Edita Cristianisme i Justícia
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ISSN: 2014-6574
Dibujo de la portada: Ignasi Flores
Edición: Anna Pérez i Mir
Traducción del catalán: Jordi Font Barris
Revisión y corrección del texto: Pilar de la Herran
Maquetación: Pilar Rubio Tugas
Marzo 2016

El tema del trabajo ha ocupado y preocupado desde los inicios al equipo de Cristianisme i Justícia. Ya en 1985 en el Cuaderno nº 8 Paro, trabajo, planificación de futuro, Eduardo Rojo y Joan García-Nieto ofrecieron una perspectiva de la situación en un momento de un paro muy elevado pero en un contexto socioeconómico muy diferente al actual, que en muchos puntos sigue resonando en el presente. Después, y durante estos más de 30 años, el tema ha continuado en publicaciones, en cursos y seminarios, en el blog…

Este cuaderno ha sido fruto del seminario interno que el área social de CJ dedicó el curso 2014-2015 al presente y al futuro del trabajo. Es, por lo tanto, un cuaderno coral que pretende ofrecer una panorámica de aquellas cuestiones más a debate desde una perspectiva de derechos y justicia social dando claves de lectura y vías de salida al callejón sin salida actual.

La redacción principal ha ido a cargo de Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social-ECAS, con la colaboración de Oscar Mateos, Xavier Casanovas, Sonia Herrera y Santi Torres. Durante el seminario contamos también con las ponencias de Eduardo Rojo, Diosdado Toledano, Desiree García, Cristina Cobo, Miquel Palau, Joan Coscubiela, David Casassas y Pepa Muñoz. Y con la participación de los miembros del Área Social: Alfons Calderón, Carles Comas, Carla Márquez, Joan Travé, Josep Miralles, Josetxo Ordóñez, Julia López, Luis Sols, Mari Carmen de la Fuente, Roser Solà, Ivan López, Nani Vall-llossera, Oriol Prado, Pepe Rodado, Toni Comín y Vicent Martínez-Guzman.

Introducción

Uno de los argumentos para defender la solidez de la denominada recuperación económica durante estos últimos años ha sido el incremento de puestos de trabajo en nuestro país. Ciertamente, el caso español ha puesto en evidencia un cambio de tendencia notable, si bien el número de personas sin ocupación sigue siendo de los más elevados de Europa, registrando el paro juvenil una de las cifras más estremecedoras de nuestro entorno. Esta terrible realidad es uno de los principales factores que explican a su vez la grave y creciente desigualdad social a la que nos estamos enfrentando. El contrato social se ha roto y el presente y el futuro del trabajo serán vitales para entender de qué manera podemos reconstruir un barco que hace aguas por todas partes.

Aun así, las siguientes páginas quieren incidir especialmente en un hecho esencial: más allá de las coyunturas de crisis o de recuperación, los cambios que desde hace años —incluso, décadas— está sufriendo el ámbito del trabajo, están sujetos a transformaciones muy de fondo, de carácter global, que nos obligan a repensar de forma profunda qué modelo se está configurando y cuáles son sus causas. Transformaciones que indican que la competencia por el trabajo también se ha hecho global, que los procesos de producción hoy en día buscan la mano de obra más barata en este constante fenómeno de la «deslocalización», o bien que el irreversible proceso de tecnificación de la producción va haciendo de la mano de obra un factor cada vez menos necesario. Así pues, esta crisis estructural del trabajo, parte intrínseca de este «cambio de época» que estamos atravesando, nos obliga a dar respuestas de una complejidad totalmente extraordinaria.

Sin embargo, las consecuencias de este modelo no se están haciendo esperar. La emergencia del precariado, concepto utilizado por diversos sociólogos estos últimos años, indica la consolidación de una clase social que a nivel global, tanto en el norte como en el sur del planeta, se caracteriza por una creciente precariedad laboral y una aplastante incertidumbre vital. Esta falta de perspectivas, este vivir a la intemperie que afecta a tantas y tantas vidas, es también parte explicativa de este malestar social que afecta hoy en día a tantas sociedades.

El presente cuaderno quiere incidir sobre los interrogantes que plantea este escenario. En la primera parte se analizarán las características del modelo de trabajo que se está configurando y las perspectivas que existen al respecto. ¿Qué escenario del trabajo ha quedado después de la crisis tanto en España como en el conjunto de Europa? ¿Cómo ha afectado, en particular, la reforma laboral aprobada por el gobierno hace unos años a la realidad española? ¿Qué papel juegan los sindicatos en este nuevo contexto? ¿Qué caracteriza, en definitiva, el modelo global de trabajo que se está gestando?

Este primer ejercicio de diagnóstico nos conduce a una segunda parte mucho más prospectiva: la necesidad de pensar y debatir respecto a las respuestas y alternativas que nos plantea este modelo de trabajo. ¿De qué políticas sociales e instrumentos disponemos desde los estamentos públicos para hacer frente a las causas y consecuencias de esta crisis? Ante esta realidad, ¿tiene sentido empezar a plantearse la posibilidad de establecer un «mínimo vital» que garantice el derecho a la existencia? ¿Qué nuevas formas (y no tan nuevas) de trabajo se están configurando en el seno de nuestra sociedad? Ante la escasez y la crisis del trabajo, ¿nos podemos imaginar nuestra vida y existencia sin el trabajo asalariado?

Preguntas, todas ellas, fundamentales y que plantean la necesidad de entender la profundidad de los cambios que estamos viviendo y la urgencia de empezar a reflexionar y a debatir sobre alternativas al respecto.

Oscar Mateos
Responsable del área social de CJ

2. ¿Qué modelo de trabajo tenemos y qué podemos esperar?

Los cambios que han provocado la última crisis económica nos obligan a hablar más bien de un cambio de época que de una crisis cíclica del sistema capitalista. Todo apunta a que en el futuro ya nada será igual, pero nos resulta difícil dibujar claramente el significado y la profundidad que tiene la transformación de nuestro contexto social y económico. De momento nos tenemos que conformar con ofrecer unas pinceladas sobre este nuevo escenario y sobre el papel que de-sempeñará el trabajo.

2.1. El paro, principal factorde exclusión social

Sin querer cargar con datos estadísticos, sí que tenemos que recuperar algunos, ya que nos ayudan a dibujar el panorama actual. La tasa de ocupación en España el IV trimestre de 2015 se situaba en torno al 47%, con una tasa de paro del 20,9%¹. A pesar de la mejora relativa experimentada durante el año 2015, el paro sigue siendo una de las principales causas de la pobreza y la exclusión social de la población.

Además, nos encontramos con que los puestos de trabajo existentes se reparten entre menos personas, porque ha aumentado el número de trabajadores que ya no buscan una ocupación. En 2015 la población activa ha sido de 22.873.000 personas, la cifra más baja desde 2012, y las horas trabajadas no han aumentado, lo que nos indica que la debilidad del mercado laboral no ha desaparecido, sino todo lo contrario.

La perspectiva se agrava si nos fijamos en la franja de edad más joven, la de los 16 a 24 años, ya que el porcentaje de parados se eleva a un 46,24%, el doble del que hay en la Unión Europea. Por lo tanto, hay evidentes dificultades para una incorporación normal y efectiva al mercado de trabajo. También es grave la situación de los mayores de 55 años. Aunque el porcentaje de paro no sea tan elevado, las características de esta población la hacen especialmente problemática a la hora de poder incorporarse de nuevo a un trabajo, y es en consecuencia la franja de edad en la que hay más parados de larga duración.

Precisamente si ponemos la lupa sobre los datos del paro de larga duración², nos encontramos también con un panorama muy poco esperanzador. En el año 2015 había unos 3,1 millones de parados de larga duración, de los cuales 2,3 millones llevaban más de dos años en el paro. Sólo un 25% de estos parados recibe prestación, lo que significa que hay un volumen importantísimo de personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Esto lo corroboran los datos sobre el número de familias sin ningún ingreso periódico asegurado. En toda España, en 2014, el número de hogares con todos los activos desocupados era de 1.842.200, lo que suponía el 15,7% del total de los hogares. Seguramente este sea el dato más alarmante por las consecuencias que tiene sobre el incremento del número de niños que no tienen cubiertas sus necesidades básicas³ y que dependen totalmente de las ayudas de los servicios sociales.

2.2. Condiciones del mercado laboral

Pero no es únicamente la tasa de paro el indicador principal que ayuda a explicar el cambio que estos últimos años se ha producido en el mundo laboral. De hecho, con el argumento de la «recuperación económica» y la disminución del paro, el relato oficial se ha querido imponer intentando legitimar toda una serie de medidas que han puesto patas arriba las condiciones de las personas trabajadoras, por lo que respecta a temporalidad, tipo de jornada, nivel salarial… A continuación, se presentan algunas de estas nuevas condiciones.

