Los CIE: Instrumentos de sufrimiento inútil

Laura Zanón

[Prólogo de Josetxo Ordóñez

Epílogo de F. Javier Vitoria]

Laura Zanón. Trabajadora social por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Migraciones internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad P. Comillas. Desde el año 2015 ha compatibilizado su trabajo en el ámbito de la exclusión social y las migraciones con la docencia y la investigación en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas.

Josetxo Ordóñez. Doctor en Derecho y licenciado en Filosofía. Abogado de la Fundació Migra Studium. Miembro del área social de Cristianisme i Justícia.

F. Javier Vitoria. Teólogo. Presbítero de la diócesis de Bilbao. Forma parte del Área teológica del centro de estudios Cristianisme i Justícia.

Edita Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria, 13, 08010 Barcelona. info@fespinal.com, www.cristianismeijusticia.net

ISSN: 2014-6574. Dibujo de la portada: Roger Torres. Edición: Santi Torres. Corrección del texto: Cristina Illamola. Maquetación: Pilar Rubio Tugas. Abril 2023

Contenido

Prólogo: el derecho a tener derechos

Qué son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

La «directiva de la vergüenza»

«Tranquilidad, orden y control»

Las personas que están dentro

De la teoría legal…

… A la práctica real

La vida después del CIE

El internamiento: un sufrimiento innecesario

Derivación a otros recursos de atención: los recursos del posCIE

La clandestinidad «oficial»

La (des)coordinación con los países de expulsión

Las consecuencias psicosociales y jurídicas derivadas del internamiento en un CIE

Conclusiones

Epílogo: acoger a Cristo emigrante

Sin dignidad humana en las fronteras

Los cie, escenarios del mal en nuestra sociedad

La inevitabilidad del mal como excusa para no hacer nada

La responsabilidad fraterna de la iglesia con el mundo de la emigración

Responsabilidad fraterna y ciudadanía inclusiva

Preguntas para la reflexión

Cuadernos CJ. Últimos títulos

Prólogo: el derecho a tener derechos

Durante la dictadura franquista se impuso el relato que los prisioneros y los asesinados en los campos nazis y que procedían de España no eran españoles. Algunas fuentes de asociaciones de memoria histórica y de exiliados españoles y sus familiares citan el siguiente episodio: durante los encuentros preparatorios de la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, que se celebró el 23 de octubre de 1940, Ramón Serrano Suñer (ministro español de Asuntos Exteriores) y Heinrich Himmler parece que trataron el caso de los republicanos españoles que se encontraban en la Francia ocupada por Alemania. Serrano Suñer habría asegurado a Himmler que no eran españoles.

El hecho es precisamente la desnacionalización masiva, la retirada de la nacionalidad española a alrededor de quinientos mil españoles el año 1940, según cita la filósofa Hanna Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo. De repente, medio millón de ciudadanos españoles se convirtieron en apátridas.

Arendt realiza un fino análisis del problema de la apatridia entre 1920 y 1950. Para ella, convertirse en apátrida fue tanto como convertirse en un sujeto sin derechos humanos. Escribe que, aunque los derechos humanos se suponía que eran universales e independientes de la existencia de un gobierno o de un Estado, «resultó que en el momento en que los seres humanos no tenían su propio gobierno y habían de recorrer a sus mínimos derechos, no quedaba ninguna autoridad para protegerlos ni ninguna institución que desease garantizarlos». En la posguerra de la Primera Guerra Mundial, se inventó el concepto «personas desplazadas», las refugiadas, que englobaron también las apátridas, con el fin de evitar cualquier obligación de protegerlas. Esto pasó cuando se entendió que era imposible hacerse cargo materialmente de los refugiados y que las soluciones propuestas –la repatriación o la naturalización– resultaron un fracaso. Arendt afirma que «el único sustitutivo práctico de una patria inexistente era un campo de internamiento». Ya en la década de los años treinta un campo de internamiento era el único destino que Europa podía ofrecer para la apatridia.

Un campo de internamiento fue desde el principio el lugar perfecto para forzar a las personas a vivir al margen de una ley tangible, real. En los campos de refugiados de hace un siglo, los derechos humanos demostraron ser inaplicables, ya que había personas que o no eran ciudadanas de ningún estado soberano o no pertenecían a ninguna comunidad. Una vez privados de estatuto legal, de derechos humanos, aislados del mundo de los vivos, los nazis entendieron que eran perfectamente superfluos: ya no tenían derecho a tener derechos.

Trasladémonos al año 2023. Las personas inmigrantes y refugiadas de nuestro tiempo tampoco tienen derecho a tener derechos. Y es que hay ecos inquietantes del pasado en la manera como nuestras actuales democracias tratan a los inmigrantes y refugiados. Obligados a huir de guerras, de la miseria, de catástrofes naturales ocasionadas por el cambio climático y de la expoliación y depredación provocadas por nuestra política y nuestra economía, encuentran en nosotros una serie de discriminaciones insoportables.

Hemos inventado una figura absurda y artificial: la de la «persona ilegal», el «sin papeles», alguien fuera de la ley que, como persona, se encuentra sin derechos porque es jurídicamente invisible. Está expuesta a todo tipo de vejaciones, a explotación y a discriminación, no solamente socioeconómica, sino jurídica. Según datos de la Fundación porCausa para el 2021, solamente en España entre 350 000 y 500 000 personas están en esta situación.

Este «inmigrante ilegal» privado de derechos, se percibe como alguien absolutamente diferente, desigual. Por esta razón, la discriminación jurídica legitima la percepción racista: las devoluciones en caliente, las expulsiones en la frontera, los internamientos en los CIE, los naufragios en el Mediterráneo son aceptables desde el racismo. Estos otros, los «ilegales», no son iguales a nosotros antropológicamente, pero tampoco jurídicamente (no tienen los derechos que tenemos nosotros porque no pueden ejercitarlos). Esta discriminación jurídica radical, de «inmigrante irregular», de «sin papeles», es denominada por el jurista y profesor de italiano Luigi Ferrajoli como «sadismo legislativo» de un sistema normativo basado en el racismo institucional. El escándalo de la existencia de inmigrantes «ilegales» pocas veces se ha proclamado con tanta acritud (y acierto) desde el pensamiento jurídico y académico.

La consecuencia más evidente del sadismo legislativo es la criminalización del inmigrante clandestino. No se trata tanto de lo que este haya hecho (eventualmente cruzar una frontera sin autorización para hacerlo), sino de quién es, cuál es su condición personal. Si es un criminal, puede estar sometido a castigos, puede ser privado de libertad, juzgado, deportado, separado de la familia, aislado de redes de solidaridad, acogida y hospitalidad.

Este cuaderno nos habla de los CIE, campos de internamiento donde encerrar a inmigrantes en situación administrativa irregular y expulsarlos a sus lugares de origen. Como escribió Foucault, el concepto de campo es aquel lugar definido y cerrado del cual no se puede salir, pero al que no es posible entrar (excepto si se es alguien destinado a ser objeto de internamiento). Por esta razón, el interior del campo es invisible desde fuera: no conseguimos ver qué pasa dentro, quién está internado ni por qué. El campo es opaco por naturaleza. Así pasa con los CIE, los modernos campos de internamiento en nuestro país.

En el siglo xx, los refugiados y apátridas fueron personas sin derechos. Actualmente, nuestro mayor desafío es reconocer a los migrantes y refugiados como otros iguales a nosotros, con derecho a tener derechos. Es la única manera de tomarnos en serio los derechos humanos.

Josetxo Ordóñez

Qué son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Con este cuaderno se pretende contribuir a conocer, cada vez más, los Centros de Internamiento de Extranjeros (en adelante, CIE). Las investigaciones e informaciones que hay publicadas analizan estos centros desde diferentes perspectivas, pero, en este caso, se propone un acercamiento humano a las historias, vivencias y relatos que quedan custodiados tras sus muros y silenciados cuando se produce la salida del CIE. En este cuaderno se recoge una parte de mi tesis doctoral titulada «La privación de libertad como instrumento de gestión y control de la inmigración irregular: análisis de las consecuencias psicosociales y administrativas derivadas del internamiento de personas extranjeras extracomunitarias en Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)», por lo que los testimonios que se irán analizando a lo largo de estas páginas son fruto del trabajo de campo realizado en diferentes entidades que tienen contacto con el CIE de Aluche (Madrid).

