos. A través del trabajo es posible formarse y mantener una familia y dar el propio aporte a la realización del Bien Común y de la Paz.

Es necesario, pues, tomar conciencia de que estamos atravesando una crisis compleja y multidimensional. Esta crisis se manifiesta, en particular, en el plano económico y financiero pero se entrelaza, más aún, con una crisis política y ético-cultural, que concierne a la mentalidad, al ethos, a los estilos de vida y a las instituciones. No es una crisis pasajera, de tipo coyuntural, como ya se ha señalado, sino que es una crisis de tipo sistémico. El profesor Stefano Zamagni la ha definido crisis de tipo entrópico, es decir crisis que no se puede resolver solo mediante modificaciones legislativas o con ajustes de tipo técnico –si bien estos son necesarios–, sino afrontando directamente la cuestión del sentido de las finanzas.4

La crisis actual, en efecto, es esencialmente una crisis antropológica y ética. Las finanzas están sobredimensionadas, hasta el punto de haber perdido su propia identidad y sentido, que es el de estar al servicio de la economía real, recabando y trasladando el dinero de los ahorros hacia donde es necesario a través de los créditos.

3. ¿Existen vías de solución?

Respecto a la actual crisis se pueden dibujar tres escenarios posibles, tres vías de salida.

La primera, no es realmente una salida, ya que supondría mantener el statu quo, no haciendo nada sustancialmente novedoso. La política debería dejar las cosas como están: sin reglamentar seriamente los sistemas financieros y monetarios, esperando simplemente tiempos mejores donde se produzca un gradual e inevitable crecimiento, porque la mano invisible del mercado, antes o después encontrará la salida. Sin embargo, la verdad es que si no estructuramos éticamente los mercados, ni los dirigimos al bien común, los efectos económico-sociales de la crisis serán los mismos durante un largo periodo de tiempo, es decir: restricciones a la hora de que el crédito fluya, cierre o deslocalización de empresas, quiebras, suicidios, elevadas tasas de desocupación, desigualdades crecientes en los diversos sectores económicos. Y también: erosión de los sistemas de seguridad social, contracción de la demanda, recesión, aumento de la conflictividad social, reducción de la recaudación fiscal, inestabilidad política y democrática.

Otra vía de salida, que tampoco lo es, podría ser una creciente hibridación entre economía legal y economía criminal, que de hecho ya se está constatando en diversos ámbitos. La difusa crisis de las empresas y la necesidad de consistentes aportes de capital crean las condiciones para recurrir a la usura y a la introducción de capitales que provienen del mundo de una criminalidad ansiosa de blanquearlos.

Subsiste una tercera vía, un tercer escenario, que representa la única posibilidad de salida segura. Consiste en potenciar los aspectos positivos de todas aquellas instituciones que han sabido resistir dentro del actual sistema capitalista desregulado y global.5 Nos referimos aquí, en particular, a las experiencias de los bancos éticos, del crédito cooperativo, del micro crédito, y de las microfinanzas. Estas realidades han sobrevivido en la gran tempestad de la crisis financiera global a pesar de su pequeño tamaño. ¿Por qué? Porque han sido fieles a criterios éticos y porque han permanecido ancladas en el territorio sirviéndolo. Pero evidentemente, un pool de empresas o industrias bancarias deber ser puesto en valor para que contagie al resto del sistema financiero y monetario –propenso a obedecer criterios utilitaristas–, estructurándolo éticamente.

En vista de ello es necesario repensar radicalmente el capitalismo contemporáneo, especialmente el relativo a las finanzas especulativas y desreguladas. Es aquí donde entra en consideración la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia.

4. ¿Qué es necesario hacer para realizar un nuevo capitalismo, ético y «democrático»?

La Doctrina Social de la Iglesia (= DSI), y, en particular, la encíclica Caritas in Veritate6, propone que la actividad económica y financiera sea dirigida a la consecución del Bien Común, es decir de aquel bien del cual todos, pero también y sobretodo la comunidad política, debe hacerse cargo.

Para la DSI, la economía es actividad del ser humano, desde el ser humano y para el ser humano. Y, por tanto, posee como fin último el desarrollo humano integral. La actividad económica no posee como única finalidad la de producir bienes y servicios con el menor dispendio posible de recursos, sino también el producir bienes y servicios útiles, de calidad, que contribuyan a alcanzar el Bien Común, y la realización integral de la humanidad.

¿A propósito de las actuales finanzas qué dice la DSI?

Benedicto XVI pide en la Caritas in Veritate (= CIV) que «Tras una mala praxis, que ha dañado la economía real, (las finanzas) vuelvan a ser un instrumento encaminado a producir mayor riqueza y desarrollo» (CIV n. 65). Toda la economía y todas las finanzas, no solo algunos de sus ámbitos, deben, en cuanto instrumentos, ser utilizados de un modo ético, a fin de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del ser humano y de los pueblos.

Los operadores financieros tienen el deber de redescubrir el fundamento ético de su propia actividad, y renunciar al abuso de aquellos instrumentos sofisticados, de los cuales podrían servirse para traicionar a los ahorradores (cf. ibid.). Es necesario evitar que el único motivo para el empleo de los recursos financieros sea especulativo y ceder a la tentación de buscar solo el beneficio a corto plazo, a expensas de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Las finanzas deberán dirigirse al servicio de la economía real y a la promoción de iniciativas económicas también en los países en vías de desarrollo (cf. n. 40).

Para poder construir y proyectar mercados financieros y monetarios libres, estables, transparentes, democráticos y no oligárquicos, que sean útiles a la economía real y, por tanto, útiles a las familias, al trabajo, a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades locales, ante el imparable crecimiento de la interdependencia mundial y de una recesión igualmente global, es urgente la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, tal como afirma Benedicto XVI en la CIV (cf. n. 67). De esta necesidad surgió el ya citado documento del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», que ha intentado desarrollar una orientación práctica.7

5. Algunas propuestas del Pontificio Consejo Justicia y Paz

Moviéndose en la misma línea de la CIV, el Pontificio Consejo «Justicia y Paz» sugiere, además de la reforma de la actual ONU en sentido democrático, también la reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional,8 así como la necesidad de innovar respecto del G8 y del G20, y de proceder a la constitución de bancos centrales regionales, apoyados por entidades políticas correspondientes.