Sobre el tipo de contratación, hay que destacar el porcentaje de población con contrato temporal respecto al total de asalariados. Ya ha llegado a casi el 20% y en el caso de los jóvenes llega hasta el 50%. Mucha de esta ocupación temporal tiene un carácter estacional. El carácter temporal y estacional de esta nueva ocupación ha provocado una notable brecha salarial entre personas que llevan tiempo trabajando en un mismo puesto y los jóvenes recientemente incorporados con las nuevas condiciones de contratación. Esta situación, que ya ha sido asumida como normal e irreversible, tiene efectos de precarización en los más jóvenes pero también en las personas de más de 50 años que a menudo acaban en el paro al ser sustituidas por personas con condiciones y niveles salariales inferiores.

No es extraño, por lo tanto, que nos encontremos también con una drástica reducción de los ingresos por el trabajo, de manera que crece progresivamente el colectivo de los llamados «trabajadores pobres». Hoy en día la ocupación ya no garantiza salir de la pobreza. Según Eurostat, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en España en 2014 era del 12,5%⁴, uno de los más altos de Europa. Esta problemática se agrava en el caso de las mujeres, ya que el género es desde hace tiempo una variable discriminatoria por culpa de la llamada brecha salarial⁵, y en el caso de las personas extranjeras que cobran 1,5 veces menos que las de nacionalidad española⁶.

En resumen, podemos decir que los datos indican que se ha producido un fuerte deterioro del mercado laboral, y esta pérdida de calidad ha dado lugar a diferencias contractuales y salariales que recaen fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y una gran parte de las personas migradas, que son quienes están sufriendo con más fuerza estas nuevas condiciones.

2.3. Reforma laboral en España: ¿la precarización como salida a la crisis?

Desde Cristianisme i Justícia ya dedicamos dos «Cuadernos Virtuales» a la historia de las reformas laborales en España durante las últimas décadas⁷. Sin embargo, aquí sólo nos centraremos en la última reforma, la que impulsó el gobierno del Partido Popular en 2012. Mariano Rajoy, en su discurso de investidura de diciembre del 2011, proponía «facilitar la contratación, haciendo especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración; potenciar los contratos indefinidos por delante de los temporales, haciendo que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis». De la misma manera, el discurso insistía en «acabar con la rigidez del mercado de trabajo para poner las bases a la creación de trabajo estable». Todo ello, «llevando a cabo una profunda modernización de la legislación laboral al servicio de la creación de ocupación, que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador».

No hace falta decir que con la reforma de 2012 se dio la vuelta a aquellas promesas e intenciones como a un calcetín, con unas consecuencias devastadoras para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

La reforma, aprobada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero y continuada por la Ley 3/2012 de 6 de julio, resultado de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley como proyecto de ley, lo hacía amparada por un discurso implacable: se tenían que seguir las directrices que el mercado reclamaba para conseguir una mayor productividad y mejorar así la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, su implantación ha tenido unas consecuencias colaterales que han cambiado de arriba abajo las relaciones laborales. Durante estos últimos años se ha potenciado una contratación precaria que valora poco o nada el nivel de formación y el capital humano de las organizaciones, debilitando los derechos y la protección social de los trabajadores. En estas condiciones no es extraño que crezca cada vez más la desafección, en especial de los jóvenes, hacia la actividad que lleva a cabo su empresa, debilitando el valor del trabajo y de la formación, y poniendo en grave peligro la cohesión social y la solidaridad entre los miembros de un mismo colectivo de trabajadores. Se ha querido primar la cantidad de la ocupación pero no que esta ocupación fuese digna, estable, segura y con un salario justo. De repente nos hemos encontrado con una parte importante de la población trabajadora subocupada, un ingente «ejército de reserva» al servicio de un sistema productivo que no garantiza su ocupación, y que por culpa de la precariedad laboral, se encuentra con muchas dificultades para articular un proyecto vital con garantías.⁸

2.4. ¿Qué papel tienen los sindicatos?

2.4.1. La reforma y el papel de los agentes sociales

Siguiendo con las consecuencias de la reforma hemos querido dedicar un apartado a hablar sólo de hasta qué punto ha quedado afectado el papel de los sindicatos por la nueva legislación laboral. Creemos que esta afectación ha sido sobre todo en tres aspectos:

a) La reforma ha ampliado de un modo muy exagerado el poder del empleador y ha debilitado la posición de los trabajadores y de sus representantes a la hora de establecer las relaciones laborales tanto individuales como colectivas.

b) La vía colectiva de regular el mundo del trabajo, a través de acuerdos y pactos, se va debilitando en favor de una relación mucho más individualista entre empresario y trabajador.

c) La precarización, como ya hemos visto, más que suponer una adaptación de la estructura productiva española, sólo ha logrado debilitar la posición del trabajador, cada vez más dispuesto a aceptar peores condiciones laborales.

Debido a todo esto, los sindicatos están sufriendo una fuerte deslegitimación con dificultades de adaptación y un cierto descrédito ante los cambios del mercado laboral. Su función de defensa de los trabajadores y el rol de interlocutor ante la empresa está siendo cuestionado desde muchos frentes, a veces incluso desde los mismos trabajadores, sobretodo por parte de aquellos con condiciones más precarias que los perciben como el refugio de un determinado perfil de trabajador que ha desconectado de las nuevas realidades laborales y defiende unos derechos que son vistos ahora paradójicamente como «privilegios».

2.4.2. Más allá de la reforma…

De todos modos, hay que decir que no toda la crisis de representación y legitimidad de los agentes sociales se ha debido a la crisis y a la reforma de 2012, puesto que también ha sido provocada por una revolución en el modelo organizativo de producción, que ha acabado afectando a las formas de participación y actuación de los trabajadores. Si antes una buena parte de los trabajadores se encontraba concentrada en polígonos industriales que facilitaban el encuentro, la asamblea y la posibilidad de concertar estrategias, hoy en día el hábitat del movimiento obrero ha desaparecido en buena parte por culpa de un capitalismo fortalecido y fundamentado en una economía globalizada, financiera y deslocalizada. La desintegración de la empresa tal y como la habíamos conocido ha conducido también a una desintegración del trabajo.

Las empresas se instalan en un país o en otro en razón de los beneficios salariales y fiscales o de las bonificaciones que reciben de los gobiernos. Esta dinámica, volátil y cambiante, dificulta la presencia efectiva de los sindicatos que por lo general no han sido capaces de agilizar sus estrategias.

Además, con la dificultad de acceso al mercado de trabajo, o con su precariedad e intermitencia, mucha gente no tiene experiencia laboral, y tampoco una conciencia de clase trabajadora que les lleve primero a una identidad compartida con otros y, más tarde, a la necesidad de articularse y organizarse en la defensa de sus intereses. Entonces los trabajadores se encuentran dispersos, sin ningún tipo de vínculo que los fortalezca.

Esta dispersión favorece también la aparición de un capitalismo popular, que tiene como objetivo captar la ciudadanía para convertirla en cliente o comprador del sistema capitalista. Crece entonces entre la población la aspiración de formar parte de los que disfrutan de las ventajas del modelo, participando de la propiedad del capital, de los bienes de producción y de otros privilegios, para escapar precisamente de unos ingresos que sólo dependan del salario.

Parece evidente la necesidad de reconstruir la identidad de la clase trabajadora, y de hacerlo ya no sólo en el marco estatal sino en el que nos viene dado por la Unión Europea. Una nueva identidad generadora de otras formas nuevas de organización que permita rehacer las relaciones sociales y laborales a través de nuevas formas de participación, comunicación y actuación. El sindicalismo tendría que repensarse para ser capaz de configurar un nuevo modelo que se adapte a la situación actual del trabajo atomizado y precarizado, siempre con la misma premisa de no renunciar a la defensa de los derechos y los valores fundamentales de la persona. Pensamos que tanto por el número de afiliados y afiliadas, como por su implicación en medianas y grandes empresas, continúan teniendo una importancia central a la hora de entender las relaciones laborales.

2.5. ¿Un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse? El precariado como nuevo sujeto político

En este contexto de falta de recursos interactúan muchos factores que determinan que cada vez sea más difícil que la persona pueda salir de la situación multiproblemática en la que se encuentra inmersa. Para entender este escenario reproducimos un fragmento del Informe Foessa⁹.

«La población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis. La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud. En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que se han visto más afectadas…».

El informe se pregunta: «¿cómo es posible que este mundo de marginación y pobreza, de hambre física y de exclusión social, se vaya instalando de forma permanente a nuestro lado y de una manera mucho más agresiva y masiva que hace pocos años? ¿Tiene que ser necesariamente así?»

Estas preguntas nos cuestionan cla-ramente el modelo socioeconómico que estamos viviendo y piden respuestas. A continuación enumeramos algunas de las realidades que definen este nuevo panorama socioeconómico marcado por las desigualdades y la exclusión social.