La «directiva de la vergüenza»

Como es sabido, estos dispositivos son uno de los instrumentos empleados en la lucha contra la migración irregular que, entre otros castigos, utiliza la privación de libertad para sancionar a quienes se encuentran en territorio español sin una autorización administrativa. Desde hace años, las políticas migratorias de la Unión Europea han dado un giro gerencial y, como alertó Wacquant en el año 2009, surgen por doquier «áreas de espera y centros de retención a lo largo de todo el continente para contener a una población flotante de inmigrantes indocumentados y no deseados» (Wacquant, 2009:142), a la vez que se produce una «expulsión masiva y ritualizada de los extranjeros ilegales o condenados mediante vuelos chárter» (Wacquant, 2009:142).

Por su posición geográfica, España, junto con Portugal, Italia o Grecia, desempeña un papel fundamental en la vigilancia de la frontera sur de la Unión Europea, y, mediante los CIE y su función en la política migratoria europea, se trata de controlar los flujos mixtos integrados por personas de origen extranjero en situación de pobreza, vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. Es decir, estos centros forman parte de los controles fronterizos internos de cada país, custodiando y reteniendo a personas de origen extranjero a las que pretende expulsar del territorio de la Unión Europea.

De acuerdo con el art. 16 de la Directiva de Retorno, el internamiento se llevará a cabo, preferentemente, en centros especializados cuya finalidad sea garantizar la expulsión de una persona extranjera en situación administrativa irregular de cualquier Estado miembro. En el año 2008, esta norma establecía el plazo máximo de internamiento en seis meses, prorrogable a dieciocho en determinados supuestos. Este aspecto, junto con el retorno de menores no acompañados o la prohibición de entrada, supusieron algunas de las cuestiones más controvertidas (Gortázar Rotaeche, 2009) de la, también conocida, como «Directiva de la Vergüenza». A pesar de la postura del Consejo Europeo y del Nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, que permite que las detenciones puedan ser superiores a seis meses, en España se mantiene que esta privación de libertad no puede ser superior a sesenta días, de modo que, de momento, se mantiene una normativa más garantista que la de la Unión Europea (Gortázar Rotaeche, 2020a).

«Tranquilidad, orden y control»

En España, los CIE se regularon por primera vez hace cuatro décadas, mediante la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en cuyo art. 26 se establece que el internamiento debe ser acordado por un juez como medida cautelar, durante un periodo no superior a cuarenta días y en un centro no penitenciario. No obstante, y en palabras de García España (2017), en los centros de internamiento de extranjeros se produce «una privación del derecho fundamental a la libertad sin que medie un comportamiento delictivo. Consiste, en última instancia, en una prolongación de las 72 horas permitidas legalmente de detención policial con autorización judicial» (García España, 2017:2).

Es decir, nos encontramos ante una privación de libertad impuesta a personas extranjeras que, únicamente, han cometido una infracción administrativa. No obstante, con ella se envían dos mensajes muy claros a la ciudadanía: a la española, «tranquilidad, orden y control» de la migración irregular (Manzanedo e Izuzquiza, 2011:167) y a la extranjera, «miedo, persecución, hostigamiento y criminalización» (Manzanedo e Izuzquiza, 2011:167). De esta forma, los CIE son «la visibilización invisible de la política del miedo: válvula de escape en época de crisis y, al mismo tiempo, fuente de sometimiento social» (Manzanedo e Izuzquiza, 2011:167).

Sin embargo, más allá de cumplir una función de custodia y retención para personas extranjeras que van a ser expulsadas, se constata que en la actualidad están cumpliendo, de facto, otras dos funciones: por un lado, se han convertido en centros de primera acogida de personas extranjeras que llegan a España a través de la frontera sur y, por otro lado, debido al uso y abuso de la privación de libertad para gestionar la migración no deseada, son un obstáculo en el proceso de integración de personas migrantes que presentan un periodo de estancia más o menos prolongado en nuestro país. De esta forma, puede afirmarse que, actualmente, los CIE son unos de los dispositivos de deportación y centros de privación de libertad que están presentes en las tres fases del control migratorio, y que se han constatado como «no lugares» o «espacios de infraderecho» (de Lucas Martín, 2015:37).

Las personas que están dentro

Los datos revelan que el número de internamientos es muy superior al número de expulsiones que finalmente se ejecutan (Vargas, 2019; Gortázar Rotaeche, 2020a), por lo que puede inferirse que el estudio individual no se realiza con el debido rigor, contrariamente a lo que se recoge en la Recomendación 68/2013 del Defensor del Pueblo de 22 de mayo de 2013.

De la teoría legal…

En España, una persona puede ser internada en un CIE si se produce cualquiera de las siguientes circunstancias:

Que sea parada e identificada en la calle por parte de la Policía.

Que se la detenga cuando acceda al país por una vía no autorizada.

Que sea trasladada desde un establecimiento penitenciario a un centro de internamiento para proceder a su expulsión tras el cumplimiento de una condena penal.

En aplicación del art. 89 del Código Penal y del artículo y 57.2 de la Ley de Extranjería, donde se recoge la sustitución de la pena de prisión por expulsión a aquellas personas condenadas por delito superior a un año.

En todos los supuestos, el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, conocido como «Reglamento CIE», indica que «el ingreso y estancia en los centros tendrá únicamente finalidad preventiva cautelar, y estará orientado a garantizar la presencia del extranjero durante la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso» (Art. 1, Reglamento CIE), apelando en ese mismo artículo «al principio de proporcionalidad en los medios utilizados y objetivos perseguidos, el de intervención menos restrictiva y el de atención especializada a personas vulnerables», y considerando que «menores, personas discapacitadas, ancianos, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual» son personas especialmente vulnerables.

… a la práctica real

A pesar de ello, en diversos informes se constata que en estos centros hay personas vulnerables a las que, además, no se les proporciona la atención adecuada.

Menores no acompañados

Especialmente preocupante es la presencia de menores de edad (Defensor del Pueblo, 2019; Karibu, 2018; Servicio Jesuita a Migrantes, 2018; SOS Racismo, 2018), en su mayoría interceptados al cruzar la frontera sur como infancia y adolescencia no acompañada. El Comité de Derechos del Niño ha llamado la atención a España en varias ocasiones por asignar la mayoría de edad a quienes aseguraban ser menores y, en algunos casos, a pesar de acreditarlo con documentos. Por otro lado, también se ha comprobado que pueden producirse situaciones de desprotección de menores residentes en España cuando se produce el internamiento de sus progenitores, por ejemplo, al sufrir una detención por controles de identificación (redadas racistas), como ocurre con muchas mujeres que tienen menores a su cargo (Martínez Escamilla, 2013; SOS Racismo, 2018). Además, como señaló el Servicio Jesuita a Migrantes en 2013, las niñas y adolescentes de origen subsahariano no acompañadas pueden ser, también, víctimas de trata de seres humanos.

Mujeres

En 2019 el Defensor del Pueblo consideraba que, en concreto el CIE de Aluche de Madrid, presentaba un cumplimiento parcial o incompleto sobre la recogida y tratamiento de la información referida a víctimas de trata, víctimas de violencia de género y otras formas de violencia. Asimismo, los informes revelan, en general, una sobrerrepresentación de mujeres internadas que ejercen, de manera forzosa o no, la prostitución (Martínez Escamilla, 2013).

Los CIE, al igual que sucede en las prisiones, son ambientes altamente masculinizados. Esto conlleva, entre otras consecuencias, que, por la inferioridad numérica de las mujeres, estas acaben ubicadas en las peores zonas y vean limitados sus derechos, aún más que los varones, y violentada su intimidad. En diferentes informes, así como en valoraciones del Defensor del Pueblo, se considera que los espacios destinados a albergar a mujeres no son adecuados y, asimismo, se considera la obligación de aumentar el número de agentes de policía mujeres para atenderlas.

