Mercancias ficticias

Recuperando Polanyi para el siglo XXI

Guillermo Casasnovas (ed.)
Miriam Feu, Inma Naranjo, David Murillo

Edita: Cristianisme i Justícia
Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona
Tel.: 93 317 23 38
E-mail: info@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net

Depósito legal: B 25189-2019
ISSN: 2014-6574
Dibujo de la portada: Ignasi Flores
Edición: Santi Torres Rocaginé
Traducción: Anna Pérez Mir
Corrección del texto: Cristina Illamola
Maquetación: Pilar Rubio Tugas
Noviembre 2019

Miriam Feu, responsable del programa de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona. Ha coordinado la elaboración del informe El hogar es la clave (2018) sobre la situación de la vivienda en Barcelona.

Inma Naranjo, miembro del grupo de reflexión económica de CJ. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en Estudios Eclesiásticos. Realizó un máster en mercados financieros en la UPF. Actualmente es la Admnistradora Provincial de la Orden de la Compañía de María.

David Murillo, doctor en Sociología por la Universitat de Barcelona (UB), licenciado en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en Administración y Dirección de Empresas (UB). Actualmente es profesor asociado del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad en ESADE.

Guillermo Casasnovas es investigador y docente en ESADE Business School. Doctor en Management por la Universidad de Oxford, su principal área de investigación son las prácticas que nacen en la intersección del mundo empresarial o financiero y el impacto social, tales como el emprendimiento social o la inversión de impacto. También es miembro del seminario social de Cristianisme i Justicia.

1 Introducción

Guillermo Casasnovas

A nadie se le escapa que el mercado como mecanismo de distribución de recursos ha colonizado numerosas parcelas de nuestra sociedad. Desde el cuidado de los niños y las personas mayores hasta su presencia en campos como la educación y la sanidad, la sensación es que la expansión del mercado es difícil de parar. Sin embargo, para entender mejor estos largos procesos de transformación social, es necesario tomar cierta perspectiva histórica, que es precisamente lo que hizo Karl Polanyi para escribir su libro La gran transformación (LGT).¹

Polanyi (Viena, 1886 - Ontario, 1964) nació en el seno de una familia judía en el corazón del Imperio austrohúngaro, donde la educación que recibió le permitió formar parte de la vida intelectual de Budapest y Viena. Huyendo de la expansión del comunismo y más tarde del nazismo, Polanyi se trasladó a Londres en 1933 y a Vermont (Estados Unidos) en 1940. Mientras que en Inglaterra combinó el oficio de periodista con el de profesor en programas para las clases trabajadoras, llegó al otro lado del Atlántico gracias a un proyecto financiado por la Fundación Rockefeller que le permitió dedicarse a escribir su obra maestra.

En LGT, Polanyi utiliza una mirada antropológica para entender la evolución del sistema socioeconómico en el siglo XIX. Mientras los economistas –tanto los liberales clásicos como los marxistas– miraban únicamente los efectos del sistema en la producción, la productividad o la distribución de la riqueza, este autor ponía el foco en cómo el sistema afectaba a la dignidad humana. Polanyi fue uno de los primeros economistas en reconocer que la economía no puede estudiarse al margen del contexto social y político, pues está incrustada (embedded) en un tejido de relaciones sociales e instituciones políticas.

El objetivo de este cuaderno es emplear una mirada similar a la de Polanyi para entender la relación entre mercado y sociedad, pero en el siglo XXI. Si bien la economía de mercado a nivel nacional y el libre comercio a nivel internacional han favorecido el crecimiento económico y el desarrollo en muchos países y regiones, no se nos escapa el excesivo poder que los mercados financieros y las grandes multinacionales tienen sobre nuestras vidas privadas y sobre la gestión de los recursos públicos.

Tal como dice Joseph Stiglitz en el prólogo de la reciente edición inglesa de LGT, cuando vemos el descontento y las protestas contra la creciente desigualdad, los paraísos fiscales o los desmanes del sector financiero en la última crisis, parece que las tesis de Polanyi estén hablando directamente sobre nuestro tiempo presente. Algunas de las reacciones que estamos viviendo –el crecimiento del populismo, del nacionalismo y del proteccionismo– recuerdan a las que tuvieron lugar en los inicios del siglo XX y que para Polanyi fueron la consecuencia de la gran transformación del siglo XIX.

1.1 La gran transformación del siglo XIX

El libro LGT ofrece una visión particular del sigo XIX, empezando por una primera parte en la que se repasa el sistema político internacional durante el periodo que Polanyi llama «La Paz de los Cien Años», entre el final de las guerras napoleónicas (1815) y el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). Durante ese tiempo, el mundo occidental vivió una época con escasos conflictos bélicos, debido en parte a que los grandes poderes financieros –banqueros y comerciantes internacionales– tenían capacidad para presionar a los Estados y promover la paz (una paz que les permitiese seguir haciendo negocios sin demasiados contratiempos).

Polanyi también explica cómo el sistema se sostenía sobre tres pilares fundamentales: la economía de mercado, el libre comercio internacional y el establecimiento del patrón oro. Los tres favorecieron la expansión del industrialismo y el surgimiento de grandes fortunas, que, por un lado, proveían a una parte de la sociedad de un bienestar material nunca visto y, por otro, presionaban a los Estados a través de grandes créditos ligados al mantenimiento del patrón oro. Sin embargo, fueron precisamente las tensiones que generaban estos tres pilares las que lle-varon al sistema a derrumbarse: la necesidad de materias primas aumentó la beligerancia internacional, las decisiones de favorecer la agricultura y la industria local pusieron en entredicho el libre comercio, y la inflación y los vaivenes de los tipos de cambio hicieron insostenible para muchos países el mantenimiento del patrón oro.

1.2 El molino satánico

El libro habla de la expansión del mercado en un capítulo cuyo título –«El molino satánico» (o «La fábrica del diablo», según la traducción)– ya deja entrever la visión del autor sobre los efectos de la Revolución Industrial. Polanyi cambia el foco del sistema internacional a las consecuencias sobre la vida y el trabajo de las personas.

El Polanyi antropólogo se remonta a las sociedades preindustriales para mostrar cómo estas organizaban su economía a partir de conceptos como la reciprocidad, la redistribución o la administración doméstica, y de qué modo el mercado quedaba a menudo en un segundo plano. Aunque algunos de los ejemplos basados en sociedades primitivas puedan estar idealizados, para aquellos que hemos nacido con la economía de mercado las alternativas son cuando menos sugerentes.

Entrando de lleno en el caso de Inglaterra, el autor dedica mucho tiempo a explicar el acuerdo de Speenhamland (1795), que promovía un complemento salarial para los trabajadores ligado al precio del pan. Aunque fue ideado como un sistema para frenar la expansión del mercado al ámbito laboral, Polanyi admite que las consecuencias de Speenhamland no fueron las que esperaban sus promotores: en lugar de mantener una cierta protección social, los primeros beneficiados fueron los terratenientes porque podían pagar salarios más bajos, por lo que los trabajadores se sintieron denigrados y redujeron su productividad. Sin embargo, el remedio –la nueva Ley de Pobres de 1834– fue peor que la enfermedad, pues los obreros se vieron obligados a trabajar en unas condiciones desastrosas, lo cual les empujó a rebelarse contra el sistema.

Centrándose en el ámbito del trabajo, estos capítulos muestran la principal tesis de Polanyi: el mercado autorregulado no funciona. Mientras que el liberalismo económico imperante en la época (y que sigue vivo en muchos ámbitos de nuestra sociedad) veía al ser humano con una tendencia natural hacia el trueque y la ganancia (homo economicus) y, por lo tanto, al sistema de mercado como la forma «natural» de organizar todas las facetas de la economía, Polanyi argumenta que las personas tienen muchos intereses que van más allá de los puramente económicos y que, por tanto, el mercado tiene que estar al servicio de la sociedad si no quiere que esta se rebele.

1.3 Tierra, trabajo y dinero

Polanyi explora los distintos mecanismos que la sociedad utilizó, a menudo de manera espontánea y al principio poco organizada, para frenar los desajustes que los mecanismos de mercado habían producido en la vida de las personas y en el funcionamiento de la economía. El libro se centra en una tríada de mercancías ficticias: el trabajo, la tierra y el dinero.

La crítica al mercado de trabajo se centra en que este supone una desvinculación de la persona y su capacidad de trabajo, poniendo la segunda por encima de la primera y, por lo tanto, renunciando a aspectos como la vocación, los lazos comunitarios o la dignidad de la vida. La cita que ofrece Polanyi de Ludwig von Mises («Si los trabajadores reducen sus demandas y cambian de lugar y de profesión de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, al final encontrarán trabajo»)² es digna de las más estrictas políticas de austeridad actuales y subordina a las personas a su capacidad de producción bajo las reglas del mercado. Como es lógico, la respuesta de la sociedad ante la imposición de las nuevas condiciones laborales fue la de organizarse para defender sus derechos, a través de sindicatos y partidos políticos, y reclamando el sufragio universal.