2.5.1. Nuevos perfiles de pobreza, más extensa, más y más cronificada

Nuestra sociedad capitalista ha priorizado el beneficio particular por encima de los intereses comunes. Si en tiempo de bonanza económica no fuimos capaces de reducir la pobreza, mucho menos cuando el terremoto de la crisis la ha consolidado y aumentado. Así pues, nos encontramos con una pobreza estructural que ya existía pero que actualmente se ha vuelto mucho más severa, profunda y duradera. Se dan situaciones y experiencias que hace unos años eran impensables, como la existencia de muchas familias que no tienen ningún ingreso, que han perdi-do o están en riesgo de perder la vivienda o que no pueden garantizar la cobertura de sus necesidades más elementales.

Junto con la pobreza «de siempre» ha aparecido la nueva pobreza que se corresponde a un nuevo grupo de población que no tiene trabajo durante un largo periodo de tiempo, y a pesar de tener las competencias laborales y personales, se ha visto excluido del mercado laboral. Son personas que han entrado en una espiral de pobreza y precariedad de la cual cada vez les resulta más difícil salir. A partir de 2007 en España ha aumentado el número de personas a las cuales les faltan los recursos mínimos para vivir una vida digna. De repente personas que se consideraban miembros de las clases medias se ven incapaces de hacer frente a los posibles gastos extraordinarios o imprevistos. Tengamos presente que si el coste de alquiler o de compra (con la hipoteca) significaba antes de la crisis un 12 o 15% del presupuesto familiar, hoy en día se ha disparado a porcentajes insostenibles que llegan al 60% de la economía familiar. Este hecho provoca que el riesgo de exclusión residencial aumente como nunca había pasado antes.

Como ya hemos dicho más arriba, aparece un nuevo perfil de pobreza, el de los trabajadores pobres. Personas que no llegan a cobrar ni el salario mínimo interprofesional (648,60€ al mes o 9.080€ al año) y que en muchos casos no superan el umbral de la pobreza situado en 7.961€/año. Y esto, a pesar de llevar a cabo jornadas laborales de ocho horas o más. Hay que recordar que en el año 2008 había un 4,76% de hombres y un 14,12% de mujeres en esta situación, pero después de la reforma laboral de 2012, y en datos de Eurostat de 2014 llegaba ya casi al 12,5% del total de los trabajadores y trabajadoras españoles.

2.5.2. Incremento de las desigualdades

Aunque parezca un tópico es una realidad: cada día los pobres son más pobres y los ricos, más ricos. La diferencia entre los unos y los otros aumenta significativamente. El último informe de Oxfam Intermón prevé que si no cambian las cosas, en el año 2016 el 1% de la población mundial controlará el 99% de las riquezas del planeta. Y respecto a España este mismo informe nos aporta el dato de que las 20 personas más ricas ganaron 15.450 millones de dólares en 2013, y disponen, ellas solas, de tanto dinero como el 30% de la población española más pobre junta, formada por unos 14 millones de personas.

Igualmente la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)¹⁰ nos proporciona unos datos preocupantes. Desde el inicio de la crisis (2007) el grupo de renta más baja ha pasado de concentrar del 32% al 40% de la población, y el grupo de renta media ha pasado del 60% al 52% de la población. Una tendencia que los últimos estudios rea-firman al indicarnos que este dato se ha desplomado hasta el 44%. Hay que repetirlo las veces que haga falta: la crisis no ha afectado de igual manera a todas las clases sociales: cuanto más pobre es una persona, sufre mayor vulnerabilidad y tiene más dificultades para superar las situaciones adversas en que se encuentra. Por desgracia, los gobiernos han tenido muy poco en cuenta esta premisa en sus políticas fiscales y de protección social.

2.5.3. Una nueva clase social llamada precariado

Algunos estudios e investigaciones llevados a cabo en universidades del Reino Unido han popularizado una nueva concepción de la estructura de clases: siete clases sociales que se distribuirían desde la elite en la parte superior de la escala social hasta el precariado en la parte inferior. Esta última clase se define como «la clase de los más desfavorecidos, con bajos niveles de capital económico, cultural y social». Las personas de esta nueva clase denominada precariado tienen todo tipo de capacidades potenciales que les gustaría desarrollar, pero no pueden porque no tienen dinero, sus vidas son inseguras y sin sentido, y sólo pueden acceder a un trabajo precario que no les permite escoger. Así se ven forzadas a aceptar aquello que el mercado laboral les ofrece, porque les faltan las condiciones más elementales, como es el reconocimiento de los derechos sociales y laborales.

Este precariado constituiría una clase muy heterogénea (cada vez se incorporan más y más titulados universitarios) que tendría en común la inseguridad laboral, una inseguridad que los amenaza y que los hace sentir continuamente en el borde del abismo y el fracaso. La presencia de este precariado, por el volumen que va adquiriendo y por las posturas extremistas y reivindicativas de sus componentes en defensa de unos derechos que no tienen, constituye una potencial fuerza social que permitiría la construcción de una nueva política colectiva hasta el momento inexistente.

Su presencia nos lleva a afirmar, como veremos en la segunda parte de este cuaderno, que estamos ante nuevas formas de trabajo y otros modelos de regulación laboral que comportan nuevas ideologías y nuevas estrategias de organización.

2.5.4. Incremento continuado de los ni-nis¹¹

España tiene un 18% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis, expresión que no consideramos acertada porqué conlleva una carga peyorativa. Este dato está directamente relacionado con el abandono educativo prematuro que se encuentra a niveles altísimos (en España, el 24,9%), prácticamente el doble que el conjunto de la Unión Europea (12,8%), siendo un factor sangrante para el futuro de los jóvenes y que exige mayor atención para encontrar vías de solución.

Una de las características de este colectivo es la dificultad de inserirse en la vida adulta. Según las valoraciones que hacen algunos autores, su vulnerabilidad depende del nivel de estudios que llegaron a terminar, y también está relacionada con el nivel de formación de los padres. Entre los jóvenes, que son hijos de padres con estudios postobligatorios, el 3,6% son ninis con vulnerabilidad severa, mientras que los jóvenes ninis que son hijos de padres sin estudios postobligatorios, sufren una vulnerabilidad severa del 13,8%.

La evaluación que hizo la OCDE¹² del sistema de formación profesional español considera que el número de alumnos matriculados en la llamada FP es totalmente insuficiente. A pesar de que en estos últimos años ha aumentado un 22%, aún no tiene el prestigio necesario entre los jóvenes, lo que provoca que un 70% de los jóvenes opte por los estudios del bachillerato, unos estudios que no siempre finalizan con todo lo que esto supone de proceso formativo interrumpido. La OCDE valora positivamente el aumento de la oferta de FP dual que considera como una alternativa para superar este rasgo negativo diferencial que estamos sufriendo desde hace tiempo, a la vez que valora también los beneficios del aprendizaje en el puesto de trabajo especialmente adecuado en el momento de la formación postsecundaria.

Un informe realizado por la Unión General de Trabajadores (2011)¹³ sobre esta problemática alertaba que «si la gente sin formación no se forma, no habrá nunca un cambio de modelo productivo», y se quejaba de que los programas existentes dirigidos exclusivamente a jóvenes que combinan formación y práctica laboral son insuficientes, ya que sólo cubren el ٨,٧٪ del total de este grupo de población. Por otro lado, señalaba que las plazas de formación profesional siguen siendo insuficientes, subrayando que el problema de este colectivo no es sólo económico, ya que «el primer paso hacia la exclusión social es la exclusión laboral». Así pues, hay que tener en cuenta que existe una responsabilidad política, pero también de toda la sociedad a la hora de crear ocupación digna para los jóvenes. En definitiva, según este sindicato la baja cualificación formativa es el auténtico problema del mercado laboral actual, y destaca que el gobierno no ha actuado para erradicar esta problemática, sino que contrariamente a lo que sería necesario ha suprimido escuelas taller y casas de oficio, y no ha potenciado programas de cualificación profesional inicial (PCPI) dirigidos a los jóvenes con un nivel bajo de estudios para conseguir un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado laboral y la planificación de la formación ocupacional.

2.5.5. Cambio de signo en el movimiento migratorio

Nos encontramos con un nuevo escenario, en el cual la emigración de la ciudadanía autóctona ya ha sobrepasado el nivel de entrada de inmigrantes. A pesar de considerar que la movilidad en un contexto de globalización es ine-vitable, lo cierto es que desde el año 2008 la tendencia migratoria es claramente negativa, por un lado a causa de la crisis que no ofrece oportunidades laborales a esta población de fuera de nuestras fronteras, y por otro, a un gran volumen de población autóctona joven que se ve obligada a buscar una oportunidad laboral en el extranjero.

Pero a pesar del actual desequilibrio entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo, se prevé que en un futuro este flujo migratorio volverá a revertir su signo, ya que se producirá un nuevo crecimiento económico que provocará que nuestro país vuelva a necesitar una mayor cantidad de mano de obra que no será cubierta por la población autóctona. Así pues, nos encontramos en una situación transitoria que por razones demográficas volverá a cambiar. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de adaptar nuestras políticas migratorias, últimamente demasiado centradas en la impermeabilidad de las fronteras y en los mecanismos de expulsión.