Personas no expulsables

En el año 2018, el Servicio Jesuita a Migrantes señalaba un aumento de las entradas a España por las costas del sur, a la vez que se incrementaron los internamientos de personas procedentes de Argelia y Marruecos, infiriendo que «el internamiento se utilizó sobre todo como herramienta de las políticas de control de fronteras: el 92 % de las personas argelinas y un 79 % de las marroquíes fueron internadas por motivo de devolución por su entrada irregular en España» (Servicio Jesuita a Migrantes, 2018:7). Karibu denunció en ese mismo año (2018) que «la elevada cifra de personas liberadas dentro del colectivo subsahariano (93 %) confirma lo absurdo del internamiento para personas de este origen. Es una privación de libertad injusta, ya que no está dirigida a facilitar la expulsión» (Karibu, 2018:49), e incumple los prin-cipios establecidos en la Directiva de Retorno.

Personas enfermas

En 2018, Karibu y el Servicio Jesuita a Migrantes, insistían en la necesidad de ofrecer atención médica y psicológica adecuadas, denunciando la insuficiente dispensación de medicamentos o la falta de sistematización en la realización de pruebas diagnósticas, a pesar de la presencia de personas que presentan algún tipo de enfermedad. En la visita realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el año 2021 al CIE de Valencia, el Defensor del Pueblo resaltó la falta de atención psicológica e insistió en su informe en la necesidad de la atención psicológica para los supervivientes de nau-fragios.

Solicitantes de asilo

Otro aspecto grave es el incremento de las solicitudes de asilo que se producen en los CIE. Si bien el inicio del procedimiento de solicitud de asilo supone interrumpir el procedimiento de expulsión y puede ser una vía que se esté utilizando para tratar de evitarla, también es cierto que, al haberse convertido en un centro de primera acogida para muchas de las personas que llegan a nuestro país, la solicitud de asilo es un derecho que pueden ejercer y que, según los informes publicados, no se gestiona adecuadamente. Se ha detectado una aplicación inadecuada de la normativa procedimental por parte de la Policía Nacional (Karibu, 2018; Servicio Jesuita a Migrantes, 2018) debido al cómputo de los plazos (por días o por horas), teniendo la obligación de contestar igualmente en los días «no hábiles» por tratarse de una privación de libertad y estar pendiente de una expulsión, y este incumplimiento conlleva la transformación al proceso ordinario (Art. 21.5 de la ley de asilo), en lugar del procedimiento de urgencia aplicable en este caso.

Personas extranjeras comunitarias

A pesar de que la normativa europea no permite que se interne a personas extranjeras comunitarias, en la Guía práctica de asistencia jurídica en Centros de Internamiento de Extranjeros, publicada por la Fundación Fernando Pombo en 2018, se documenta que, cuando «el internamiento [se haya] producido como consecuencia de una expulsión acordada en un procedimiento de carácter penal» (Fundación Fernando Pombo, 2018:15), sí que tiene lugar el ingreso de ciudadanos comunitarios en un CIE, circunstancia que se ha visto propiciada por la reforma en 2015 del artículo 89 del Código Penal. Además, es probable que en la práctica esta circunstancia se dé en más de un supuesto, debido a que hay muchos internamientos que se motivan en la expulsión por razones de orden público (Art. 15.1.c del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo). Muñoz Ruiz (2014) señala el hecho de que el tiempo en el CIE no compute como ejecución de la pena, de los problemas de internar en un CIE a personas condenadas por delitos con quienes no han delinquido, y que debería emplearse solo para condenas que no supongan ingresar en un centro penitenciario (localización permanente, penas de prisión inferiores a tres meses o responsabilidad subsidiaria por impago de multa). Es decir, nos encontramos con que el internamiento en el CIE, al no computar como pena, se produce un segundo internamiento entre la prisión y la ejecución de la expulsión que no formará parte de la condena penal de la persona.

Además de lo señalado anteriormente, también hay un elevado número de personas extranjeras que son internadas en el CIE por encontrarse en una situación de irregularidad administrativa sobrevenida o por no haber podido regularizarse a pesar de residir en el país desde hace tiempo (Servicio Jesuita a Migrantes, 2013; SOS Racismo 2018; Karibu, 2018).

La vida después del CIE

Las evidencias que han mostrado los estudios realizados sobre el impacto de la privación de libertad en población reclusa en cárceles constatan que esta tiene importantes efectos negativos para la persona que lo sufre, lo que se conoce como prisionización física y prisionización psicológica (Valverde Molina, 1991). Estos estudios sirvieron para que, desde el Derecho Penal y Penitenciario, se adoptaran medidas como eliminar el arresto de fin de semana o suspender o sustituir la condena, en el caso de actos delictivos que fueran sancionados con penas de prisión muy cortas.

El internamiento: un sufrimiento innecesario

Aunque todavía no existen estudios científicos que aborden las consecuencias del internamiento en un CIE, por las publicaciones y denuncias existentes, se observa que el impacto biopsicosocial del internamiento en un CIE coincide en muchos aspectos con la prisionización física y psicológica. Otro aspecto señalable es que parece obviarse la necesidad descrita por Mathews (2003) de que la persona privada de libertad conozca su fecha de liberación, con el fin de calmar la ansiedad y la incertidumbre que padece. Debido al mal funcionamiento de los CIE, las personas desconocen el tiempo que permanecerán recluidas y casi hasta el último momento se mantiene la incógnita de si la expulsión podrá llevarse a cabo o no. Así pues, los síntomas que diferentes entidades detectan en esta población son el miedo tanto a la expulsión como a la salida del CIE, estrés, ansiedad, depresión, desconcierto e incomprensión de la situación, indefensión, rabia, impotencia, desesperación, tristeza, sensación de abandono y desconfianza (Servicio Jesuita a Migrantes, 2013; Fundación Fernando Pombo, 2018; SOS Racismo, 2018), así como «tensión producida por el hacinamiento con personas extrañas de distintas procedencias, países y religiones, la indiferencia de la policía ante posibles peleas, el trato no adecuado y la falta de respuesta de la dirección del centro a sus peticiones» (Servicio Jesuita a Migrantes, 2013). Por tanto, a pesar de tener investigaciones sólidas que permiten inferir y anticipar consecuencias que podrían paliarse mediante un funcionamiento adecuado de los CIE y una atención psicosocial intensa y dotada de medios necesarios, todo parece indicar que no se han tenido en cuenta en el pasado ni se tomarán en consideración seriamente en un futuro próximo.

Derivación a otros recursos de atención: los recursos del posCIE

Según refieren las entidades que visitan los CIE de Aluche, otro fallo grave del funcionamiento de estos dispositivos es la enorme descoordinación que existe entre la Dirección del CIE, Cruz Roja y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISM).

Según se puede apreciar en el siguiente testimonio proporcionado por una trabajadora de la entidad humanitaria1 encargada de la atención social dentro del CIE de Aluche, uno de cuyos principales cometidos es la derivación a Programas de Ayuda Humanitaria o de Asilo, cuando las personas no cumplen este perfil suelen acabar ayudadas por su propia red étnica, familiar o social (en el caso de que cuenten con ella) o acaban acudiendo a recursos para personas sin hogar.

Cuando salen a la calle y no tienen ningún sitio donde ir nosotros intentamos, con nuestros propios medios, derivarlos a nuestros programas. Pero hay veces que no tienen cabida o, por ejemplo, no hay plazas. Pues intentamos hablar con otras entidades a ver si tienen plaza, por ejemplo, de ayuda humanitaria, pero hay que hablar con el Ministerio, porque esas asignaciones las hace el Ministerio, no las hacen las propias entidades. […] También les damos información sobre albergues municipales, a qué otras entidades pueden acudir porque sabemos que les ayudan puntualmente. (Trabajadora de entidad humanitaria encargada de la atención social dentro del CIE de Aluche)

No obstante, diferentes entidades que visitan los CIE aseguran que suelen detectar casos en los que la persona no cuenta con la información suficiente cuando es puesta en libertad.