En definitiva se propone iniciar:

a) Una nueva era de responsabilidad reformadora, como también fue sugerida por los líderes del G20 en la declaración de Pittsburg del 2009.

b) Un salto de calidad en el sistema de governance, pasando de la simple coordinación horizontal entre Estados sin una autoridad superior a un sistema que, además de la coordinación horizontal, disponga de una autoridad super partes, con potestad de decidir con método democrático y de sancionar en conformidad al derecho. Un salto así, hacia un Gobierno mundial, no puede realizarse –explica el Pontificio Consejo– si no es sobre la base del consenso democrático y del principio de subsidiariedad, dando expresión política a las interdependencias y cooperaciones ya existentes y, por tanto, sin abandonar la práctica del multilateralismo tanto a nivel diplomático como en el plano del desarrollo sostenible y para la paz.9

c) La recuperación del primado de lo espiritual, de la ética y de la política responsable del bien común, sobre la economía y sobre las finanzas.

d) El impulso de un creciente protagonismo de la sociedad civil y de la cooperación internacional.

e) La superación de los nacionalismos resurgentes.

f) Un nuevo modelo de sociedad internacional más cohesionada, poliárquica, respetuosa de las identidades de cada pueblo, pero dentro de la riqueza de una única humanidad, de un único bien común mundial, del que debe responder una autoridad política mundial.

g) Una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las atribuciones de las soberanías nacionales a las Autoridades regionales y a las Autoridades mundiales, mediante un proceso democrático desde la base.

Hacia el final del breve texto del Pontificio Consejo se proponen tres pistas de reflexión sobre la necesidad de gobernar el mercado sombra de los derivados y sobre la necesidad de disponer de instituciones bancarias capaces de ofrecer crédito a las empresas y de realizar la justicia social en el ámbito financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Tales pistas de reflexión, a casi quince meses de su publicación, siguen vigentes ya que siguen vigentes también los problemas a los que hacen mención. Presentan cuestiones relativas a:

a) Medidas de tasación de las transacciones financieras, mediante alícuotas ecuas, pero moduladas con obligaciones proporcionadas a la complejidad de las operaciones, sobretodo de aquellas que se efectúan en el mercado secundario.

b) Formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos virtuosos y dirigidos a desarrollar la economía real.

c) La distinción entre bancos de crédito ordinario y bancos de especulación.

6. La reforma de las grandes instituciones internacionales

Por cuanto concierne a la reforma de las grandes instituciones internacionales, es necesario decir que hasta ahora no se ha constatado nada de relevante, a parte de la débil reforma financiera propuesta por Barack Obama, aprobada el 15 de julio de 2010 para reglamentar Wall Street. En Europa solo se puede hacer referencia al nacimiento y progresivo reforzamiento del Banco Central Europeo y a la creación del Fondo salva Estados-ESM, cuyo funcionamiento debería ser mejorado en vistas a que ayudara a la economía real de los países “salvados”. Se ha de señalar, también, el intento de reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que respecta al equilibrio en el voto, para conferir un mayor peso a las economías emergentes. Durante el 2010 se produjo un primer acuerdo entre los países miembros del FMI, pero la reforma no continuará sin el consentimiento de los Estados Unidos, que poseen actualmente el 16,7 por ciento del derecho de voto. Precisamente en los primeros días de marzo, la Administración Obama ha solicitado al Congreso la autorización para proceder a reformar dicho derecho en el FMI.

6.1. Una reforma gradual

En cualquier caso, deberían darse otros pasos concretos hacia una governance mundial, comenzando por la reforma de la ONU. Obviamente, no se puede obtener todo de un día para otro. ¡Es necesario ser realistas y, por tanto, moverse de acuerdo a la gradualidad!, pero es prioritario desmantelar algunos prejuicios muy arraigados, que constriñen a permanecer anclados en el statu quo.

Hay quien considera utópico pensar en una ONU reformada en el sentido de una Autoridad política mundial; hay quien afirma que el camino es demasiado largo y que sería mejor contentarse con pequeños pasos, posibles solamente a nivel local y regional… A todos ellos se les puede responder que, para avanzar incluso de un modo lento en la dirección correcta, es necesario tener a disposición un claro punto de referencia, pues de otra manera se corre el riesgo de tomar el camino equivocado. Una autoridad política universal, si bien no definida en todos sus aspectos, debe ser al menos visualizada como meta, porque, sin esta visión no dispondríamos de una dirección de reforma hacia la cual movernos. He aquí lo que ha intentado hacer simplemente el Pontificio Consejo, con la clara conciencia de que la prefiguración de las reformas y de las arquitecturas de las Instituciones, nacionales e internacionaleses competencia de los Estados y de los juristas.

Después de haber leído las Reflexiones del Pontificio Consejo algunos han objetado que sería mejor interesarse por los más pobres, en lugar de perder tiempo hablando de una hipotética autoridad política mundial, realidad que, una determinada literatura pinta como inevitable encarnación del maligno. A estos se les puede responder que no interesarse, especialmente hoy, por este tipo de Instituciones provoca un enorme daño al mundo de la pobreza. Si todos los mecanismos financieros supranacionales, tal como funcionan hasta hoy, se dejan intactos y siguen concentrados en las manos de unos pocos, será inevitable un agravamiento de la situación de pobreza. Es precisamente para defender a los más pobres por lo que es necesario reclamar que se lleve a cabo la creación de Instituciones políticas globales que posean la capacidad de regular los mercados financieros, buscando la realización de un desarrollo sostenible para todos. Si estamos interesados en los más pobres, no con meras palabras o solamente a través del asistencialismo, es necesario preocuparse de la reforma de las Instituciones internacionales, que posibiliten unos mercados libres, estables, transparentes, funcionales dirigidos a la economía real, y que sean capaces de generar trabajo, para las empresas, para las familias, para las comunidades locales.

La propuesta del Pontificio Consejo «Justicia y Paz» se apoya en la idea de que hoy las condiciones de realización del bien común son tan precarias que es necesario llegar lo antes posible a una creación de esta Autoridad política mundial. Sin ella, no se realizarán las condiciones que permitan dar sustancia al bien común de la familia humana.

Pero a propósito de esta premisa fundamental que justifica la institución de la autoridad política mundial por razones de bien común –la existencia del bien común mundial exige la creación de una autoridad política mundial– emergen otras objeciones.

6.2. El bien común

Otros creyentes sostienen que en los pronunciamientos de la Iglesia es verdaderamente curioso que se hable de esta exigencia de una Autoridad política mundial, fundándola sobre el bien común, cuando no existe una concepción compartida de este bien. Deducen que al no existir consenso sobre lo que representa el bien común es absurdo interesarse por la constitución de una autoridad responsable de ello a nivel mundial.