Polanyi habla de la tierra y de la naturaleza con sorprendente clarividencia: «Aislar la tierra de la naturaleza y crear un mercado para ella es una de las cosas más extrañas que hicieron nuestros antepasados»;³ así, anticipa los retos en materia climática y de biodiversidad que vendrían más adelante. Asimismo, el autor nos recuerda que la tierra no está solo para dar rendimientos económicos, sino que está asociada a la identidad de las personas e incluso a la espiritualidad y la trascendencia, como en el caso de la Pachamama andina. Para un campesino, por ejemplo, quedarse sin tierra equivalía a perder las manos o las piernas. Ante ello, la sociedad también reaccionó para afrontar las desigualdades provocadas por la libre compraventa de tierras y la imposición del comercio internacional, utilizando su influencia política para reclamar aranceles a la importación y así favorecer la producción interna.

Por último, el economista austrohúngaro alerta sobre los efectos que el mercado autorregulado tenía sobre la propia organización de la producción: «Incluso el negocio capitalista tuvo que ser protegido del funcionamiento desatado de los mecanismos del mercado».⁴ La rigidez del patrón oro (por el cual el dinero era una mercancía ligada a unas reservas de oro, en lugar de tener un valor fiduciario asignado por la sociedad) comportaba numerosas caídas en los tipos de cambio de algunos países, reduciendo los precios de exportación y, por lo tanto, de los beneficios de los empresarios, que no podían trasladar esas disminuciones a los trabajadores o a los proveedores con la misma rapidez o magnitud. Esta situación llevó a los países a crear bancos centrales, que intervenían en la economía «manipulando» el precio de las divisas –proporcionando una cierta estabilidad a la economía doméstica, pero a costa de endeudarse con los grandes bancos.

1.4 La autoprotección de la sociedad

En la tercera parte del libro, Polanyi reflexiona sobre las consecuencias de este doble movimiento mercado-sociedad y sobre cómo se resolvieron las diferentes tensiones a principio del siglo XX. Por un lado, la protección social (sueldos mínimos, mejores condiciones laborales, negociación colectiva) derivada del sindicalismo y de la participación política de los trabajadores había provocado tensiones económicas (desempleo) y políticas (lucha de clases) a nivel nacional. Por otro lado, el proteccionismo comercial y financiero había estimulado tensiones internacionales también a nivel económico (presión sobre los tipos de cambio) y político (rivalidades imperialistas). Dichas tensiones se mantenían hasta cierto punto controladas mientras el patrón oro mantenía una primacía respecto al mercado de trabajo y el libre comercio, pero cuando las tensiones monetarias acabaron en la abolición del patrón oro en los años 1930 el resto del sistema se derrumbó cual castillo de naipes.

La consecuencia fue el auge de los totalitarismos, los fascismos y los nacionalismos imperialistas, que desembocaron en las dos guerras mundiales de principios del siglo XX y pusieron fin a la utopía del mercado autorregulado.

1.5 Actualidad de La gran transformación

Como decíamos, además de ser una interesante radiografía de la transformación económica y social que se vivió en Inglaterra y en el mundo occidental entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX, la obra de Polanyi nos ofrece unas pistas muy sugerentes para entender la relación entre mercado y sociedad en la actualidad.

Por un lado, nos recuerda que el análisis de la economía no puede dejarse solo a los economistas, pues el sistema económico está incrustado en unas instituciones políticas, sociales y culturales que lo determinan y que a su vez se ven afectadas por el propio sistema económico. Por poner un ejemplo: un rescate financiero como el que vivimos tras la crisis de 2008 no ocurre en el «vacío», sino que es consecuencia de unas determinadas relaciones de poder, provocará unas determinadas resistencias sociales y estará legitimado o no en función de los valores culturales que imperen en ese momento.

Por otro lado, LGT muestra que, al estudiar el sistema económico y los mecanismos de mercado, no debemos olvidar que la economía o el mercado nunca pueden ser un fin en sí mismos, sino un medio para promover un desarrollo equitativo e integral de las personas. Así, nos invita a repensar el sistema actual, en el que parece que «todo merece ser sacrificado con tal de que la economía crezca».⁵ El foco que Polanyi ponía en la dignidad de las personas y en la conservación de los lazos comunitarios, hoy en día podemos ponerlo en medir indicadores que vayan más allá del Producto Interior Bruto (PIB) o del consumo per cápita. El Índice de Desarrollo Humano elaborado hace años por las Naciones Unidas, los recientes intentos de medir la «Felicidad Nacional Bruta» (como en el caso de Bután) o los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible son algunos ejemplos que pueden ayudarnos a evaluar mejor el funcionamiento de nuestros sistemas económicos.

Además, hemos visto que Polanyi nos ofrece tres ámbitos concretos en los que poner el foco para comprobar los potenciales efectos perversos de los excesos del mercado. Así como los mecanismos de mercado pueden funcionar (y funcionan) de manera eficiente para incentivar la producción de determinados bienes y para distribuir la riqueza entre aquellos que han ayudado a generarla, el economista austrohúngaro nos demuestra cómo la expansión del mercado hacia los ámbitos del trabajo, la tierra y las divisas produjeron efectos contraproducentes en el desarrollo económico y social del mundo occidental. Estos ámbitos tienen un claro paralelismo con algunos de los sectores actuales cuya mercantilización ha sido disputada y nos recuerdan a la profanación del templo que tanto enfureció a Jesús en Jerusalén (Mt 21, 12-17).⁶

Los tres capítulos siguientes están dedicados a cada una de esas tres «mercancías ficticias», y dedicaremos el capítulo final a reflexionar sobre la relación entre mercado y sociedad, a la luz de la obra de Polanyi y de los valores cristianos. En otras palabras, exploraremos qué supone «sacar el mercado del epicentro de todas las cosas para poner ahí la vida».⁷

2 El mercado de la vivienda

Miriam Feu

Una mirada a la evolución del sector de la vivienda en los últimos años nos conecta de lleno con las tesis de Polanyi: por un lado, la expansión del mercado (hipotecas de alto riesgo, fondos buitre, gentrificación…) y, por otro, la respuesta de la sociedad (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Sindicato de Inquilinos, apoyo a partidos que promueven la compra de vivienda pública…). En el fondo del debate está la concepción que tenemos de la vivienda: un bien de intercambio como otro cualquiera (una commodity, en lenguaje polanyiano) o un hogar que genera relaciones de vecindad, lazos familiares y sentido de pertenencia a una comunidad.

2.1 Distorsiones del mercado de la vivienda

Una vivienda, entendida como hogar, es mucho más que cuatro paredes y un techo. Un hogar nos da calor, seguridad, estabilidad…, es el lugar donde construir nuestra identidad, un espacio de relación y de desarrollo del proyecto familiar, de proximidad y de protección. Nos da cobijo y, al mismo tiempo, es un lugar donde podemos descansar, recuperar fuerzas, mirar la vida y planificar o soñar. Es por ello por lo que el hogar es un derecho esencial de la persona y un elemento clave en el proceso de integración en la sociedad. A pesar de ello, la lógica del mercado de la vivienda lo reduce a un bien económico, un bien de inversión. Según esta lógica, la vivienda es un medio para alcanzar el máximo beneficio con el mínimo coste, para enriquecerse, para especular. Cuando se deja la vivienda a la lógica de la oferta y la demanda en un mercado autorregulado, se producen unas distorsiones que la alejan de su función de derecho esencial de las personas:

a) Las prácticas especulativas y la visión economicista del mercado de la vivienda contribuyen a subir los precios y a crear burbujas inmobiliarias, dejando a muchas personas sin la posibilidad de acceder a una vivienda asequible. Así pues, las familias más vulnerables son doblemente más sensibles a las subidas de los precios del alquiler porque, por una parte, son las que viven en régimen de alquiler en una proporción mayor⁸ y, por otra parte, porque son las que soportan unos gastos de vivienda relativamente más elevados.⁹

b) Las prácticas especulativas de-sembocan también en el acoso inmobiliario: mediante la omisión consciente del deber de conservación de una vivienda con un alquiler bajo, se fuerza al arrendatario a buscar otro alojamiento más adecuado, y así se destina la vivienda a un uso de mayor rentabilidad. De este modo, se van sustituyendo las familias o personas en situación más vulnerable por otras de mayor poder adquisitivo, quedando las primeras expulsadas del barrio donde a lo mejor han vivido toda la vida. Este fenómeno se conoce como gentrificación y se está produciendo en ciudades de todo el mundo.

c) La falta de conservación del parque de viviendas es otra distorsión en marcha: en determinados barrios de grandes ciudades, como por ejemplo, en los cascos antiguos, el estado de degradación es tal que el coste de reparación puede ser demasiado elevado para los propietarios. En lugar de asumir estos costes y obtener una rentabilidad mayor, se alquilan habitaciones a personas en situación de vulnerabilidad que por diversas circunstancias no tienen acceso a una vivienda en el mercado de alquiler ordinario. De esta manera, se constituye un mercado paralelo y silencioso que se nutre de las situaciones de vulnerabilidad y donde se producen abusos que pasan desapercibidos. Se ofrecen habitaciones o pisos en situación deficiente a personas en situación administrativa irregular, los cuales no disponen de las garantías que exige actualmente el mercado de alquiler ordinario, por ejemplo, un contrato fijo. Personas en situaciones deficientes firman contratos abusivos que perpetúan su condición de vulnerabilidad, de modo que quedan atrapadas sin otras alternativas de alojamiento.

d) Otra de las consecuencias derivadas de la lógica del libre mercado es la existencia de pisos vacíos en las grandes ciudades, existencia que se produce de manera simultánea a la falta de vivienda asequible. Si lo que prima es la obtención de la máxima rentabilidad, se pueden dar casos de propietarios que prefieran esperar que el precio sea más elevado para alquilar su piso. Incluso pueden ponerse barreras para acceder al alquiler pidiendo unas garantías excesivas.

e) Finalmente, si la definición del modelo urbanístico se deja en manos del mercado y no de la administración pública, nos encontramos con distorsiones relacionadas con la segregación espacial. Hay que tener en cuenta la importancia de la ordenación de las viviendas en el entorno para facilitar la cohesión social, la participación y la integración de todas las personas. Según la encíclica Laudato si’, «es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión de conjunto en lugar de encerrarse en un barrio privándose de ver la ciudad entera como un espacio propio compartido con los demás... así los demás dejan de ser extraños, los podemos sentir como una parte de un “nosotros” que construimos juntos».¹⁰

Así pues, el elemento en común de las distorsiones mencionadas anteriormente y de todas las que puedan darse cuando se reduce el concepto de «vivienda» a su vertiente económica de bien de inversión es la expulsión de un grueso de personas del mercado. Estas personas se quedan en exclusión residencial; es decir, sin un hogar digno y adecuado.