2.5.6. Mayor número de enfermedades mentales

Últimamente se constata que la crisis ha provocado un empeoramiento de la salud de la ciudadanía. El incremento del paro, la precariedad laboral y la pobreza están condicionando la salud de la población que se encuentra en estas circunstancias, dándose una mayor presencia de depresiones o de otros desequilibrios psicológicos, y un mayor número de ingresos hospitalarios por intentos de suicidio o por enfermedades de larga duración. Así pues, tenemos claro que la pobreza genera una brecha social, que provoca desigualdades en la salud y condiciona directamente la esperanza de vida de la población de un mismo territorio, donde puede darse un diferencial de hasta once años, según el nivel de bienestar o de privaciones en que se encuentre la persona.

3. Repensar el trabajo: un debate ineludible

Por ahora, nuestro sistema de protección social no es capaz de dar cobertura a todas las demandas sociales derivadas de la crisis. En gran medida, porque esta protección queda condicionada por el hecho de haber cotizado en la seguridad social. Tanto los trabajadores intermitentes como aquellos que nunca han llegado a cotizar quedan expuestos a la pérdida progresiva de derechos sociales y a la falta de garantías de cobertura. De esta realidad se derivan situaciones con un alto riesgo de exclusión.

3.1. Luchar contra la crisis del trabajo: ¿de qué políticas sociales e instrumentos disponemos?

La pobreza severa y la mayor desigualdad actual contrastan con unas políticas públicas restrictivas que no pretenden resolver las causas de esta situación, sino que sólo buscan paliar los efectos más urgentes y negativos. El objetivo prioritario a la hora de elaborar los presupuestos ha sido durante los últimos años el del ahorro y el gasto mínimo, provocando así que las prestaciones se agotasen en especial para las personas más vulnerables, porque los plazos son más reducidos y el acceso a cualquier ayuda es cada vez más difícil con la exigencia de nuevas condiciones más restrictivas.

Esta dinámica entra en flagrante contradicción con el compromiso adquirido por el Estado español dentro de la Estrategia 2020 de la UE que obliga a los estados miembros a buscar «altos niveles de ocupabilidad, productividad y cohesión social»¹⁴, objetivos que a estas alturas están lejos de ser logrados.

A continuación echamos un vistazo a algunos de los instrumentos políticos de los cuales disponemos, con la intención de valorar su capacidad transformadora en relación con el paro y con sus consecuencias. Fijémonos también en aquello que nos propone Europa y cómo se aplica en el Estado español.

3.1.1. Sistema de pensiones

La carga sobre el sistema de pensiones se ha incrementado ostensiblemente durante el periodo 2008-2014, no tanto porque haya aumentado la cuantía de estas pensiones, sino por el fuerte incremento del número de pensionistas. En el año 2014 había casi un millón más de pensionistas que en 2008, y esto ha sido fruto del envejecimiento de la población, pero también del efecto de la crisis que ha llevado a muchos trabajadores a jubilarse de manera anticipada ante la imposibilidad de seguir ocupados. Por otro lado, desde 2008 han disminuido en un 7,7% el número de cotizaciones que sostienen las pensiones. El riesgo de sostenibilidad del sistema ha sido precisamente una de las justificaciones de la reforma laboral y la incentivación de los llamados planes de pensiones de carácter privado.

Así pues, aunque aumente la ocupación, difícilmente la contribución de los trabajadores en activo será suficiente para hacer frente al gasto de las pensiones generada por el envejecimiento de la población. Además, los salarios son cada vez más bajos, y en consecuencia la aportación proporcional del trabajador es inferior. Por lo tanto, hará falta a corto plazo buscar formas de salvaguardar la correcta cobertura de la denominada «población pasiva», tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos autores proponen modelos alternativos de protección, como los que se han empezado a implementar en algunos países europeos con un modelo mixto, donde una parte de la cobertura de las pensiones se integra dentro de los servicios públicos con cargo en los presupuestos del Estado.

Actualmente nos encontramos con jóvenes que llegan a los 30 o 40 años sin haber cotizado, y con parados de larga duración que ya han agotado todo tipo de prestaciones. Se va dibujando, pues, para muchas personas, un futuro oscuro si se mantiene el sistema actual. Pero al mismo tiempo crece la necesidad de reconocer a toda la ciudadanía el derecho a tener unos mínimos ingresos en su futura jubilación. Todos aquellos que no han cotizado lo suficiente tendrían que percibir una pensión no contributiva (PNC), o en el marco del sistema de bienestar una renta garantizada que asegurase los mínimos de subsistencia para vivir dignamente con independencia de la co-tización realizada a lo largo de la vida.

3.1.2. Prestaciones y subsidios estatales en el paro

El incremento del paro ha exigido un mayor gasto público para cubrir la prestación a los parados que han cotizado como mínimo 360 días en 6 años, y el subsidio de paro de aquellos que no tienen una cotización suficiente o que han agotado el tiempo de la prestación¹⁵. Esta realidad ha generado un cambio en la distribución de los recursos con un incremento del gasto en prestaciones (77,5%), disminuyendo la inversión dedicada a la promoción de políticas activas (22,5%), con graves consecuencias por lo que respecta al impulso de la ocupación. A título de ejemplo ofrecemos algunos datos. En Cataluña desde el año 2011 la inversión en políticas activas de ocupación ha sufrido una reducción del 65%, y en todo el Estado español el presupuesto por este concepto en 2011 era de 7.322M€ y en 2013 era de 3.803M€.

La tasa de prestaciones por desocupación en estos años se ha reducido en 19 puntos y el número de parados con prestación, en 663.459 personas, lo que representa que aproximadamente en España hay 1.840.260 personas paradas que están excluidas del sistema de protección para el paro. Si actualizamos los datos a diciembre de 2015 nos encontramos con que de los 2.134.099 parados que cobran alguna prestación, el 38% reciben prestaciones contributivas y el 62 %, prestaciones asistenciales.

Este baile de cifras nos lleva sólo hacia una única dirección: la evidencia de una debilidad creciente por parte de un sistema protector de prestaciones que ya no puede garantizar la dignidad de millones y millones de personas abocadas a un riesgo evidente de exclusión social.

3.1.3. Políticas para la mejora del mercado laboral

Todo ello nos obliga a preguntarnos cuáles tendrían que ser las políticas a impulsar para la mejora del mercado laboral. El proyecto sobre la ocupación en Europa¹⁶ enumera las líneas maestras que los países de la Unión Europea tendrían que adoptar para luchar contra el paro. Estas tienen una perspectiva global y abordan temas ocupacionales específicos, formativos y de protección e integración social.

Encontramos medidas para reforzar las políticas activas del mercado de trabajo incrementando la capacidad de ocupación de los servicios públicos mejorando la eficacia, aumentando el número de ofertas de formación o contratando más asesores laborales. También se propone introducir medidas específicas para acercar el mercado laboral a los parados de grupos más desfavorecidos (personas con discapacidades, parados de larga duración y personas migrantes). Se introduce también el «programa de garantía juvenil» para ayudar a los jóvenes que no se encuentran en el mercado de trabajo, impulsando medidas para el incremento de las tasas de ocupación femenina (introduciendo cambios en los servicios de educación y atención a la primera infancia o revisando la normativa sobre permiso parental de cara a mejoras de conciliación laboral-familiar y el fomento de la corresponsabilidad).

Otras medidas relacionadas directamente con la ocupabilidad pasan por el aumento de los salarios mínimos, la mejora de los procesos de negociación colectiva, la aplicación de medidas fiscales para fomentar la creación de ocupación, el estudio de los sectores generadores de ocupación, el hacer frente a la problemática del mercado de trabajo informal o sumergido, etc.

Otro pilar de las políticas públicas que permite incidir en el mercado laboral tiene relación con la mejora de los sistemas educativos. Las propuestas en este ámbito pasan por el fomento del aprendizaje de adultos, las medidas que faciliten la transición de la escuela a la vida laboral, la mejora de los sistemas de educación y formación profesional o el establecimiento de marcos normativos para mejorar la transparencia de las cualificaciones a través de las fronteras de la UE.

Finalmente se reconoce la necesidad de políticas de inclusión social y de lucha contra la pobreza que tendrían un impacto directo sobre la ocupación. En concreto, hablamos de la lucha contra la pobreza infantil potenciando, entre otros, el acceso a la atención y la educación de la primera infancia, la mejora de los derechos de jubilación en personas que prolonguen su vida laboral o la revisión de los sistemas de atención sanitaria y protección social para asegurar unos mínimos controlando los costes.

Creemos que la concreción de estas medidas tendría que permitir superar la situación de falta de cohesión y de riesgo de exclusión que hoy en día una parte importante de nuestra sociedad está sufriendo. Sin embargo, por desgracia los datos de los últimos años, por lo que respecta a la inversión pública en políticas sociales y ocupacionales, es bastante preocupante, ya que no han existido unas políticas activas de ocupación adecuadas, ni políticas de protección compensatorias, ni una cobertura universal que garantice un mínimo vital a la ciudadanía.