De hecho, una cosa que hemos denunciado desde hace muchos años es cuando se ponía a la gente a las tres de la mañana en libertad, sin ningún recurso, en la puerta del CIE. Y era gente que tenía que haber ido a recursos de Ayuda Humanitaria, o gente que la habían traído porque no había CIE en Galicia o en Asturias; tenían allí su vida y de golpe se ven en Madrid sin dinero. Eso son fallos básicos de estrategia social, de asegurar que esa persona pueda llegar en autobús a su casa. (Persona voluntaria de entidad que visita el CIE de Aluche)

Es decir, cuando se produce la liberación son pocas las personas que cuentan con un soporte institucional para ayudarles a sobrevivir después del internamiento. Además, como hemos visto, suele tratarse de personas prácticamente recién llegadas a nuestro país, que inician el proceso de solicitud de asilo o que, dada su situación, consideran que pueden beneficiarse de ayuda humanitaria. No obstante, como hemos señalado antes, un gran número de personas son arrojadas a la exclusión social más severa teniendo que recurrir a los recursos de personas sin hogar. Como se verá en el epígrafe siguiente, estos casos suponen un problema para esta red de atención, no solo por la sobrecarga de atenciones, sino por tener que atender a personas que no se corresponden con el perfil tradicional del colectivo en el que están especializados. En este sentido, el Defensor del Pueblo recomienda asegurar las plazas suficientes para los contingentes de llegadas (puesta en libertad de personas que han sido internadas tras llegar en patera y no tienen perfil de persona refugiada).

La clandestinidad «oficial»

Tras la salida del CIE, las conocidas como personas inexpulsables son una de las consecuencias más sangrantes del funcionamiento actual de los centros de internamiento. La falta de rigurosidad por parte de jueces y policías a la hora de fundamentar y autorizar un auto de internamiento sin realizar un estudio individualizado previo como exige la normativa da lugar a que se produzcan internamientos de personas que, finalmente, no van a poder ser expulsadas. El siguiente fragmento recoge la opinión de un abogado experto en Extranjería, quien expresa la desconcertante situación a la que se ven abocadas estas personas.

Algunas, porque no pueden ser expulsadas porque no los acepta el país de origen; otras que se niegan a documentar, porque los países no documentan, o aquellas que España sabe que no puede expulsar por la situación objetiva de riesgo que puedan tener en sus países de origen. Entonces, en toda esa «casuística» hay de todo. […] Nosotros los llamamos los benditos inexpulsables, que según la Directiva de Retorno tienen que ser documentados, no puede haber otra…, pero no se está cumpliendo. No se cumple. (Abogado experto en Extranjería)

Existen diversos motivos por los que no puede ejecutarse una expulsión, como por ejemplo que el estado de origen o de tránsito no acepte la devolución de esa persona, que no haya vuelos disponibles o que la persona se niegue a subir al avión. Otro motivo es que el tiempo máximo de internamiento se haya cumplido y la normativa obligue a que se produzca la liberación. En estos casos, la persona tiene que sobrevivir trabajando en la economía sumergida, viviendo de la solidaridad ciudadana, familiar, de alguna ONG o de amistades. Arango (2022) explica que no pueden ser encarcelados debido a que la irregularidad administrativa no es un delito, pero tampoco pueden ser retenidos en un centro de internamiento más allá de lo que estipula la normativa, por lo que son «devueltos a las calles, sin derecho a trabajar, sin posibilidad de alquilar una vivienda y con una orden de expulsión en el bolsillo como todo documento legal» (Arango, 2005: 22).

También se han documentado situaciones en las que las personas acaban siendo atendidas por la red de recursos destinados a personas sin hogar. Como se recoge en el siguiente testimonio. En ciudades como Madrid, donde esta red es bastante sólida, esta circunstancia se repite con relativa frecuencia a pesar de no existir ningún protocolo de coordinación y de no ser el recurso idóneo para atender esa circunstancia.

Formalmente no hay ningún sistema de coordinación ni de derivación. Cuando se produce alguna entrada de algún grupo del CIE es o porque bien llaman ellos o bien llama el policía de turno, o bien alguien puntualmente, pero no hay un modelo de coordinación. […] Bien es porque a las propias personas alguien les ha dicho que nos llame, bien porque el policía que en ese momento está, o el funcionario del CIE se ha acordado de nosotros, pero no hay un mecanismo de coordinación. (Responsable de Samur Social)

Estos casos suponen mayor presión para esta red de atención especializada, la cual no contempla las especificidades que la persona puede presentar, sino que únicamente se la atenderá como a una persona sin hogar o sin techo.

Si una persona del CIE nos pide ayuda porque está en situación de calle, entra en el circuito como cualquier otra persona. […] Es más, a lo mejor, no es sin hogar, a lo mejor es una persona sin techo. […] Imagínate que sea una persona subsahariana, de Angola, que tiene familia en Valladolid y está en el CIE de Carabanchel; sale del CIE y no es un sin hogar: tiene familia y tiene un alojamiento en Valladolid. Pues a lo mejor esa noche está con nosotros hasta que vuelve otra vez a buscar los recursos para poder irse. Es decir, que hablamos de unas personas que en unos casos sí pueden estar en situación de calle; en otros, no. Sí es cierto que son personas que pasan por el CIE y que están en situación de precariedad y vulnerabilidad, porque todos son personas extranjeras en situación irregular. Esa es una condición que les hace estar en una situación de vulnerabilidad, pero no tiene por qué significar en todos los casos personas sin hogar. […] Lo que hacemos en todos los casos es, como en todas las personas que acceden a los centros, hacer una primera labor de acogida, de valoración y de intervención, y, a partir de ahí, damos las prestaciones que se tengan que dar. (Responsable de Samur Social)

A todas estas dificultades hay que sumarles la falta de coordinación existente entre las entidades y la dificultad de sobrevivir una vez que se sale del CIE:

[…] En el mejor de los casos, les sale una orden de expulsión por estancia irregular; que tienes un acuerdo sancionador que te obliga a expulsarte, que tienes tres años más dos de prescripción, claro, tienes cinco años. No son tres, son cinco. Durante estos tres, y no solo tres, sino cinco, pueden intentar expulsarte, que es donde entra el CIE, porque como tienes un procedimiento sancionador, para asegurar la expulsión, te internan en el CIE hasta el último vuelo. (Abogada experta en Derecho Penal y de Extranjería)

La consecuencia última de todo ello es que estas personas permanecen en nuestro país sin poder regularizarse, lo que les empuja a una situación de exclusión social que, como explica la siguiente abogada, tiene dos consecuencias muy graves: en primer lugar, la criminalización a la que son sometidas y, en segundo lugar, las dificultades que encuentran en su día a día que afecta al área laboral, sanitaria, relacional, familiar…, debido a las limitaciones que esta situación administrativa supone.

Todo el tema migratorio se mira desde la perspectiva de la seguridad y desde el peligro que supone para la población local. De acuerdo, documéntalos, tenlos registrados, pero dales oportunidad de salir adelante. Si tú dejas a una persona bloqueada, sin papeles, con una orden de expulsión abierta, sin poder volver a su país porque no tiene convenio para volver o no es reconocida por lo que sea, y, sin embargo, le cierras todas las puertas a su integración, es absurdo; te estás creando tú solo un problema. Estás dejando a personas bloqueadas dentro de un sistema, por eso insistimos: acoger e integrar. […] Muchas veces la persona solo quiere seguir su camino, pero, claro, ahí ya entramos en temas internacionales de fronteras. (Abogada de entidad de voluntariado que visita el CIE de Aluche)

La (des)coordinación con los países de expulsión

El principio de no devolución recogido en diferentes tratados, así como en el art. 33.1 de la Convención de Ginebra y en el art. 3 del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, señala que ninguna persona puede ser devuelta al país del que procede si se prevé que existe un riesgo para su vida o para su integridad física (Gortázar Rotaeche, 1999, 2010, 2020a). Sin embargo, los diferentes informes publicados por entidades defensoras de los Derechos Humanos demuestran que este principio no se contempla a la hora de autorizar las expulsiones.