2.2 La exclusión residencial

La exclusión residencial tiene diferentes formas de manifestarse: unas muy visibles y extremas, como las personas que duermen en la calle; otras un poco menos visibles y que parecen menos extremas, como las personas que viven en una institución –albergues, residencias, pisos de acogida temporal–, y otras invisibles, como las que habitan en una vivienda en condiciones de insalubridad o acogidos en una que no es suya y de la que no saben cuándo les echaran, o incluso hacinadas en muy poco espacio... En cualquier caso, siempre se trata de un conjunto de situaciones que generan sufrimiento a quien las vive.

La forma de exclusión residencial más visible, quizás, es la de las personas sin techo porque es la vulneración más flagrante del derecho a la vivienda. Ahora bien, otras formas más invisibles –el realquiler de habitaciones, las infraviviendas, el vivir con humedades, sin ventilación, sin luz en un subterráneo…, o el hacinamiento– se dan en una proporción cada vez más elevada en nuestra sociedad. Por ejemplo, según la Fundación FOESSA, en el caso de España, el 23,7 % de la población paga un gasto excesivo por la vivienda o vive en una vivienda insegura o inadecuada.¹¹ Esta cifra muestra que, incluso en los países desarrollados, el acceso a la vivienda es un problema estructural de la sociedad.

Las personas que viven situaciones de inseguridad en su hogar viven con el constante temor de perder la vivienda, sin poder arraigarse, con muchos nervios, estrés e incluso depresión. De modo similar, las personas en situación de hacinamiento viven con los problemas de no disponer de un espacio suficiente y con ruido constante, lo que genera tensión e irritabilidad. Si a ello le añadimos las condiciones de insalubridad, tenemos personas más expuestas a problemas de salud como bronquitis, asma, dermatitis o de salud mental. Y si en el hogar hay menores, estos también se encuentran más expuestos a enfermedades o trastornos relacionados con el sueño, así como miedo, angustia, enuresis, encopresis, irritabilidad y depresión. Tampoco tienen sitio para jugar ni para concentrarse o hacer los deberes, el hecho de cambiar constantemente de vivienda les dificulta arraigarse a su barrio y hacer amigos, etc. De hecho, las familias con menores son uno de los colectivos más expuestos a la exclusión residencial, hecho que afecta a su presente y también a su futuro porque los menores que viven situaciones de carencia extrema durante la infancia tienen una mayor probabilidad de ser adultos en situación de vulnerabilidad. Según la Fundación Foessa, el riesgo de pobreza o de exclusión social de los adultos que han sufrido dificultades económicas durante la infancia duplica el de la media de la población con independencia de los ciclos económicos.¹²

Otros colectivos con mayor dificultad para acceder o para mantener una vivienda digna y adecuada son las personas en situación de paro o de precariedad laboral. El mercado laboral ya no garantiza que las personas puedan vivir una vida digna, porque las condiciones de precariedad laboral provocan que muchos trabajadores –un 16,3 % en el conjunto de España– tengan unos ingresos por debajo del umbral de pobreza, a pesar de tener un trabajo. El fenómeno de los «trabajadores pobres» es solo una de las caras de la precariedad, que tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida de las personas, incluyendo su situación de exclusión residencial.

Otro colectivo que padece con más intensidad la falta de una vivienda digna y adecuada son los extranjeros no comunitarios, porque se encuentran con un mercado muy restringido que, como ya se ha comentado anteriormente, se apoya en su vulnerabilidad y se aprovecha de ella. En primer lugar, porque cuando se trata de personas recién llegadas no disponen de las redes de soporte social o familiar, y se quedan fuera de las redes informales para encontrar pisos de alquiler de particulares. También tienen más dificultad para conseguir cumplir con las garantías que solicitan los propietarios, ya que muchas veces les piden contratos de trabajo indefinidos o de más de un año de duración, lo cual resulta muy difícil para personas que están regularizando su situación administrativa (a lo que hay que sumar la actual precariedad laboral, donde los contratos son de semanas o de días). Es, por tanto, un colectivo en el que el hacinamiento tiene mayor peso, así como los casos de infravivienda, con todas las consecuencias negativas que esto comporta ante el arraigo y la integración social.¹³

2.3 La vivienda como derecho humano

Si ampliamos la mirada sobre la vivienda y vamos más allá de la visión puramente economicista, nos encontramos con que es un derecho esencial de las personas. La vivienda es un derecho humano, tal y como reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Cultural (DESC) de las Naciones Unidas, las viviendas deberían cumplir con la seguridad jurídica en la tenencia, la disponibilidad de servicios materiales e infraestructuras, los gastos soportables, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la adecuación cultural. En Europa, el derecho a la vivienda está reconocido en la Carta Social Europea Revisada de 1996.

También en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados para garantizar un crecimiento económico inclusivo y sostenible en todo el mundo, aparece el derecho a la vivienda, principalmente en el objetivo número 11 de «ciudades y comunidades sostenibles», por el cual los Estados se comprometen a asegurar el acceso de todas las personas a una vivienda digna y adecuada. Finalmente, en el ámbito estatal, el derecho a la vivienda se recoge en el artículo 47 de la Constitución Española. Además, en el artículo 33 de la Constitución se recoge que el derecho a la propiedad queda delimitado por su función social, hecho que implica que el derecho a la propiedad privada no es un derecho absoluto y que las Administraciones públicas pueden intervenir en el derecho del propietario y exigirle, por ejemplo, que la vivienda esté en condiciones óptimas de conservación para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada a las personas que allí vivan.

Aun así, a pesar de disponer de un conjunto normativo completo y potente, se siguen produciendo vulneraciones del derecho a la vivienda, lo cual nos indica que existe una disfunción entre la norma y su aplicación que hay que solucionar con el desarrollo de políticas públicas que pongan en el centro el derecho humano a la vivienda.

2.4 El papel de las administraciones y de la sociedad

Para evitar las distorsiones mencionadas anteriormente y que se producen en el mercado de la vivienda, es necesaria una acción coordinada entre todas las Administraciones públicas –central, autonómicas y locales–, para recuperar la función social de la vivienda. Deben realizarse políticas públicas de vivienda para facilitar el acceso a todas las personas. Es una de las lecciones aprendidas durante la última crisis económica, cuando las políticas públicas de vivienda quedaron sustituidas por las facilidades de acceso al crédito: el exceso de liquidez que tenían los bancos, unido a una regulación a favor de la construcción y de la compra de vivienda, llevó a las familias a endeudarse para acceder a un hogar, así como a las promotoras y constructoras para aumentar sus beneficios de manera desenfrenada.

Para evitar que vuelvan a producirse situaciones similares, sería necesario, en primer lugar, que el Estado español ratificara la Carta Social Europea Revisada que exige garantizar el derecho a la vivienda favoreciendo el acceso a un nivel suficiente, previniendo y paliando la situación de carencia de hogar, y haciendo asequibles las viviendas para las personas con menos recursos. También, que repensara el concepto de vivienda social entendiéndolo como un equipamiento público, con las correspondientes reservas de suelo. El parque de vivienda social tendría que aumentarse como mínimo hasta los niveles medios europeos, lo cual implicaría pasar del 2 % actual al 15 %. Con un parque de vivienda social más numeroso, se conseguiría, por una parte, que las personas más vulnerables pudieran acceder a alquileres asequibles y, por otra, presionar la bajada del precio del alquiler. Este aumento del parque de alquiler social debe buscarse por todas las vías posibles: destinando un gasto directo en promoción de vivienda pública, promocionando la ocupación de las viviendas vacías, estableciendo cuotas de vivienda protegida, impidiendo que las viviendas de protección oficial existentes pasen al mercado ordinario, etc.