3.2. El debate sobre el ‘mínimo vital’: estado de la cuestión

Una clara falta de perspectiva a medio y largo plazo por lo que respecta a la ocupación, y la desaparición de buena parte de los derechos sociales vinculados al trabajo, tendría que obligar a replantearnos la cuestión de cómo garantizar un mínimo vital. De hecho, así lo reconocen tanto la Constitución Española¹⁷ como algunos estatutos de autonomía, como es el caso del Estatuto de Cataluña¹⁸. Ofreceremos aquí una pequeña síntesis sobre las diferentes propuestas que existen o que se están valorando. Nos centraremos sobre todo en el caso catalán, pero que creemos que ejemplifica una serie de propuestas que tendrían que estar hoy por hoy en un lugar preferente de la agenda de las políticas sociales.¹⁹

3.2.1. La Renta Mínima de Inserción (RMI)

La Renta Mínima de Inserción, que data de 1997²⁰, se diseñó con carácter universal para la ciudadanía con graves dificultades económicas y sociales, con el propósito de atender sus necesidades básicas y favorecer la inserción social y laboral.

Reconoce el derecho a unos ingresos garantizados por los servicios sociales del sistema público y es complementario con las demás prestaciones de este sistema o con otros ingresos que la persona pueda percibir. En función de las características de las personas y de las unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza se elabora un Plan Individual de Inserción, entendido como un instrumento educativo que la persona beneficiaria se compromete a seguir. El objetivo es ayudar y hacer seguimiento de las personas receptoras para conseguir que puedan «insertarse socialmente y laboralmente» a través de un proceso personal de mejora de sus competencias profesionales y transversales. Por lo tanto, se trata de un acuerdo con la persona a la cual, siempre que sea posible, se le pide una contraprestación.

Curiosamente, en Cataluña este programa sufrió importantes restricciones en plena crisis²¹ cuando ante el incremento de la demanda se decidió reducir este gasto restringiendo los derechos de las personas e introduciendo unas medidas bastante más restrictivas en relación con la duración, los ingresos y las condiciones personales y familiares exigidas. Como resultado de aquel decreto muchas personas fueron expulsadas del programa, y hoy en día aún estamos a la espera de una reforma que corrija los errores.

3.2.2. La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Por ahora, la Renta Garantizada de Ciudadanía es sólo una reivindicación que toma como base jurídica para su aplicación el artículo ya citado 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña²². Su concreción, definición y articulación como proyecto de ley es una propuesta de la sociedad civil que se impulsó en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Se presentó en el Parlamento de Cataluña con 121.000 firmas durante la legislatura 2012-2015 y actualmente se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria. Tanto a nivel práctico como de concepto supone avances importantes respecto a la RMI y es mucho más favorable hacia las personas beneficiarias.

En esta nueva prestación se propone el reconocimiento de un derecho individual para asegurar una vida digna, se baja la edad para poder acceder a los 18 años, se da derecho a recibir esta renta a toda persona que tenga 12 meses de residencia legalizada, tiene un carácter suplementario con otros ingresos, no obliga a ninguna contraprestación y el importe es superior a la RMI²³. La prestación tiene un carácter indefinido siempre que se cumplan algunas condiciones, como mantenerse inscrito como demandante de ocupación y no rechazar una oferta de trabajo adecuada a la profesión y a las titulaciones académicas o profesionales del titular.

En definitiva este modelo representa un paso más en las políticas de garantía de rentas, y dibuja una capacidad más grande del Estado para dar mayor cobertura a un mayor número de ciudadanos. Comporta también el cambio del sistema de protección, la modificación de leyes sociales y prestaciones con la eliminación de diferentes ayudas que se tendrían que unificar para dar mayor coherencia a las prestaciones existentes. Los más críticos con esta nueva prestación cuestionan su viabilidad económica y su futura sostenibilidad, y se plantean la necesidad de seleccionar y priorizar su concesión a aquellos colectivos con un nivel de ingresos que no les permita hacer frente a los gastos más básicos de la vida cotidiana.

3.2.3. La Renta Básica Universal (RBU)

Esta sería la tercera de las rentas garantizadas a debate. Es una renta que ya no se entiende como una prestación, sino como una asignación básica ciudadana que va mucho más lejos que las otras dos propuestas contemplando un nuevo modelo de distribución de la renta y del reparto del trabajo para toda la población.

La Renta Básica es un ingreso de pleno derecho pagado por el Estado a cada ciudadano o residente, con independencia de si quiere o no trabajar de forma remunerada. Es decir, la RBU permite una diversificación del concepto de trabajo: remunerado en el mercado, doméstico o de cuidado, y voluntario. Es la persona la que en función de sus necesidades o expectativas decide participar o no en uno u otro tipo de trabajo.

Esta renta no tiene en consideración el nivel económico de la persona, es decir, no contempla cuáles puedan ser sus otras fuentes de renta, y no importa con quién conviva la persona beneficiaria. Tiene un carácter universal y todo ciudadano tiene derecho a ella, sin condiciones. El importe de la renta es el mismo para todo el mundo, aunque no significa que todos ganen igual, porque por la vía de la fiscalidad se compensa la cantidad recibida, consiguiendo como resultado que el 70% de la población con rentas más bajas salga beneficiada, mientras que el 15% más rico pierda en relación con los tramos fiscales actuales, y otro 15% se mantenga igual²⁴.

El objetivo prioritario es garantizar un reparto más equitativo de la renta con un carácter preventivo que luche contra las desigualdades, aumente la libertad e independencia económica de la población, e incremente la capacidad negociadora de las condiciones de todo contrato laboral. Cuando la persona tiene asegurados unos ingresos, no se ve obligada a malvender su trabajo y dispondrá, por lo tanto, de una mayor libertad de negociación y de decisión sobre aquello que quiere hacer en la vida: si quiere una ocupación o quiere desarrollar su actividad fuera del mercado laboral.

A la pregunta de si esto se está llevando a cabo en algún sitio tenemos que decir que a nivel internacional y en una escala estatal no, a excepción de Alaska, y este es uno de los argumentos principales de sus detractores, que ven la RBU como inviable y económicamente insostenible.

3.2.4. A título de conclusión. El modelo triangular de voz, salida y lealtad

En toda relación laboral se identifican tres elementos clave (voz-salida-lealtad) que se articulan y retroalimentan de forma triangular definiendo la evolución de las relaciones laborales según la relación de fuerza de cada uno de los elementos. En la medida en que se disponga de una cierta seguridad personal y económica, la voz del trabajador tendrá más fuerza, e inmediatamente variará la capacidad de salida. Es decir, si me explotan, puedo irme, porque mis mínimos vitales no están ligados a un puesto de trabajo que me explota, pero si me tratan bien, me quedaré y contribuiré con mi trabajo al enriquecimiento del proyecto: lealtad. No hace falta decir la importancia que tienen los derechos sociales para reforzar la opción de salida, ya que si la persona tiene derechos de ciudadanía reconocidos, tiene una serie de seguridades garantizadas y puede plantear las opciones laborales y ocupacionales con mucha más libertad. En cambio, si esta se ve condicionada por una situación de pobreza, aparece la dependencia como única alternativa para sobrevivir debilitándose estos elementos del triángulo y condicionando la capacidad de negociación.

Así, la Renta Básica podría ser una de las claves para conseguir un buen funcionamiento del modelo triangular, ya que una renta incondicional con un Estado del bienestar potente significaría el reconocimiento de los derechos sociales y la mejora de las condiciones de toda la ciudadanía. La persona estaría capacitada para decidir la opción de salida que desea, si entra a trabajar como asalariado con unas condiciones dignas, o si opta por no entrar a trabajar y valora el tiempo libre para hacer otras cosas, o si se dedica a hacerse cargo de los familiares dependientes… Así pues, tendríamos que pensar en una sociedad en la que todo el mundo dispusiera de unos recursos incondicionales que serían la palanca más real y efectiva para acceder a una actividad humana libremente elegida. La renta básica nos permitiría desmercantilizar la fuerza del trabajo e impulsar nuevas palancas de activación de otras formas de vida que ahora nos parecen irrealizables.²⁵

3.3. ¿Hacia nuevas formas de trabajo? Aterrizando y entendiendo las nuevas (y no tan nuevas) experiencias

En el mundo laboral existen experiencias alternativas que ponen en práctica una forma diferente de entender el trabajo. Tanto por lo que respecta a su objetivo último, crear ocupación para colectivos en riesgo de exclusión o buscar vías de financiación alternativas, como por lo que respecta a su forma, articulando criterios de democracia económica para que los trabajadores participen de las decisiones organizativas o de la propiedad de los medios de producción. Algunas de estas experiencias son nuevas, otras más antiguas, todas ellas minoritarias, son germen de nuevas formas de entender las relaciones laborales que creemos que hay que explorar.

3.3.1. Sector no lucrativo y economía social

Hoy en día se apunta que el tercer sector y la sociedad de base buscan vías para la reconstrucción de nuestras comunidades, con nuevas formas de relación, a pequeña escala, como el trueque o el intercambio de saberes y de cualquier otro tipo de bienes. Estas vías pueden llegar a ser alternativas a la producción del mercado que hasta ahora hemos estado viviendo, y podrían ser el inicio de una sociedad diferente, más equitativa, donde la economía social debería tener mucha más fuerza y las lógicas del mercado no invadieran espacios hasta ahora liberados del intercambio comercial.