En este caso ¿qué se puede responder? Ante todo que, aun siendo cierta la existencia de diversas concepciones según personas y naciones, un bien común nacional o mundial existe, como lo demuestra el hecho de que este esté codificado en la mayoría de las cartas constitucionales de los diferentes Estados. En segundo lugar, si este bien común no existiera o fuera imposible, sería inútil cualquier esfuerzo político que se realizase en los parlamentos, en los gobiernos o en la misma Naciones Unidas. Si realmente no existiese el bien común de las naciones y de la familia humana, sería inútil la fatiga de todos aquellos que trabajan por construirla.

La Iglesia propone la constitución de una verdadera Autoridad política a nivel mundial, porque está profundamente convencida de que el bien común existe, comprende las diferentes concepciones personales o nacionales, pero las trasciende. En el n. 67 de la Caritas in Veritate encontramos un elenco pormenorizado de las razones por las cuales tal Autoridad política mundial debe ser constituida:

«Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan XXIII.»

«Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común y comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.»

7. Modalidades y características de la autoridad política mundial

Las anteriores palabras de Benedicto XVI nos conducen a tratar de forma más detallada, sobre qué pilares debería construirse esta autoridad política mundial.

7.1. Principio de subsidiariedad

La primera pregunta es si una autoridad así entendida debería concentrar todo el poder y desproveerlo de las autoridades nacionales, tal como de hecho sucedió cuando se constituyó el Estado moderno centralizado. Y la respuesta es no. Esta autoridad no debe ser concebida como un Leviatán, como un superpoder absoluto que prive y sustituya la autoridad del resto de entidades nacionales y regionales. Al contrario, su tarea es la de reconocer cada una de estas autoridades y respetarlas en su propia autonomía y libertad, de acuerdo al principio de subsidiariedad. Dicha Autoridad política mundial ha de ser instituida desde abajo, democráticamente, sobre un plano supranacional y, por tanto, en un nivel superior respecto de las autoridades nacionales, sobre todo en aquellas cuestiones para las cuales los Estados no parecen tener competencias suficientes o proporcionadas. Por tanto, la Autoridad política mundial no debe ser instituida para atribuirse todas las cuestiones sociales y jurídicas, desresponsabilizando a los poderes nacionales y regionales, sino que debe ser instituida para crear, en el plano mundial, un ambiente social, jurídico y civil tal, que pueda permitir a todos los pueblos alcanzar el propio bien común, en el ámbito del bien común mundial, es decir, dentro de un contexto de solidaridad y de colaboración internacional y supranacional.

7.2. Fuerza moral

La Autoridad política mundial ha de entenderse sobre todo como fuerza moral y no como poder incondicionado, arbitrario: una fuerza regulada por el derecho y por la ley moral natural que precede al derecho positivo. No debe ser un superpoder desligado de toda referencia ética, de ninguna manera, sino una autoridad participada, compartida por los pueblos y por los ciudadanos, limitada por el Derecho Internacional, poliárquica, que prevea los otros niveles de ejercicio además del propio. Son niveles diversos, que sin embargo colaboran entre ellos, permaneciendo interconectados. No se le puede identificar con la idea de un Superestado ilimitado, paternalista, tecnocrático y hegemónico. Ha de ser pensada ante todo, como una realidad política, sostenida por una sociedad de pueblos, unidos por una común y cada vez mayor conciencia social. Se trata, por tanto, de una autoridad limitada con especial jurisdicción sobre los ámbitos en los cuales los Estados no son competentes o sobre cuestiones internacionales que éstos no pueden resolver de manera aislada. Por ejemplo, los problemas relativos a la contaminación, las migraciones, las crisis alimentarias y ambientales, el hambre y la pobreza, el desarrollo sostenible… Todas estas cuestiones hacen necesaria una Autoridad política mundial, tal como ha sugerido Benedicto XVI en el número 67 de la Caritas in Veritate.

7.3. Democrática

La autoridad de que habla el pontífice no es, sin embargo, una simple coordinación horizontal de los diversos Estados, sin la posibilidad de legislar o sancionar a aquellos Estados que transgredan las decisiones tomadas. Se trata de una autoridad que, como ya se ha dicho, debe ser validada a través de métodos democráticos, limitada por el derecho, participada, pero que ante todo debe gobernar de acuerdo a la razón, y sobre la base del orden moral y del Derecho Internacional.

7.4. Multilateralismo

De acuerdo con las Reflexiones del Pontificio Consejo «en el proceso de la constitución de una Autoridad política mundial, no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sistema de simple coordinación horizontal sin una Autoridad super partes), de aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de la coordinación horizontal, establezca una Autoridad super partes) funcional y proporcionada al gradual desarrollo de una sociedad política mundial. La constitución de una Autoridad política mundial no podrá ser lograda sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático, sino también y principalmente en el ámbito de los programas para el desarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones ya preexistentes»10.

7.5. Nuevo orden mundial y Doctrina Social de la Iglesia

La propuesta de una Autoridad política mundial, que vaya más allá de la simple coordinación, ha suscitado no pocas reacciones negativas incluso en el mundo católico. Y esto, ante todo, porque con frecuencia se confunde el poder, comprendido en sentido sociológico, con la autoridad, y además porque, bajo la influencia de algunas escuelas económicas –piénsese en la de Chicago–, se postula que la autoridad política no tenga ninguna responsabilidad sobre la orientación de la economía: política y economía deberían concebirse como entidades autónomas, cada una en su propio campo. La política no debería vigilar la economía y las finanzas y, por tanto, no estaría llamada a orientarlas a la realización del bien común. Con un razonamiento casi antitético, la Pacem in Terris, citada por el mismo Benedicto XVI, propone la urgencia de una Autoridad política mundial. La cual es solicitada por las exigencias permanentes y contingentes del bien común, y como ya fue señalado, le debe ser reconocida la potestad de gobernar y no solo la de indicar los objetivos y de coordinar los sujetos.

Hay que reconocer que no todos los católicos comparten la propuesta del Pontificio Consejo porque, en su opinión, la Doctrina social de la Iglesia no aludiría a una tal Autoridad y mucho menos a un «orden mundial»11. ¿Qué les podemos responder? Ante todo, es verdaderamente singular que un discreto número de personas, constituidas en cargos de responsabilidad en la Iglesia y en sus organizaciones y asociaciones, parezcan estar tan escasamente informadas sobre los contenidos de la Doctrina social. La propuesta de una Autoridad política mundial, a decir verdad, había sido ya anticipada por Pío XII y luego retomada por todos los pontífices sucesivos. ¡Solamente hay que releer sus discursos en la ONU, o sus Mensajes para las «Jornadas Mundiales de la Paz»! ¿Por qué, entonces, la negación de una realidad tan presente en los documentos del Magisterio social por parte de personas dotadas de tan amplia cultura? La explicación más plausible es la del prejuicio ideológico. No se reconoce lo que está afirmado por los pontífices, sobre todo, porque se está condicionado negativamente por una cultura o una ideología preconcebida, que induce a ser fuertemente selectivos respecto de la Doctrina social.