En segundo lugar, además de disponer de un parque público de alquiler, para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una vivienda asequible a pesar de tener recursos reducidos, se deberían repensar las ayudas al alquiler de las familias más vulnerables en función del nivel de vida y de la realidad del territorio, además de estudiar medidas para frenar el aumento desorbitado de los precios del alquiler. Para ello, se habla mucho de aplicar un índice de precios vinculante, por ejemplo, desde los ayuntamientos, aunque antes deberían estudiarse los pros y los contras, y ver ejemplos de cómo lo están haciendo en otros países. Otras posibilidades serían las bonificaciones o penalizaciones fiscales para los propietarios que alquilen por debajo o por encima de un índice que se considere adecuado, o un aumento de la oferta de viviendas de alquiler... Hay que tener en cuenta que en España un 42 % de las personas en régimen de alquiler está dedicando más del 40 % de su renta disponible a pagar su vivienda, cuando la media europea es del 25 % en las personas que se encuentran en dicha situación. También tendrían que buscarse soluciones que se adaptasen a las circunstancias sociales y económicas de las familias que ya no pueden seguir pagando la hipoteca de su vivienda y que se encuentran afectadas por la moratoria de los desahucios,¹⁴ que finaliza en 2020.

En resumen, si salimos de la lógica del mercado de la vivienda que se centra en verla como un bien de inversión y una fuente de obtención de beneficios y consideramos el hogar como un derecho esencial de la persona, todas las medidas que se adopten desde las administraciones y desde la sociedad civil tendrán una mirada global y se dirigirán a garantizar que todas las personas tengan acceso a él. Y esto, a su vez, garantizará la aplicación de otros derechos que no pueden ejercerse plenamente sin el derecho a la vivienda, como son el de la sanidad, la educación, la ciudadanía, etc. Porque disponer de un hogar digno y adecuado es muchas veces la puerta de acceso a otros derechos.

3 El mercado laboral

David Murillo

Setenta años después de la publicación del texto de Polanyi, pocos fenómenos nos permiten entender más claramente la vigencia de su obra que observar el proceso de transformación del mundo del trabajo como resultado del auge de la economía de plataforma y la digitalización. A modo de ejemplo, Amazon Mechanical Turk permite hoy por hoy utilizar la capacidad de procesamiento de datos de los ordenadores, el poder de deslocalización de la globalización y la autogestión de las plataformas para conseguir el sueño del taylorismo: hipersegmentar las tareas asociadas a cualquier trabajo y retribuirlas de forma anónima en función del precio del mercado global.

3.1 Un paseo por la utopía del trabajo liberalizado

En esta plataforma, centenares, miles de personas de todo el mundo pueden contribuir a transcribir tiques de supermercado escaneados en la plataforma para conformar el análisis más completo del mercado que nunca una empresa de marketing haya podido hacer. Guiados por los principios de eficacia y eficiencia, un montón de pensionistas, estudiantes y jubilados complementan sus ingresos con el trabajo de teclear datos en el ordenador a cambio de unos pocos centavos por cada tique de veinticinco productos.

Otra. Uber, la plataforma de movilidad, se expande por todo el mundo bajo el lema «Crecer a cualquier coste». Uber hace cosas más allá de aglutinar en una plataforma a conductores particulares y potenciales pasajeros. También determina el precio del trayecto en función de una oferta y una demanda que solo ellos conocen, fuerza a los conductores a conducir un determinado número de horas y determina la calidad mínima del servicio medida en función de la satisfacción del cliente y cuyo castigo por incumplimiento es ser desconectado temporalmente de la fuente de ingresos. En consecuencia, cuando tu jefe es un algoritmo, atravesar Ciudad de México a las ocho de la mañana transportando un ejecutivo con prisa comporta un riesgo de consecuencias importantes.

Los ejemplos se acumulan y cada día son más omnipresentes: Deliveroo, la plataforma de entrega rápida de comida, permite saber la velocidad media de sus repartidores ciclistas y otorga el premio del encargo –4 € en Francia– según la celeridad adquirida. Glovo, su competidor, dispone entre sus métricas de gestión de un indicador que permite medir el número de interacciones entre repartidor, cliente y plataforma. A más interacción, más coste transaccional. A menos interacción, menos problemas. Los datos ayudaran a «mejorar» la gestión de las relaciones laborales en la plataforma. El hombre se convierte en una máquina a punto para ser optimizada.

Todas las plataformas anteriores tienen un elemento en común: sus empleados, fundamentalmente, no son trabajadores por cuenta ajena, sino autónomos. Este «capitalismo de vigilancia», como lo llama Shoshana Zuboff, parte del principio capitalista de la externalización de costes y la internacionalización de los beneficios, ahora desarrollado sobre la capacidad extractiva y anonimizadora de las plataformas.

3.2 El –conocido– impacto social del proceso liberalizador

Polanyi, en su análisis económico de las comunidades primitivas, habla de los principios de reciprocidad y de redistribución que considera centrales en toda forma de vida en sociedad. En su negación, nos dice, aparece la imposibilidad psicológica y social del capitalismo. El afán expansivo del proceso de liberalización y atomización de la sociedad ante las fuerzas del mercado comporta un doble movimiento de protección que hay que entender como un deseo de previsibilidad, un anhelo de solidaridad y estabilidad.

El texto anticipa los cambios actuales: por una parte, Polanyi prevé el proceso de mercantilización de los diferentes ámbitos de la vida humana. Por otra, prepara el terreno para comprender los mecanismos de disciplinarización –vigilancia, cuantificación, medición– y objetivización que a partir de los años setenta surgirán con el neoliberalismo. Los principios rectores son simples: la expansión del orden liberal en todos los ámbitos de la vida –en las relaciones afectivas, en la salud, en la vida familiar, en la educación, en el mundo laboral–, la sustitución del papel del Estado por el mercado y el menosprecio de las necesidades psicosociales de la persona.

La globalización, tan presente en el texto de Polanyi, posibilitará la desterritorialización de las leyes de la competencia. Después vendrá la atomización de la vida social. Finalmente, la carrera hacia abajo en las condiciones laborales, o fiscales, de unas empresas obligadas a competir a unos precios más bajos, a rebajar derechos y expectativas laborales. En el último estadio de evolución del capitalismo, la economía de plataforma servirá para atar un modelo empresarial situado –literalmente– en la nube con la inmediatez del teléfono móvil y posibilitará que las grandes corporaciones salgan a la caza de jurisdicciones fiscales y laborales más beneficiosas para ellas.

El resultado de esta nueva «gran transformación» ha sido el que anticipó Polanyi: poner el imperativo de la competencia por delante de la vida humana; observar la proliferación de los paraísos fiscales¹⁵ y, en la vertiente laboral, dar por válida la externalización de lugares de trabajo, la caída continua de los salarios en el conjunto de la economía y la reaparición de una figura que creemos antagónica al progreso: la del trabajador pobre. Todo ello acompañado por la pérdida de peso de unos sindicatos víctimas también de la lógica individualizadora –la sindicación como mecanismo de protección individual, de los afiliados– y de la aceptación acrítica de las leyes de la competencia. La conocida curva en forma de elefante, de Branko Milanovic, y los análisis de Piketty, sobre las diferencias entre las rentas del trabajo y el capital, exponen el resultado de esta carrera en descenso en el alarmante crecimiento de la desigualdad dentro de los países.

En este contexto, la concentración de la riqueza se incrementa en unas pocas manos. Jeff Bezos, creador de Amazon, se convierte en la persona más rica del planeta mientras una parte de sus empleados, los que han de competir con las condiciones de trabajo impuestas por los procesos de automatización, internacionalización y externalización, se sostiene gracias a ayudas estatales. El mismo caso lo encontramos en los hermanos Walton, principales propietarios del gigante de distribución Walmart. O, más cerca de casa, en la distancia creciente entre los salarios de los directivos de empresas del IBEX 35 y sus trabajadores.

En este contexto, el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza queda también capturado por la lógica de la competencia, la acumulación de beneficio y el individualismo. Nuevamente, como Polanyi anticipa, esta es la expresión gráfica de la lógica liberalizadora y expansiva que transforma incentivos, desplaza lógicas y genera valores. El coste social será la despolitización de amplias áreas de gobierno que quedarán al margen del debate público. Como el sociólogo Zygmunt Bauman expresó fríamente: los gobiernos proponen y el mercado dispone. Así, un día de verano del año 2011, en Madrid, el Congreso aprovechó la reforma constitucional que sitúa el pago de la deuda soberana¹⁶ anteponiéndose al de las pensiones e introduciendo el imperativo constitucional del presupuesto equilibrado. En paralelo, la crisis de la deuda y la desconfianza de los mercados hacia la moneda única iban dejando a Alemania, el gran banquero de la eurozona, a la cabeza de la Unión Europa, como máximo impulsor de las políticas de austeridad y de liberalización para el conjunto de la Unión.

3.3 Soluciones de mercado a los problemas del mercado

Asimismo, el mercado generará respuestas a las disfunciones observadas. La formación continua será el gran patrón para de competir individualmente en un mundo de trabajo crecientemente desregularizado. Las leyes de la oferta y la demanda empujarán a los individuos a rivalizar en cualificaciones, en credenciales, en competencias, en idiomas o en flexibilidad. La paradoja será –y ya lo está siendo– la aparición de la llamada sobreformación, el exceso de cualificación para las tareas requeridas y la reducción de toda educación a formación profesional. La educación entera, desde la secundaria hasta la superior, quedará, pues, capturada –si no lo está ya– por la lógica instrumental del mercado.