En la base de todo esto hay unos valores en común que definen buena parte de los principios de la economía social. Un estudio llevado a cabo por CEPES²⁶ destaca las características siguientes:

— La utilidad social, es decir, poder obtener un servicio o un producto a menor coste con el objetivo prioritario de reducir las desigualdades, trabajar para los más desfavorecidos y mejorar la organización gracias a dinámicas participativas de sus miembros.

— La mejora de la cohesión social y territorial, en la medida en que permite redistribuir los recursos económicos con criterios de justicia equitativa.

— La rentabilidad social gracias a prestar un servicio, ayudar o dar atención a la persona buscando su bienestar y autonomía.

— La generación de ocupación, en especial en servicios de cuidado que implican mucha mano de obra y una atención individualizada a la persona.

— La política de recursos humanos ya que las carreras profesionales, la formación y la participación son valores que dan coherencia a las organizaciones.

— La presencia del voluntariado que permite la colaboración desinteresada, siendo un factor de crecimiento y de visualización de la organización.

Así pues, existe una clara identificación del tercer sector social o sector no lucrativo con la economía social, compartiendo una misma concepción que ha sido causa y efecto de su reciente evolución definida por el servicio a las personas.

En la economía productiva, cabe destacar los siguientes proyectos sociales:

— Las empresas de inserción (EI), la empresa de inserción es una vía para la inserción laboral de los colectivos más vulnerables. Tiene la doble función de crear actividad económica al mismo tiempo que genera espacios específicos para capacitar a aquellas personas que tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral ordinario de una manera estable.

— Los centros ocupacionales de trabajo, en el marco de las políticas de creación de ocupación para colectivos con dificultad se crearon estos centros en los que la población con alguna discapacidad física o psíquica pueden desarrollar y mejorar sus competencias, llevando a cabo un trabajo adaptado a sus capacidades. Así, la persona llega a sentirse útil en la sociedad, al mismo tiempo que se consigue un nivel de producción con productos reconocidos en el mercado.

3.3.2. La experiencia de las cooperativas

El cooperativismo ha estado muy vinculado a la autoocupación y ha representado una salida en momentos de dificultades económicas. Aunque no siempre han tenido éxito, por lo general las cooperativas han soportado mejor que la empresa privada mercantil los ataques de la crisis, y en el futuro pueden ser una buena alternativa económica. Las cooperativas se caracterizan por ser una asociación autónoma de personas que crean una empresa de autogestión democrática que se define por la participación, la toma de decisión colectiva, la corresponsabilidad de todos los socios, un trabajo compartido en beneficio de los trabajadores y de la organización, y una regulación laboral consensuada que proteja y vela por el bienestar de sus socios.

El movimiento cooperativo en España, si exceptuamos algunas zonas, es débil. En la década de 1980 tuvo un fuerte tirón, precisamente en un momento en el que cerraban muchas empresas. Sus trabajadores buscaban una salida laboral y esto los llevó a crear cooperativas. Ciertamente, de aquellas, muy pocas sobreviven en la actualidad. En los años de bonanza económica casi nadie se planteó crear cooperativas porque su modelo significaba no poder disponer de beneficios particulares, tener que gobernar desde el consenso y la participación, y disponer de un número de socios suficiente que con sus aportaciones económicas permitieran una organización que diese sostenibilidad.

Últimamente desde el sector social se han impulsado nuevas cooperativas y hoy en día existe un avivamiento en el sector. Algunas de las cooperativas nuevas son cooperativas de servicios o de crédito, en las cuales compradores y productores son socios de la cooperativa y tienen como objetivo común contribuir al desarrollo de un determinado territorio o ámbito profesional.

3.3.3. Nuevos modelos de financiación. La economía colaborativa

La dificultad de acceso a la financiación a través de la banca tradicional, muy criticada por sus implicaciones en la crisis financiera global y que hoy en día sólo da crédito a un precio muy alto, ha obligado a la ciudadanía a buscar nuevas vías de acceso a recursos para aquellas iniciativas que tienen funcionamiento y lógicas alternativas.²⁷

Experiencias del llamado crowfunding como Verkami o Goteo buscan financiar iniciativas empresariales, cul-turales o artísticas. Lo hacen, atrayendo a través de internet, públicos o usuarios potenciales que aportan dinero o saberes previos al desarrollo de la idea. Así se dota al emprendedor de capacidad financiera previa y de una estimación del éxito potencial de la propuesta. Habrá que estar atentos a estas nuevas modalidades económicas que están creciendo.

La otra cara de la moneda son experiencias, de signo más conservador, que buscan utilizar las nuevas herramientas digitales para ofrecer productos o servicios habituales eludiendo la regulación actual y el impacto fiscal de su actividad económica gracias a la ingeniería financiera y a la tecnología de las redes sociales. Quieren compartir servicios e introducirse en el mercado, y, si bien son cada vez más habitua-les y siempre bajo el principio positivo de la libertad y el bajo coste (compartir coche o casa), son muy cuestionables ya que compiten con el mercado tradicional con el agravio añadido de que algunos de ellos no contribuyen al erario público.

Una alternativa de economia colaborativa de carácter financiero la encontramos en la banca ética, que tiene por objetivo la gestión del ahorro y la oferta de productos financieros con un carácter puramente social, entre ellas las cooperativas de servicios financieros (como COOP57), en las que sus clientes no priorizan la rentabilidad económica sino social, financiando proyectos que fortalezcan nuevas experiencias de ayuda mutua, como son los avales mancomunados personales sin necesidad de notarios, con sólo la garantía de la confianza personal.

Tampoco olvidemos las Asociaciones de Comunidades Autofinanciadas (ACAF), formadas por grupos de 10 a 30 personas que ahorran conjuntamente, y con el dinero que recogen ofrecen un acceso rápido y sencillo a pequeños créditos. Estimulan el ahorro, potencian la colaboración comunitaria e impulsan el retorno de los créditos que los reparten de nuevo entre los socios. Las ACAF son un programa de educación financiera learning by doing (aprendemos mientras hacemos), que permite crear redes de apoyo entre sus socios, fomenta la confianza y el liderazgo, y facilita el acceso a otros servicios como aseguradoras, vivienda, etc., consiguiendo su sostenibilidad sin fondos externos.

3.3.4. Otras propuestas

Economía del bien común

Esta opción defendida por el economista austríaco Christian Felber²⁸ propugna, sin romper con la lógica económica de mercado actual, unos valores que aseguren el éxito de las relaciones y la felicidad de las personas. Propone aplicar incentivos que potencien la búsqueda del bien colectivo: confianza, cooperación, solidaridad y voluntad de compartir, buscando unos intereses no tan económicos sino de utilidad y de participación en el bienestar de toda la sociedad.

Promueve una economía al servicio de las personas y tiene por objetivo redistribuir la riqueza y evitar las desi-gualdades. Para conseguirlo crea una serie de indicadores a aplicar en la empresa y que se refieren a su sostenibilidad ecológica, participación en la justicia social, promoción de la dignidad humana… conformando así un «balance del bien común» como herramienta legalmente vinculante. Entre otras medidas, pretende cambiar la estructura salarial con mayor igualdad entre los diferentes niveles dentro de una misma empresa, para ganar más equidad y reducir las diferencias que tenemos hoy en día. Diferencias crecientes que no se pueden justificar ni por el nivel de responsabilidad en las organizaciones, ni por el tiempo de dedicación y trabajo. En este tipo de economía se defiende que las desigualdades de ingresos y de la riqueza han de limitarse mediante el debate y por decisión democrática, considerando aceptable, como máximo, diez veces el salario mínimo legal. También valora la utilidad social de los productos o servicios ofrecidos, la participación y democracia interna dentro de la organización, y el reparto justo de las cargas de trabajo.

Ya existen bastantes experiencias en marcha en nuestro país, y dentro del marco de la pequeña y mediana empresa que aplican los criterios de la economía del bien común. También han aparecido otras alternativas cercanas y similares como son la economía civil (Zamagni) o la economía de comunión (Focolares).

Minijobs o el reparto del trabajo como excusa

En un momento en el que no hay trabajo para toda la población, algunos proponen repartir el trabajo existente. Este reparto entronca con la cuestión de las alternativas. El mismo Serge Latouche, uno de los padres de la idea del decrecimiento, sitúa este reparto en este paradigma y en la necesidad de revisar nuestras vidas hiperproductivas. Es una cuestión a tener en cuenta, y más cuando se consolida la idea de un desempleo amplio que llegará a ser estructural.