Cuando la Doctrina Social de la Iglesia habla de un orden mundial, no identifica este orden con la supremacía y el predominio político y económico de un poder financiero internacional esencialmente especulativo, que ha llegado a apropiarse de las estructuras gubernamentales y estatales de los países desarrollados para imponerles una determinada dirección política. Precisamente la Doctrina social de la Iglesia propone exactamente lo contrario. No propone un gobierno mundial único, que implique la visión de un mundo reducido a unidad productiva, la debilitación de los Estados Nación y su sustitución por una soberanía supranacional que los subordine al engranaje de un sistema más vasto. No piensa en un sincretismo cultural-religioso, o incluso en una especie de religión cósmica-universal que reemplace las diversas confesiones de fe y las respectivas culturas y que no cuestione la cultura tecnocrática dominante; ni tampoco en una ONU como sistema que impone las políticas sociales, económicas, o culturales que permitan el dominio político del mundo de parte del poder financiero transnacional. La Doctrina social de la Iglesia defiende la organización de una comunidad de pueblos, que haga referencia a una autoridad supranacional participada y democrática, una autoridad que no anule los diferentes niveles de organización y poder nacional y regional y que, por tanto, sea poliárquica.

Esta autoridad debería favorecer un sistema de culturas y religiones pluralista con identidades fuertes, pero capaces de interlocución entre ellas y encaminadas a la búsqueda común de lo verdadero, del bien y de Dios. Apuesta, por tanto, por una política que no sea instrumentalizada por unos pocos grupos, o por sistemas financieros y monetarios absolutizados y oligárquicos, sino por una política que ante todo vaya dirigida al servicio del bien común, que se beneficie de los mercados haciéndolos menos rígidos, más libres, estables, transparentes, democráticos y válidos para la economía real, las empresas, las familias, las comunidades locales. Unos mercados que funcionen como “bienes” y no como males públicos.

8. Algunos pasos significativos

Se han verificado algunos pasos que han contribuido o están contribuyendo a modificar el panorama relativo a los mercados.

8.1. Algunas medidas reguladoras

Nos referimos, ante todo, a la decisión del Departamento de Justicia norteamericano, que ha pedido aplicar una multa económica superior a los 5 mil millones de dólares al coloso del rating Standard&Poor’s (S&P). Se trata de un duro golpe aplicado a la anarquía y a la ambición del capitalismo financiero y de su sistema ideológico. Es la primera causa abierta por las autoridades federales contra una gran Agencia de rating, acusada de gravísimas responsabilidades en la crisis financiera del 2007. La causa civil del Gobierno es apoyada por 16 estados y por el Distrito de Columbia, al cual pertenece Washington, la capital. Según la acusación del Gobierno norteamericano, Standard&Poor’s ha violado sus propios criterios al asignar calificaciones positivas a bonos basura, vinculados a préstamos que posteriormente han desencadenado la crisis financiera y provocado a los inversionistas pérdidas por miles de millones de dólares. La administración estadounidense parece prepararse también para actuar contra Moody’s, por fraude a los inversionistas.

Posteriormente, también ha progresado una propuesta de reglamentación de los «derivados OTC» (over the counter, es decir productos negociados bajo la mesa, fuera de la Bolsa) como primer punto de la agenda para el 2013 de la SEC (Securities and Exchange Commission), también se ha previsto una revisión más profunda sobre los Institutos de crédito. Después de los gravosos salvamentos del 2008, Londres está por promulgar una ley que permitirá desmantelar los Institutos de crédito que no respeten las disposiciones del Gobierno en materia de operaciones de riesgo, separando los investment banking de las otras actividades. En la práctica, si una banca no respeta las reglas, las Autoridades y el Tesoro tendrán el poder de desmantelar y de efectuar una neta separación. Y algunos de los mayores Bancos como Hsbc, Barclays, Lloyds, el Royal Bank of Scotland, deberán reembolsar a las pequeñas y medianas empresas del país por haberles vendido títulos derivados de manera irregular. Según ha manifestado la Financial Services Authority (FSA), la Autoridad financiera británica, el 90 por ciento de los contratos estipulados por los grandes Institutos violaría las normas propuestas. Según este organismo público, los miles de clientes víctimas de este tipo de productos apenas podían comprender los riesgos asociados a semejantes prácticas. En los últimos once años, han sido 28 mil las pequeñas y medianas empresas británicas que han firmado contratos swap.

El 13 de marzo de 2013 el Parlamento europeo ha dado vía libre al así llamado Two Pack, es decir el nuevo reglamento de estabilidad económica. La medida asigna a la Comisión europea un rol del todo inédito: la posibilidad de pronunciarse sobre los balances nacionales de los 17 países de la zona euro (a partir del 2014) y eventualmente pronunciar un veto, mientras que hasta hoy podía solo expresar recomendaciones. La asamblea de Estrasburgo ha agregado al paquete original una serie de cláusulas para mejorar la transparencia y la responsabilidad del sistema de vigilancia. En particular, la valoración de la Comisión sobre los balances país por país deberá considerar más aspectos para evitar que los recortes propuestos bloqueen las inversiones para el crecimiento. De acuerdo al dispositivo votado por el Parlamento, cuando a un país, y en presencia de graves dificultades financieras, se le pida realizar recortes al gasto público, éstos no deberán perjudicar a las inversiones en los campos de la educación y la salud. Además, el programa en marcha para la reducción del déficit deberá ser aplicado de manera más flexible en el caso de circunstancias excepcionales o de grave recesión económica.12

Deber señalarse, además, el reciente acuerdo entre el Europarlamento y el Consejo UE sobre Basilea III, en referencia a los requisitos patrimoniales de los bancos. Según tal acuerdo, los incrementos de capital necesarios para dar mayor estabilidad a los bancos no deben hacer más difícil el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. En las nuevas normas europeas, en efecto, se ha insertado un especial coeficiente corrector: lo que permitirá a los bancos disminuir el capital reglamentario obligatorio necesario, en el caso de que proporcionen préstamos a las empresas.