Inevitablemente, la misma lógica nos llevará a la disminución del trabajo asalariado. El impulso liberalizador busca convertir el contrato fijo¹⁷ en temporal y, mejor aún, en externo. La externalización de procesos productivos se convierte aquí en la vía para competir en la carrera hacia abajo donde la flexibilidad deseada choca con la «rigidez» de la relación laboral contractual. Asistimos, por tanto, a la desaparición de los contratos indefinidos, al auge de los contratos temporales y al incremento de la contratación de trabajadores autónomos. Una nueva paradoja: el Estado más poderoso de la Unión Europea, Alemania, gracias a la Agenda 2010 promovida a partir del año 2002 por los socialdemócratas, compagina actualmente un paro casi inexistente con la entrada masiva de talento foráneo –ingenieros, programadores, maestros– y con la consolidación de figuras laborales, los minijobs, de retribución y compensaciones sociales ultrareducidas. Un verdadero ejército de reserva, en lenguaje marxista. De la misma manera, en Gran Bretaña, nuevas figuras laborales como los contratos de cero horas, permiten disponer a voluntad de los trabajadores para funciones o tareas cambiantes como las que se desarrollan en la llamada economía colaborativa.

En conjunto, la presión en descenso de las condiciones laborales, la automatización, la digitalización y la necesidad de prevenir estallidos sociales similares a los retratados por Engels durante la Revolución Industrial, anticiparán la aparición de nuevos debates como el del fin del trabajo. Subrayemos un hecho: el debate no se centrará en la renovación del contrato social entre el trabajador y la empresa. Tampoco en cómo repartir el trabajo –mediante la disminución de la jornada laboral, por ejemplo–, como anticipó Keynes hace cerca de un siglo.¹⁸ Tampoco en cuestionar el reparto del esfuerzo laboral, o fiscal, llevado a cabo por trabajadores, clases medias y grandes empresas.

El discurso recaerá nuevamente en la externalización de los costes sociales que, ahora por la vía de la renta mínima universal, pretenderá, una vez más, traspasar a un estado débil la carga del mantenimiento de un modelo social y laboral disfuncional. La aceptación de este debate implica no tratar el problema de la elusión fiscal ni el de la desigualdad, o el desequilibrio de poder entre capital y trabajo. También evita cuestionar la imposibilidad de un «arreglo» social centrado en la acumulación de riqueza por parte de una minoría y el mantenimiento, a beneficencia, de una mayoría social. Estamos, una vez más, ante una nueva ley de pobres, una nueva Speenhamland para el siglo XXI, a la que Polanyi dedica un espacio tan amplio en su libro. Esta es la ley que, en Inglaterra y entre 1795 y 1834, consiguió impedir la creación de un mercado de trabajo liberal, estableciendo un sistema paternalista de socorros públicos. Suponía, nos dice Polanyi, ni más ni menos que el pago del derecho a vivir, a cambio de fracturar la dignidad humana y atar a la persona a la tierra.

Setenta años más tarde, estamos ante la evidencia de la indisolubilidad de progreso y pauperismo. No solo en las afueras de São Paulo o Río de Janeiro. También en Occidente. Nuevamente, seguimos observando la equiparación de las leyes del comercio con las de la naturaleza. La máxima del filósofo-economista y bandera del liberalismo, Adam Smith, según la cual una economía rica tiene que hacer a la población rica, quedará enterrada bajo el imperativo de las leyes del mercado. Los mecanismos del mercado para congelar privilegios y disfunciones son múltiples y Polanyi situa las finanzas globales en el epicentro. La lógica financiera se sobrepone una vez más a la lógica social. La maximización de beneficios supone una vez más un imperativo social. El temor a dejar de ser competitivo, en los años cincuenta, se llamó Rusia. En los setenta, Japón. Hoy en día es China.

En este contexto, la carrera global permitirá a los Estados justificar el apoyo a sus campeones transnacionales, arrastrando al resto de empresas en la carrera en descenso. Así, Amazon ya representa el 50 % de las ventas por internet en EE. UU. Facebook y Google acaparan el 60 % de la publicidad digital en ese país. Apple concentra el 80 % del beneficio mundial por la venta de teléfonos móviles. Atrás quedan en los medios de comunicación la instalación de las redes antisuicidio en las cadenas de montaje de Foxconn, principal ensamblador de Apple en China. Ciertamente, como dejó escrito Elkington veinte años atrás, parece que aún pretendemos enseñar a los caníbales a comer con tenedor.¹⁹

3.4 ¿Y el doble movimiento? El retorno del Estado

Polanyi revierte el axioma del capitalismo según el cual no es necesario intervenir en la economía. Si el proteccionismo, nos dirá, surge como una medida natural de protección contra la agresión del mercado, el librecambismo está creado por el Estado. Para los liberales, añade, el mercado autorregulado es más importante que el laissez faire. De este modo, no habrá un sistema de mercado sin un intervencionismo potente y desregulador. Aun así, diez años después de la última crisis financiera, retorna a Occidente la amenaza del autoritarismo. Como en el retrato de Polanyi para los años veinte y treinta, la extrema derecha se ofrece a sostener el sistema actual a cambio de confrontar los miedos individuales, la falta de seguridad y de previsibilidad, y la erosión de los vínculos sociales, situando el origen del problema lejos de las contradicciones del modelo económico.

Si el deseo de protección posterior a la primera guerra mundial se debió al hundimiento del patrón oro y a la fractura del comercio internacional; si la manifestación de rechazo permitió la formación del proteccionismo y el fascismo; en el periodo poscrisis, el lenguaje del populismo es una vez más un reclamo de protección. La aparición en el vocabulario político de los «comunes», como el del «tercer estado» en los días de Luis XVI, es otra cara de este deseo de protección. Y para proteger, nos subrayaría Polanyi, hay que politizar de nuevo lo que hemos dejado al margen de la «ley natural» de los mercados.

Pero algo ha cambiado: incluso los discursos de los organismos internacionales que promovieron y continúan promoviendo las fuerzas del mercado empiezan a agrietarse. El Fondo Monetario Internacional habla de recuperar la progresividad fiscal, de incrementar la inversión en educación y salud, y de introducir la renda mínima universal con el fin de reducir la creciente desigualdad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) pide poner fin a las políticas de austeridad, incrementar la inversión pública de carácter social, reforzar los sindicatos, limitar la capacidad de influencia de los mercados financieros y garantizar espacios de protección para la acción de los gobiernos.²⁰

Una vez más estamos a la espera de la actuación de los Estados para garantizar una competencia compatible con unas condiciones laborables dignas y de soporte del tejido productivo ante el poder del sector financiero y las empresas deslocalizadas: para corregir los agujeros legislativos que permiten la elusión del pago de impuestos, para reducir la sangría fiscal ejercida sobre las clases medias, para reforzar la educación pública, para disminuir la capacidad de presión de los poderes económicos sobre los medios de comunicación, sobre los legisladores y los partidos políticos.

Para cerrar el círculo que abrimos al inicio de este capítulo, España, en 2018, llevaba la delantera entre los países de la Unión Europea en volumen de ocupación en plataformas digitales, con un 17 % de personas en edad de trabajar realizando actividades por medio de ellas como mínimo una vez por semana y con el objetivo declarado de encontrar un trabajo estable. Semanas atrás, una nueva directiva europea pedía defender los derechos laborales en las plataformas colaborativas para garantizar unas condiciones vitales mínimas. Mientras tanto, como en fases anteriores de la evolución del capitalismo, la necesidad de rehacer el contrato social desborda políticamente los países por la izquierda y por la derecha. Polanyi no hace otra cosa que actualizar la necesidad del contrato social para que el sistema económico sea compatible con la vida en sociedad. Recurrir al Estado, concluirá, es la manera ordenada y posible de llevarlo a cabo.

4 Los mercados financieros

Inma Naranjo y Guillermo Casasnovas

Uno de los postulados de Polanyi en LGT es que no podemos estudiar los mercados como entidades independientes, ya que estos funcionan dentro de un contexto social, político y cultural concreto. No solo eso, sino que «el mercado» debería estar al servicio de la sociedad. Los mercados financieros no deberían ser una excepción, pero en los últimos años han experimentado una cierta absolutización donde la maximización de los beneficios para los accionistas se ha convertido en dogma. Podemos decir que los mercados financieros han pasado de ser un instrumento a ser un fin en sí mismos, lo cual ha acarreado no solo importantes críticas por parte de la ciudadanía, sino también una de las mayores crisis (financiera, económica y social) de las últimas décadas.

4.1 El dinero como instrumento social y económico

Dando un paso atrás, vale la pena recordar la función del dinero en nuestra sociedad. Las sociedades primitivas utilizaban diferentes mecanismos para comerciar, desde el simple trueque hasta complejas normas culturales basadas en la gratuidad o la reciprocidad entre personas y poblados. La aparición del dinero facilitó en gran medida los intercambios y permitió importantes desarrollos en la economía. Además de permitir un comercio mucho más flexible que favoreció la especialización y la división del trabajo, el dinero ayudó a la acumulación necesaria para llevar a cabo proyectos empresariales de mayor envergadura. También dio lugar al crédito, que permitió financiar proyectos a aquella gente que no tenía suficiente capital inicial para invertir, o comprar una vivienda a aquellos que no podían desembolsar de entrada su coste total. Con el tiempo, los bancos y otras entidades financieras se encargaron de actuar como intermediarios, normalmente haciéndola más eficiente a cambio de una ganancia.

Algunas prácticas criticables ya existían, como la aplicación de tasas de interés excesivamente altas no sostenibles para los prestatarios, pero en general eran percibidas por la conciencia humana como perversas y por el sistema económico como contrarias a su correcto funcionamiento. Comerciar con el dinero tenía como límite el hecho de que el impacto en la sociedad fuese positivo y que no agudizase relaciones de poder asimétricas.