Ahora bien, esta cuestión del reparto acostumbra a mezclarse con la propuesta de los minijobs, de carácter totalmente neoliberal y que no es ninguna alternativa. Aparentemente, ambas soluciones tienen el mismo objetivo: compartir la ocupación sin incrementar este bien escaso, pero a la hora de la verdad, los minijobs, lo único que hacen es sustituir unos puestos de trabajo por otros y mantener permanentemente la rotación de la mano de obra sin consolidar estos contratos laborales ni incrementar las plantillas existentes. Hoy en día nos encontramos con que el 80% de los trabajadores de estos minijobs no consiguen pasar a una ocupación estable y con jornada completa.

El ejemplo más conocido y pionero de la experiencia de los minijobs ha sido Alemania. Se trata de jornadas de pocas horas y salarios reducidos (unos 400€ al mes). Este tipo de contratación está complementada por un subsidio estatal que garantiza unos mínimos ingresos a cada persona trabajadora, hecho que facilita la expansión de esta práctica dentro del mercado laboral, ya que significa una reducción de gastos para el empresario que ve indirectamente financiados los costes de producción. Las condiciones de estos contratos son precarias y no está claro que el resultado final sea la dinamización del mercado laboral tal y como se pretende, puesto que estos puestos de trabajo se caracterizan por la más absoluta flexibilidad y temporalidad, y por jornadas parciales y salarios bajos, y no mejoran la calidad y la seguridad de la contratación. En un momento coyuntural puede llegar a ser una solución transitoria o provisional, pero no se tendría que aceptar como modelo permanente, ya que a la larga genera una nueva dualidad dentro del mercado laboral.

Esta modalidad ha dado lugar a una praxis indeseable: muchos trabajadores tienen contratos de jornada parcial por los cuales cotizan en la seguridad social y declaran impuestos, pero llevan a cabo jornadas completas el complemento de las cuales cobran de forma irregular. Así se agrava de nuevo la discriminación y la vulneración de los derechos entre la población más pobre, obligada a aceptar esta modalidad contractual con las consecuencias que comporta sobre todo pensando en cómo les quedará la jubilación a causa de la baja cotización de hoy en día.

Emprendimiento o el peligro de la autoexplotación

En estos últimos años han aparecido políticas públicas que incentivan que las personas en el paro, gracias a la capitalización de su prestación o con otras ayudas, inicien un negocio propio. Creemos que es necesaria una cierta prudencia sobre esta opción. Es verdad que en más de una ocasión puede representar una oportunidad para salir de una situación difícil, pero no siempre los resultados acaban siendo positivos. En el mejor de los casos son una simple autoocupación, ya que no realizan ninguna contratación, y en el peor, una pura autoexplotación, ya que la persona autónoma trabaja más de ocho horas de la jornada habitual y su situación como emprendedor nunca llega a regularizarse totalmente. La persona se esfuerza durante tiempo esperando los resultados positivos de la inversión y trabajando sin ningún tipo de garantía ni red de protección. Añadiendo aún la dificultad de conseguir los créditos necesarios para impulsar cualquier negocio en un momento en el que la política bancaria es muy restrictiva.

En el conjunto de las iniciativas de emprendimiento destaca un gran número de mujeres (38% del total de emprendedores). La razón principal no es la conciliación familiar como tantas veces hemos oído, sino que es la dificultad que éstas tienen para encontrar un trabajo, y después de un periodo de paro optan, como única alternativa, por hacerse autónomas, aunque pocos proyectos llegan a ser verdaderas empresas con contratación de personal.

Bajo el discurso el imperativo del emprendimiento, potenciado tanto por el Estado como por el mismo mercado, se esconde muchas veces la incapacidad de revertir un modelo social que individualiza los riesgos y responsabilidades, haciendo a la persona no más autónoma (en el sentido amplio de la palabra) sino esclava de un modelo de éxito difícilmente alcanzable.

3.4. A título de conclusión, ¿podemos ir más allá del trabajo asalariado?

Todos los cambios socioeconómicos de estos últimos años nos llevan a constatar una progresiva transformación del concepto del trabajo que evidencia que éste ya no tiene capacidad para evitar el riesgo de caer en la exclusión, dejando de ser el medio que asegura los recursos necesarios para una vida digna. El sueño de la plena ocupación ya no es posible y se está configurando otro modelo en el cual encontramos nuevos actores (nuevas clases sociales) que se relacionan de una manera completamente diferente. Se nos plantea una nueva dualidad definida por un lado por la noción de trabajo ligado a un salario (labour), y, por otro lado, la concepción del trabajo (work) entendido en un sentido genérico que no implica una relación contractual ni un intercambio monetario. Según la primera concepción tendríamos que defender la plena ocupación, pero por ahora quizá hay que repensar y revalorizar otro tipo de trabajo centrado en el cuidado, la producción artística, cultural… No queda claro cuáles de estos dos modelos pueden ser más viables en la economía futura.

Algunos autores²⁹ afirman que al confundir el reparto del trabajo con el de la ocupación no hay posibilidad de justificar democráticamente que el único acceso a la seguridad y al bienestar de la ciudadanía sea por medio de la ocupación. No podemos condicionar el derecho a una renta que cubra los mínimos vitales al derecho a la ocupación, cuando el sistema capitalista no puede garantizarla a todo el mundo ni puede crear las condiciones que alejen la precariedad.

La ocupación es un concepto dinámico y variable según el proceso personal y el entorno social y territorial en el que se desarrolla, y por eso no puede ser la vía para la integración de toda la ciudadanía. En consecuencia, estamos obligados a repensar muchas de las cosas que hasta hoy han sido elementos que han sustentado nuestro estado del bienestar. La falta de ocupación nos obliga a buscar alternativas al trabajo que ha sido durante años el eje estructurante de nuestro modelo socioeconómico. Es urgente innovar en la búsqueda de nuevas vías de participación, de creación de redes, de espacios relacionales, de hacer y de actuar por el bie-nestar de la comunidad. En definitiva, estamos pensando en nuevas opciones para la integración de las personas en una sociedad que ha de ser más inclusiva, que ha de potenciar la capacidad de crear actividad y que ha de priorizar a las personas, y no el consumo ni el beneficio propio, para la mejora de la cohesión social.

La dicotomía entre los intereses del capital y el trabajo asalariado ha sido una constante histórica y muchos pensadores lo han puesto de manifiesto. Aristóteles hablaba del trabajo asalariado como una esclavitud a tiempo parcial, porque las personas que aceptaban este contrato quedaban desposeídas y se veían forzadas a aceptar la propuesta que se les hacía. El derecho romano citaba el contrato por obra y decía que una persona que sabe hacer cosas llega a un acuerdo con otra a quien entregará un bien a cambio de un precio, diferenciándolo del contrato en el mercado de trabajo en el que la persona vende su propia capacidad de trabajo. Marx, uno de los grandes teóricos del capital, se reafirmó en esta idea del trabajo asalariado como esclavitud a tiempo parcial. Por otro lado, desde las opciones liberales, Adam Smith enaltece la figura del productor libre, del artesano que iba a vender sus bienes en el mercado. Y al mismo tiempo desde la libertad republicana, en el trabajo asalariado del mercado capitalista se considera que la persona ha sido desposeída previamente, y se ve obligada a agachar la cabeza y a aceptar las condiciones que el empresario determina. Este hecho presente a lo largo de la historia, a pesar de suponer limitaciones a los derechos de la persona y una sumisión a la arbitrariedad de quien contrata, ha generado en épocas de bonanza económica el bienestar de la clase trabajadora. En definitiva, el problema no es la realización de un contrato, que en principio podría ser la garantía de un acuerdo a cumplir ambas partes, sino que la cuestión radica en las condiciones en que se cierra este contrato y en las circunstancias y situación de la persona que se ve obligada a aceptar unas determinadas condiciones a veces muy injustas.

Es necesario pensar en otras opciones de trabajo que no sea productivo, como es la participación de la ciudadanía en la cosa pública, la acción solidaria, o el trabajo en la comunidad que pueden ser motores de cambio, factores de cohesión social, generadores de competencias, de nuevos modelos de actividad que lleguen a convertirse en nuevas vías de subsistencia y verdaderas alternativas al trabajo remunerado. La existencia de esta realidad fundamentada en la ciudadanía activa implica la necesidad de que el Estado garantice a todo ciudadano el derecho a la cobertura de los mínimos vitales.

También desde el precariado, como nueva clase emergente y sujeto político, se puede empezar a promover la transformación social con cinco principios de justicia social según propone G. Standing³⁰: unas políticas diferenciadas a favor de los grupos más vulnerables —siguiendo la lógica de justicia de Rawls—; no regular sólo a los trabajadores sino también a los «ricos ociosos»; fortalecer los derechos y reducir el poder de la discrecionalidad y de la beneficencia; trabajo digno y satisfactorio en todos los sentidos, no sólo remunerado, y contención ecológica.³¹

Otros autores ya han vaticinado el paso a una nueva economía, que cualifican como social, entendiéndola como aquella que está al servicio de las personas. Así, Jeremy Rifkin³² pronosticó, a partir de los procesos de tecnificación y robotización, el paso a una nueva etapa de la historia humana con un contingente de parados e infraocupados cada día más alto, y en la cual el trabajo ya no existiría para una amplia mayoría de la población. Hablaba de la era del postmercado donde sería necesario pensar en formas alternativas al trabajo tradicional y con nuevas formas de disponer de los recursos y repartirlos.