Además, se han cumplido algunos pasos en la dirección de separar actividades financieras especulativas de actividades normales crediticias y de ahorro:

a) El Gobierno de la Cancillera Angela Merkel ha aprobado el 7 de febrero de 2013 una propuesta de ley que impone a los bancos la separación ya mencionada anteriormente. El proyecto endurece también las penas para aquellos banqueros que ponen en riesgo la supervivencia de los Institutos de crédito a través de especulaciones inapropiadas.

b) El pasado mes de diciembre de 2012, el ejecutivo francés programó para febrero de 2013 la discusión en el Parlamento de una disposición semejante y, además, ha previsto incluso la prohibición para los intercambios con alta frecuencia y las especulaciones sobre los precios de los productos agrícolas.

c) También el Gobierno británico ha establecido un plan que apunta a la separación completa de los bancos de inversión respecto de los bancos comerciales, que debería entrar en vigor en los próximos doce meses.

8.2. La Tasa Tobin

A propósito de la tasación, por motivos de justicia social, numerosas asociaciones católicas, desde hace tiempo, se han hecho promotoras de las transacciones financieras. Es conocido, además, que en Europa se han adherido al proyecto 11 Estados. En Italia, con la ley de estabilidad de fines del 2012, se ha llegado a la propuesta de la TobinTax. Naturalmente esta tasación ha de ser modulada con medida y sabiduría, y usada principalmente para desincentivar las operaciones financieras a corto plazo, altamente especulativas, y así favorecer las otras finanzas, esas que proveen crédito a la economía real. Se trata en definitiva, de establecer políticas fiscales adecuadas. Respecto a la así llamada TobinTax, se argumenta constantemente que no tendrá eficacia si no es introducida al mismo tiempo en todo el mundo, de lo contrario provoca la fuga de capitales allá donde se aplique. Hay que denunciar la falsedad de ciertos lugares comunes de referencia sobre este tema. El mito más difundido –de que, para producir beneficios, es necesario que se aplique en todo el mundo– es desmentido por el hecho de que una tasa semejante está vigente en cuarenta países, sin que haya sido establecido un acuerdo internacional y sin que se hayan efectuado ingentes fugas de capitales hacia otros países. La Gran Bretaña, que se opone a la TobinTax, en realidad aplica ya algo parecido, a través de la stamp-duty. Se trata de un impuesto de timbre y de registro, en vigor desde hace años, que no ha impedido a la Bolsa de Londres ser junto con Wall Street, la principal plaza financiera del mundo.

Otro falso mito es el que la tasa acabaría por recaer sobre las espaldas de los ahorradores. A este respecto, existe un estudio del 2011 del Fondo Monetario Internacional, según el cual la tasa sería progresiva, con un impacto mayor sobre las enormes transacciones efectuadas en tiempos muy reducidos. Miraría por tanto a impactar sobre las grandes operaciones especulativas, y no tanto sobre los pequeños ahorradores o los inversionistas a largo plazo, que se verían afectados solo marginalmente.

Concluyendo, es necesaria la regulación de los mercados financieros a fin de que estén al servicio de la realización de la paz y del bien común. Hay necesidad de su institucionalización ética, de una intervención reguladora de la Autoridad política a nivel mundial, no siendo suficientes aquellas medidas que se limitan al plano regional.

9. ¿Para cuándo el final de la crisis?

Desgraciadamente el final de la crisis no está a la vuelta de la esquina. En realidad, como muchos han subrayado, dada su naturaleza de tipo entrópico, su superación requerirá de tiempo y, sobre todo, de un cambio radical de los actuales parámetros antropológicos y éticos. Si bien el 2013 haya empezado con un cuadro más estable, no se observa aún ninguna mejoría para la economía real, ni tampoco el sistema bancario parece rehacerse de una prolongada recesión. Así Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), hace algunos días, en una amplia intervención ante el Parlamento europeo, explicó las razones por las cuales la consolidación de las finanzas no puede ser interrumpida precisamente ahora y, al mismo tiempo, reconoció la necesidad de una mayor suavidad en las medidas que mitigue sus efectos, por ejemplo, renunciando apoyarse en imposiciones fiscales, ya muy elevadas en la Eurozona. Los datos de marzo de 2013 informan sobre el creciente credit crunch de los bancos hacia las empresas. Pero no existen sólidas políticas industriales. Ante esta situación ¿cuáles, pueden ser las vías de salida, que miren a reforzar en sentido humanístico los sistemas financieros y monetarios?

Respecto a una crisis que se presenta compleja y pluridimensional, además de más larga de lo previsto, no es fácil indicar aquí las soluciones.13

En cualquier caso, se vislumbra como urgente acometer algunas acciones en los siguientes campos:

a) Algunas reformas profundas del sistema financiero y monetario que impliquen la reforma de las Instituciones internacionales (a problemas globales han de corresponder Instituciones globales); y la creación de nuevas instituciones que sean capaces de producir reglas apropiadas y eficaces (global legal standard). En efecto, se ha pasado de mercados que eliminan de facto la autoridad de los Estados, a Estados que son obligados a salvar a los mercados, pero sin la posibilidad de reformarlos.

b) Nuevas políticas monetarias y financieras por parte de la autoridad política; nuevas políticas fiscales, que no afecten siempre a los mismos contribuyentes y que tasen en particular los grandes patrimonios y los ingentes capitales que se mueven de un mercado a otro en operaciones especulativas de compra/venta; que reduzcan significativamente la evasión fiscal; que primen a los bancos comerciales y que pongan freno a aquellos dedicados a la especulación. Y, además, nuevas políticas salariales, que pongan coto a las compensaciones o a las liquidaciones altísimas (bonus) de los altos ejecutivos, en ocasiones concedidas incluso en ausencia de resultados satisfactorios. Se trata de cifras que, comparadas a las percibidas por los simples empleados, claman por su flagrante injusticia social. La práctica de este tipo de retribuciones se ha extendido de tal modo que incluso se ha producido en sectores como el cooperativista que debería ser emblemático de la responsabilidad social y solidaria. Esto ha provocado lógicamente, una reacción de indignación por parte de la población. Por ejemplo, el 3 de marzo de 2013, en Suiza el 68% del electorado se ha declarado mediante un referéndum a favor de la propuesta de ley que introduce normas para limitar los supersalarios de los altos ejecutivos de multinacionales, bancos y sociedades cotizadas en la Bolsa. Tratándose de una modificación constitucional, tales normas tendrán efecto a partir de enero de 2014. A partir de esa fecha, los sueldos de las cúpulas empresariales ya no podrán ser decididos por los Consejos de administración, sino por la Asamblea de los accionistas, y verificados cada año en base a los resultados de balance. También a propósito de limitaciones de los salarios y de los bonus excesivos, algo se ha movido en Bruselas. A través de los negociadores del Parlamento europeo, de la Comisión y del Consejo, se ha alcanzado un acuerdo preliminar en el marco de los acuerdos de Basilea III para poner un límite a los bonus de los banqueros. Según el acuerdo, los bancos podrán asignar bonus hasta un máximo del doble del salario fijo, a condición de que exista suficiente apoyo por parte de los accionistas.