4.2 Distorsiones en los mercados financieros

Hoy en día, estos mercados crean instrumentos financieros (activos «en papel», diferentes de los activos tangibles como un edificio o los intangibles como una marca) que ofrecen nuevas oportunidades económicas tanto a inversores como a consumidores y han posibilitado un incremento global del comercio y el flujo de fondos por todo el planeta. Al mismo tiempo, sin embargo, este proceso ha hecho que la economía se rija por un «capitalismo financiero», ya que ahora los instrumentos financieros exceden sobremanera a la «economía real» de bienes y servicios.

Un proceso que comenzó con instrumentos financieros como las acciones y las obligaciones se ha inflado hasta convertirse en un sistema con productos cada vez más complejos, tales como derivados, estructurados, futuros, materias primas o comercio de divisas, por nombrar solo unos cuantos. Estos instrumentos financieros se caracterizan por un elevado grado de arbitraje y volatilidad, y la interconexión entre ellos a menudo comporta que una modificación de precios en una parte del mundo afecte a los precios en todo el planeta.

Este proceso de financiarización ha comportado varias distorsiones en la sociedad y la propia economía. Por ejemplo, las asimetrías de poder y de información abren nuevas posibilidades de manipulación y abuso de los instrumentos involucrados.²¹ En España, son conocidos los casos de entidades financieras que han incentivado a sus trabajadores a presentar sus productos financieros, de un modo que propicia nuevas ventas o infla sus precios, pero reduce la trasparencia de los activos subyacentes (las famosas «preferentes», sin ir más lejos). De esta manera, los inversores pueden verse empujados a perseguir ganancias inmediatas que no contribuyen al crecimiento a largo plazo de las empresas ni de la economía subyacente. La «ingeniería financiera» provoca una espiral especulativa que separa los mercados financieros de la economía real.

En este sentido, hay que destacar que en el mundo económico y financiero se dan casos en que algunos de los medios que utilizan los mercados, aunque no sean en sí mismos inaceptables desde un punto de vista ético, constituyen, pese a todo, casos de inmoralidad próxima. Y aún más, con mucha facilidad se generan abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja.

Sin embargo, los gobiernos, presionados por los lobbies financieros y empresariales, se han resignado con frecuencia a la desregularización de los mercados financieros, reduciendo de este modo su propia capacidad para limitar los flujos y proteger a sus ciudadanos. En el terreno impositivo, por ejemplo, la tendencia ha sido más bien hacia sistemas más regresivos en los que las rentas más elevadas han salido beneficiadas, mientras que los movimientos sociales que piden impuestos sobre las transacciones financieras (como la llamada Tasa Tobin) no han encontrado cabida en la legislación.

Otra clara señal de la expansión de los mercados financieros es el aumento de las rentas de capital en relación con las rentas del trabajo, lo cual se debe a los cambios en el equilibro de fuerzas entre clase trabajadora y clase capitalista, tal como hemos visto en el capítulo anterior. Los cambios en las tasas impositivas y la reducción de la negociación colectiva (en parte por la atomización o uberización del trabajo) han llevado a que las ganancias derivadas de los aumentos de productividad hayan ido sobre todo a los propietarios del capital y no a los asalariados. Si bien es cierto que muchos asalariados son hoy en día «propietarios» a través de fondos de inversión o planes de pensiones, la tendencia desigual entre rentas del capital y del trabajo es una de las claves para entender los altos (para muchos, indecentes) niveles de desigualdad en nuestra sociedad.

Este desmesurado poder que acumula el sector financiero pone en jaque incluso nuestros sistemas democráticos, ya que es capaz de presionar a los gobiernos para que antepongan sus intereses a los del resto de ciudadanos. Este «poder» viene, por una parte, de aquellas organizaciones cuya enorme capacidad de inversión (y desinversión) hace que las grandes empresas cotizadas y los Estados soberanos puedan quedar a su merced si estos deciden presionar al alza o a la baja determinados precios (acciones, primas de riesgo, materias primas, etc.). Por otra parte, es un poder que proviene del propio funcionamiento del sistema financiero, donde los accionistas últimos de los fondos de inversión y planes de pensiones apenas saben dónde están invertido su dinero y las decisiones se toman a partir de algoritmos que intensifican tanto las burbujas como las posteriores crisis.

Las causas de esta expansión de los mercados financieros y las distorsiones resultantes son muchas, pero en esta segunda parte del capítulo nos centraremos en la crítica ética y humanista a una economía cada vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo que tienen su reflejo en la obsesión por el homo economicus y la creación de «valor para el accionista» como dogma inamovible.

4.3 Unos mercados financieros al servicio de la sociedad

En la base de las disparidades y distorsiones del desarrollo capitalista, se encuentra, además de la ideología del liberalismo económico, la ideología utilitarista, según la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comunidad». Es necesario notar que una máxima semejante contiene un fondo de verdad, pero no puede ignorarse que no siempre lo que es útil individualmente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión se necesita un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por el bien de la comunidad.

Los agentes financieros han de redescubrir el fundamento ético de su actividad para enfocarla de nuevo a la creación de valor económico y social, y no a la captura de un retorno financiero a costa de crear impactos sociales o medioambientales negativos. Sobre todo, es preciso que los flujos de inversión se destinen a incrementar la capacidad efectiva de producir bienes y servicios en aquellas economías (sobre todo en países en desarrollo) que necesitan capital para financiar proyectos que promuevan el desarrollo económico y social en lugar de la mera especulación financiera.

Se requiere además que las finanzas mismas vuelvan a ser un instrumento encaminado a producir mayor riqueza y desarrollo. Tal como señala la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), «es ciertamente útil, y en algunas circunstancias indispensable, promover iniciativas financieras en las que predomine la dimensión humanitaria».²² Así, la actividad financiera revela su vocación primaria de servicio a la economía real, llamada a crear valor, por medios moralmente lícitos, y a favorecer una movilización de los capitales para generar una circularidad virtuosa de riqueza.

¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección, que deviene problemática para el desarrollo humano integral a escala global? Ante todo, un liberalismo económico sin reglas ni supervisión. Una ideología económica que establece a priori las leyes del funcionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con la realidad. Además, tal como recalca Polanyi, esta corriente ideológica ha promovido leyes que no son simplemente laissez faire o «ausencia de regulación», sino normas e impuestos concretos que promueven un determinado modelo económico-financiero.

En este sentido, resulta evidente que ese potente propulsor de la economía que son los mercados financieros es incapaz de regularse por sí mismo: de hecho, estos no son capaces de generar unos fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes...) ni de corregir los efectos externos negativos para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude...).

Para abordar tales preocupaciones desde distintas instancias de la Iglesia católica y en su Doctrina social, se han reclamado reiteradamente avances hacia una regulación, tanto en el plano nacional como internacional, que incrementen la supervisión, la transparencia y la responsabilidad. Tal y como señala el papa Francisco,²³ «La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el sistema en su conjunto, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que sólo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación».

La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y competencia universales, es una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, deberían implicarse en ello no solo con funciones reguladoras, sino sancionadoras, ya que están en juego el bien común de la humanidad y el futuro mismo de nuestro planeta.

4.4 Rentabilidad, riesgo e impacto social

Frente a la inmensidad y omnipresencia de los actuales sistemas económico-financieros, podemos sentirnos tentados a resignarnos ante el cinismo y a pensar que no podemos hacer nada. La reciente crisis financiera era una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera, neutralizando los aspectos depredadores y especulativos, y dando valor al servicio a la economía real. Aunque no ha habido ninguna reacción que haya llevado a repensar de forma sistémica los criterios obsoletos que continúan gobernando el sector financiero, sí se han visto algunas tendencias positivas.

Por ejemplo, la inversión sostenible y responsable (ISR, también llamada Inversión Socialmente Responsable) ha experimentado una aceleración de su crecimiento desde la crisis financiera del 2008. Este tipo de inversión incluye diferentes estrategias, desde la exclusión de determinadas empresas o sectores (tabaco, armas, apuestas, etc.) hasta la inclusión activa de indicadores de impacto ambiental, social y de gobernanza en el análisis de las potenciales inversiones. Si se lleva a cabo con integridad y transparencia, la ISR puede ayudar a que la financiación se dirija menos hacia actividades que son nocivas para la sociedad y más hacia proyectos que tienen un impacto positivo en los ciudadanos y el planeta.

A raíz de que muchas personas se han replanteado a qué entidades financieras confían sus ahorros y sus inversiones también ha crecido el sector de la banca ética. Fiare o Triodos Bank son ejemplos de entidades que centran sus esfuerzos en financiar organizaciones que ponen el impacto social y medioambiental en el centro de sus operaciones. Después de muchos años en los que han tenido que explicar y justificar su modelo de banca, hoy en día son entidades en pleno crecimiento y reconocidas en Europa, que han permitido a muchos clientes alinear sus valores con la gestión de su dinero.

Otro ejemplo es el del impuesto sobre las transacciones financieras. Este tipo de impuesto, que ya defendía el economista John Maynard Keynes en la década de 1930 y que se popularizó como Tasa Tobin a finales de los años 1970, ha vuelto a generar interés a raíz de la crisis financiera del 2008. Basada en la idea de penalizar la especulación financiera sin desincentivar otro tipo de transacciones «productivas», el objetivo de esta tasa pretende frenar la volatilidad de los mercados financieros y proporcionar una recaudación fiscal que simbolice la necesaria redistribución de los beneficios del sector financiero en pos de una sociedad más justa y equitativa.