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Llegamos al final de este documento en el cual hemos intentado ofrecer una visión de las grandes transformaciones que a lo largo de los últimos años hemos sufrido a causa de la crisis, pero sobre todo, a causa del modelo económico, de un capitalismo financiero y globalizado que ha desmontado el mercado laboral y ha sometido a una gran parte de la población a situaciones de pérdida de los derechos más elementales, con la falta de los recursos necesarios para vivir dignamente y la más gran desigualdad de todos los tiempos.

Ante este escenario de precarización, vulnerabilidad y empobrecimiento de las clases medias, lleno de contradicciones que hace unos años nadie se podía imaginar, se nos plantean unos retos difíciles, algunos de los cuales hemos apuntado en este cuaderno, para transformar el mundo del trabajo en el horizonte de la justicia social. Tenemos el convencimiento de que sólo con un cambio profundo del modelo socioeconómico que priorice el bien colectivo, un estado del bienestar potente que invierta para garantizar los derechos de la ciudadanía y el desarrollo integral de cada persona, y unas políticas fiscales que promuevan una sociedad más corresponsable y equitativa, podremos vencer los obstáculos que hoy por hoy marginan a una buena parte de la población.

A lo largo de estas páginas hemos hablado de otra economía colaborativa, solidaria, participativa, social, ética, del bien común… y en este sentido hemos apuntado experiencias que han cambiado determinadas realidades. Pero hace falta dar un paso más que haga posible que estas iniciativas, llevadas a cabo a pequeña escala, con grupos reducidos, en territorios delimitados y con escasos recursos, den un salto para tener la capacidad de modificar las relaciones sociales y conducirnos a una sociedad nueva en la que el trabajo, entendido de un modo mucho más amplio con las diferentes modalidades que se han citado, sea patrimonio de todo el mundo, y cada ciudadano y ciudadana se sienta miembro activo y agente de cambio en la comunidad a la que pertenece, permitiéndole al mismo tiempo desarrollarse y compartir la riqueza de los valores personales y sociales, fruto de la cooperación, la participación y el esfuerzo de todos y de todas.

En consecuencia, hay que exigir estos mínimos necesarios para que toda la ciudadanía, en cumplimiento de nuestras leyes, tenga asegurados unos ingresos mínimos para una vida digna y activa, y después poco a poco tenemos que ir descubriendo estas alternativas que nos conducirán a la sociedad que deseamos. Ignacio Ellacuría nos instaba a «revertir la historia, subvertirla y arrojarla en otra dirección», a «superar la civilización del capital», a «curar la civilización enferma»… Por este motivo, aferrándonos a sus palabras, creemos que este texto no apunta a la utopía, sino más bien a una eutopia justa y realizable que pasa por la reconstrucción de la cohesión social y la edificación de una nueva identidad de clase adaptada a los tiempos —infaustos, quizás— que nos ha tocado vivir.

Notes

1. Instituto Nacional de Estadística (4º trimestre 2015). Encuesta de Población Activa (EPA).

2. Recordemos que se trata de los parados que llevan en el paro más de un año.

3. Pagès, Eulàlia; Loza, Xavier (2004). Infancia, ¿un futuro hipotecado?, Barcelona: Cristianisme i Justícia, Papeles nº 225.

4. Ver: enlace

5. En el año 2013 esta brecha en el caso español se situaba en casi un 20%. Fuente: Eurostat

6. Autores Varios (2014). Informe social 2014. Desigualtats i exclusió social a Catalunya. Barcelona: Fundació Campalans, Col·lecció Informes, nº 8.

7. Coscubiela, Joan; Rojo, Eduardo (2012). Treinta años de reformas laborales en España, Barcelona: Cristianisme i Justícia, Colección virtual, nº 2. López, Julia (2013). Injusticia e ineficacia. Un análisis de la reforma laboral 2012, Barcelona: Cristianisme i Justícia, Colección virtual, nº4. (Colección virtual).

8. Más datos sobre el impacto de la reforma de 2012 en OCDE (2013). Estudio de la OCDE sobre la Reforma laboral 2012 en España: Una evaluación preliminar.

9. Fundación FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.

10. Instituto Nacional de Estadística (2014). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

11. Recogemos algunas de las reflexiones que se expusieron en las jornadas organizadas por Ivàlua en las que se cuestionaban las políticas de ocupación actuales por la falta de efectividad, y por no estar suficientemente relacionadas con las políticas educativas y las medidas para la mejora de las variables socioeconómicas de la familia. Jornadas Internacionales. «Els joves ni-ni. Com evitar una generació perduda?», Jornadas internacionales, Barcelona, 2013, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

12. Informe OCDE (2015). Competencias más allá de la escuela.

13. Informe UGT (2011). Sobre els ni-nis a Catalunya.

14. Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Más información en enlace

15. El Plan Prepara de 624 €/mes o la renta activa de inserción (RAI) para parados de larga duración.

16. Comissió Europea (2013). Proyecto de informe sobre el empleo. Comunicación de la Comisión sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2014.

17. Artículo 41 de la Constitución: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres».

18. Artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: «Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen».

19. En este sentido merecería una atención especial la política de rentas mínimas del gobierno vasco, seguramente la más avanzada de todo el Estado.

20. Ley 10 /1997 de la renta mínima de inserción. Hay que recordar, sin embargo, que anteriormente un decreto de 1990, el Decreto 144/1990, de 28 de mayo, estableció el Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción, conocido popularmente como PIRMI.

21. Decreto de 27 de julio de 2011.

22. Ver nota 18.

23. De los aproximadamente 400€ actuales se pasaría a unos 600€, incrementándose bastante esta cantidad para cada miembro de la unidad familiar.

24. Más información sobre esta renta en enlace

25. Una ampliación de esta idea, expuesta por David Casassas en nuestro seminario social, se puede encontrar en «Llibertat republicana i precarietat: vides pròpies sota amenaça», en Precariat: la nova servitud, Eines  24 (2015).

26. Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) (septiembre de 2011). El impacto socioeconómico de las entidades de economía social, identificación, medición y valoración de los efectos vinculados a los principios de actuación de las empresas de la economía.

27. Rusiñol, Pere (marzo de 2015). «El consumidor rebelde también llega a la banca», Alternativas Económicas, nº 23.

28. Felber, Christian (2014). La economía del bien común. Barcelona: Ediciones Deusto.

29. Sabariegos Díaz, José (2011). El concepto del trabajo en la economía actual. Desde el pacto social a la precariedad y las distintas reformas laborales. Universidad de Alicante.

30. Standing, Guy (2013). El precariado. Una nueva clase social. Barcelona: Pasado y Presente.

31. Martínez Guzmán, Vicent (marzo de 2015). Precariado, «Blog Cristianisme i Justícia».

32. Rifkin, Jeremy (2010). El fin del trabajo. Barcelona: Paidós Ibérica.

Cuestiones para la reflexión

En la introducción a este cuaderno se afirma que estamos sufriendo una crisis estructural del trabajo provocada por factores muy diversos (globalización, deslocalización, implementación de procesos tecnológicos y robotización…). ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles de estos factores crees que han tenido un peso más importante?

¿En qué sentido es creíble el discurso oficial que afirma que la reforma laboral ha ayudado a reducir la tasa de paro? ¿Crees realmente que esta reforma u otras que se anuncian como pendientes mejorarán la ocupación y las condiciones laborales de las personas trabajadoras?

En relación con el papel de los sindicatos, el cuaderno habla de la necesidad (por parte del sindicalismo) de configurar un nuevo modelo que se adapte a la situación del trabajo atomizado y precarizado de nuestros días. ¿Qué tendría que cambiar en el actual modelo sindical para responder a la situación de crisis y precariedad?

En el cuaderno se describe al precariado como una nueva clase social. ¿Estás de acuerdo con su descripción? ¿Conoces en tu entorno personas que vivan según la definición de este fenómeno? ¿Qué situaciones de vulnerabilidad observas en sus condiciones de vida? ¿Estas personas tienen consciencia de clase?

A propósito del papel de las prestaciones sociales, el cuaderno concluye que el actual sistema de ayudas es insuficiente dada la situación en que se encuentran muchas personas y sus familiares. ¿Hasta qué punto crees necesaria la implementación de nuevas prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía o la renta básica universal? ¿Cuál de las dos crees que podría responder más adecuadamente a una situación de desprotección como la actual?

Respecto a las nuevas formas de trabajo, ¿cuál de las propuestas que concreta el cuaderno ves más realista y factible? ¿Conoces alguna experiencia práctica en que se hayan llevado a cabo este tipo de propuestas? ¿Con qué resultados?

¿Crees que en el futuro llegaremos a una consideración más amplia del trabajo que la denominada «trabajo asalariado»? ¿Qué consecuencias podría tener esto sobre nuestra manera de vivir?