c) La potenciación de las instituciones bancarias estructuradas éticamente, siguiendo el principio de la gratuidad y la lógica del don.

d) La «democratización» de las finanzas. No se trata solo de regularlas. El objetivo de mayor alcance es democratizarlas, para reformar así todo el actual capitalismo financiero, fundamentalmente especulativo, que, a través de las grandes familias bancarias y las grandes corporaciones industriales (en gran parte propiedad de las primeras) dominan el mundo. Esto dará lugar a un sistema más participado, más justo, ambientalmente más sostenible y menos inestable. Una vía a promover es sin duda el que sean los mismos trabajadores los que decidan sobre sus ahorros –incluyendo también aquí los fondos de pensiones–, en términos de objetivos de ganancia (cuantitativos y temporales) y de compatibilidad social y ambiental, generando de esta manera un nuevo modelo de desarrollo y de relación social. La «democratización» de las finanzas es una precondición de la democracia política. No se podrá salir de la crisis sin un renovado protagonismo de la sociedad civil, de la cual los sindicatos son una parte importante. En efecto, mientras esta urge a los Estados y a la Comunidad internacional para que impongan al mercado nuevas reglas, debe auto-organizarse para demostrar que hay otra manera de hacer economía (responsabilidad social de empresa, finanzas éticas, comercio justo y solidario) y que la economía de mercado, sobre la base propuesta por Caritas in Veritate,14 puede y debe ser un instrumento plural y funcional para la construcción del bien común.15

e) La formación de los ejecutivos de las empresas y de los bancos, ya que no basta la simple observancia de los códigos éticos;16 la formación de los mismos ahorradores, que también están sujetos a la tentación de la ambición además de la del consumismo.

f) La creación de nuevos curriculum universitarios para profundizar en la complejidad antropológica y ética de las finanzas. En el Mensaje para la «Jornada Mundial de la Paz 2013», Benedicto XVI ha exhortado a las Instituciones culturales y universitarias a proveer una válida contribución para un reflexión científica, que enraíce las actividades económicas y financieras en un sólido fundamento humanístico.17 Como ha señalado recientemente el profesor Luigino Bruni,18 en todo el mundo los actuales currículos económicos están cada vez más vacíos de todas las dimensiones humanistas e históricas, con la falsa ilusión de que, reduciendo el pensamiento económico a números, tablas, gráficos y algoritmos simplificados, se puedan formar competencias capaces de pensamiento, de creatividad, de verdadera innovación. Actualmente, agrega Bruni, las escuelas de negocio están todas homologadas: tanto en Harvard como en Nairobi, en Sao Paulo como en Berlín, en Pekín como en Milán, se enseñan las mismas cosas, se usan los mismos libros de texto, las mismas slides descargables On line. En las aulas, en ocasiones, se sientan juntos directivos de cooperativas sociales y ejecutivos de fondos de inversión especulativos, porque business is business. A fin de cuentas prevalece una única ideología mercantilista.

g) Ofrecer una adecuada espiritualidad para los diversos protagonistas, para los cuales se hace cada vez más urgente una nueva evangelización de lo social, es decir una evangelización que no esté incompleta, privada de implicaciones en este campo, y que no se limite a la enunciación de los principios de la Doctrina social de la Iglesia, sin presentar los criterios de juicio ni las orientaciones prácticas: para cambiar profundamente la realidad, las reformas no son suficientes. Una verdadera revolución social y económica –como han repetido frecuentemente los intelectuales católicos del siglo pasado– o será espiritual o moral, o no será. La economía sin ética es deseconomía.19

h) Nuevas políticas industriales favorecidas por la investigación y la innovación y dedicadas a repensar los mecanismos que presiden la distribución del rédito no solo entre los estratos sociales, sino también entre las generaciones.

i) Una nueva política económica de medio-largo plazo, que parta del presupuesto de que la mayoría de los países desarrollados de Europa posee balances públicos desequilibrados. Esta situación sólo puede ser afrontada actuando al mismo tiempo sobre el crecimiento y el saneamiento. Sin un crecimiento sostenido, los países desarrollados están condenados a un crecimiento del paro estructural, en particular entre la población joven y femenina, que no hará sino empeorar los problemas de sostenibilidad del Estado social. Un serio saneamiento de la deuda pública puede realizarse con planes de largo plazo, que no sean incompatibles con el crecimiento económico, y que además liberen recursos precisamente en esa dirección. Se trata de procesos que, para funcionar, deben ser creíbles y requieren un amplio consenso, sobre todo cuando requieren de grandes sacrificios.

j) Un estudio serio y continuo de los problemas económicos. Si deseamos que las diversas realidades temporales sean orientadas de acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, del cual celebramos este año el cincuenteavo aniversario, y puedan producirse cambios culturales radicales, apoyados por un nuevo pensamiento y una nueva forma de actuación, es necesario que no se renuncie a estudiar los problemas económicos y financieros. Deberían programarse en las universidades católicas y de inspiración cristiana cursos ad hoc, que vayan en línea con los objetivos de dichas instituciones de contribuir eficazmente a la formación y a la educación de las nuevas generaciones. Es necesario, además, continuar con el estudio de las causas antropológicas y éticas de la actual crisis financiera y monetaria. La terapia será tan eficaz cuanto más preciso sea el diagnóstico, problematizando la racionalidad instrumental y tecnocrática hoy prevaleciente, que impide una lectura e interpretación exactas. Es necesaria una racionalidad integral, que abrace la totalidad de los diversos grados del saber y no exorcice la parte afectiva y religiosa del ser humano.

k) Un estudio sobre los vínculos entre:

Bienes, institutos financieros y bien común: se trata de un nexo inseparable, porque las finanzas poseen una intrínseca dimensión social que está en la base de su ministerialidad para el progreso de todos, para el bien común. Y, entonces, surgen preguntas inevitables: ¿Qué organización se debe dar a los mercados financieros –«bienes públicos»– para que sean inclusivos y útiles al bien común, y no deletéreos, convertidos incluso en «males públicos»? ¿Qué tipo de industrias y de bancos apoyar: transparentes, estables, democráticos, útiles para la economía real? En el pasado, para responder a las exigencias del bien común, se idearon las Cajas Rurales: ¿y hoy? A este respecto la Caritas in Veritate no ha dudado en señalar la vía de los Bancos éticos y el potenciamiento de un área intermedia entre las dos tipologías de empresa con y sin ánimo de lucro (cf CIV n. 46).