El denominador común de estas tendencias es el de repensar el binomio rentabilidad-riesgo, que tradicionalmente ha estado en el centro de las decisiones de inversión para introducir un tercer elemento: el impacto social y medioambiental de esas inversiones. Por una parte, estas medidas suponen un cambio de los incentivos en el funcionamiento de los mercados financieros, ya sea por medio de nueva regulación o por presiones de los consumidores e inversores individuales. Por otra parte, deberían ser reflejo de un cambio ético en el que el dinero y el sector financiero en general vuelvan a verse como instrumentos que actúan al servicio de la sociedad. La idea de que el propósito del capital es simplemente generar más capital no es más que una construcción social, así que es necesario demostrar que el capital puede trabajar también por la libertad, el empoderamiento y la sostenibilidad. Muchas iniciativas de la sociedad civil son, en este sentido, una reserva de conciencia y responsabilidad social de la que no podemos prescindir. Hoy más que nunca, todos estamos llamados a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social, basando nuestra acción en la búsqueda del bien común y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y subsidiariedad.

5 Conclusiones: una mirada al futuro

Guillermo Casasnovas

Las tres excursiones que hemos hecho a los mundos de la vivienda, el trabajo y las finanzas muestran sin lugar a dudas los límites del sistema de mercado y nos recuerdan, además, que «hay realidades que el dinero no debería tocar si no queremos perderlas».²⁴ Más que el dinero, lo que estas realidades no deberían tocar es, en palabras de Polanyi, el «mercado autorregulado».

5.1 Los límites del mercado

Es verdad que hoy en día el concepto de mercado cien por cien autorregulado es simplemente una utopía (o una distopía): cualquier mercado está, de una manera u otra, intervenido por el Estado. Ya sea a través de la regulación fiscal, de la legislación específica para determinados sectores, de las empresas de capital público, de la contratación pública o de otras actuaciones para promover ciertas industrias o empresas concretas, el Estado tiene un amplio abanico de instrumentos para intervenir en la economía.

Y así lo hace, tal como hemos visto en los tres sectores de referencia. La construcción de vivienda social o la regulación sobre la duración y el aumento del precio en los contratos de alquiler son ejemplos de intervenciones en el mercado de la vivienda. En el mundo laboral, el salario mínimo o las reformas laborales que afectan a los contratos temporales e indefinidos son maneras de influir en mercado del trabajo. Y en el sector financiero, los gobiernos han intervenido recientemente rescatando bancos y regulando instrumentos como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) y las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria).

Sin embargo, estas intervenciones a menudo han ido más a favor de los intereses del capital que de los grupos más vulnerables y excluidos. En el fondo, el debate no es si el Estado debe intervenir o no, pues tal como apunta Polanyi en LGT, la propia aparición de los mercados no se entiende sin unos esfuerzos concretos y decididos por parte de los poderes políticos para promoverlos y erigirlos en el principal sistema para el intercambio de bienes y servicios. El quid de la cuestión está en cuáles son las reglas del juego que se promueven desde el Estado. Si se favorece que las grandes fortunas encuentren vías para la elusión fiscal (a través de paraísos y amnistías fiscales), las desigualdades con aquellos que no tienen acceso a estos mecanismos serán cada vez mayores. Si en un contexto de cambio tecnológico acelerado se facilita el despido y no se cuida la capacidad de negociación colectiva, se está incentivando el distanciamiento entre unas élites hiperproductivas y una clase empobrecida que no puede subirse al tren de la revolución tecnológica, con la consiguiente progresiva desaparición de las clases medias. Y si se permiten los alquileres abusivos mientras se ponen trabas a la adquisición pública de vivienda, se están promoviendo modelos de gentrificación y de desarraigo local.

Una imagen habitual de las relaciones entre mercado y Estado es la que presenta al primero como un corcel desbocado y al segundo como aquel que debe coger las riendas para mantenerlo a raya. Sin embargo, sectores clave para los derechos humanos como la vivienda, el trabajo y las finanzas, igual que otros como la energía, la alimentación o el transporte, requieren análisis más complejos. Estos sectores son más bien tableros de juego con múltiples actores y derivadas. Si partimos de la base de que dejarlos al libre albedrío del mercado no es el mejor sistema de gobernanza, ¿qué mecanismos pueden establecerse para que las reglas del juego promuevan relaciones justas y un desarrollo inclusivo y sostenible? Antes de aventurar posibles caminos, vamos a recordar el diagnóstico que haría Polanyi sobre la situación actual.

5.2. El futuro a corto plazo

Una de las principales tesis de LGT es el doble movimiento que se genera entre la expansión del mercado y la autoprotección de la sociedad. A principios del siglo XX, Inglaterra y otras sociedades occidentales respondieron a la degradación que habían experimentado grandes capas de la sociedad poniendo cortapisas a los mecanismos de mercado: proteccionismo (que limitaba el comercio internacional), sindicalismo (que limitaba el mercado de trabajo) y auge de los bancos centrales (que limitaban los efectos del patrón oro). Estas medidas dieron lugar a tensiones imperialistas, al aumento del desempleo y a la lucha de clases, así como a la reducción de la capacidad de maniobra de los gobiernos, que veían limitados sus presupuestos públicos por la necesidad de gastarse divisas en mantener un determinado tipo de cambio.

Hoy en día, estos procesos nos llaman la atención por las similitudes que tienen con algunos de los cambios que estamos experimentando en nuestra sociedad. Las recientes guerras comerciales entre Estados Unidos y China, o entre Rusia y Europa, al igual que la voluntad de países como el Reino Unido y Estados Unidos de reforzar sus fronteras, ejemplifican el retroceso del multilateralismo en beneficio de medidas proteccionistas. Si en el origen de estas políticas está la desprotección que experimentan las clases trabajadoras ante el proceso de globalización (y que muchos políticos utilizan para fomentar sentimientos negativos hacia otros países y sus gentes), esta precariedad también ha dado lugar a significativas protestas en las calles. Movimientos como el 15M en España o los «chalecos amarillos» en Francia responden en gran parte a las consecuencias de un mercado de trabajo estructurado de manera que deja a mucha gente en la cuneta. Por último, también hemos visto cómo la presión de los mercados financieros ha puesto en jaque en más de una ocasión a los gobiernos nacionales. En este sentido, los países del sur de Europa han sufrido en sus propias carnes –o en sus propios presupuestos– las medidas de «austeridad» que se imponían desde Bruselas para hacer frente a las primas de riesgo que subían y bajaban en función de las presiones de los inversores.

Como es sabido, la consecuencia de estas tensiones en las décadas de 1920 y 1930 fue un aumento del autoritarismo, del totalitarismo y del nacionalismo excluyente. Mientras que el triunfo de estas corrientes en países como Alemania, Italia, Rusia y España provocó un conflicto bélico sin precedentes, en otros países también hubo importantes capas de población que defendían modelos autoritarios bajo distintas combinaciones del binomio «orden y bandera». Aunque una Tercera Guerra Mundial parece inimaginable en el contexto actual, sí que hemos visto un resurgir de la devoción por los liderazgos autoritarios y de la exaltación de determinados nacionalismos. Desde el America First hasta la deshumanización de las personas migrantes en el Mediterráneo, desde el autoritarismo de figuras como Putin o Xi hasta el auge de la extrema derecha, y desde el debilitamiento de las instituciones europeas hasta los retrocesos en muchos sistemas democráticos, el futuro a corto plazo parece dar la razón a Polanyi y pinta bastante sombrío.²⁵

El periodista y filósofo Josep Ramoneda hacía recientemente una reflexión («Este neoliberalismo es la pasarela hacia el autoritarismo para poder gobernar unas sociedades sin que las élites económicas tengan que hacer concesiones»),²⁶ que también va en la línea del economista austrohúngaro, quien sugería que estas transformaciones cuentan a menudo con la «aprobación tácita» de las autoridades. Efectivamente, a pesar de que muchas de estas consignas van destinadas a ganar el apoyo de las clases populares, precisamente aquellas que más han sufrido el absolutismo de los mercados, lo cierto es que los primeros beneficiados del nuevo statu quo suelen ser las propias clases dirigentes. Como diría alguno, «que todo cambie… para que todo siga igual».

5.3. Una alianza a largo plazo

Ahora bien, en este cambio de época,²⁷ ¿cómo podemos redirigir el rumbo y poner unas bases sólidas que nos lleven a la integración más que a la división, a la libertad más que a la opresión y a la dignidad más que a la deshumanización? Si hacemos caso a Polanyi, una manera efectiva sería limitar la omnipresencia del mercado para que la sociedad no tenga que autoprotegerse con medidas que coartan la libertad en pos de una supuesta paz o seguridad. Ante la expansión de los mercados, urge crear «lugares contrahegemónicos que plantan cara a la mercantilización de la vida»,²⁸ espacios que se pueden crear a varios niveles.