La expulsión o devolución a los países de origen o tránsito de las personas liberadas del CIE es uno de los aspectos más controvertidos del funcionamiento de estos centros. Existen relatos documentados de víctimas de trata o de personas susceptibles de beneficiarse de la Protección Internacional que han sido expulsadas sin tener en cuenta el riesgo que esto supone para sus vidas o integridad física.

Además, el apoyo que reciben estas personas cuando llegan a su destino es nulo, teniendo que sobrevivir con los medios de los que disponga en ese momento. Este hecho es especialmente preocupante cuando las expulsiones se producen a los países de tránsito donde, en la mayoría de los casos, las personas no cuentan con ningún tipo de red de apoyo.

Esta desatención y falta de medios de subsistencia ponen a la persona en una gravísima situación de riesgo tanto físico como social producido por la falta de coordinación entre países.

Una vez que salen del CIE… otra cosa es que les ayudemos a contactar con su familia para avisar… Tienen derecho a una llamada, pero a veces es insuficiente y necesitan que les ayudemos a contactar con su familia o con sus redes de apoyo. Pero directamente no está prevista ninguna actividad con ninguna entidad de allí, salvo que ellos nos pidan que contactemos porque conocen a tal entidad y ya les ayudaron en su día. Bueno, pues entonces sí que lo hacemos, pero, si no, no. (Trabajadora de entidad humanitaria encargada de la atención social dentro del CIE de Aluche)

Además, el funcionamiento de los consulados difiere según los países, y esto es una circunstancia que puede incrementar de manera considerable la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes, encontrándonos situaciones tan grotescas como la descrita a continuación.

Con los consulados a veces hablamos, algunos son más receptivos y algunos te dicen que ni si quiera van a visitar al CIE, pero hay otros que van. El de Nigeria, le ponen al Pato Donald delante y te hace un visado de que es nigeriano; y el de Marruecos ni va, le manda la lista la Policía y la devuelve. Argelia sí, el de Marruecos no va nunca. Que vayan es un requisito previo para la Policía para completar el expediente. Si está indocumentado y tiene que conseguir un visado, el cónsul de Nigeria tiene que, efectivamente, decir que es nigeriano. ¿Por qué? Porque le ha preguntado cuatro cosas y le ha contestado que es nigeriano. Entonces, la Policía mientras que tenga un visado y le pueda meter en un avión… (Persona voluntaria de entidad que visita el CIE de Aluche)

Las consecuencias psicosociales y jurídicas derivadas del internamiento en un CIE

Como estamos viendo, el internamiento en un CIE conlleva importantes consecuencias tanto para las personas migrantes como para sus familias. Dichas consecuencias son de diversa índole, pudiéndose presentar miedo o angustia por salir a la calle, o por encontrarse con la Policía (esta reacción también se observa en personas presas cuando salen a la calle por primera vez), o encontrarse con que para vivir tienen que trabajar en la economía sumergida. La economía sumergida, la solidaridad de personas concretas y entidades muchas veces son los medios de subsistencia fundamentales con los que cuentan estas personas.

Porque, al final, sales del CIE y estás fenomenal, pero la incertidumbre de la vida… Los más valientes o más desastrados se dedicarán a actividades paralegales y los otros, a la mendicidad; es que no hay otra alternativa. No hay otra alternativa, digo que no hay una vía intermedia legal y formalmente aceptable. (Cura de una parroquia de un barrio de Madrid)

Como hemos señalado anteriormente, aunque en España el plazo máximo de privación de libertad en un CIE no puede superar los sesenta días, este lapso de tiempo tiene consecuencias muy graves para las personas que lo han sufrido.

Pero cuando has pasado por un CIE, mucha gente nos decía «joe, pero si yo estaba trabajando, yo tengo mi familia, si yo tengo mi vida normal…» y eso se ha truncado. (Cura de una parroquia de un barrio de Madrid)

En opinión del trabajador de la red de personas sin hogar, a pesar de las graves consecuencias del internamiento, estas personas presentan un deterioro menor que personas que presentan un sinhogarismo crónico o que aquellas que han cumplido condena durante muchos años.

Evidentemente hay una diferencia y es que la persona que accede al CIE está en menor situación de deterioro personal. Las personas que salen de la cárcel y llegan a la red de personas sin hogar, muchos de ellos ya estaban en calle y han accedido a la cárcel desde la calle, porque han vuelto a cometer un delito. Estamos hablando de personas con un proceso importante de desarraigo y de exclusión. […] En el caso de los inmigrantes extranjeros irregulares que pasan por los CIE […] se observa claramente que son personas que están más en el umbral de la pobreza, en la precariedad, en la vulnerabilidad, porque la mayor parte de ellos todavía son personas que mantienen capacidades y habilidades personales para poder buscarse la vida. Evidentemente, no en el ámbito de la economía normalizada o…, si no, en la economía sumergida. […] Y por supuesto, hay una diferencia cualitativa en los procesos personales de aquella persona que ha pasado por la cárcel y llega a la red de personas sin hogar y los de aquella persona que ha pasado por el CIE y viene a la red de personas sin hogar. La mayor parte de las personas que vienen a la red y que vienen del CIE la utilizan de trampolín hasta que vuelven a encontrar su referencia. Sobre todo, sus paisanos y sus amigos y su grupo de referencia. (Responsable de Samur Social)

En el siguiente testimonio se explica el impacto que supone esta privación de libertad para las personas que llegan a nuestro país. No es solo la frustración del proyecto migratorio, sino el desconcierto por no entender lo que está pasando.

Lo que les supone, principalmente, es la desesperanza, porque para ellos llegar era como la victoria. Es bouzza, cuando dicen bouzza es… no tiene traducción en castellano, pero es como una victoria, como una victoria colectiva. Y que lo metan en un CIE, en unas condiciones peor de las que estaban allí, sin tener conocimiento de nada, sin que nadie les diga nada. Están metidos en una cárcel, es una cárcel. […] Como a las dos semanas de estar allí nos decían, «es que no podemos salir de aquí, no sé por qué» y eso se va haciendo cada vez más duro y más duro. Y era sobre todo la sensación de tristeza, de depresión. O sea, un principio de depresión. Hay casos de gente que no se levanta de la cama… […] La mayoría del tiempo lo que hacíamos era hablar con ellos. O sea, hablar con ellos era como… te aplaudían cuando salías porque era como, por fin puedo contarle a alguien… (Persona voluntaria de entidad que visitaba el CIE de Barranco Seco, Las Palmas de Gran Canaria)

Como se está comprobando, el internamiento en el CIE es devastador para quien lo sufre. La incertidumbre acerca de la salida o de los vuelos afecta a personas internadas, profesionales y voluntariado, ya que, casi hasta el final, no se sabe cuándo saldrá el vuelo, ni si lo habrá, lo que entorpece enormemente, según esta profesional, la planificación de la intervención y del acompañamiento.

El problema es el tiempo, que son sesenta días como máximo. Y el problema es que no sabes si en dos semanas o en ocho días se van a ir o van a estar cuarenta y cinco días. Las realidades son, además, muy cambiantes. Entonces, efectivamente, se hacen talleres, de idiomas, de manualidades o cosas de esas para que ocupen el tiempo, se les proporciona lectura… Pero no da tiempo a una cosa estructurada que puedas decir «Pues he aprendido… yo qué sé, costura». El problema es que tienes que ocupar el tiempo libre en cosas que les sirvan también… o porque les informas de sus derechos, cosas de protección internacional, les facilitas lectura, les facilitas juegos, los contactos… Localizar… porque también entre que localizan a su abogado, que localizan sus documentos… También esa es una parte de actividad que ocupa tiempo, pero, claro, el día es muy largo. Y los sitios donde puedes intentar hacer actividades o localizar los documentos, pues también tienen un horario; entonces, fuera del horario ese ya no puedes hacer nada más. Pero, vamos, sesenta días pueden ser mucho, o muy poco. Depende. (Trabajadora de entidad humanitaria encargada de la atención social dentro del CIE de Aluche).