Finanzas especulativas, políticas fiscales, (con el objetivo de que los mercados actúen con responsabilidad social) y justicia social: las finanzas especulativas y desreguladas se han manifestado en toda su virulencia durante esta última crisis: además de haber perdido de vista la «hipoteca social» que grava sobre ellas, han superado las finanzas reguladas, contribuyendo a la destructuración de la economía real, al aumento de la desocupación y a la recesión.

Finanzas especulativas y reglas: las reglas y los controles, aunque incluso de manera imperfecta, están presentes frecuentemente a nivel regional y nacional; pero es en el plano internacional donde tienen problemas para realizarse y consolidarse. Será necesario estudiar, por tanto: cuales son las instituciones, cuales son las reglas que han de ser revisadas y perfeccionadas, para que la actividad bancaria pueda dirigirse a la producción de riqueza y desarrollo.

Finanzas, política e igualdad: mercados libres y estables, «democráticos» funcionales para la economía real son indispensables para que crezca un tejido de participación y de responsabilidad social, que genere un ambiente socio-económico que haga posible el desarrollo sostenible de todos. Al contrario, unas finanzas especulativas y desreguladas, es decir no orientadas por la política ni por los diversos sujetos sociales a la realización del bien común –como se está constatando–, favorece el crecimiento de las desigualdades, que pone en crisis no solo la democracia participativa, sino la misma democracia sustancial. «Cuando se supera una cierta medida y cuando los mecanismos para reducirla son percibidos como ineficaces o incluso fraudulentos, la desigualdad tiene efectos devastadores sobre la convivencia civil, minando desde la base tanto la democracia como el mercado, convirtiendo la primera, para la gran masa de ciudadanos, en una simulación lejana y el segundo, para gran parte de los actores económicos, en un mecanismo de legitimación del privilegio»20. El riesgo dela suspensión de la democracia –por otra parte ya experimentado en Italia– y de las derivas autoritarias no son un riesgo lejano o impensable.

Finanzas especulativas, trabajo y welfare: al interior de un capitalismo globalizado, las instituciones financieras, especialmente aquellas supranacionales, aparecen cada vez menos propensas a compromisos salariales por motivos político-sociales. A través de una red mundial, el capital adquiere la capacidad de “moverse” de una oportunidad a la otra, sin vínculos espacio-temporales. Esta característica de movilidad de las instituciones financieras permite poner en competencia entre ellos los diversos regímenes fiscales –además de los diversos mercados de trabajo– para decidir dónde colocar las propias inversiones, penalizando así la financiación del Estado social que precisamente depende de los impuestos.

Finanzas especulativas y desarrollo sostenible: las inversiones, que son el verdadero motor de la economía y de un desarrollo sostenible, son abrumadas por los requerimientos cada vez más exigentes, precisamente en términos de ganancia a corto o cortísimo plazo, por parte del mundo de las finanzas especulativas desreguladas.

10. Conclusión: un nuevo pacto social

A pesar del creciente euroescepticismo, no se puede imaginar una solución realista a la actual crisis financiera sin la implementación de las políticas económicas y financieras de la Unión Europea, así como de las políticas sociales, con el respeto a la justa autonomía de los Estados.21 Obviamente la Unión está llamada a cambiar algunos parámetros, moviéndose más hacia la perspectiva de una economía social, como la propuesta por la Doctrina social de la Iglesia y que posee como fundamento cultural el personalismo comunitario y relacional, abierto a la trascendencia, que pone al centro de la economía la persona humana. En substancia, se trata de transformar los primados del capitalismo financiero contemporáneo: primado del capital sobre el trabajo; primado de la ganancia a corto plazo sobre las empresas, sobre las familias, y sobre las comunidades; el primado de la política sobre las finanzas. La política debe recuperar su rol de servicio al bien común y está llamada, en el plano regional, nacional y supranacional, basándose sobre un método democrático y participativo, a garantizar las condiciones de un desarrollo sostenible para todos.

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), que representa a los obispos de Europa, el 12 de enero de 2012 promulgó una Declaración, con el significativo título: Una Unión Europea de solidaridad y de responsabilidad, centrada en el objetivo de una economía social de mercado competitiva en el interior del Tratado de la Unión Europea. Esta Declaración merece sin duda ser divulgada y profundizada, porque constituye un ejemplo de cómo se puede participar en el debate civil sobre la posibilidad de realizar el objetivo de la economía social en el mercado europeo, traduciendo las orientaciones de la Doctrina social de la Iglesia para este contexto particular.

A propósito de Europa, nos parecen iluminadoras las siguientes afirmaciones de un reciente volumen escrito por dos autores:

«Europa necesita un nuevo New Deal económico, social, humano, comparable a aquel promovido por Franklin Delano Roosevelt en 1933. El problema que hoy parece acechar a Europa es la competencia económica, en un mundo policéntrico en el cual han aparecido nuevos actores globales. El peor error que podría cometer Europa es el de padecer pasivamente la presión de dicha competencia, adoptando modelos ajenos a su historia, a su tradición y a sus conquistas como civilización. Europa tiene necesidad, por el contrario, de una defensa, de un relanzamiento y de una reinvención de su modelo económico, civil y político, centrado en el bienestar, en el empeño por la tutela de la dignidad material y moral de la existencia de cada ciudadano, en la profundización y la ampliación de la calidad de vida individual y colectiva. Europa necesita un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social a escala europea es un objetivo tan prioritario, como el objetivo de la unificación política y el objetivo del saneamiento económico: cada uno de estos objetivos no pueden ser realizado independientemente de los otros.»22

Notas

1. Cf. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal, Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2011 (3ª reimpresión), por ej. p. 29.

2. Cf. Giulio Tremonti, Uscita di sicurezza, Milán, Rizzoli, 2012, p. 26.

3. Sobre el tema de la avaricia se puede leer con provecho: Stefano Zamagni, Avarizia. La passione dell’avere, Bolonia, Il Mulino, 2011.

4. Véase Stefano Zamagni, «Economia civile. La crisi in atto come crisi di senso», en Symposium, año III, nº 4 (2009), p. 5.