En el plano individual, debemos ser capaces de distinguir nuestras motivaciones y valores más profundos de aquellos con los que nos bombardean continuamente las campañas de marketing. ¿Necesito comprarme un coche o puedo utilizar medios de transporte más sostenibles? ¿Quiero que mi móvil tenga la mejor cámara del mercado, o prefiero que me aseguren que la cadena de producción es respetuosa con los trabajadores y el medioambiente? ¿Le pongo un precio a cada hora que trabajo, o puedo dedicar un tiempo a los demás de manera voluntaria? Estas y otras decisiones que tomamos continuamente en referencia a nuestros hábitos de consumo y de trabajo tienen un doble efecto. Por un lado, nos ayudan a crear una ‘capa protectora’ que nos aísla en cierta manera de unos mecanismos de mercado que pueden llegar a ser muy intrusivos hasta convencernos de que no somos más que un homo economicus. Por otro lado, la suma de muchos comportamientos individuales en este sentido puede reequilibrar la balanza hacia sistemas más justos y sostenibles.

En el ámbito organizacional, podemos crear modelos donde los mecanismos de mercado se supeditan al impacto social y medioambiental de dichas organizaciones. Cada vez más encontramos cadenas de valor basadas en el comercio justo, empresas que limitan la diferencia salarial entre sus trabajadores, inversores cuyo retorno financiero está en función del impacto social conseguido, consorcios público-privados que ponen el bien común en el centro o modelos cooperativos que acercan la capacidad de decisión a los trabajadores y consumidores. Este tipo de organizaciones, que a veces pueden parecer disruptivas, lo que hacen es desafiar aquellos modelos únicamente basados en el interés individual y conectar con una naturaleza humana que también está orientada hacia la cooperación, la confianza y la compasión.

Desde un punto de vista más estructural, se trata de crear las condiciones que incentiven los comportamientos individuales y organizacionales que acabamos de exponer. Desde leyes que obliguen a reducir el uso de plásticos hasta compromisos que favorezcan a las empresas sociales en la contratación pública, desde fomentar la transparencia en el etiquetado hasta promover la autogeneración de energía…, son muchas las iniciativas que pueden llevarse a cabo para limitar el poder de los mercados. Tal como hemos visto, determinados sectores como la vivienda, el trabajo o las finanzas son especialmente sensibles a la mercantilización y necesitan medidas estructurales que los pongan al servicio de los derechos humanos y no para el beneficio de las élites económicas.

Ante la amenaza que supone el aumento del autoritarismo, urgen consensos amplios que permitan consolidar y proteger aquellos avances que han conformado nuestras sociedades como el sufragio universal, la educación y sanidad gratuitas, la libertad de expresión o la igualdad ante la ley por razones de etnia, religión y orientación sexual. Pero, además, el contrato social que marque el rumbo en las próximas décadas debe incluir un claro compromiso con el cuidado del planeta, la protección de las personas migrantes y la reducción de las desigualdades.

5.4 Epílogo: una mirada cristiana

El contacto de Polanyi con organizaciones socialistas cristianas en Inglaterra le sirvió de inspiración para observar en los valores cristianos una fuerza moral de gran solidez, capaz de plantar cara a la apisonadora capitalista. El Polanyi antropólogo que ponía el foco en la dignidad de las personas y los lazos comunitarios debía conectar rápidamente con la parábola del joven rico, con la escena de Jesús y los mercaderes del templo, o con la afirmación de que el hombre no estaba hecho para la ley, sino la ley (en nuestro caso, la ley del mercado) para el hombre.

Parece claro que los valores católicos no son posibles en un sistema enteramente mercantilizado. Una sociedad de mercado (diferente a una sociedad con mercado) es aquella en la que el individuo (consumidor, ahorrador, contribuyente…) queda desligado de la persona y del rico abanico de características que la conforman. Un ejemplo es el ámbito de los cuidados,²⁹ tan esencial para el desarrollo personal y social, pero que en cambio el mercado oculta y reprime de manera sistemática. Una sociedad que alimenta el materialismo y la desmesura no parece compatible con un proyecto cristiano basado en la gratuidad y la austeridad compartida.

Lo que tan bien casa en Polanyi con la ética cristiana es su antropología de fondo, su apuesta por una reforma que no es política o económica, sino antropológica. Polanyi promueve una sociedad que ponga la comunidad en el centro y, por lo tanto, un Estado que sea capaz de encauzar la economía no con criterios técnicos de mejora racional, sino siempre con criterios de preservación y fortalecimiento de la comunidad, único espacio en el que el individuo puede desarrollarse enteramente como persona.³⁰

La de Polanyi, igual que la del cristianismo, es una denuncia de una falsedad múltiple: la falsedad de que en las relaciones laborales el ‘trabajo’ puede separarse de la persona; la falsedad de que un hogar familiar se puede comprar y vender como una caja de zapatos; la falsedad de que las necesidades de los mercados financieros deben pasar por delante de las necesidades de las personas. Cabría aquí incluir otras dimensiones de la persona que de alguna manera recoge la DSI, la cual ofrece una profética y muy bien documentada crítica a la sociedad de mercado, que encuentra en Polanyi un excelente compañero de viaje.

Notas

1. Polanyi, Karl (2016). La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. Barcelona: Virus editorial.

2. Polanyi, Karl (2016). Op. cit., p. 304.

3. Polanyi, Karl (2016). Op. cit., p. 307.

4. Polanyi, Karl (2016). Op. cit.

5. Herrero, Yayo (2018). «Conferència inaugural del curs 2018-2019 de Cristianisme i Justícia». Barcelona.

6. Laguna, José (2018). Acogerse a sagrado. La construcción política de lugares habitables. Barcelona: Cristianisme i Justícia, Cuaderno n.º 210.

7. Herrero, Yayo (2018). Op. cit.

8. El 22,9 % de la población española opta por el régimen de alquiler de media, pero la proporción es del 43,3 % si consideramos solo las familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza relativa. (Fuente: Eurostat). Véase el informe «El hogar es la clave», Càritas Diocesana de Barcelona, 2018.

9. En 2017, el 38 % de la población española del primer quintil de renta –los hogares más vulnerables– destinaba más del 40 % de gastos en vivienda. Véase el informe citado en la nota anterior.

10. Encíclica Laudato si´, n.º 151, 2015.

11. Se considera un gasto excesivo por vivienda la que sitúa a la familia por debajo del umbral de pobreza severa una vez ha hecho frente al gasto. Ved «Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cataluña», Fundación Foessa, 2019.

12. Véase Flores, Raúl (2019). «Transmisión intergeneracional de la pobreza», VIII Informe Foessa. Documento de trabajo 2.7, Fundación Foessa.

13. Véase «La vivienda en España en el siglo XXI». Fundación Foessa, 2013.

14. Posibles soluciones serían los contratos de alquiler social (30 % de los ingresos con condonación de la deuda, si la hubiera) o la reestructuración de la deuda/préstamo para poder seguir pagando lo mismo y mantener la propiedad de la vivienda.

15. Territorios con condiciones fiscales ventajosas para empresas, opacas en su funcionamiento, y que limitan la transferencia de información sobre las operaciones bancarias de los titulares –habitualmente empresas instrumentales sin operativa real en ese país– con otros países.

16. Deuda pública del Estado español adquirido por parte de la banca de inversión.

17. El 60 % en la UE, según datos de la Comissión Europea (9 de abril de 2019).

18. Véase Keynes, J. (1933). Economic Possibilities for Our Grand children, Londres.

19. Véase Elkington, J. (1998). Cannibals with forks: The triple bottom line of sustainability. Gabriola Island: New Society Publishers.

20. Trade and Development Report 2017. Beyond austerity: Towards a global new deal.

21. Véase el n.º 17 en referencia a los riesgos de la financiarización contemporánea, en el Informe especial «Por una economía global justa: construir sociedades sostenibles e inclusivas» del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología.

22. Véase el n.º 65 de la Encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI.

23. Encíclica Laudato si’, n.º 189.

24. Laguna, José (2018). Op. cit., p. 17.

25. Cristianisme i Justícia (2018). Nubes negras... pero el sol no desaparece, Barcelona: Cristianisme i Justícia, Papeles nº 246.

26. Entrevista a Josep Ramoneda, eldiario.es, 03/04/2019.

27. Mateos, Oscar y Sanz, Jesús (2013). Cambio de época. ¿Cambio de rumbo? Barcelona: Cristianisme i Justícia. Cuaderno núm. 186.

28. Laguna, José (2018). Op. cit., p. 22.

29. Torres, Pepa (2019). La revolución de los cuidados, 2019. Barcelona: Cristianisme i Justícia. Papeles núm. 247.

30. Frente a Marx y la Ilustración: el sentido comunitario y personalista de la crítica de Karl Polanyi a la sociedad de mercado y a sus alternativas totalitarias. Juan B. Fuentes. E-Prints Universidad Complutense de Madrid.

Cuestiones para la reflexión

¿En qué ámbitos de nuestra vida observamos una expansión excesiva del mercado?

¿Qué particularidades tienen la vivienda, el trabajo y las finanzas, que las convierten en «mercancías ficticias»?

¿Cómo encaja el «destino universal de los bienes» de la Doctrina Social de la Iglesia con el derecho a la propiedad privada?

¿Cómo me beneficio del mercado de la vivienda, del mercado laboral, o de los mercados financieros? ¿Cómo me perjudican? ¿A quién perjudican?

¿Qué alternativas existen al «mercado autorregulado» en los ámbitos de la vivienda, el trabajo y las finanzas? ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestra posición?