En opinión de este otro voluntario, si las condiciones administrativas fueran más adecuadas, muchas de estas personas podrían salir adelante.

Las posibilidades de inserción social son elevadísimas. Hay un discurso muy interesado de que vienen a quitarnos el trabajo y de que vienen a no sé qué, y eso es mentira, es mentira. Porque ellos trabajan en lo que nadie quiere trabajar aquí, ni siquiera cuando hemos estado en circunstancias de crisis aguda, porque nadie se pone a trabajar limpiando la mierda de los caballos como está un chico en Valladolid, y nadie se pone a cuidar ancianos. Aunque habrá de todo, estoy haciendo un poco de demagogia. Y son trabajos que hacen ellos, cuando les regularizó Zapatero en el dos mil cinco a seiscientos mil era porque era el boom de la construcción y hacía falta mano de obra. (Persona voluntaria de entidad que visita el CIE de Aluche).

La regularización documental puede iniciarse por circunstancias humanitarias y otros supuestos (ser descendiente o ascendiente de españoles, ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea, poder demostrar un periodo de estancia de tres años en España, haber colaborado con las autoridades fiscales, policiales, etc.) (Fundación Fernando Pombo, 2018) y, si cualesquiera de estos requisitos se concurrieran en una persona, esta no debería haber sido internada en el CIE, debido a que tendría una situación que impide la posibilidad de que sea expulsada. No obstante, en los diversos informes que hay publicados sobre los CIE se documentan casos en los que, a pesar de concurrir estas circunstancias, las personas son internadas.

Conclusiones

Como se ha tratado de exponer en este cuaderno, los CIE son una herramienta más de las políticas migratorias actuales con gravísimas consecuencias para las personas que son detenidas e internadas en ellos.

A pesar de la diversidad de situaciones y casuística existente, se constata, en la mayoría de los casos, una flagrante vulneración de sus derechos.

Como hemos visto, la motivación del internamiento no radica solo en el incumplimiento de la normativa de extranjería vigente, sino que está influida por otras cuestiones como la procedencia del sujeto o las redadas racistas que se hayan llevado a cabo en función del destino de los vuelos que vayan a fletarse próximamente.

En esta misma línea, la falta de suficiente atención social, psicológica y médica vulnera y condena a las personas extranjeras a padecer enormes sufrimientos que, en ocasiones, han llegado a terminar con la muerte de la persona, como es el caso de Samba Martine en el año 2011.

La discriminación por razón de género se observa en la estructura de los edificios, pero también en su funciona-miento, de modo que se constata un ele-vado número de mujeres que presentan evidencias de ser víctimas de violencia sexual y de género, y que han sido detenidas en la frontera. Sin embargo, se observa que las detenciones producidas en la calle son sobre todo de varones, debido a que muchas de las mujeres que se encuentran en situación irregular desempeñan su trabajo en el empleo doméstico y apenas están en la calle.

Una cuestión altamente preocupante son los daños indirectos de los CIE. La infancia que, a pesar de no estar encerrada, ha sufrido desamparo porque sus padres fueron detenidos o las personas dependientes que se encuentran en una situación de desprotección, debido a la detención de la persona (normalmente de la mujer) que les cuidaba, son una realidad oculta y de la que apenas se habla, pero que es muy grave por la desprotección que supone para personas vulnerables por razón de edad o de estado de salud.

La salida del CIE es uno de los momentos más delicados y que presenta más fallos. Se ha demostrado que tanto la coordinación con los países de origen y tránsito como la coordinación con entidades en territorio español para quienes no vayan a ser expulsados son insuficientes, lo que supone que muchas personas se encuentren totalmente abandonadas una vez puestas en libertad.

Por último, a pesar del debate existente sobre la comparativa entre cárceles y CIE, podría ser útil aplicar los estudios sobre prisiones a estos centros, ya que, a pesar de las diferencias, la privación de libertad es común en ambos centros y, en muchos casos, las consecuencias sobre las personas, también. No hay que olvidar que las diferencias entre un centro y otro son puramente formales. Sin embargo, la privación de libertad es una cuestión que afecta de tal manera a los seres humanos que, independientemente del motivo del encierro, las consecuencias que no forman parte del auto del juez en el que se recoge el castigo se deberían de poder prever y, en la medida de lo posible, evitar. No obstante, esta afirmación no está exenta de controversia: en ambas posturas, tanto en la que está a favor de comparar ambas instituciones como en la que no, existen argumentos válidos y de peso. Por ejemplo, en la primera, se considera que esta comparativa supondría garantizar ciertos derechos y desarrollar la normativa en cuestión, mientras que, desde la opinión que se posiciona en contra, se argumenta que son instituciones diferentes y que en ningún caso pueden establecerse paralelismos.

A lo largo de la investigación, se habló con personas de ambas posturas y es difícil no encontrar argumentos de peso en las dos. Sin embargo, desde la óptica de la intervención social, creo útil no perder de vista la perspectiva carcelaria por dos motivos: el primero de ellos, por ser un espejo en el que mirarse para alejarse de él manteniéndose muy alerta ante los claros parecidos existentes, tanto desde el funcionamiento de ambos centros como desde la experiencia subjetiva de la vivencia del encierro; por otro, para ser capaces de actuar de una manera certera, tanto durante el internamiento como en el pos-CIE, detectando los síntomas y signos inequívocos que la privación de libertad imprime en las personas que la sufren.

Epílogo: acoger a Cristo emigrante

Todas las historias de emigración forzosa son dramáticas. La mayoría de sus protagonistas son hombres y mujeres que escapan de la guerra, de persecuciones, de la hambruna, de catástrofes naturales, de la falta de recursos económicos. «Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se haga realidad» (Fratelli Tutti 37). Los que emigran «tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen» (FT 38).

Sin dignidad humana en las fronteras

Todos los caminos de la emigración irregular están repletos de emboscadas y peligros: «Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes, que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico, y sufrimientos indescriptibles» (FT 38). Muchos miles de esas historias concluyen trágicamente antes de llegar a la costa africana o en el mar, intentando llegar a las costas europeas. Es así como el Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común del mundo. Quienes por fin superan las pruebas, llegan a la frontera sur de Europa (en nuestro caso, España), cargados de esperanza y gritando «¡Bouzza!», un término que, por lo visto, no tiene traducción en castellano, pero con el que quieren proclamar y celebrar el éxito de su llegada como «una victoria colectiva».

A partir de este momento, a los recién llegados, ¿qué les espera en la sociedad española? Se encontrarán con el rechazo de las leyes, la indiferencia por su suerte de la mayoría de la ciudadanía, la xenofobia, la acogida de una minoría de ciudadanos y de un puñado de organismos, y la incertidumbre sobre su futuro. No hay final feliz para ellos. El drama continúa: devoluciones en caliente o legales, abandonados a su suerte en la calle, ingresos en los CIE… Así nos lo recuerda el papa Francisco:

Para colmo «en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma». Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser «protagonistas de su propio rescate». Nunca se dirá que no son humanos pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. (FT 39)

Cuando esto escribo, parece que el flujo de acogida de migrantes se va a ampliar porque carecemos de mano de obra para algunas profesiones muy sensibles en temporada turística vacacional. Procederemos a la desescalada de siempre: los derechos humanos convertidos en derechos de los ciudadanos se convierten en derechos de los que tienen un puesto de trabajo. Es decir, no acogemos migrantes porque nos necesitan, sino porque el mercado laboral les necesita. ¡Sin carta de trabajo, no hay dignidad que valga en la frontera!