5. Algunos han observado que la actual crisis financiera y económica no es completamente global, porque afecta solo a algunos países. China, por ejemplo, es citada como un país cuyo sistema económico y financiero no experimenta crisis alguna. Pero cuando aquí se habla de crisis global de los sistemas financieros y globales no se hace referencia únicamente a los fenómenos de la quiebra de los bancos o de las empresas, como ha sucedido en los Estados Unidos y en Europa, sino también a una forma de gestionar la economía y las finanzas que, si bien puede lograr a corto plazo algunas metas de crecimiento, estas son conseguidas a costa de los derechos de los trabajadores y de la democracia. Por tanto, no parece fuera de lugar hablar de crisis «global», es decir, de crisis que toca incluso a los países emergentes, cuya tasa de crecimiento económico es mayor a la de los otros, pero con deficiencias evidentes por lo que respecta al desarrollo social y civil.

6. Cf. Caritas in Veritate: además de la edición de la Librería Editrice Vaticana, véanse también la edición LAS (Roma 2009), titulada La speranza dei popoli, con lectura y comentario de Mario Toso; la edición Cantagalli (2009) con introducción de Giampaolo Crepaldi; la edición Librería Editrice Vaticana-Ave (Ciudad del Vaticano-Pomezia, 2009) complementada con el comentario de varios Autores (F. G. Brambilla, L. Campiglio, M. Toso, F. Viola, V. Zamagni); y también: AA.VV., Amore e Verità. Commento e guida alla lettura dell’Enciclica «Caritas in Veritate» di Benedetto XVI, Paoline, Milán 2009; M. Toso, Il realismo dell’amore di Cristo, Studium, Roma, 2010; P. Carlotti, Carità, persona e sviluppo. La novità della «Caritas in Veritate», LAS, Roma, 2011.

7. No es la primera vez que el Pontificio Consejo afronta temáticas relativas a la economía y a las finanzas. Baste incluso pensar en: ID.,Un nuevo pacto financiero internacional 18 de noviembre de 2008. Nota de la Santa Sede sobre la financiación del desarrollo en vísperas de la conferencia de Doha promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tipografía Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. Además mencionamos a quien con anterioridad se había interesado en las recurrentes crisis financieras y de la necesidad de nuevas instituciones, publicando los siguientes textos: A. de Salins- F. Villeroy de Galhau, Il moderno sviluppo delle attività finanziarie alla luce delle esigenze etiche del cristianesimo, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1994; Social and Ethical Aspects of Economics, Actas relativas al I Seminario de economistas organizado el 5 noviembre de 1990 en la sede del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Vatican Press, Vatican City 1992; World Development and Economic Institutions, Actas del II Seminario de economistas organizado el 4 de enero de 1993, Vatican Press, Vatican City 1994. Ambos Seminarios ha sido posible realizarlos gracias a la colaboración de los profesores Ignazio Musu y Stefano Zamagni, expertos y consultores del Pontificio Consejo. Para una primera lectura de las Reflexiones sobre la reforma de los sistemas financieros y monetarios léase: P. Foglizzo, «Nuovi orizzonti per la finanza internazionale. Le proposte del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace», en Aggiornamenti sociali, año 63 n. 2 (2012), pp. 117–125. Instrumentos de divulgación y de profundización de las Reflexiones son: Comisión general «Justicia y Paz» de España, Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, Cáritas Española Editores, Madrid 2012; Commission Justice et Paix Belgique FrancoPhone, Quelle maîtrise politique des activités commerciales et financières mondiales? Réflexions consécutives à la pubblication (2011) par le Conseil Pontifical Justice et Paix» du document «Pour une réforme du système financier et monétaire International dans la perspective d’une autorité publique à compétence universelle», Bruselas, 2013.

8. Ambos surgieron con una vocación y un mandato de gobierno de las finanzas, pero han fracasado en el objetivo de la estabilidad monetaria y del redimensionamiento significativo de las situaciones de pobreza porque han propuesto políticas inadecuadas, subordinando frecuentemente las erogaciones a controles demográficos forzados.

9. Pontificio Consejo «Justicia y Paz»: Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal, p. 27–28.

10. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal, pp. 27–28.

11. Por ejemplo, Cf. Jean–Yves Naudet, «Un texte qui invite au débat. A propos de la Réflexion de Justice et Paix sur la réforme du système monétaire international», in Liberté politique, 57 (2012), p. 123.

12. Cf. L’Osservatore romano (14 de marzo de 2013), p. 2.

13. A este respecto léase Alberto Berrini, Come si esce dalla crisi, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

14. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. Además de la edición de la Librería Editrice Vaticana, véanse también: la edición LAS (Roma 2009), titulada La speranza dei popoli, con lectura y comentario de Mario Toso; la edición Cantagalli (2009) con introducción de Giampaolo Crepaldi; la edición Librería Editrice Vaticana-Ave (Ciudad del Vaticano-Pomezia, 2009) complementada con el comentario de varios Autores (F. G. Brambilla, L. Campiglio, M. Toso, F. Viola, V. Zamagni); y además: AA.VV., Amore e Verità. Commento e guida alla lettura dell’Enciclica «Caritas in Veritate» di Benedetto XVI, Paoline, Milán 2009; M. Toso, Il realismo dell’amore di Cristo, Studium, Roma 2010; Paolo Carlotti, Carità, persona e sviluppo. La novità della «Caritas in Veritate», LAS, Roma 2011.

15. Cf. Alberto Berrini, Una tempesta senza fine. Sfide globali e azione sindacale, Edizioni Lavoro, Roma 2011, p.115-116.

16. A este propósito nos permitimos señalar la publicación Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, La vocazione del leader d’impresa. Una riflessione, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace-UCID-Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa (Università Cattolica del Sacro Cuore), Roma-Milán 2013.

17. Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la paz (1 de enero de 2013), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, p. 15.

18. Luigino Bruni, «Editorial», en Avvenire (3 marzo 2013), p. 1.

19. Cf. Alfio Spampinato, L’economia senza etica è diseconomia: l’etica dell’economia nel pensiero di don Luigi Sturzo, CISS–Il Sole 24 Ore, Milán, 1996.

20. Vittorio Emanuele Parsi, La fine dell’uguaglianza. Come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della nostra democrazia, Mondadori, Milán 2012, p. 177.

21. Algunas sugerencias para la solución de la crisis italiana en contexto europeo se pueden encontrar en Alberto Quadrio Curzio–Carlo dell’Aringa, «Puntare su Europa e lavoro per vincere la crisi», en Vita e Pensiero XCV/6 (2012), pp. 35–46.

22. Edgar Morin-Mauro Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina, Editore, Milán 2013, pp. 64–65.