Podemos esgrimir largas y sesudas explicaciones de esta situación, pero hay una muy corta y sencilla que practicamos política y culturalmente, aunque no nos atrevamos a mencionarla en voz alta: «Los migrantes irregulares no son de los nuestros». La crisis de la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto un comportamiento político y una solidaridad ciudadana totalmente diferentes. ¿Por qué este cambio? Porque «los ucranianos sí son de los nuestros». Sé que las comparaciones pueden resultar odiosas, pero en esta ocasión sirven para hacernos ver que generalmente el «nosotros» que somos y practicamos, aunque en ocasiones se muestre inclusivo y generoso, es raquítico y excluyente. Como ha escrito José Laguna, «vivimos tiempos de hospitalidades anoréxicas».2

Los CIE, escenarios del mal en nuestra sociedad

La realidad de los CIE nos sitúa ante unos escenarios invisibilizados del mal (moral, social y político) en la geografía española. Apoyo mi afirmación en la tesis de Ana Carrasco-Conde, que hace del mal una dinámica relacional que destruye el «nosotros», y que se produce cuando hay un reconocimiento perverso del otro.3

Me parece evidente que los CIE no ven en los emigrantes rostros humanos, cargados de dignidad. Me pregunto si, al menos, los contemplan como «seres vivos con sensibilidad». No estoy seguro de que así sea. Desde el 15 de diciembre 2021, los animales son considerados en España seres sintientes, lo que significa que no podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. Nos felicitamos por esta conquista civilizadora. Sin embargo, en España está permitido embargar, abandonar en la calle y apartar de su familia y de sus vínculos sociales a los emigrantes irregulares.

La teoría de Carrasco-Conde tiene afinidad, aunque no la cite, con la leyenda de Caín, que principia la destrucción del «nosotros» –en su caso, de vínculos sanguíneos– en los albores de la historia humana (cf. Gn 4,1-17). Desde la matanza de Abel hasta la de los 19 niños de la escuela de Texas, desde la guerra de Troya hasta la guerra de Ucrania, desde los campos de exterminio nazis hasta los CIE, desde la práctica esclavista hasta la violencia de género; siempre una banal y repetida dinámica destructora del «nosotros» ha ido generando los distintos escenarios, ¡nada banales!, del mal social y político, que se extienden, asolando la historia humana, desde el horror más extremo hasta el daño más cotidiano.

Los CIE se han definido como «no lugares» o «espacios de infraderecho» en los que se priva de libertad a «personas de origen extranjero en situación de pobreza, vulnerabilidad, exclusión o riesgo de exclusión». Además se les priva del «nosotros»; es decir, justamente de aquello que nos hace humanos a los hombres y a las mujeres, y que hace posible una vida buena. La lógica relacional de los CIE priva o arranca a los ingresados lo más humano que hay en ellos: la posibilidad de vivir junto con otros, «la relación afectiva y necesaria de cuidado, respeto y simetría que se da entre seres intersubjetivos». El CIE, siguiendo la terminología de Carrasco-Conde, «es “inmundo” no porque carece de orden, sino porque este es dispensado por relaciones que, aunque normalizadas, están basadas en malos encuentros humanos y, por tanto, en un daño que sería evitable porque es innecesario».4

El CIE no es un lugar de seguridad para los ingresados, sino de amenaza.

Nos encontramos, escribe Laura en las primeras páginas de este cuaderno, ante una privación de libertad impuesta a personas extranjeras que han cometido una infracción administrativa, pero mediante la que se envían dos mensajes muy claros a la ciudadanía: a la española, tranquilidad, orden y control de la migración irregular, y a la extranjera, miedo, persecución, hostigamiento y criminalización. De esta forma, los CIE son la «visibilización invisible» de la política del miedo: válvula de escape en época de crisis y, al mismo tiempo, fuente de sometimiento social.

El mal no son los otros (los emigrantes irregulares), sino nuestro modo de articular el «nosotros» en los CIE.

Me parecen paradigmáticos los casos de aquellos extranjeros que, teniendo su vida en Galicia o Asturias, donde no hay CIE, son trasladados a Madrid; y, un buen día, a las tres de la madrugada, sin avisar se les deja en libertad sin ningún recurso en la puerta del CIE. Nada hay más devastador que desgajar al sujeto de la comunidad, romper los vínculos sociales y desgarrar incluso aquellos que le vinculan consigo mismo. Se le hace un daño que es evitable porque es innecesario. Esos extranjeros «sin papeles» tenían una vida normal («trabajando y con familia») en la calle, pero carecen de ella en los CIE o al salir de ellos «sin vínculos sociales».

Los CIE nos remiten a unas leyes de extranjería cuya «razón jurídica témpano» las convierte en generadoras del mal. Aquí es donde se manifiesta lo inhumano de esas leyes y de quienes las aprobaron y las administran: la frialdad de una falta de empatía con el dolor de las víctimas y la omnipresencia de una mentalidad que, en principio, solo piensa en el bienestar de «los que son de los nuestros».

También nos enfrentan con nuestros miedos al diferente, aunque hemos de ser capaces de convertir la instintiva crisis del miedo en oportunidad de humanización. «Comprendo –escribirá Francisco–, que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo sólo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Invito a ir más allá de esas reacciones primarias, porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro» (FT 41).

La existencia de los CIE pone de manifiesto ese «YO» gigantesco en el que vivimos encaramados, que nos ciega, nos impide ver los rostros vulnerables y desolados de los emigrantes irregulares y nos hace indiferentes ante su sufrimiento. Acabamos pensando que la «cotidianidad» de su situación y de todo lo que les sucede es señal de su «normalidad», la aprobamos sin pensar y miramos para otro lado. Finalmente, hacemos de la inacción nuestra zona de confort, sin caer en la cuenta de que todas nuestras acciones construyen o destruyen el mundo del «nosotros».

Cuando hablamos del mal, normalmente nos ponemos en lo peor. Ya se ha hecho costumbre referirse a Auschwitz como su paradigma. Pero el mal, como el ser, se dice de muchas maneras y una de ellas tiene que ver con la inacción, con el no mirar, con el no querer ver. Ayer les pasó a los alemanes con los campos de exterminio y hoy a nosotros con los CIE y con otros escenarios del mal. También dice el mal la tan practicada pereza indignada del sofá: «Los griegos definen al idiota como el sujeto al que no le interesa el bien público. El idiota hipermoderno es el indignado que se sienta en el sofá a lanzar tuits haters sin mover un dedo por nadie» (José Carlos Ruiz).

La inevitabilidad del mal como excusa para no hacer nada

Obviamente, el mal está en la historia y parece inextirpable y consustancial al ser humano. Sin embargo, esta constatación no debiera servirnos de disculpa para caer en la impasible creencia de su inevitabilidad. Es decir, de excusa para no hacer nada. La historia no es algo independiente de los seres humanos. No estamos predeterminados a caer en el mal, condenados por un «lado oscuro» o por un pecado original. Lo que se repite no es el mal, sino nuestra actitud ante él. Somos nuestros actos y nuestros actos se mueven por dinámicas que pueden cambiarse, sin necesidad de convertirnos en héroes o de inmolar a lo bonzo nuestras vidas.5

Los seres humanos somos capaces de establecer formas de relacionarnos con otros que estén basadas en la apertura al otro y que, sin duda, nos harán más humanos. La clave está en enfrentarnos a la siguiente pregunta: ¿qué significa ser humano? Sé que existen plurales respuestas teóricas e infinidad de contestaciones prácticas, pero si la respuesta es vivir junto con otros o la consideración de que la característica básica del ser humano es la apertura al otro, entonces ya no nos bastará con sobrevivir en medio de los conflictos sociales, y se abrirán ante nosotros un sinfín de posibilidades de acoger e integrar a los emigrantes irregulares en «el nosotros».

Obviamente, algún precio tendremos que pagar por hacernos cargo y encargarnos de hacer posible un «nosotros» inclusivo; o dicho de otra manera, por practicar «la ley de la hospitalidad incondicionada e infinita, que trasciende pactos y contratos, y exige abrir el hogar político a quien lo precise» (Adela Cortina). Nada de esto será posible sin cargar con el conflicto. Ampliar el «nosotros» para acoger e integrar al emigrante no será fruto de una emotividad blanda e intermitente, sino de un acto político, disidente y cómplice que decide acoger al indocumentado, destruir concertinas, cerrar los CIE y plantar cara a las leyes de extranjería.6

La responsabilidad fraterna de la Iglesia con el mundo de la emigración

Las migraciones constituyen ya un elemento determinante del futuro del mundo, pero están afectadas, como hemos visto, por una pérdida del sentido de «la construcción del nosotros» o de «la responsabilidad fraterna», sobre el que se basa toda sociedad civil. «Europa –advierte el Papa– corre serios riesgos de ir por esa senda». Sin embargo, no todo está perdido: «inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y, por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes» (FT 40).

Las iglesias europeas y los cristianos, en particular, hemos de encontrar en el texto una llamada a ejercer nuestra obligación misionera y moral de participar en la defensa de esa centralidad y en la búsqueda de ese justo equilibrio. A nuestro patrimonio religioso pertenece una tradición antropológica, entregada por Jesús de Nazaret y su Espíritu, que nos dice que la humanidad es un proyecto divino de fraternidad humana universal e inclusiva de los muertos (por ejemplo, de los olvidados en la fosa común del Mediterráneo); y cada ser humano, un proyecto de hermano. Esta tradición antropológica, de la que somos portadores desde hace dos mil años, es reflejo («imagen y semejanza», Gn 1,26) del monoteísmo relacional que confesamos y la fundamenta. Consecuentemente, la Iglesia, como Pueblo de Dios, se sabe llamada por Él a ser signo e instrumento de la unión filial con Dios y de la unidad fraterna de todo el género humano (cf. LG 1). Y todos y cada uno de los cristianos estamos emplazados por el Evangelio a ser «sal y luz» en el mundo y en nuestro tiempo (cf. Mt  5,13-14).

En el siglo xxi, el Pueblo de Dios ha de actualizar su vocación y responsabilidad fraterna para constituir un nosotros inclusivo en presencia del fenómeno migratorio y en una Europa abducida por la cultura del «primero yo». Ello le plantea, primeramente, la necesidad de activar en su seno el deseo de fraternidad universal. Los cristianos no creemos en ella como la utopía soñada por los mejores miembros de la humanidad, sino como el sueño/promesa cumplido de Dios, que, como la mujer que amasa el pan, ha introducido en el mundo la levadura del Reino de la Fraternidad por medio de Jesucristo y de su Espíritu (cf. Mc 13,33).

Este desafío trae consigo la necesidad de guardarnos de «la levadura» de la «indiferencia» cultural y del «individualismo posesivo» del neoliberalismo rampante (cf. Mc 8,15). Nadie está del todo limpio de los efectos deshumanizadores de estos fermentos, a pesar de la presencia de un número significativo de miembros de la Iglesia en los diversos escenarios de la emigración irregular, tratando de cambiar las políticas de extranjería y acogiendo y acompañando a los emigrantes con su presencia balsámica.

Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Iglesia necesitamos volver a Mt 25,31-46 y dejarnos juzgar por el Dios extranjero que sale a nuestro encuentro demandando acogida en los migrantes irregulares que nos solicitan un hogar político entre y con nosotros. El Cristo de la Gloria y de la Consolación Mayor nos apremia con su petición de atención y desvelos en nombre de los extranjeros, sus vicarios en el infierno y la desolación de la irregularidad: «Cuanto hagáis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis». Nos ruega encarecidamente que no hagamos oídos sordos a su pregunta: ¿sois o no sois un pueblo de acogida?

La situación eclesial ante la emigración (la inacción de tantos cristianos practicantes) me hace recordar y recrear el sermón de Montesinos en La Española (en 1511) contra los abusos de los conquistadores: «Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible situación a estos seres humanos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen dignidad humana? ¿No debemos comportarnos con ellos fraternalmente, como señala el artículo 1 de los DDHH y reclama la oración de «el padre nuestro»? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?» Pienso que, si frecuentemente se nos recordara el sermón del fraile dominico en las eucaristías dominicales, nos podría ayudar a despertar.

Pero no puedo seguir adelante sin recordar que hay cristianos que han traspasado una raya roja. «Es inaceptable– dirá el papa Francisco– que los cristianos compartan una mentalidad que en la práctica, con las decisiones y el modo de tratar a los emigrantes, expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Cuando así se actúa o se apoyan esas prácticas, se hace prevalecer ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe: la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno» (cf. FT 38). ¡Atención simpatizantes y votantes de la extrema derecha!

Responsabilidad fraterna y ciudadanía inclusiva

La responsabilidad fraterna nos llama a acompañar y a auxiliar la cultura de la ciudadanía en el siglo xxi, que tiene una fuerte tendencia hacia la abstracción. Frecuentemente, se despliega en declaraciones retóricas sin atender a la realidad concreta. El pragmatismo y posibilismo de sus políticas, la renuncia a los componentes utópicos y el desatender los requerimientos de regeneración son algunos de los síntomas. En contacto con la cultura de la fraternidad, el ejercicio de la ciudadanía se puede sentir invitado a liberarse de corruptelas y, sin duda, recibirá impulso y orientación para su reconfiguración sobre la base de «derechos sin fronteras» (FT 121-123).

La responsabilidad fraterna busca «universalizar» la dignidad humana y ampliar, aunque solo sea medio palmo, la inclusividad del «nosotros», que pasa por la exigencia de desnacionalizar la ciudadanía y desterritorializar su anclaje. Es decir, lograr que la ciudadanía gravite sobre la dignidad del ser humano y la centralidad de la vida humana. Y así cualquier persona en cualquier parte del mundo, con independencia de la ciudadanía y lugar de residencia que indique su pasaporte, tendrá derecho a los bienes comunes y a los bienes de justicia, que será respetado y garantizado por los poderes públicos. La acción política movida por la fraternidad, escribe Josep Maria Esquirol, «nunca carece de alma ni de ánimos. Y nunca es acción política “degenerada”, ni nunca es “apariencia” de acción política. Todos sus frutos, por pequeños que sean, forman para de la “comunidad que vive”, que no es una comunidad idílica, ni utópica, ni perfecta, ni angelical, ni paradisíaca, sino la comunidad humana […] imperfecta, pero acogedora y curadora. La comunidad en cuyo seno la paz no es correlación de fuerzas, ni la estabilidad del sistema, sino la mirada y el gesto de uno por el otro. La comunidad que vive corresponde a lo que Jan Patocka llama “solidaridad de los conmovidos”, que es la solidaridad de los que relativizan todo lo que es relativizable y que por eso se juntan».7

F. Javier Vitoria

Notas

1. No se proporciona el nombre de la entidad por deseo expreso de esta y por haber sido requisito sine qua non para poder entrevistarlas y, así, llevar a cabo el trabajo de campo de la tesis doctoral citada.

2. Laguna, José (2016). Jesús, la misericordia conflictiva del Reino, Madrid: PPC, p. 77.

3. Cf. Carrasco-Conde, Ana (2021). Decir el mal. La destrucción del nosotros, Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 196-206.

4. Ibíd., p. 204.

5. Ibíd., p. 160.

6. Cf. Laguna (2016). Op. cit., p. 78.

7. Esquirol, Josep Maria (2018). La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida humana, Barcelona: Acantilado, pp. 149-150.

Preguntas para la reflexión

¿Cuál es el valor simbólico que adquiere el internamiento en los CIE dentro de las políticas migratorias en relación a la situación o el estatus de las personas migrantes?

¿En qué sentido expresa la autora que desde la óptica de la intervención social no se ha de perder la perspectiva de las prisiones al hablar de los CIE?

¿Por qué podemos afirmar después de haber leído el cuaderno que los CIE «son instrumentos de sufrimiento inútil»?

¿En qué sentido los CIE y las políticas migratorias suponen una «banal y repetida dinámica destructora del “nosotros”»? ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en esta cuestión?

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231. Sobre la tecnología. O. Quintana

232. Los CIE: instrumentos de sufrimiento inútil. L. Zanón

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